Autor: Díaz, Elías. 
   Euskadi, España     
 
 El País.    31/12/1980.  Página: 12. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

TRIBUNA LIBRE / REFLEXIONES SOBRE LA VIOLENCIA

Euskadi, España

ELIAS DÍAZ

El Estado es el mal, el «gran mal». Todo está permitido, por tanto, contra el Estado. El Estado, cualquier Estado, todo Estado —el capitalista o el no capitalista y sean cuales fueren sus formas políticas— es única y exclusivamente, e inevitablemente, violencia opresiva y alienante. Estado es sinónimo de dictadura, injusta violencia institucionalizada a través de normas legales y morales. Es, por tanto, legítima, obligada casi, toda violencia de contestación contra esa violencia institucionalizada y represiva que, de modo indiscriminado, es el Estado. El Estado siempre son «los otros». Y, en concreto, en el Estado democrático occidental nada escapa a esa inherente malignidad, marcada sin salvación posible por esa lógica implacable y objetiva del gran capital; es inútil cuanto hagamos: si las cosas con él van a mejor, entonces es que en el fondo todo va mucho peor.

Pocas verdades parciales, medias verdades (medias falsedades, pues), se han impuesto como ésa con mayor absolutismo, machaconería y simplismo; también con mayor irresponsabilidad e incluso con mayores intereses encubiertos. En gran parte esta es hoy también, puede decirse, la teoría del Estado, o sea del no-Estado, de los que no tienen teoría alguna, es decir, noción alguna sobre aquél: primero se elimina maniquea y acríticamente la complejidad estatal, después se instala uno y su buena conciencia en la simplicidad y, finalmente — ¡para qué más molestias!—, se concluye negando el objeto mismo de la reflexión, el Estado, que, sin embargo —testarudo—, sigue vivo y bien vivo por ahí. Son tres frases, tres, para entrar, por tanto, en el paraíso, en el limbo, mejor dicho, del «nihilismo» político, donde todos los gatos son pardos, y todos los Estados, irremediablemente azules.

Que esta simplicísima teoría del Estado «mal de males» goza hoy entre nosotros del mayor predicamento, me parece a mí algo indudable (para muchos no es sino una especie de versión «sofisticada» del secular ¡piove, Gobernó ladro! de los italianos: bastaría, para encontrarnos con ella, con un leve repaso a la Prensa —aunque algo va, no obstante, cambiando últimamente en este aspecto—, tanto en la de izquierdas como, con otras motivaciones, en la de derechas y también, por supuesto, en la denominada «independiente»; o con leer a no pocos publicistas políticos «de vanguardia», que han oído campanas y creen que esas tesis son las del mismísimo Marx. Para, por su parte, algunos intelectuales «paleorradicales», extraparlamentarios, pero también parlamentarios, esa tesis (¿anarquista?) es casi la única monocorde y obsesiva idea sobre el Estado de que disponen, y la verdad es que, aunque parezca mentira, con ella —bien dosificada— van saliendo adelante —y en Televisión Española— tan ricamente.

Todo esto no quita, por supuesto, para que, al pasar de la teoría, o de las palabras, a la vida real, todo el mundo se lamente y se indigne (con subconsciente exigencia de un Estado bueno, justo y hasta paternal) en cuanto constata que las cosas públicas, o las no públicas, no marchan como debieran. Esta teoría nihilista, y a la vez dictatorial, del Estado es, en verdad, una teoría acrítica del Estado, una teoría que —por su seudorradicalismo e indefinición— no introduce ni instancias críticas plausibles ni alternativas válidas concretas al negativo Estado actual, Estado en el que se da (y eso suele a veces olvidarse, o minimizarse, por algunas de esas visiones catastrofistas) un muy fuerte componente de intereses vinculados a la apropiación privada de los medios de producción y a su gestión en pro de intereses de grupos minoritarios y oligárquicos.

