Inmunidad, impunidad     
 
 ABC.    22/05/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Inmunidad, impunidad

Una semejanza morfológica e incluso fonética confunde dos realidades que, aunque distintas en su naturaleza, llevan por esa confusión a un mismo resultado: impunidad e inmunidad. Es obvio que entre la impunidad —falta de sanción congrua a una infracción legal— e inmunidad —privilegio foral condicionado, de carácter más procesal que sustantivo— hay profundas y sustanciales diferencias ontológicas y jurídicas que no permiten que una sea causa o efecto de la otra y las mantienen en distintos terrenos.

El tema surge en torno a la inmunidad parlamentaria, que acaba de ser interpretada en el Senado respecto a uno de sus miembros: el señor Castells. Institución que una- opinión pública medianamente ilustrada no puede rechazar y que es tradicional en cualquier ordenamiento democrático. Lo que ya no acepta tan fácilmente ni esa opinión ni un ordenamiento jurídico democrático es que conduzca a la impunidad y que se confunda o superponga de hecho o de Derecho a ésta. Entre otras razones, por una muy sencilla:

porque el parlamentario, actuando en el uso de sus derechos de tal y dentro del campo que le abre su representatividad legítima y lícita del pueblo, no delinque, porque sus acciones y opiniones no son materia de delito y no porque un privilegio haga lícito lo que en sí no lo es. De ahí que la inmunidad que coloca al inmune —al parlamentario— al abrigo de la acción inmediata judicial es, en definitiva, un privilegio procesal que transfiere al Parlamento el juicio inicial sobre si el parlamentario obró o no dentro de su área representativa. Juicio que comparte, en este sentido, con el Poder judicial, en su más alto escalón.

Esto sentado, destaca como anómala la frecuencia con que el Poder judicial tiene que dirigirse al legislativo, en suplicatorio de actuar contra alguno de sus miembros por actuaciones que, por salirse de las facultades parlamentarias, aparecen en principio como presuntamente delictivas. Es anómala no la actuación judicial, sino la frecuencia con que ésta se ve instada por reiteradas y al menos presuntas :—

como todas— conductas delictivas. Ante la reiteración de estos hechos cabe pensar —lo que no es lógico— que el Poder Judicial no discierne bien su propia jurisdicción, confundiendo inmunidad con

impunidad para que aquélla no conduzca a ésta, o el Poder legislativo, en el organismo restringido que trata estos conceptos, conociendo bien estos conceptos se escuda en uno para —lo que es humana y políticamente comprensible— amparar el fuero de la Inmunidad aun cayendo en la impunidad. Lo cual, lo sea o no de Derecho, es de hecho una patente de curso.

El resultado final de esta sistemática obstrucción de ciertas conductas al fuero judicial en nombre del parlamentario es, aparte el deterioro público de la imagen de éste, una práctica impunidad de ataques —verbales, por supuesto— a principios, preceptos y garantías constitucionales —desde la forma de Gobierno a la estructura unitaria de la Nación o desde el honor de las personas al de las instituciones—. Una impunidad, erróneamente basada en la inmunidad, que, en definitiva, conculca el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley y el de unidad de jurisdicciones.

Está claro —y a una opinión medianamente ilustrada así lo parece— que si el Parlamento español no tiene o no ejerce en ciertos casos una facultad disciplinaria,, común en los Parlamentos homólogos de todo el mundo, debería, al menos, abrir las puertas —mediante el paso de atención judicial del suplicatorio— a la acción de un Poder ante el que no carecerían de garantías los justiciables parlamentarios para demostrar que actuaron en el ejercicio legítimo de su misión representativa. Y, caso contrario, aceptar ante el pueblo que representan la plena responsabilidad de sus actos y no ser impunemente irresponsables.

La concesión del suplicatorio para procesar al señor Castells y la sanción impuesta a loa parlamentarios vascos muestran, un saludable cambio de rumbo en este sentido, sin que esta afirmación prejuzgue nada por nuestra parte en cuanto al fondo del asunto.

 

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