Autor: RUY LÓPEZ. 
   Tres pactos para la Constitución     
 
 Diario 16.    19/02/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

Tres pactos para la Constitución

Cada vez es más evidente que los graves problemas que aquejan a nuestro país en

prácticamente todos los sectores de la vida social (economía, orden público,

enseñanza,

relaciones internacionales...) sólo serán solucionables si se procede a una

reestructuración prácticamente total de la organización del Estado, dejando de

lado las arcaicas estructuras franquistas y procediendo a construir un Estado de

bienestar social como existe en los países occidentales avanzados.

Tal tarea, desde luego, requiere una fundamentación sólida, unas normas y

principios en que comulguen la gran mayoría de los ciudadanos, que indiquen

precisamente las reglas del juego y los objetivos últimos a alcanzar: requiere,

pura y simplemente, una Constitución ampliamente aceptada y legitimada.

Nos encontramos ahora, tras muchos años, ante una oportunidad histórica: la de

que el pueblo

español se dé una Constitución por medio de representantes libremente elegidos.

Cabe indicar, con casi absoluta certeza, que las próximas Cortes, resultado de

las elecciones

de la primavera de este año, no serán unas Cortes "normales", sino unas Cortes

Constituyentes, en la práctica, si no en el nombre. Lo que el país espera de

ellas es que,

efectivamente, elaboren una ley fundamental que de una vez elimine la situación

de inseguridad constitucional en que nos movemos concretamente desde hace más de

un

lustro (y que se traduce en una grave inseguridad política, social y económica)

y ponga las bases para un periodo de reconstrucción del Estado.

Urge nueva Constitución

En las circunstancias actuales existe también un amplio consenso en que la

elaboración de este texto fundamental requiere, por una parte, la mayor rapidez

posible (ante la angustiosa crisis por que atraviesa el país en todos sus

sectores), y, por otra, una amplia aceptación

popular, de forma que la construcción de un Estado nuevo sea tarea de la mayoría

y no de unos pocos. Obviamente, un proceso constitucional que durase años no

haría más que prolongar la crítica situación actual: y una Constitución

partidista acabaría provocando tensiones aún más graves que las existentes.

Estos requerimientos, de rapidez en la elaboración y amplitud en la aceptación

de un nuevo texto constitucional por las próximas Cortes, suponen severas

exigencias a los partidos políticos, protagonistas hoy de la vida pública. En

efecto, sólo una labor coherente y coordinada de los partidos políticos hará

posible una operación constituyente capaz de servir de base para una nueva

dirección de la vida política española. En definitiva, se

trata de sentar las bases de un "pacto" social y político, de carácter

"roussoniano" que ha estado ausente de todas nuestras Constituciones. La

diferencia es que ahora se dan las condiciones objetivas para ello: las

subjetivas las debemos de crear todos los españoles.

En primer lugar aparece como imprescindible que las alternativas

constitucionales que se presenten al electorado sean claras y precisas: lo que

supone, desde luego, una reducción en su número. La participación popular sólo

existirá si las elecciones sirven como índice

para determinar el grado de apoyo popular con que cuenta cada alternativa

constitucional. Sólo la elaboración de pactos entre partidos afines podrá

reducir el confuso panorama político a una serie de opciones suficientemente

claras y distintas, para que el electorado,

efectivamente, sienta que su voto supone el pronunciarse por algo que no sea una

entelequia.

Trabajos preparatorios

En segundo lugar, repetimos que la cuestión del tiempo necesario para elaborar

la nueva Constitución es quizá la más grave. Una constituyente que se eternizase

en su tarea sería un factor más de inestabilidad. Por ello se han levantado

numerosas voces que piden que,

aun antes de abrirse las sesiones de las Cortes, se llegue, por parte de los

partidos inequívocamente democráticos, a la conclusión de un "pacto

constitucional", que permita

presentarse en el Congreso y en el Senado con unos bocetos ya elaborados, a fin

de que sirvan de punto de partida para la tarea parlamentaria. Se trataría, no

ya sólo de

simplificar el panorama político mediante pactos inter-partidos (como los que

han conducido a la formación del Centro Democrático, o los que llevan a cabo,

hasta ahora estérilmente, las tendencias socialistas), sino de formar un

auténtico frente constitucional, que coincidiese en tes principios básicos de la

próxima ley Fundamental.

Finalmente, si se quiere que la Constitución sea ampliamente aceptada, y no se

vincule a ningún partido o Gobierno en concreto, es absolutamente necesario que

la tarea

de las próximas Cortes se centre en su función constituyente, dejando en segundo

plano la formación de un Gobierno. Es verdad que sólo un Gobierno que cuente con

el apoyo de las Cortes será viable, como también lo es que la impulsación

gubernamental será decisiva para la elaboración de la Constitución. Pero hasta

que ésta sea realidad, el Gobierno se

configurará forzosamente como provisional, y de gestión, y probablemente será

una continuación, más o menos modificada, del existente. Sería un grave error el

que unas

Cortes destinadas a una tarea constituyente se enzarzaran en disputas políticas

y mociones de censura sobre el Gobierno, o que (como ocurrió durante la II

República) pretendiera prolongar su vida una vez aprobado el texto fundamental:

ello vendría, como dijimos, a identificar la Constitución con una tendencia

política determinada. Sólo un pacto

entre partidos, comprometiéndose a respetar la existencia de un Gobierno en

gestión, y a la disolución de las Cortes Constituyentes una vez finalizado su

trabajo, podrá convertir a la ley Fundamental en algo por encima de las luchas

políticas; esto es, en un código político

para todos los españoles.

 

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