Repudiando un nuevo crimen     
 
 ABC.    30/10/1979.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

REPUDIANDO UN NUEVO CRIMEN

Hemos perdido la cuenta de las veces en las que, durante ¡os últimos años, hemos escrito comentarios condenando los asesinatos en el País Vasco. Condenándolos siempre, ante todo y sobre todo, como tales asesinatos, como tales crímenes, sin adentrarnos en matizaciones de motivos políticos, confuso asunto del cual extraerán siempre inadmisibles atenuantes otras opiniones. Por eso, nuestra Insistencia en las calificaciones de criminalidad común y nuestro reiterado rechazo de la llamada criminalidad política.

Hoy, una vez más, escribimos repudiando un nuevo crimen: el asesinato de un militante del PSOE, en Guipúzcoa. Y lo nacemos con la misma energía, con el mismo convencimiento, con el mismo dolor, que en todas las ocasiones anteriores. Sin embargo, algo ha cambiado, aunque no hayamos cambiado nosotros. Por vez limera, se ha convocado una huelga general, con llamamiento de UGT y de -CC OO. por un asesinato en el País Vasco.

Dios nos libre de hacer condenables, muy poco humanas y nada cristianas, distinciones ante la tremenda igualación de la muerte. De no hacerlas ante la repulsiva igualdad de ios delitos ya nos encargamos nosotros. Pero sin semejante reacción de protesta ante un crimen, ¿cuántos han sido asesinados en el País Vasco? Este —Germán González López— era un trabajador, un modesto trabajador. Pero no es, ciertamente, el primer modesto trabajador que cae, allí, asesinado. Es éste, eso sí, el primero al que matan después del refrendo del Estatuto. Pero, ¿quién tendrá tan embotada la conciencia, tan dormida la moral y tan descarriados los principios éticos, que. considere admisibles los asesinatos precedentes al Estatuto?

La contundente contestación de la huelga general —y algunas declaraciones de líderes de partidos vascos, que preferimos no comentar— nos desconciertan, hasta hacernos sentir vergüenza, como hombres y como españoles. En el País Vasco han sido asesinados empresarios y obreros, generales y presidentes de Diputación, policías y guardias civiles, alcaldes y taxistas... Y la reacción —¿cómo olvidar el grito salvaje «ETA, mátalos» o «ETA, más metralletas»?— no alcanzó nunca tan ejemplares y conmovedores acentos de condenatorio rigor.

De) acervo de los cínicos dichos periodísticos ha pasado al lenguaje popular un dicho sobre «los muertos de tercera». Nos resulta inevitable recordarlo —con la vergüenza ajena (con ese «alipori» del. que se habla en las Vascongadas) a la que aludíamos antes— en esta ocasión.

¿Puede haber para alguien, personal o gremialmente, como individuo o como afiliado a un partido, muertos, asesinados, de clases distintas?

Por ingratos que los hechos resulten parece que sí. Parece que las ideologías que más clamaron por la llamada «reconciliación» y que más han impugnado la división de las «dos Españas», ni han borrado esta división, ni han llegado a reconciliarse.

Nada queremos augurar—aunque guardemos nuestros temores— sobre los saludables efectos que se esperan dei Estatuto en cuanto concierne, al final de las violencias, de los asesinatos, en el País Vasco. Al contrario, hacemos votos por su real pacificación.

Pero no es síntoma alentador este nuevo asesinato. Y tampoco lo es, para la convivencia nacional, que se considere más injustamente asesinados a unos españoles que a otros.

LA EMPRESA PUBLICA

Existen tres proyectos de Estatuto de la empresa pública. El Gobierno ha de decidirse por uno o combinar hábilmente lo mejor de cada uno de ellos. El subsecretario de Economía, en su calidad de portavoz gubernamental, ha manifestado su esperanza de que el texto sea enviado en breve plazo al Parlamento para su estudio y debate.

Aunque al parecer el Instituto Nacional de Industria, el más poderoso «holding» del país, queda fuera de este marco por sus peculiares características, no cabe duda de que la próxima vigencia de una normativa legal clara y precisa, que estructure a nuestras empresas públicas y señale los criterios que han de regir su actuación, tiene que ser saludada con aplauso a pesar de su retraso. Conviene recordar que hace dos años, en el Pacto de la Moncloa, se fijaba como límite la fecha del 30 de junio de 1978 para que el Gobierno remitiera a las Cortes un proyecto de ley rela-tivo-^al Estatuto de la empresa pública. Se fijaban entonces, incluso, varios principios a tos que habrían de someterse: control parlamentario y de la Administración, regionalización de inversiones, descentralización de actividades, participación de las fuerzas sociales en los órganos de gobierno, política de adquisiciones y enajenaciones y normas de funcionamiento en relación con la empresa privada.

Año Y medio más tarde del plazo establecido por los grupos políticos representados en la Cámara, el Gobierno se muestra dispuesto a cumplir el compromiso; compromiso que no dudamos en calificar de trascendental para la economía española. En efecto, una de las características más acusadas de nuestro siglo, y más intensamente desde la última guerra mundial —y en España desde el término de la guerra civil—, es el papel creciente del sector público en el quehacer económico.

En una conferencia pronunciada meses atrás por el actual director general del Patrimonio del Estado, el señor Romaní Biescas decía textualmente: «Un crecimiento a nivel macroeconómico del sector público debe operarse de forma creciente, planificada, debatida. El sistema de aluvión-sorpresa no es admisible como proceso transformador de la estructura económica. Y no lejos de esta idea está nuestro rechazo a la creación de hospitales de empresas, pues el efecto desincentivador de éste sobre las fuerzas de que depende la subsistencia y rendimiento empresarial hacen presumible la generalización del fenómeno y la subversión de ¡a economía de mercado.»

A la luz de estas consideraciones resulta evidente la necesidad de replantearse seriamente la actividad de las empresas públicas, con frecuencia acusadas de despilfarro, inoperancia y deficiente asignación de recursos. A juicio de Rivero Ysern, la empresa pública española no ha servido a los intereses de las clases trabajadoras, de los consumidores en general, ni a los de las provincias menos desarrolladas, ni ha socializado ganancias, sino sólo pérdidas. Tal opinión quizá sea excesiva por su dureza, pero no deja de tener un cierto apoyo en la realidad y gozar de un consenso bastante generalizado. De hecho, su existencia es imprescindible en el marco de las economías mixtas, en las que conviven con las empresas de propiedad privada, aunando sus esfuerzos para alcanzar progresivas cotas de crecimiento económico. Pero es cierto también que aunque sus objetivos finales no varíen, sí han de hacerlo los procedimientos, lo» métodos de planeamiento y ejecución, los módulos de gestión. Su actualización, su puesta al día, es lo que debe conseguirse con et Estatuto proyectado.

 

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