Por considerarlo anticonstitucional. 
 El Gobierno se opone a que el CGV investigue las supuestas torturas     
 
 Diario 16.    20/11/1979.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 17. 

NACIONAL

Por considerarlo anticonstitucional

El Gobierno se opone a que el CGV investigue las supuestas torturas.

Mientras el Consejo General Vasco, en su reunión de ayer, obvió el análisis de la propuesta de crear un Consejo de Seguridad Vasco para estudiar el tema de las presuntas torturas policiales y la llamada violencia institucional, fuentes de la UCD y del Gobierno afirmaban que tal propuesta es anticonstitucional.

Madrid - El Gobierno y el partido al que sus miembros pertenecen, la Unión de Centro Democrático, se oponen a la creación de una comisión investigadora por parte del Consejo General Vasco, sobre supuestas torturas a detenidos vascos, por entender que ello contraviene lo establecido en la Constitución, según revelaron fuentes solventes.

La creación de esa comisión investigadora es una de las dos condiciones exigidas por ETA (p-m) para la liberación del diputado centrista y secretario de relaciones internacionales de UCD, Javier Rupérez, secuestrado hace nueve días por la organización terrorista vasca.

El Gobierno reiteró su negativa a negociar con terroristas tanto la creación de esa comisión investigadora como la puesta en libertad de los cinco presos vascos reclamados por ETA (p-m).

Consejo de Seguridad Vasco

El Consejo General Vasco, reunido ayer en Bilbao, en su habitual encuentro de los lunes, incluía en el orden del día un estudio sobre la situación creada con el secuestro de Rupérez por la

organización terrorista vasca y las gestiones realizadas por el órgano de gobierno de la comunidad preautonómica.

Con relación a dicho lema se daba como posible la creación de un «consejo de seguridad» que estudiara el tema de las supuestas torturas y la actuación de las Fuerzas de Orden Público, tal como solicitaba ETA (p-m) en su comunicado.

La propuesta de creación de tal órgano investigador obedeció, al parecer, a la iniciativa de la presidencia del CGV, apoyada por todos los partidos representados en el Consejo, a excepción de UCD.

Inconstitucionalidad

Según fuentes gubernamentales autorizadas, cualquier investigación sobre temas que afectan a las competencias irrenunciables del Estado, deben ser realizadas por órganos que encarnen la soberanía nacional y, por tanto, el Gobierno y la UCD, entienden que la sustitución de esas competencias estatales por un organismo autonómico sentaría un peligroso precedente que atentaría contra el contenido de la Constitución.

El artículo 76 de la ley fundamental contempla la posibilidad de que el Congreso o el Senado o ambas Cámaras conjuntamente nombren «comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público». Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al ministerio fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

El Gobierno y la UCD, interpretando el mencionado texto legal, entienden que es anticonstitucional la pretensión del CGV por cuanto que «rebasa el techo autonómico», al tiempo que reiteran su negativa a negociar cualquier punto porque, según las mencionadas fuentes oficiales, «el Gobierno no puede ponerse al nivel de una organización térrorista».

«Además —insistieron los citados medios—, acceder a la exigencia de ETA (p-m) de que dicha comisión debe estar integrada por representantes de todas las fuerzas políticas, sindicales, instituciones culturales, etcétera, sobrepasa la propia composición del órgano de Gobierno preautonómico vasco.»

Socialistas: Investigación judicial

Las mismas fuentes indicaron que el Gobierno no tiene inconveniente —como ya lo ha manifestado en otras ocasiones— en que se cree una comisión parlamentaria para investigar las supuestas torturas denunciadas y esclarecer responsabilidades, tanto en los funcionarios públicos presuntamente culpables como en los que pudieran haber acusado sin fundamento.

Por su parte, en círculos autorizados del PSOE se indicó a DIARIO 16 que dicho partido entiende que no se puede prohibir al Consejo General Vasco la creación de una comisión investigadora sobre las supuestas torturas y la actuación de las Fuerzas de Orden Público. Sin embargo, apostillaron las mismas fuentes, tampoco parece incorrecta la interpretación del Gobierno al texto constitucional. En todo caso, lo prioritario —a su juicio— es que el tema se conduzca en el ámbito de la investigación judicial.

Las mismas fuentes socialistas señalaron que no tenían noticia de que el tema se hubiera planteado formalmente en el Congreso de los Diputados.

Según el artículo 124 del Reglamento provisional de dicha Cámara, «el Congreso, a propuesta de su presidente, del Gobierno, de un grupo parlamentario o de cincuenta diputados, podrá acordar la apertura de una investigación o encuesta sobre determinada cuestión».

El Reglamento añade que, «a tal fin, quien hiciere la propuesta deberá presentarla por escrito ante la Mesa, exponiendo concreta y detalladamente los hechos que hubieran de ser objeto de investigación o encuesta y justificando su necesidad».

Al parecer, ninguna de estas propuestas de apertura de investigación o encuesta han sido presentadas a la Mesa del Congreso de los Diputados ni al Senado.

 

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