Delegados en las autonomías     
 
 ABC.    25/10/1980.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

Deléganos en las autonomías

El nombramiento de los dos primeros gobernadores generales en Comunidades Autónomas reviste una enorme importancia política.

Interesa poco la incipiente polémica sobre la denominación oficial dada a estos cargos. Cierto es que la Constitución no habla de «gobernadores generales», sino, simplemente, de «delegados». Cierto, también, que el Estatuto vasco repite la expresión «delegado». Pero esta disputación nominalista no conduce a nada. A nada práctico, se entiende.

El tema importante es otro. Es saber cuáles van a ser las atribuciones, cuál la esfera de competencia de estos delegados o gobernadores. La Constitución —tan imprecisa en tantos aspectos y definiciones del llamado Estado de las Autonomías— no aclara el asunto.

«Un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la Administración propia de la Comunidad.» Bien poco, evidentemente, puede deducirse de tan genérica y nebulosa declaración. Ahora bien, como la serie de competencias reconocidas a los gobiernos de las Comunidades Autónomas es muy amplia —incluso, excesivamente amplia— una vez realizadas las transferencias correspondientes, cabe pensar que no le quedará al señor delegado o al señor gobernador general mucha «administración del Estado» que administrar en el territorio

Al hilo de esta consideración, hora es de preguntarse qué va a pasar —si se mantendrán» o serán suprimidos— los cargos correspondientes a los gobernadores civiles en las provincias de las Comunidades Autónomas.

No parece aventurado pensar —haciendo salvedad expresa y sincera de las capacidades y méritos personales de los dos gobernadores generales ahora nombrados— que una vez más se sigue creando o definiendo sobre la marcha, por no decir improvisando, el Estado de las Autonomías.

Obligado resulta —pues no hay más remedio— esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Cómo se hace camino al andar. Pero sin olvidar, en ningún momento, que todas las posibles tensiones graves en el sistema autonómico, todos los grandes problemas planteados o latentes, son anterio

res al nombramiento de estos delegados. Y están sembrados por manos distintas.

Interesa subrayar esto último porque la reconducción de los excesos autonomistas —que puedan producirse— no podrá ser, seguramente, responsabilidad única, ni siquiera directa, de los delegados gubernamentales en las Comunidades Autónomas. En el artículo 153 de la Constitución se habla —y ño en balde— de acciones directas del Gobierno, con aprobación del Senado, para los casos en los cuales una Comunidad Autónoma no cumpla las obligaciones que la Constitución y las leyes le imponen o «actuare de forma que atente gravemente al interés general de España».

 

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