Autor: Campmany y Díez de Revenga, Jaime. 
   Fernando Suárez     
 
    Página: 17-19. Páginas: 3. Párrafos: 52. 

DIÁLOGOS CONSTITUYENTES

Por Jaime CAMPMANY

Fernando Suárez

«La Corona es hoy por hoy, una garantía para todos» - «Esta Constitución tiene

que ser el acta histórica de refrendo de la Monarquía» - «No hay consenso ni en

la forma de Estado, ni en el modelo económico, ni en el tipo de democracia, ni

en la organización territorial» - «Parece que se pretendiera que con la misma

Constitución pudieren realizar sus actuales políticas Breznef y Giscard

d´Estaing»

«El proyecto "constitucionaliza las huelgas políticas. No sé si los estadistas

de U.C.D. lo desean o es que no se han enterado»

«Soy de los que piensan que aquí no hay más nación que España»

«Quiero tener la certeza de que, ni siquiera por mayoría, suprimen mi libertad

de opinión o mi derecho a la seguridad personal»

Hubo una vez un hombre joven, casi un muchacho, que salió elegido procurador

«familiar» por León en aquellas primeras elecciones democráticas directas que

todavía no eran universales. Era alto como un pino, afilado como una espada, y

tenía en el rostro una cierta decisión de quilla, como para navegar contra

corriente, contra viento y contra marea. Una noche, memorable, al filo de la

madrugada, se alzó en su Escaño y pidió la palabra. Hablando, era exacto,

contundente, implacable. Hablando, era como un silogismo o como un teorema. No

tenia ni folios en las manos, ni balbuceos en la voz, ni pelos en la lengua.

Apoyaba el discurso en datos y citas que traía en esas fichas de cartulina que

usan los íntimos amigos de la precisión. Aquella noche murió en las cortes

orgánicas la paz rubeniana y casi lírica del lago de los cisnes. Y nació un

grande, incómodo y temible parlamentario.

Cuando hubo que convencer a esas Cortes orgánicas de que se suicidaran, casi

socráticamente, con el arma blanca e incruenta del voto, le llamaron a él, y él

pronunció el discurso de los nuevos destinos. Ahora, su escaño está vacío,

espectacularmente vacío. Son cosas que pasan en el anecdotario político.

Tiene, como los árboles altos, los pies enraizados en la tierra y la cabeza casi

en el cielo. A veces, cuando descansa de las precisiones jurídicas o de los

rigores de la política, la da a los pájaros de la poesía, y, a ratos perdidos,

escribe sonetos casi quevedescos. Tiene los mismos apellidos que el presidente

del Gobierno. O el presidente tiene los mismos apellidos que él, pero no son

hermanos. Si Fernando y Adolfo, Suarez fuesen hermanos, no serían, precisamente,

los hermanos Álvarez Quintero.

-¿Cual es tu afición, en principio, sobre el proyecto de Constitución? ¿Sirve

como documento de trabajo para lograr un texto constitucional duradero? Cuando

se conoció el anteproyecto hubo quien dijo que había que tirarlo al cesto de tos

papeles. ¿Te parece que es eso lo que hay que hacer?

-No; creo que no. El proyecto me parece válido como punto de partida, siempre

que en el Congreso y en el Senado se discuta con toda la amplitud y profundidad

que el tema merece. De momento, ya se puede decir que el proyecto es

sensiblemente mejor que el anteproyecto. Aquél estaba lleno de imprecisiones y

duplicidades, y daba la sensación de que se había hecho muy deprisa. La verdad

es que yo pienso que como punto de partida puede valer un texto cualquiera,

porque atribuyo importancia excepcional a los debates públicos que deben

producirse en el Parlamento. Si la Constitución se elabora a base de acuerdos de

pasillo o de arreglos de despacho, en lugar de discutirse a la vista de todos,

el ciudadano que, en último término, habrá de refrendarla, lo hará sin los

valiosos elementos de juicio que los debates públicos ofrecen. Y nadie debe

olvidar que la Constitución no es un puro acuerdo en

tre los partidos políticos, sino, sobre todo, las garantías que los ciudadanos

se reservan

frente a los partidos, los Gobiernos y cuales quiera otros poderes.

