Según el círculo de empresarios. 
 Las empresas deben adecuarse a los regímenes autonómicos  :   
 Las comunidades -dice- retienen su patrimonio, su sistema impositivo, su sector público y competencias de planificación. 
 ABC.    13/10/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 4. 

SEGÚN EL CIRCULO DE EMPRESARIOS

LAS EMPRESAS DEBEN ADECUARSE A LOS REGÍMENES AUTONÓMICOS

Los comunidades —dice— retienen su patrimonio, su sistema impositivo, su sector público y competencias de planificación «Es argente que las empresas adviertan el profundo alcance del cambio socio-económico que entraña la configuración autonomista de la organización, territorial del Estado», señala el trabajo que sobre «Las autonomías y la actividad empresarial» ha aprobado la Junta directiva del Circulo de Empresarios, reunida bajo la presidencia de Santiago Foncillas.

«El sistema de autonomías que con carácter casi general constituye la nueva ordenación territorial del Estado, establecida a partir de la Constitución de 1978, supone incuestionablemente —añade el estudio aprobado— una mutación del espacio económico en que desarrollan sus actividades las empresas. A la vista de la Constitución y, sobre todo, de los proyectos de Estatutos catalán y vasco, las comunidades autónomas son entidades políticas con capacidad de autogobierno y que dentro de los límites marcados por la Constitución, gobiernan en el área determinada por sus límites geográficos a través de su Parlamento, de su Gobierno, de su Administración y de su organización judicial.»

DIFUSION DEL PODER.—En el documento, el Círculo de Empresarios subraya que la Constitución y los proyectos de Estatutos a punto de promulgarse, abren proceso de difusión del poder sobre la economía. «La empresa tiene, bajo este nuevo orden —añade—, que actuar, desenvolver sus actividades y defender sus Intereses no sólo ante el Estado, sino también., previa y a veces exclusivamente, ante las instituciones de las comunidades autónomas.»

EL Círculo señala en dicho trabajo las diversas materias que van a pasar a ser competencia exclusiva de las comunidades autónomas, y en las que la acción del Estado será meramente indicativa. En este contexto hace hincapié en la autonomía financiera que, concretamente en los Estatutos vasco y catalán, se resuelve en a concepción de Haciendas autónomas. «Consecuentemente —dice este estudio—, las Comunidades retienen su propio patrimonio, su sistema impositivo, su sector público y su competencia para la planificación y desarrollo económico.»

 

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