Autor: Angulo, Javier. 
 País Vasco. 
 El Gobierno vasco responde negativamente a las sugerencias de pacto autonómico con los partidos estatales     
 
 El País.    07/07/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

PAÍS VASCO

El Gobierno vasco responde negativamente a las sugerencias de pacto autonómico con los partidos estatales

JAVIER ÁNGULO, Bilbao

El Gobierno vasco ya dispone de un documento, que en breve hará llegar al Gobierno central, en el que se rechaza todo intento de modificar el Estatuto de Autonomía de esta comunidad o las leyes aprobadas por el Parlamento vasco, como consecuencia de los acuerdos pactados entre los cuatro partidos mayoritarios de implantación estatal. El ejecutivo vasco responde negativamente a cuestiones como la necesidad de pactar una convocatoria adelantada de las elecciones vascas o la modificación de la ley de Gobierno, según la cual el lendakari puede disolver la asamblea parlamentaria.

En dicho informe, que será entregado probablemente hoy por Marcos Vizcaya al ministro de Administración Territorial, se fija la postura del Gobierno vasco con respecto a los acuerdos que afectan directamente a la autonomía vasca. Escrito en términos contundentes, en el documento se considera, por ejemplo, inaceptable en la negociación de transferencias de la Administración central a la comunidad autónoma vasca la aplicación de la fórmula de comisiones sectoriales, dado que, en el Estatuto vasco, en su disposición transitoria segunda, está expresamente indicado que el sistema aplicable será el de una comisión mixta paritaria.

Considera el Gobierno vasco que la creación de dichas comisiones, más que un intento de homogenización de las autonomías, puede convertirse en un tratamiento igualitario entre comunidades, que resultaría poco menos que imposible dadas las diferencias en algunos aspectos sustanciales de los tres estatutos existentes. Bien es verdad que ni los partidos implicados en la concertación autonómica ni el Gobierno han hablado de suprimir las comisiones mixtas vasca y catalana.

Resulta también inaceptable para el Gobierno vasco la aplicación en Euskadi del acuerdo tendente a hacer coincidir las elecciones de las comunidades autónomas en un mismo día y dentro del año 1983, ya que, en el articulo 26 del Estatuto se afirma que el Parlamento vasco será elegido por un período de cuatro años.

Así se muestra el Gobierno vasco también en contra del acuerdo de que las asambleas legislativas de las comunidades o regiones cuenten únicamente con un período de sesiones de cuatro meses, y recuerda que el Estatuto vasco, en su artículo 27, fija los períodos ordinarios de sesiones en un mínimo de ocho meses.

También en este tema, los cuatro partidos negociadores y el Gobierno parecen tener claro que los pactos no son aplicables a los estatutos en vigor.

Manifiesta el Gobierno vasco su criterio de que no debe afectar a Euskadi el acuerdo tendente a impedir que el presidente del ejecutivo de la comunidad autónoma disuelva la asamblea legislativa de aquélla, ya que es, precisamente, una de las atribuciones expresamente conferidas al lendakari vasco por la ley de Gobierno aprobada, la semana pasada, por el Parlamento de Euskadi con los votos a favor de UCD, PSOE, PC y AP. La promulgación de dicha ley es, en opinión del Gobierno vasco, una

competencia exclusiva que el Estatuto confiere a la Cámara legislativa vasca.

Mario Fernández, consejero de Trabajo y presidente de la representación vasca en la Comisión Mixta de transferencias, indicaba ayer a EL PAÍS que el ejecutivo vasco tiene la impresión de que los informes de expertos y los acuerdos que, sobre sus recomendaciones, se han logrado en la cumbre autonómica, se han elaborado «de espaldas a los estatutos de autonomía en vigor».

«No vamos a tolerar la imposición o puesta en marcha de los acuerdos surgidos del informe de García de Enterría que supongan modificación del Estatuto. No vamos a ceder ni un milímetro. Si quieren imponernos modificaciones del Estatuto habrán de hacerse, cuando menos, por los mecanismos previstos en la Constitución y en el propio Estatuto vasco. Estamos dispuestos a utilizar todas las armas jurídicas a nuestro alcance e, incluso, si fuera necesario, las que se deriven de la responsabilidad moral que hemos contraído con el pueblo vasco», concluía, en términos tajantes, Mario Fernández.

 

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