-¿Encuentras en el proyecto algún defecto especialmente grave?

-Su mayor defecto es la deliberada ambigüedad con que trata las cuestiones

conflictivas que, acaso por ello, son las que menos claras quedan. Por ejemplo,

con el articulo 26 en la mano, yo ignoro si conservaré el derecho a pagar el

colegio de mis hijos o si el Estado podrá privarme de él. Es cierto que se

reconoce la libertad de establecer centros docentes. Pero como esa libertad debe

mantenerse con el respeto a los principios constitucionales y un principio

constitucional es el de que la ley determinará el nivel de la educación

obligatoria y gratuita, yo no sé si quien funde un colegio privado tendrá que

dar, en algún nivel, educación gratuita, en cuyo caso aquella libertad queda muy

restringida. Tampoco está nada claro eso de la educación «obligatoria y

gratuita». ¿Quiere decir que se declara obligatoria y que quien la quiera y la

desee la tendrá gratuitamente, o va a haber niveles obligatoriamente gratuitos?

Sin mantener ahora ninguna tesis, creo que es lícito decir que la Constitución

no me lo aclara. Y la verdad es que si no aclara estos puntos, no sé para qué

habla de la educación.

-¿Crees que sobre la Constitución se ha producido, efectivamente, un consenso de

las

fuerzas políticas?

-Esto del consenso es una historia muy singular. En primer lugar, empezaron

presumiendo de consenso y hubo 779 escritos con 3.100 enmiendas, de modo que el

consenso debía de ser de los portavoces, no de los partidos. Ahora insisten en

el consenso, pero se ha ido un miembro muy cualificado de la Ponencia. Y los

votos particulares no son ni escasos ni desdeñables. Yo pienso que el consenso a

que tan reiteradamente se alude es el que se desea lograr, no el que hay. Porque

la verdad es que no lo hay.

En mi opinión, el consenso es la conformidad absoluta en algunos puntos básicos,

por

escasos que sean, y no la transigencia en que figuren simultáneamente tesis

contrapues

tas. Da la impresión de que se han yuxtapuesto tesis de unos y de otros,

buscando una transacción. No es que me parezca mal, por supuesto. Toda política

es transacción.

Pero creo que las transacciones deben fundarse en unos cuantos puntos en los que

estemos unánimes o casi unánimes, y que soló a esos puntos se debe extender el

concepto de consenso. Entendidas asi las cosas, por no haber consenso no lo hay

hasta ahora ni en la forma de Estado, ni en el modelo económico, ni en el tipo

de democracia, ni en la organización territorial. Me parece inútil disimular

esta realidad. Por eso yo no hablaría de consenso, sino de compromiso, de

arreglo, de pacto de no agresión. Pero, en el fondo, el tema sigue siendo tan

preocupante como lo ha sido siempre. Las crisis españolas siempre se han debido

a falta de consenso. Yo soy antiguo lector de Fidelino de Figueiredo y devoto

estudioso de don Pedro Laín Eniralgo. Y me entristece mucho que nadie hable

jamás de dos Inglaterras, o de

dos Francias o de dos Italias...

-¿En qué puntos se podría alcanzar el consenso?

-La Constitución tiene que contener normas de organización y normas de conducta,

es decir, el funcionamiento de los órganos del Estado y la conducta que debe

seguir cualquier poder, con sus frenos y sus límites, en garantía de los

derechos ciudadanos. El consenso me parece relativamente fácil en cuanto al

primer punto, supuesto que la democracia como sistema político está bastante

elaborada.

