Autor: Fraga Iribarne, Manuel. 
   Cortes Constituyentes     
 
 ABC.    21/04/1977.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 13. 

CORTES CONSTITUYENTES

SE habla mucho del carácter que han de tener las próximas Cortes, y de su

carácter constituyente. Se ha expresado la idea, en concreto, de que deberían

concentrarse en una operación constitucional completa, y, luego, dar paso a

unas Cortes legislativas ordinarias, la cuestión es trascendental, y merece, a

mi julclo, algunos comentarios.

En primer lugar, de carácter histórico. España, a partir de 1810, ha tenido una

serie de Asambleas constituyentes. Las más famosas y brillantes, por su

oratoria, fueron las Cortes de Cádiz, y las de 1869, después de la Revolución de

Septiembre, que destronó a Isabel II. Las más recientes, las de 1931, que

establecieron la Constitución de la Segunda República.

En todos los casos, sin excepción, se dieron los mismos supuestos y los mismos

resultados: un hecho previo e importante, que alteró la vida del país; un

Gobierno provisional de hecho, en medio de grandes alteraciones de la paz

social; unas elecciones arregladas para crear una mayoría a favor de la nueva

situación; unos debates apasionados y retóricos, de todo lo divino y lo humano;

un Código general de la vida política, no aceptado por los que no se

consideraron suficientemente representados en la Asamblea y en el Gobierno

provisional; un período breve y precario de vigencia de dicha Constitución, y

poco después un golpe de Estado o una guerra civil, y vuelta a empezar.

Puede decirse que la única excepción a esta trágica sucesión de fracasos

constitucionales fue la Constitución canovista de 1876, que con los defectos de

toda obra humana, logró funcionar hasta 1923. Fue justamente la única que,

aprovechando las experiencias anteriores, se hizo con más reposo, y, de hecho,

no fue la obra de unas Cortes constituyentes. En todo caso, un hecho resulta

claro: los procesos constituyentes españoles, de 1810 a 1931, han sido un

fracaso, y ninguna de las Constituciones, así elaboradas, ha logrado ni larga

vida ni un consenso general sobre su legitimidad.

La segunda consideración es de carácter formal. La ley de reforma politica,

aprobada por las Cortas y por referéndum nacional, no convoca expresamente unas

Cortes Constituyentes. Se limita a establecer unas normas de procedimiento, para

una convocatoria de Cortes; éstas son bicamerales, y sus acuerdos necesitan la

sanción real. Cuando sus decisiones afecten a normas constitucionales, es

necesario, además, el referéndum.

La interpretación correcta es, pues, sin duda, alguna, que las Cortes,

próximamente elegidas, serán unas Cortes ordinarias, que podrán ejercer todas

las funciones normales de estos Cuerpos deliberantes y representativos

(legislar, aprobar presupuestos, interpelar al Gobierno, etc; y, además

modificar, si lo creen oportuno, determinadas disposiciones de las Leyes

Fundamentales del Reino. Esta era ya la situación existente, pues las Cortes

podían en todo momento tomar medidas constitucionales, previo dictamen del

Consejo Nacional, y con la sanción del Jefe del Estado; precedida de un

referéndum.

Eso es, por otra parte, lo que conviene al país, que ha de enfrentarse en los

próximos meses con una serie de medidas económicas y sociales de gran alcance,

para superar la gravísima crisis actual; con unas negociaciones difíciles con

las Comunidades europeas; con innumerables problemas de reforma administrativa,

de ordenación del territorio, etcétera. Nada impide, sino al contrario, que las

propias Cortes establezcan, sucesiva y prudentemente, reformas constitucionales;

pero sin desatender a los problemas más urgentes y vitales.

Obsérvese que, establecida la Monarquía y unas Cortes democráticas y disponiendo

ya de una justicia independiente, la reforma constitucional está ya hecha, en lo

esencial. Dedicar ahora seis meses a discutir otra vez todos los asuntos, es

algo que, a mi juicio, no nos podemos permitir.

Sin embargo, hay quien desea volver a las andadas; pasar una esponja sobre la

España actual, y volver a escribir grandes palabras sobre la pizarra cívica. En

una renovada declaración del Juego de Pelota, las Cortes comenzarían por

declararse a si mismas constituyentes, elaborarían un nuevo Código que añadir a

nuestro museo constitucional (el más rico ya del mundo), y después darían paso a

nuevas elecciones, nuevas Cortes legislativas y asi sucesivamente. La propuesta

me parece grave y peligrosa; contraria a la experiencia histórica y a los

términos de la ley de Reforma política; retardarla del verdadero desarrollo del

país, que no puede seguir esperando las soluciones a sus problemas de verdad.

El país lo que necesita es que nos metamos de una vez con sus problemas

económicos, sociales, administrativos, educativos, etc. El país lo que quiere es

que funcionen las Universidades, los Colegios y las escuelas. Lo que precisa es

que las patatas y los melones, las cebollas y los demás productos dei campo,

tengan unas ordenaciones, unos precios y unos sistemas de almacenamiento y

comercialización, para que no haya que tirarlos ni sacar los tractores a los

arcenes. Quiere salir de una vez de las interinidades y los pretextos y que se

entre en el fondo de las cuestiones que realmente le afectan. Piensa que ya está

bien de palabras, que hay que actuar con planes inteligentes y decisiones

enérgicas sobre la inflación, sobre la inversión, y sobre todos los temas que

están ahí; que ya está bien de ensillar el caballo y que es hora de montarlo y

de galopar.

Por razones históricas, formales y prácticas, la tesis de unas Cortes

constituyentes es claramente peligrosa y llena de riesgos. Los Senadores y los

Diputados que sean elegidos en los próximos meses, deben ir (vengan de donde

vengan) a formar una gran Junta General para arreglar los problemas del país. No

para sembrar palabras de odio y de revancha, respecto del pasado, ni discursos

utópicos para un futuro inconcreto. Deben hacer un gran esfuerzo para sacar a

España de su bache actual, entrando de buena fe y con eficacia en las soluciones

concretas que el momento demanda.

Sin este esfuerzo de realismo y de generosidad, mucho me temo que repitamos las

lamentables experiencias anteriores de nuestros periodos constituyentes. Si, por

el contrario, procedemos con sentido común, y ponemos nuestra legítima ambición

en las soluciones, y no en la creación de nuevos problemas, las próximas Cortes

merecerán un sitio honorable en la Historia patria y en la gratitud de los

ciudadanos.

Es claro que si lo que se desea es que los problemas se agraven, y que el pueblo

se desespere, y que acabe por crearse una situación de crisis política y unos

brotes pre-revolucionarlos, entonces la otra receta es la buena. Conviene agitar

las pasiones, es útil plantear todos los problemas vidriosos a la vez, procede

una Asamblea donde se hable mucho y se produzca poco. Allá los que tengan ese

objetivo. España nos pedirá a todos, sin excepción, las cuentas en su día.

Manuel FRAGA IRIBARNE

 

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