Autor: Soriano, Manuel. 
 El PNV se abstuvo en la votación del proyecto de ley Antiterrorista. 
 Contundentes medidas contra los grupos armados     
 
 Diario 16.    30/10/1980.  Páginas: 1. Párrafos: 16. 

El PNV se abstuvo en la votación del proyecto de ley Antiterrorista

Contundentes medidas contra los grupos armados

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer por amplísima mayoría, con la abstención de los nacionalistas vascos y dos votos en contra, un proyecto de ley Antiterrorista que contempla contudentes medidas para la represión de grupas armados. A los implicados en esta norma se les suspenderá derechos fundamentales, al amparo de lo establecido en la Constitución, con objeto de facilitar las investigaciones policiales. Se regulan ciertas garantías jurídicas y control parlamentario.

Manuel SORIANO

Madrid

El proyecto de ley Antiterrorista consiguió ayer una amplia mayoría parlamentaria favorable ´298 votos a favor, dos en contra y ocho abstenciones) después de intensas negociaciones entre UCD, PSOE PCE, que habían preséntalo enmiendas para introducir más garantías jurídicas para los detenidos.

Fueron rechazadas enmiendas a la totalidad :me pedían la devolución leí proyecto al Gobierno, iefendidas por Juan María landres, de Euskadiko Ezkerra, y del nacionalista ariarío Fernando Sagaseta. i´indrés calificó el proyecto e inoportuno, difícilmente incajable en un Estado de derecho y anticonstitucional, después de recordar que La mayoría del pueblo vasco rechazó la Constitución precisamente por el articulo 55 y que da lugar al desarrollo de esta ley.

El diputado abertzale aseguró que la ley ordinaria tiene medidas suficientes para luchar contra el terrorismo. «Hay que escuchar -añadió— a los legítimos epresentantes del pueblo asco, hay que profundizar en el Estatuto, en los concertos económicos y en las policías autónomas... Hay ie negociar, pactar y ya 3réis como cesa la violencia.»

El centrista Lorenzo liarte se opuso a las moliendas que pedían la devolución del proyecto al Gobierno afirmando que esta ley es necesaria urgentemente para combatir el terrorismo. Señaló que hay que facílitar al Gobierno los medios, con ias garantías constitucionales, para terminar con la imagen de que el terrorismo es indestructible en la democracia.

Terminó su intervención citando a Azaña, quien al defender la ley de Defensa de la República dijo que esta ley no la necesitaba el Gobierno, sino la República. «Pues bien —añadió Olarte—, hay que decir que esta ley no la necesita el Gobierno, sino ia democracia y la voluntad popular.» Estas palabras provocaron el aplauso del vicepresidente primero para Asuntos de la Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado, quien a su vez levantó el de todo el grupo centrista.

Los delitos terroristas

• El proyecto de ley señala que las personas cuyos derechos fundamentales pueden ser suspendidos son aquellas que, presuntamente integradas o relacionadas bien con elementos terroristas, bien con bandas armadas que incidan gravemente en la seguridad ciudadana, planeen, organicen, efectúen, cooperen o inciten de modo directo a la realización de delitos considerados terroristas.

• El ámbito de aplicación de la ley comprenderá las acciones siguientes; Delitos contra la vida y la integridad física; detenciones ilegales bajo rescate o bajo cualquier otra condición y

detenciones ilegales con simulación de funciones públicas; tenencia o depósitos de armas, municiones o explosivos, así como su adquisición, fabricación, transporte o suministro; coacciones, amenazas o extorsiones; incendios y otros estragos y delitos contra la seguridad del Estado.

• La ley afectará también a quienes una vez proyecta das, intentadas o cometidas las anteriores acciones, hicieren su apología pública o encubriesen a los implicados en ella.

• A las personas comprendidas en los supuestos anteriores se les podrán suspender: a) e¡ derecho a ser puestos en libertad o a disposición de la autoridad judicial en e! plazo máximo de setenta y dos horas desde su detención; b] el derecho a la inviolabilidad de sus respectivos domicilios y a no soportar en ellos registro alguno sin consentimiento o resolución judicial que Jo supla, y c| el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas o telefónicas, y al secreto de éstas.

• Los detenidos serán puestos a disposición del juez competente dentro de las setenta y dos horas siguientes a la detención; no obstante, ésta podrá prolongarse el tiempo necesario para los fines investigadores hasta un plazo máximo de otros siete días, siempre que tal propuesta se ponga en conocimiento del juez antes de que transcurran las setenta y dos horas de la detención.

• Durante la detención, el juez podrá, en todo momento, requerir información y conocer personalmente o mediante delegación del juez de Instrucción del partido o demarcación, donde se encuentre el detenido, la situación de éste, pudiendo, en su caso, el primero revocar la autorización de prolongación de la detención.

Sin orden judicial

• Los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado podrán proceder, sin necesidad de autorización o mandato judicial previo, a la inmediata detención de los presuntos responsables de los delitos incursos en esta ley, cualquiera que fuese el lugar o domicilio donde se ocultasen o refugiasen.

El ministro del Interior o, en su defecto, el director de la Seguridad del Estado, comunicará inmediatamente al juez competente el registro efectuado, las causas que lo motivaron y los resultados obtenidos.

• La instrucción, conocimiento y fallos de las res pectivas causas criminales corresponderán exclusivamente a los Juzgados Centrales de Instrucción y a la Audiencia Nacional.

• El Gobierno informará al Congreso de los Diputados y al Senado, al menos cada tres meses u antes si asi lo solicitan los grupos parlamentarios, del uso que se hace y del resultado obtenido por la aplicación de las medidas previstas en esta ley.

 

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