Autor: O. M. B.. 
 La extradición del etarra Tomás Linaza. Firmada por la mayoría de los países europeos. 
 Francia convertirá la Convención Antiterrorista en papel mojado     
 
 ABC.    10/06/1981.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 20. 

La extradición del etarra Tomás Linaza

Firmada por la mayoría de los países europeos

Francia convertirá la Convención Antiterrorista en papel mojado

MADRID (O. M. B.). Todo indica que el Gobierno socialista de François Mitterrand-Pierre Mauroy piensa estrenarse internacionalmente, dando una bizarra larga cambiada, por partida doble, a los dictámenes de la Justicia francesa y a los recientes compromisos de los Estados europeos en materia de terrorismo.

En esto ultimo, hay que reconocérselo, Mitterrand no es muy original. En realidad no va a hacer más que apuntalar, un tanto irónicamente, la acreditada política de Giscard d´Estaing en el tema. Aunque, eso sí, el líder socialista va a tener, sobre su predecesor, la oportunidad de apuntarse el mérito de pasar olímpicamente por alto una decisión judicial, demostrando quién es quién en un sistema presidencialista. Porque, es obvio, el Tribunal, de Apelación de París ha dejado sin el más mínimo pretexto jurídico las previsibles maniobras políticas del Gobierno francés. A la luz del tratado del vetusto Tratado, todavía vigente, Francia puede negar la extradición «por delitos políticos o conexos». Pero la Cámara de Acusación ha estimado inequívocamente que las acciones de que se acusa a Tomás Linaza no son políticas, sino «odiosos crímenes comunes». Sin embargo, el Ejecutivo que preside Mauroy, parece sobrarle, tanto como le falta el sosten jurídico, un caudal de motivos políticos. Por eso cabe suponer que, carente de mayores y mejores argumentos, se vestirá el por otra parte legítimo afán de satisfacer a un presunto segmento de electores, con los vistosos aunque falsos ropajes de «la patria de la libertad y los derechos humanos».

Pero eJ ejecutivo francés no sólo esquivará sin empacho el dictamen de sus Tribunales, sino que, en el marco internacional, va a torear —siguiendo milimétricamente la pauta giscardiana— la ya maltratada «Convención Europea para la represión del terrorismo».

En 1976, cuando la furia terrorista arreciaba en una gran parte de los países europeos, el Comité de ministros del Consejo de Europa instrumentaba esta Convención, como una oferta a los Estados occidentales de un compromiso formal y jurídico para luchar sin complejos contra las bandas armadas. Entre su aprobación y la fecha de su promulgación en 1978, la mayoría de los países europeos —entre ellos España— firmaron y ratificaron el acuerdo.

El principal aspecto de la Convención, su mayor logro, consiste en privar del carácter de delitos políticos a los actos terroristas. Y estas acciones —que especifica el texto, y que recogemos más abajo— son precisamente de las que se acusa a Tomás Linaza.

La Convención indica claramente que los actos terroristas a efectos de extradición quedan sometidos al reconocimiento habitual de los hechos delictivos comunes. Más aún: el convenio prevé la modificación automática en este, sentido de los Tratados vigentes de extradición, de tal manera que si alguno de los delitos terroristas no figurase en los acuerdos se considerara incluido en la lista, una vez firmada la Convención,

Una vez más, sin embargo, la letra y la música no tienen mucho que ver. El texto supone, sin duda, un importante avance en la articulación de un frente antiterrorista europeo. Pero en la práctica, la Convención (sobre todo en ja actitud de Francia con respecto a ETA) no ha sido más que papel mo. jado. Entre otras cosas, porqué los propios órganos europeos no parecen tener muy claro el asunto.

Ya en 1977 una resolución de la Asamblea

de Parlamentarios de Europa aligeraba notoriamente el contenido de la Convención. Este acuerdo recomienda que para calificar los delitos terroristas se tengan en cuenta las circunstancias (si se ha creado un peligro para la vida, si ha afectado a personas ajenas a los móviles que lo inspiran o si para su realización se utilizaron «medios crueles o perversos»).

Por otro lado, es evidente que la Convención se contraponía de alguna forma a los tradicionales Tratados relativos al Derecho de Asilo. En este sentido, otra declaración aprobada por el mismo Comité de ministros del Consejo de Europa creaba un eficaz contrapeso jurídico precisamente en el mismo terreno en el que ha de aplicarse la Convención.

En este nuevo texto se señala, en una línea quizá divergente del espíritu del instrumento antiterrorista, que los miembros del Consejo de Europa reafirman su propósito de mantener su criterio liberal respecto a las personas que buscan asilo en su territorio y ratifica su derecho a otorgar asilo a toda persona que lo solicite, temiendo, con razón, ser perseguida por causa de su raza, de su religión, de su nacionalidad o de pertenencia a un grupo social o de sus opiniones políticas.

Según todos los indicios, el Gabinete de Pierre Mauroy va a echar por el camino de enmedio. Por un lado, está claro que no va a entregar a España a Linaza, con lo cual está ignorando el espíritu y la letra de la Convención. Por otro lado, y como para compensar, se ratificará en la decisión giscardiana dé no conceder el Estatuto de Refugiado a los residentes vascos que lo soliciten.

Las acciones terroristas son delitos comunes

Estos son algunos de los delitos que la Convención, para la represión del terrorismo, considera comunes:

Su artículo primero señala que no se considerarán como delitos políticos o como delitos inspirados en móviles políticos, entre otros:

• La captura ilícita de aeronaves.

• Actos ilícitos dirigidos contra la seguridad de la aviación civil.

• Delitos graves constituidos por un ataque a la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas que tengan derecho a protección internacional.

• Los delitos que impliquen rapto, toma de rehenes o secuestro arbitrario.

• Los delitos que impliquen la utilización de bombas, granadas, cohetes,, bombas-cadas explosivas y armas de fuego automáticas.

• La tentativa de comisión de cualquiera de estos delitos, o cualquier otro acto de violencia no mencionado en los apartados anteriores, así como cualquier acto contra los bienes.

 

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