En cuanto al segundo aspecto, es decir, a las normas de conducta de esos órganos

y poderes, yo creo que no se debería pasar de proclamar los derechos de la

persona, y el deber del Estado de procurar el bienestar de todos. En cambio, si

se quisiera hacer figurar fórmulas concretas para obtener el bienestar, se

estarían constitucionalizando programas de partidos. Y eso es polémico y

efímero.

-Dices que se han yuxtapuesto en el texto constitucional tesis de unos y de

otros. ¿Has

ta dónde puede llegar la aspiración de un partido en sus aportaciones a la

Constitu

ción?

-En mi opinión lo que hay que constitucionalizar es el comportamiento político,

tanto del poder como de la oposición. Los partidos tienen que enseñar al pueblo

a vivir en la legalidad y la Constitución es la legalidad de las fuerzas

políticas y de los órganos del

Estado. No hay democracia si no hay nomocracia, como diría Fernández-Miranda.

Pero es absurdo que los partidos pretendan inscribir en la Constitución los

asideros que

permitan a cada uno de ellos realizar, en su dia, el programa que piensa llevar

a cabo.

Cuando dicen que la Constitución no es el programa de un partido están,

evidentemente, en lo cierto. Pero lo que no dicen con tanta claridad es, que

desean que en la Constitución no haya barrera ni obstáculo para realizar su

programa. Como esos programas son paladinamente contradictorios, resulta que la

Constitución tiene que estar llena de indefiniciones. Algo así como si se

pretendiera que con la misma Constitución pudieran realizar sus actuales

políticas Breznef y Giscard.

Lamentablemente, España sigue dividida en dos hemisferios muy difícilmente

conciliables,

y por eso lo que hay que lograr es que seamos capaces de vivir Juntos sin

hostigarnos.

Entonces tienen que ser mucho más importantes las reglas de juego que los

propósitos, los principios o los dogmas... Todo el mundo puede aceptar que se

hará lo que decida la mayoría, que el jefe de Gobierno se elegirá de esta o de

aquella manera, que los tribunales serán independientes, etcétera. Pero si se

trata de precisar cómo va a ser la escuela, entonces resulta prácticamente

imposible ponerse de acuerdo y lo mejor es garantizar que cada cual tendrá la

escuela que quiera.

-¡Ah! Pero entonces lo verdaderamente de cisivo de la Constitución, junto a esas

reglas

formales de que hablaba, es precisar los derechos de los ciudadanos, es decir,

aquellas

garantías que yo voy a tener de que gobierne quien gobierne, mi libertad de

opinión,

mi derecho de propiedad, la inviolabilidad de mi domicilio, etcétera, van a ser

firmemente

respetadas. Si algún partido piensa que en su modelo de sociedad la propiedad

privada

de los medios de producción, por ejemplo, no tiene razón de ser, es muy difícil

que

acepte sinceramente una Constitución que la tutele.

Vuelvo a lo de siempre: A mí no me basta que las decisiones se adopten por

mayoría,

sino que quiero tener la seguridad de que ni siquiera por mayoría suprimen mi

libertad de

opinión, o mi derecho a la seguridad personal, que forman indisolublemente parte

de la

democracia. Y la realidad demuestra que uno de esos derechos, el de libre

iniciativa económica, no se acepta sinceramente por todos.

-Afirmaba antes que no se había logrado el consenso en varios puntos

Importantes. El

primero, la forma del Estado. ¿Es este, todavía, un tema conflictivo?

-No porque yo lo considere así, sino por la actitud que ha adoptado el P. S. O.

E. La

verdad es que tengo el convencimiento de que rectificarán a tiempo, porque sería

poco sensato añadir ahora ese problema a los muchos que ya tenemos. Imagino que

desean

obtener otras ventajas a cambio de rectificar su postura en ese punto, pero

pienso que

no van a pasar de ese gitaneo, porque saben que la Corona es, hoy por hoy, una

garantía

para todos. Para los demócratas, garantía de democracia, y para los menos

demócratas,

garantía de una mínima continuidad esencial. Lo que pasa es que ese tema es tan

importante que no debería quedar resuelto por una escasa diferencia de votos,

sino por el gesto histórico de aceptar sinceramente que la estabilidad

democrática necesita estar cerca de

la unidad en este punto. Aquí lo del consenso debe ser algo más que una palabra.