Desde la capital del Estado

Falta de ese análisis concreto de las situaciones concretas, de los concretos Estados y sociedades civiles, al contrario generalizando y absolutizándolo todo esencialísticamente, tal teoría del Estado sólo produce, creo, dos tipos de respuestas coherentes ante este problema en apariencia sin salida: o —respuesta, con mucho, mayoritaria— «dejarlo estar», es decir, la apatía, la indiferencia o el «pasotismo» políticos entre, quizá, los más escépticos, cómodos o astutos; o —respuesta, en proporción, absolutamente minoritaria— la destrucción sin más de todo ese mundo, con el recurso a la violencia armada más o menos total, entre aquellos más idealistas, dogmáticos o impulsivos. Excluyo, corno puede verse, en estas reflexiones sobre y en torno al Estado y al terrorismo, a todo tipo y clase de asalariados y mercenarios del crimen: cada uno sabrá lo que es, y algún día quizá lo sepamos todos. Y dejo también fuera intencionadamente la consideración de otras motivaciones no políticas, incluso patológicas, que pueden en algún caso acumularse o hasta predominar sobre aquéllas; ni unas ni otras, aunque reales, son, creo, significativas para el planteamiento que intento hacer en estas páginas.

Me parece —no sé si me equivoco— que es en este contexto de mitad apatía y desmoralización, mitad impotencia y desesperación, donde más fácilmente nace y arraiga el terror. Un Estado en el que no se confía pero al que se le exige casi todo: unos acaban tomándoselo a broma y otros cargan violentamente sobre él; los primeros terminan despreocupándose hasta de los muertos, y los segundos, impertérritos, siguen matando pase lo que pase. No estoy hablando aquí, es obvio, de ningún país imaginario, ni tampoco urbi er orbi y para la eternidad, sino —desde Madrid— de lo que ocurre aquí y ahora en España, y más en concreto, sin vivir allí, de lo que pueda estar pasando en Euskadi.

Ya no basta, creo, con hacer la consabida alusión al pasado, a la secular incomprensión centralista, a los intentos de destrucción cultural, a las negaciones de su identidad como pueblo, a la brutal e iniscriminada represión política de los últimos, y primeros, tiempos del franquismo, de antes o de después. La infamia de hoy no puede justificarse, ni en un sentido ni en otro, con la infamia de ayer. Eso es eternizar la historia, sacralizarla, inmovilizarla. De las disputas sobre el sentido y la culpa de la espiral acción-represión-reacción no pueden, por ello, esperarse tampoco mejores resultados. Hubo, es verdad, un momento (¿unos días, unas horas?) en que, empezando la democracia, la Constitución ya promulgada, todos los presos vascos en la calle, pudo pensarse en el fin de la violencia armada y en el comienzo de nuevas formas de lucha y de acción no violenta. Pero, por desgracia, aquello duró muy poco y de nada vale ahora lamentarse.

Tampoco es que resuelvan mucho los que, a esas alturas del «tema» o de la conversación, suelen —aquí o allí, «patriotas» vascos o «patriotas» españoles— cortar por lo sano y por las bravas sentenciando: «No se calienten ustedes más la cabeza ni le den más vueltas inútilmente al asunto: de lo que se trata es de la independencia total y absoluta, que quede claro, y hasta que eso no se logre (haya o no haya referéndum de autodeterminación, se apruebe o no en él algún tipo de independencia), ni hablar del cese definitivo de la violencia». ¿Solución? Aquí, la extrema derecha ya tiene, como siempre, su «solución final»: el «estado de sitio» ya, y, si no es suficiente, la guerra directa y total sin más; y en un mes, liquidado el asunto..., y de paso, los demás asuntos de las demás «regiones y nacionalidades», Madrid incluido; y después, los demócratas a protestar a los comités de ayuda a l´Espagne, que, sin duda, los franceses de izquierdas abrirán en Saint Germain des Prés, al lado de los de Argentina, Chile o Uruguay.

