Autor: Cisneros Laborda, Gabriel Fernando. 
   El pacto nacional     
 
 Informaciones.    25/02/1974.  Página: 15-16. Páginas: 2. Párrafos: 16. 

EL PACTO NACIONAL Y RACIONAL

Por Gabriel CISNEROS

LA declaración gubernamental, plasmada en el discurso del presidente Arias del pasado día 12, obliga a una reflexión en profundidad y, pienso, ha de Invitar a una seria reconducción de propósitos y estrategias a cuantos, con limpio patriotismo, aspiren a una comparecencia activa en el futuro político del país.

Más allá de tal o cual extremo del discurso, susceptibles de análisis in extenso, que no tiene aquí marco u ocasión, creo que importa más subrayar la instauración de un lenguaje, radicalmente innovador, desmitificador, antidogmático, ofertivo y alentado por una paladina voluntad integra-dora. Sería-pueril y gratuitamente receloso sujetar las esperanzas a condición suspensiva, a la espera de que la praxis política del Gobierno acredite Ja sinceridad de su pronunciamiento inaugural.

Y subrayo la gratuidad de la desconfianza, porque nada obligaba a Arias a llegar a los niveles de explicitación que alcanzó; ni era previsible que los emplazamientos se formulasen en tales términos de concreción; ni nigún Gobierno incurriría en la burda torpeza de dilapidar su crédito Inicial autoimponiéndose unos compromisos cuyo eventual incumplimiento lo descalificaría clamorosa e Irreversiblemente ante la opinión nacional. Por otra parte, al subrayar los perfiles solidarios del Gabinete y al manifestar el presidente su voluntad de ejercer «en plenitud» sus atribuciones y competencias también parece intelectualmente lícito excluir el que eventuales tensiones o disfunciones internas en los niveles gubernamentales de decisión puedan ser causa de entorpecimientos o demoras.

Estas reflexiones no desconocen el peligro —sin duda, no despejado— de que por parte de las fuerzas más regresivas se postule la interpretación más empobrecedora, de entre todas las posibles, de Ja declaración programática del Gobierno. Las propias palabras del presidente —«estamos dispuestos a llegar a las soluciones más generosas e Integra-doras»— suministran un apoyo solvente al propósito de mantenerse en cuidadosa guardia frente a aquellos posibles intentos.]

Pero sin adelantar acontecimientos —que sólo la Iniciativa gubernamental puede desvelar—, cabe constatar que el discurso del presidente Arias ha servido ya para crear un clima propicio para desenvolver, incluso con voluntad operativa y no de mera especulación, algunas reflexiones, animadas por la limpia intención de contribuir a los grandes emplazamientos que se abren en el horizonte del Régimen: la necesidad de pasar de una situación fundamentada en una legitimidad carismática a otra legitimidad racional; la necesidad de trasmutar un consenso expresado en forma de asentimiento en otro operativamente articulado en forma participativa; la necesidad de transferir a la Monarquía y al orden constitucional todo el caudal de adhesiones convocado básica y casi exclusivamente . por la persona de Franco, y de ensanchar y enriquecer ese caudal En definitiva, se trata de aceptar que la reinstauración de la Monarquía no equivale a la búsqueda de una«,salida» para un régimen fuertemente personalizado en torno a una figura de excepción, sino la adopción de una alternativa que, sin merma de la básica continuidad, reclama, aun para su propio afianzamiento, el cambio político tan prudente como decidido.

Este orden de preocupaciones no es, desde luego, novedoso.

A partir de la promulgación de la Ley Orgánica, y, sobre todo, a partir de la proclamación de don Juan Carlos, se ha dejado sentir un nutrido coro de opiniones, que con tan noble terquedad como menesterosos resultados, insistía en mostrar cómo, si bien .la Ley Orgánica culminaba un proceso de despersonalización y correlativa ínstitucionalización del sistema, por ello mismo la Ley Orgánica era sobre todo un punto de partida. El punto de partida que había de consolidar, en palabras del Jefe del Estado, «definitivamente la vía de una firme esperanza futura». Del mismo modo, el 22 de julio Importaba mucho más por lo que abría que por lo que cerraba. El balance de treinta y tantos años de franquismo es espectacular y positivo en todos los órdenes de realizaciones. Pero no es este el camino por donde hay "que buscar el mejor título de´ legitimidad histórica para esta etapa contemporánea de la vida española.