La pura realidad es que el propio Gobierno ha contribuido a que la cuestión

vuelva a ser

polémica, porque hay veces que parece reconocer con sus actuaciones más validez

democrática a las decisiones del pueblo español en 1931, que a las votaciones de

1947 o 1971, o a las decisiones de las demostadas Cortes Orgánicas de 1969. Eso

me ha parecido siempre una insigne torpeza gubernamental, pues equivale a poner

en tela de juicio su propia legitimidad.

Lo cierto es que España es un Reino y Don Juan Carlos es el Rey en función de

una legalidad perfectamente clara, que se puede y se debe refrendar, pero no

remover. Yo creo que no es bueno que estos temas que den permanentemente

sometidos a la polémica, y como tengo el convencimiento de que el pueblo español

respalda la Monarquía democrática, esta Constitución tiene que ser el acta

histórica de refrendo de la Monarquía. Para eso, todas las fuerzas políticas

tienen que dejar muy claro, con carácter previo, que aceptan el resultado de la

consulta popular. Y sería bueno que contrajeran el compromiso político de que no

van a replantear el tema cuando lleguen a alcanzar la mayoría parlamentaría.

-Un segundo punto conflictivo sería...

-Por supuesto, el de las autonomías. Yo soy de los que piensan que aquí no hay

más nación que España y no me produce ningún complejo repetir lo que dice Fraga.

Técnicamente hablando, si el artículo 2.° habla de varias nacionalidades y el

artículo 11 dice cómo se adquiere la nacionalidad española, algún articulo

tendrá que decir cómo se adquieren las demás. Si la nacionalidad del artículo

2.´ tiene un sentido distinto de la del articulo 11 estamos ante una

Constitución equívoca, qué es lo peor que puede ocurrir.

Bueno, no quiero repetir argumentos que todo el mundo conoce. Cualquiera sabe

que en la estructura federal de los Estados Unidos, ni Texas ni California son

naciones. Precisamente deberíamos aprender de una Constitución que empieza

diciendo: «Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con el propósito de formar

una unión más perfecta...». En fin, que hay que buscar otra fórmula. Yo soy

partidario de que las regiones tengan toda la autonomía que necesiten, pero no

otra nacionalidad. Una nacionalidad sin derecho a constituirse en Estado es una

nacionalidad oprimida. Una nacionalidad cristaliza en una dinastía. Y una nación

como España, forjada en torno a la Corona, no puede deshacerse, precisamente,

cuando la Corona se

restaura. Que se hable de pueblos, o de paises o de reinos, si queda clara la

unidad de

la Corona, pero no de nacionalidades. Eso de los reinos a lo mejor se considera

ahora

una herejía, pero yo lo he leído en muchos clásicos y, de modo especial, en mi

amigo

Diego de Covarrubias.

-¿Y qué reinos o reglones necesitan autonomías?

-Pues ahí está precisamente la raíz del problema. Yo creo que éste es un tema

que requiere mucho sosiego y mucha reflexión y me parece que se está llevando

apresuradamente. Las premisas, en mi opinión, son dos. Primera: todas las

provincias y aun los Municipios desean que disminuya el centralismo y aumente su

capacidad de decisión. Segunda: algunas regiones, por razones históricas, tienen

motivos más que legítimos para disfrutar de mayor autonomía que las demás. Si

para disimular esta segunda realidad se ha querido estimular la primera, al

astuto cazurro que haya Inventado la maniobra hay que llamarle «habilidosillo».