Una imagen democrática del Estado democrático

Evitar el planteamiento de semejante dialéctica, no ya su realización (en mi opinión, absolutamente impracticable, a pesar de las, para ello, no muy adversas condiciones internacionales), resulta, sin embargo, muy difícil, yo diría que cada vez más difícil y penoso, si no se produce a la vez —y este es el propósito principal de este artículo mío— una verdadera dignificación, una real moralización y, como resultado, una justa legitimación del Estado (de un Estado que tendría que haber sido federal). No se trata, pues, de acallar críticas ni de salvar —por «razones» de Estado— ningún tipo de corrupciones, ni mucho menos de amparar o tolerar la menor violación de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución. Nada, pues, de concesiones gratuitas de legitimidad: que la imagen del Estado se corresponda con su realidad. Al Estado, lo que es del Estado y a su imagen, y a los fabricantes de ella, lo que en justicia —en tal operación de moralización y legitimación— les corresponda.

Desde precisamente esa segunda perspectiva, que no de político profesional ni de «hombre de Estado», sino más bien de teórico o, si se quiere, de intelectual preocupado por la política (ciencia y conciencia de la convivencia humana en libertad), es desde la que pueden y deben hacerse, aquí y ahora —creo—, las siguientes precisiones críticas conclusivas: definir simplificatoriamente a todo Estado como dictadura, verlo única y exclusivamente como violencia y terror, desconocer que las «formas» políticas democráticas afectan también al fondo ético y de real participación popular de ese Estado, llevar con ello irresponsablemente a una confusa e interesada equiparación del fascismo a los sistemas democrático-liberales, reducir todo el liberalismo a su expresión económica más dependiente del capitalismo, olvidando sus otras decisivas aportaciones científicas y políticas (de trabajo, rigor, respeto mutuo, etcétera), falsear de mala manera la historia toda del humanismo haciendo de él exclusivamente la ideología de la violencia encubierta, y de prácticamente todos los humanistas unos hipócritas o unos inconscientes pero «objetivos» cómplices del crimen, mientras, «poniendo los ojos en blanco», hablan invariablemente de paz y de derechos humanos desde sus «confortables despachos»; acusar, en fin, aquí y ahora, a los socialistas, que han luchado siempre por la libertad y la democracia, de represores de las libertades por el hecho de trabajar políticamente en un Estado constitucional basado en la soberanía popular, aunque condicionado por un modo de producción capitalista que, precisamente, se proponen sustituir y superar por una organización de la vida económica y social dotada de verdadera igualdad y real libertad, aunque haciendo todo ello con la responsabilidad que les exige el saber que sus errores los pueden pagar mañana millones de trabajadores españoles; decir todo eso y otras cosas más de ese cariz —como se están diciendo en la España de hoy (y es absolutamente necesario que se puedan decir)— me parece que, entre otras cosas, es muestra suficiente de una gran falta de objetividad científica e histórica, insistentemente reclamada en ocasiones por quienes así hablan, de una más que regular dosis de confusión mental y política, bastante extendida entre nosotros como ya he subrayado, e, incluso, de un espíritu altamente dogmático y sectario que, aparte de frustrar otros posibles aspectos propios de razón, con ese simplista reduccionismo a que se somete al Estado democrático, no parecen dejar mucho campo abierto a otras vías de transformación que no sean las de esa misma violencia armada que, sin duda con recta intención, dicen quererse evitar y superar.

Consolidación del Estado

Una consolidación y una profundización, en cambio, del Estado democrático al que es posible llegar con nuestra Constitución, lo cual exige e implica, a su vez, avances efectivos y bien palpables en el campo autonómico, logrando sobre esa base real una movilización y legitimación popular del mismo, son —creo— condición ineludible para que podamos mirar con un poco más de esperanza hacia la superación definitiva del terrorismo en nuestro país, en España y en Euskadi. Reconozcamos, de todos modos (por si todo esto suena todavía, como me temo, en exceso abstracto e idealista), que para la resolución de todos estos problemas, y de otros a ellos conexos, tampoco vendría nada mal que por las tierras de don Quijote y Sancho, en La Mancha, se descubrieran al fin esos importantísimos yacimientos de petróleo de primera calidad que nos darían un peso decisivo en el seno de la OPEP y nos convertirían en breve plazo en el primer país exportador y abastecedor de crudos para toda la Europa occidental. Pero mientras llega el oro negro negociemos con los vascones, que son gente seria, lo que se deba y se pueda negociar.

Elias Díaz es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

EL PAÍS, miércoles 31 de diciembre de 1980

POLÍTICA

12/NACIONAL

 

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