Tal título radica realmente, de una parte, en la capacidad para proyectar sobre el futuro un sistema institucional válido para ordenar racional y democráticamente la convivencia pacífica española, y de otra, en el alumbramiento de las condiciones sociales propicias para el funcionamiento sin perturbación de tal sistema.

Pero si las preocupaciones no eran novedosas, sí lo es, desde luego, el verlas reflejadas y asumidas desde tan alto nivel de poder y responsabilidad. Por ello, si la declaración programática supone un emplazamiento severo para quien la formula, también creo ver en ella mucho de invitación y reto para todas las corrientes de opinión que transitan dentro del Régimen o discurren en sus márgenes, siempre que les inspire un limpio sentido nacional y una inequívoca voluntad de aceptar las reglas del juego.

Don Pedro Laín se preguntaba si nuestro indudable conflicto no llevaría en su seno la Indecisa posibilidad de una vida futura. En esta hora histórica, los españoles parecen tener, más próxima aquella «indecisa posibilidad», resumible en la ordenación de una convivencia democrática y cooperadora, «en cuyo seno sea realidad satisfactoria la libertad civil, la justicia social y la eficacia técnica»

He aludido a las ´reglas del juego Desde mi particular opinión, se me ocurre resumir estas reglas sacrificandc en aras del esquematismo muchas matizaciones que se harían, en un tratamiento más extenso imprescindibles:

1. Es ilegítima cualquier invocación revolucionaria.

(Está claro que doy al término «revolución» su significación científica propia —radical cambio del orden político, instado por vías subversivas— y no la significación retórica de afán de perfección del orden social.) Todos los factores, desde el entorno exterior al proceso de modernización -de la sociedad española, se conjuran para excluir tal invocación revolucionaria, condenada y condenable por su propia residual marginalidad

2. Es ilegítima cualquier pretensión de apertura de un proceso constituyente global.

Quien aspire a dejar sentir su voz y presencia en el futuro político español, debe empezar por deponer cualquier tentación revisionista global por extensa y ambiciosa que sea su pretensión reformista. El pueblo español, desde las cotas de su actual madurez histórica, no se mostraría dispuesto a cuestionar los supuestos básicos de su propia existencia colectiva. La Patria no es un solar, ni los españoles materia de experimentos. El recuerdo de los. tremendos -sacrificios y e! largo itinerario de limitaciones que jalonan el próximo pasado de la vida española, debería bastar para excluir tal pretensión

3. Hay que asumir solidariamente toda la historia española.

Es una consecuencia, acentuada, del punto anterior. Entiendo que más allá del acatamiento a un orden constitucional dado, el respeto a nuestro pasado reciente debe comprender también la deliberada evitación de cualquier planteamiento gratuitamente irritativo; de cualquier abundamiento innecesario sobre los pleitos de nuestro pasado: de cualquier pretensión de presentarse como herederos y continuadores de nada que sea más excluyente y fragmentario que el todo de nuestro ayer histórico

4. Hay que mantener a la institución monárquica a salvo de cualquier debate.

Para el Príncipe, hoy; para la Corona, mañana —como ha dicho recientemente José Miguel Ortí—. el ¿eber supremo de prestarle todas las asistencias y respetarle toda su libertad Si todos los elementos dogmáticos de una Constitución exhiben una voluntad de permanencia, esa vocación de perdurabilidad se refuerza y solemniza cuando se trata de la FORMA —de ninguna manera accidental o circunstancial— en que plasma la magistratura suprema del Estado Cualquier especulación que no acepte como límite infranqueable para el cambio político el respeto a la Corona debe rechazarse como subversiva. Esta es la contrapartida necesaria del perfil arbitral, moderador y de equilibrio que la Constitución atribuye al Rey.

5. Hay que agotar todas las virtualidades democráticas de nuestro orden político como paso previo para considerar su reforma.