Porque se hacreado un movimiento autonomista artificioso en provincias que nunca

tuvieron pretensio

nes de ese orden y que están inventando himnos y banderas, y sin embargo no se

está dando satisfacción a las autonomías históricas, que para marcar su

diferencia con las demás desean ahora ser, nacionalidades. Yo, como leonés, no

tengo inconveniente en reconocer que Cataluña o el País Vasco tienen perfiles

autonómicos superiores a los de León y que no se puede conducir a esas nobles

regiones a una nueva frustración. Pero con la misma sinceridad con que digo que

no me siento dispuesto a que Cataluña o el País Vasco confundan autonomía con

insolidaridad, digo también que me parece grotesco diluir sus legítimas

aspiraciones en un sistema de preautonómías artificiosas que oblige a improvisar

en Sahagún de Campos una institución semejante a la Generalidad.

- ¿Qué opinión te merece el modelo la boral que la Constitución propone?

- En materia de relaciones laborales, la Constitución tiene que inspirarse en

principios

de libertad de los interlocutores sociales para negociar sus relaciones. Por

consiguiente, el modelo va a ser muy distinto del Fuero del Trabajo, que

atribuía al Estado la misión

esencial de tutelar a los trabajadores. En esta problemática, lo verdaderamente

decisivo es

el reconocimiento de la libertad sindical y del derecho de huelga. Lo demás es

muy tópico

y la redacción es, incluso, menos expresiva que la del Fuero.

-¿Y el modelo económico?

- El modelo económico me recuerda el comentario que hizo alguien de la

Constitución italiana: «Para compensar a la izquierda de la revolución que no ha

tenido lugar, la derecha no se opone a que en la Constitución figure una promesa

de revolución.»

- Citas la Constitución italiana. ¿Es que el proyecto español ha bebido mucho en

esa fuente?

- No puedo ocultar que desde hace algunos meses estoy leyendo multitud de

artículos, libros y ensayos en tomo a la Constitución italiana, que desde mi

punto de vista va a tener abundantes concordancias con la futura Constitución

española. Acaso estas lecturas condicionan mi actual manera de ver las cosas,

pero sería absurdo disimular que yo las veo así: la Constitución va a ser un

compromiso entre lo que Giannini llamó «fuerzas del privilegio económico» y

«fuerzas del trabajo», que se van a dar unas garantías recíprocas. El movimiento

obrero aceptará la libertad de iniciativa económica (artículo 34),

el derecho de propiedad (artículo 32) y el deber de trabajar (artículo 33), que

son ele

mentos básicos del capitalismo. Pero, a cambio de eso, el movimiento obrero

recibirá,

asimismo, garantías que Mancini ha considerado en Italia «imponentes», no tanto

por lo

que suponen para cada trabajador individual (sectario suficiente, limitación de

la jomada,

vacaciones periódicas, etcétera), sino sobre todo por lo que suponen para las

organiza

ciones de la clase trabajadora.

La norma fundamental, desde ese punto de vista, es la que redactó en Italia

Lelio Basso

(párrafo 2 del articulo 3.°), literalmente recogido bueno, casi literalmente en

el párra

fo 2.° del artículo 9.´ del proyecto español. Es la famosa norma que constata la

existen

cia de obstáculos que impiden o dificultan la plena libertad y la plena igualdad

de los

individuos y compromete a los poderes públicos a removerlos, para facilitar la

partici

pación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y

social.

Con esa norma, la democracia parlamenta ria sufre una transformación esencial,

porque

la misión de perfeccionar la convivencia ya no se atribuye sólo a los

legisladores y a los

gobernantes.

Este es un tema muy sugestivo. Como puede comprobarse, la Constitución habla

constantemente de «los poderes públicos», pero en ninguna parte los define. Eso

es inaudito. Fíjate que el titulo sexto se llama «Del poder judicial» luego es

un poder público. Por consiguiente, el artículo 9." 2. vincula también a los

jueces y se podrá llegar a construcciones extraordinariamente audaces mediante

el «uso alternativo del Derecho».

