Autor: PUBLIUS. 
   Transplantes y "solidaridad obligatoria"     
 
 ABC.    13/10/1979.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

TRASPLANTES Y «SOLIDARIDAD OBLIGATORIA»

LA tey de Trasplantes de Órganos Humanos ha sido aprobada en el Senado, al igual que (o fuera en el

Congreso, en medio de un gran espectáculo de autosatisfacción de nuestros parlamentarios. Nada

tenemos, ciertamente, contra los trasplantes de órganos humanos, ni mucho menos contra el hecho de que

diputados y senadores consideren que hacen las cosas muy bien. Al contrario, ambas cosas nos llenan de

satisfacción.

No obstante, nos ha producido un desconcierto considerable la justificación que, tanto en una como en

otra Cámara, se ha dado para celebrar la ley sobre trasplantes. Todas las fuerzas políticas han insistido en

consideraciones sobre la bondad de una norma basada tanto en el principio de libertad como en el de

solidaridad. Y eso ya nos parece bastante discutible.

Vaya por delante que suscribimos y defendemos la mentalidad solidaria, moderna y avanzada que mueve

a los hombres y mujeres de una época altamente tecnificada a donar algunos de sus órganos para que,

trasplantados, puedan rendir un servicio inestimable a otras personas carentes de ellos o a las que un

trasplante oportuno podría incluso salvar la vida. Nos parece que todo cuanto se haga por fomentar el

espíritu donante será poco, convencidos como estamos de que los avances de la ciencia y la técnica

constituyen elementos de primer orden en la mejora de las condiciones de la vida humana.

Pero esta ley concreta a que nos referimos nos preocupa y nos alarma, porque está concebida en función

de unos principios que, contra lo que aseguran sus redactores, distan mucho de ser tos de libertad y

solidaridad. En efecto, en la entraña de esa norma se establece la presunción de la condición de donante

en todo ciudadano, salvo que expresamente manifieste su oposición a serlo.

La primera consideración que hay que hacerse es ésta: la propia ley, al atribuir a una persona la capacidad

de disponer de su cuerpo después de su muerte, está reconociendo que el propio cuerpo, los restos

mortales, pertenecen al sujeto, constituyen un bien sobre, el cual su propietario —porque la figura es la de

la propiedad— puede tomar decisiones. La comparación con los demás bienes materiales es, por

consiguiente, obligada, y nos preguntamos por qué razón, admitida ia presunción que establece la ley de

Trasplantes, no va a poder presumirse que todos los bienes del que muere sin hacer testamento han de

pasar a la propiedad del Estado, al objeto de que éste los distribuya entre los más necesitados.

Se argumentará que algo de esto ya existe, al establecer las leyes una parte de toda herencia, cuyo destino

es el erario público. Bien. Pero entonces admitamos que no estamos ante una exhibición de solidaridad,

sino siMplemente ante un puro impuesto, cuyo impago moviliza la maquinaria del poder público, si es

preciso por la fuerza, para ser satisfecho. No hay solidaridad, sino obligación de pagar. Y si con los

órganos ocurre lo mismo, sobra toda referencia grandilocuente a la solidaridad. No nos extraña (porque al

fin y al cabo es cosa sabida) que el concepto que el socialismo alberga de la solidaridad pasa por la

obligatoriedad; el socialismo tiene una propensión a obligar y a prohibir soto comparable con el fascismo.

Pero nada de eso tiene que ver con la solidaridad, porque ésta o es voluntaria o pierde el núcleo, la

esencia, la entraña de su propia naturaleza.

Por otro lado, no acertamos a comprender cómo puede estarse tan satisfecho de haber salvaguardado el

principio de libertad cuando esta ley, precisamente, establece la presunción de que toda persona será

despojada de una de sus propiedades a menos que manifieste su opinión en contra. El principio de libertad

a lo que tiende es exactamente a lo contrario, salvo que hayamos vuelto del revés la lógica más elemental.

Es en virtud del principio de libertad como una mujer o un hombre pueden disponer que sus órganos

aprovechables por la ciencia te sean extraídos después de su muerte. La carta de donante es una evidente

expresión del ejercicio de la libertad de disposición de uno sobre lo que es suyo. La «carta de reteniente»

es más bien un documento de defensa contra lo que se considera una agresión. Y desde muchos otros

puntos de vista, es también una especie de sarcasmo. Pero no vamos a entrar en detalles en una materia

que proporciona abundante material para el humor negro, que goza entre nosotros de tanto arraigo.

Cualquier lector puede, sin gran esfuerzo, imaginar una rocambolesca Dirección General de Despojos, o

una División de Frigoríficos Ambulantes Domiciliarios, con un imprescindible apoyo de la Policía

Armada Funeraria que garantizase el cumplimiento de su función.

Dicho todo esto, casi resulta ocioso que digamos, a continuación, que, para que pudiera hablarse de

libertad y de solidaridad en relación con una ley sobre Trasplantes de Órganos Humanos, el camino no

seria otro que una eficaz, permanente y suasoria campaña pública para estimular a tos ciudadanos a donar

sus órganos en beneficio de quienes carecen de ellos o que los necesitan para poder sobrevivir. Campaña

que podría muy bien apoyarse con beneficios fiscales a los donantes, o con un derecho premial adecuado

a quienes libremente manifestasen por este camino su solidaridad con sus semejantes, Y conste en acta —

aunque eso no lo utilizamos como argumento— que no pocos de los miembros de Publius ya tienen entre

sus documentos personales la autorización para la extracción de algunos dé sus órganos después de su

muerte. — PUBLIUS.

 

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