Si se acepta la existencia de aquellas virtuafidades, parece ocioso- argumentar esta tesis. Y. en mi opinión, es claro —el discurso del presidente lo ha puesto de manifiesto— que a más de seis años de la Ley Orgánica, el horizonte de apertura que desvelaba permanece en. buena medida inédito No deja de resultar sorprendente, por ejemplo, que un Gobierno se vea en la precisión de anunciar como uno de sus propósitos —y que dicho anuncio sea acogido con entusiasmo— lo que no constituye (caso de las Incompatibilidades], sino el mero cumplimiento de un imperativo legal anterior.

6. Es lícito postular el cambio político.

También aquí el discurso de Arias suministra una apoyatura Inequívoca. Al

excluir y condenar a quienes opten por la vía subversiva para la reforma política, se acepta y reconoce, a sensu contrario, la legitimidad de postular el cambio por todas las vías amparadas, o que puedan estarlo, por la legalidad.

7. La garantía del ejercicio de la libertad política es prioritaria.

Como ha dicho también Ortí Bordas, la garantía del ejercicio de la libertad es previa a la modernización política y a la reforma social, puesto que objetivos tales únicamente se conquistan por sociedades abiertas, y libres formadas por ciudadanos con posibilidades efectivas de participación. Esta tesis no desconoce la necesidad de evitar que el ejercicio de la libertad política sea meramente formal o declarativo, como consecuencia del sistema capitalista de organización económica y social. Sin embargo, dada la existencia de tal sistema, se advierte que su corrección y reforma se víabilizan más efectivamente por e! juego competitivo de los. grupos que no por una estructura política cerrada, en la cual se puede dejar sentir con mayor fuerza y menor garantía de control y respuesta la presión de los grandes grupos de Interés y privilegio.

8. Es prioritaria la regulación del derecho de asociación política.

El sujeto de ia acción política no es e! Individuo, sino el grupo. Como consecuencia del presente vacío político —sólo cubierto por la personalidad de Franco—, cualquier medida de apertura democrática —como la elección da alcaldes— que no vaya precedida o inmediatamente acompañada de !a articulación de las asociaciones puede saldarse con resultados contraproducentes. Puede propiciar la presencia en nuestras Instituciones representativas de arbitristas insolventes, de ocasionales demagogos o de meros pupilos de grupos de Interés. Las. asociaciones han de ser la garantía y cautela para evitar este resultado y el Instrumento de clarificación y autentificaclón de nuestro sistema representativo. La articulación de! derecho de asociación —imperada por el artículo 16 del Fuero de los Españoles.— es ta única garantía efectiva para el ejercicio de la libertad política.

9. El conjunto de asociaciones como «alianza constitucional».

En fórmula de Manuel Cantarero, el conjunto d e asociaciones reconocidas —cuyo número, en ningún caso superior a cinco, debe ser cuidadosamente tasado por procedimientos Indirectos tales como el señalamiento de un alto número mínimo de miembros— representa la «alianza constitucional», contemporánea formulación del Movimiento. Es plataforma máxima y mínima para dicha alianza la aceptación de los Principios Constitucionales, concebidos como gran base de coincidencia genérica, pre o supra ideológica. El pluralismo político se genera por las diversas Interpretaciones ideológicas de aquella base de coincidencia. Junto a ello, la «alianza constitucional» supone la aceptación de unas reglas instrumentales de juego para la cooperación y la concurrencia.

10. «Sólo una oposición fuerte y moderada es tolerable.»

Como don Manuel Fraga ha observado con insistencia, para hacer viables las ¡deas de alternativa, relevo y transferencia ordenada de poder es necesario un «sistema de garantías mutuas», sistema que el poder no podrá nunca ofrecer a una oposición dogmática, atomizada, «amateur» o rnaximalista en sus fines o métodos.

Estas diez reglas podían delimitar ese gran pacto nacional y racional; el pacto para la convivencia civil y para la inserción europea de un país al que Franco. en tres décadas, ha instalado en la modernidad. Un pacto que puede ser suscrito por todos aquellos, en palabras del presidente Arias, que no se autoexcluyen por su ubicación «en maximalismos de uno u otro signo; por la invocación a la violencia, por el resentimiento y el odio, por la pretensión bárbara -de partir de cero, por la elección de vías subversivas para postular la modificación de la legalidad».

 

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