Pero hay más. La constitucionalización de los sindicatos no del derecho de

sindicación, sino de los sindicatos equivale a reconocer la insuficiencia de las

instituciones de la democracia política para conseguir la democracia económica y

social. Dada la redacción del artículo 7. del proyecto, hay que admitir la

posibilidad de que los sindicatos influyan sobre el sistema político

institucional. Hoy es una tesis muy extendida la de que la gestión del poder es

objeto cada vez más de negociación entre grupos políticos ajenos a cualquier

sustancial control democrático y entonces el sindicato tiene que ser un canal

privilegiado para la participación de las masas. Ya ves el enorme interés que

han tenido aquí por entrar en las empresas, incluso antes de que la Constitución

defina su papel.

Como además es ineludible el derecho de huelga del artículo 27 al programa de

emancipación del artículo 9.°, una huelga que pretenda remover cualquier

obstáculo a la plena igualdad de los individuos, aunque se dirija a la obtención

de decisiones del Gobierno, y no de los empresarios, es una huelga lícita. La

consecuencia evidente es que el proyecto constitucionaliza las huelgas

políticas. Por eso tengo gana de que se abra el debate y de

salir de mi duda terrible acerca de si eso es lo que desean los estadistas de la

Unión

de Centro Democrático o si es que no sehan enterado.

-O sea, que ahí ves un éxito de la izquierda.

-Naturalmente, las izquierdas tienen que estar bastante contentas. Ellas parten

de la

base de que la clase dominante dispone de medios legales de influencia en el

proceso

político que exceden del número de votos y diputados que corresponden a sus miem

bros, con lo cual la democracia política está siempre tendencialmente sesgada a

su favor,

y hay que reservar un espacio constitucional al ejercicio de «contrapoderes» que

no sean

homogéneos con las estructuras económicas trazadas por la Constitución. Y eso

sin tener

en consideración a los especialistas en hacer explosivas las contradicciones,

que tienen que

sentirse felicísimos al comprobar las que con tiene el modelo español.

No tengo la menor duda de que «la astucia de la razón» constitucional es muy

superior en la izquierda, que va a conseguir poner los medios para llevar a cabo

legalmente el revolucionario cambio de modelo que propone.

La evocación históricocrítica del debate constituyente italiano permite hoy

entender por qué las izquierdas se mostraron satisfechas. A la vista de las

interpretaciones que han sido capaces de hacer de aquel texto, entiendo muy bien

que Togliatti dijera durante los debates en los que se hablaba del «compromesso»

como ahora se habla del consenso que se sentía satisfecho porque el modelo

permitía una profunda transformación social.

En una palabra, el consenso constitucional se ha desviado hacia la izquierda, y

en el

proyecto están los fermentos para la transformación del sistema de economía

libre en

un sistema socialista. Yo no conozco ninguna Constitución que condene el orden

socialista

y encomiende a los poderes públicos la misión de superarlo para construir un

sistema

de economía libre. Ya verás qué pronto surgen interpretaciones de la

Constitución es

pañola tendentes a demostrar que dice literalmente lo contrario.

-¿Recuerdas algún otro tema especialmente polémico?

-Sí. El nombramiento de jefe de Gobierno, del artículo 92. A mí eso de que el

Rey propone y el Congreso dispone me parece extraño y erosionante para Su

Majestad. Prefiero que el regio nombramiento no se produzca mientras no haya

acuerdo del Congreso. Las entrevistas y consultas del propio Rey pueden

convertirte en un político. Y a los políticos cualquiera debe tener derecho a

criticarles. Pienso que el Rey debe estar por encima de toda crítica, de modo

que no debe tomar decisiones de las que el Congreso pueda discrepar.

-¿Tiene el proyecto alguna de esas «perlas» regocijantes que a ti te gusta

buscar en las leyes?

Reí mucho cuando el anteproyecto decía que la economía podía ser objeto de

expropiación forzosa. Afortunadamente lo han corregido, porque eso era como

decir que se podía expropiar la otorrinolaringología.

Jaime CAMPMANY

 

< Volver