Autor: Zafra Valverde, José. 
   España, ante una pre-constitución     
 
 ABC.    03/03/1977.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 12. 

FUNDADO EN 1905 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

ESPAÑA, ANTE UNA PRE-CONSTITUCION

NUNCA están los pueblos más expuestos a las ligerezas e incluso arbitrariedades

de sus gobernantes como cuando sufren trances de inseguridad constitucional. Los

ejercicios provisionales de soberanía crean esos riesgos, porque debilitan al

máximo la posibilidad de que alguien, por cauces instituidos, pida eficazmente

cuentas de su gestión a quienes predominaban en la dirección del Estado. En las

moribundas Cortes españolas orgánicas tenemos una excelente muestra de semejante

impotencia.

Pocos dudarán ya de que el proceso de cambio político iniciado nos lleva -salvo

interferencias inopinadas- a unas Cortes Constituyentes. Pero pocos también se

atreverán a predecir mínimamente lo que podrá salir de ellas, porque las

premisas de que se dispone han creado un alto grado de imprevisibilidad.

Hay dos causas principales de esta imprevisibilidad. En primer lugar, la

inexistencia de unas directrices doctrinales netas para orientar la obra

constituyente: lo que alguien llamaría la norma básica primaria del Estado

futuro. Si es innegable que se ha clavado un puñal en la entraña del sistema

político que diera paso a la Monarquía, el carácter vergonzante de la

vulneración ha impedido que se defina abiertamente un manojo de postulados

claros y enérgicos que, como nueva decisión política fundacional, hayan de

recibir aplicación y desarrollo en la obra de las Constituyentes. Decir que

España se ha pronunciado por la democracia es conformarse peligrosamente con un

dictamen demasiado abstracto y genérico.

Vale la pena puntualizar que ahí reside la diferencia más importante con la

Restauración canovista. Nadie negará que, en aquella ocasión, la obra

constituyente arrancó de una decisión política primordial del Ejército, que,

como máxima expresión política activa del pueblo, se pronunció en el sentido de

reafirmar la unidad nacional, el hilo dinástico de la Monarquía y la catolicidad

del Estado.

Segunda causa es la incertidumbre respecto a los propósitos políticos reales y

completos de los grupos que hayan de proyectarse en las Cortes, sus fuerzas

relativas y las posibilidades de entendimiento entre ellos para llegar a la

mayoría que tome la verdadera decisión política nueva. Lo único que se puede

afirmar es que se ha confiado al albur de una incierta mayoría parlamentaria el

futuro constitucional de España, tal vez incluso en lo que atañe a esos aspectos

radicales que son la forma de Estado y la forma de Gobierno. Por mucho que el

presente Gobierno provisional se empeñe en dictar pies forzados mediante

decretos-leyes, no podrá evitar que en las primeras Cortes de partidos se

plantee un examen a fondo de las cuestiones capitales de organización política.

La misma ley constitucional refrendada el pasado 15 de diciembre podrá verse

reconsiderada.

A la luz de estas observaciones resulta patente la importancia que revisten las

primeras disposiciones de ordenación electoral. Es cosa convenida entre los

tratadistas que las leyes electorales son, en ciertos extremos, parte sustancial

de la Constitución política -no meros complementos de ella-, porque con sus

preceptos condicionan más o menos la imagen de las mayorías que habrán de

elaborar y aprobar las leyes. Si esto es cierto en situaciones de estabilidad

institucional, igualmente lo es que la trascendencia de dichas leyes se redobla

cuando sirven para preparar un Parlamento con funciones exclusiva o

eminentemente constituyentes. Se puede entonces decir -y tal es nuestro caso-

que las repetidas reglas electorales son una pre-Constitución.

Es sabido que la ley para la Reforma Política ha delegado en el Gobierno la

facultad de dictar por decreto esas primeras disposiciones electorales,

marcándole sólo unas directrices muy generales; tan generales que dejan al

órgano beneficiario una gran libertad de maniobra para traducir en normas

vinculantes los más dispares criterios de conveniencia política. Sorprende que,

en asunto de tanta gravedad, unos y otros hayan transigido en que se hurten a la

discusión pública los designios del equipo ministerial. Porque un decreto es,

ante todo, un texto legal que no se somete a deliberaciones directamente

accesibles a la opinión pública.

Y de este modo, España está a la espera de una pre-Constitución otorgada por el

Gobierno, es decir, autocráticamente elaborada por una minoría a quien se ha

prestado una confianza a ciegas. Se conoce que las elecciones para diputados

deberán ajustarse al sistema de representación proporcional -corregido con la

exigencia de un mínimo de sufragios para participar en el reparto- y las de

senadores al criterio de asignación mayoritaria; pero se ignoran otros

importantes principios ordenadores, de cuya adopción selectiva derivarán

consecuencias para la concreta composición humana de las Cortes. Hagamos un

brevísimo escrutinio.

En la fijación de los requisitos para ser admitido como candidato habrá gran

diferencia entre exigir o no un compromiso formal de acatamiento a la Monarquía

y a otros presupuestos constitucionales que se puedan considerar indiscutibles.

Y algo semejante ocurrirá según que se pueda o no excluir a un determinado

candidato por existir fundadas sospechas de que pertenece a una organización

política no legalizada.

Mucho pueden variar los resultados de las elecciones para el Congreso en razón

del carácter cerrado o fluido de las listas de candidatos. Es fácil de

comprender que si el ciudadano votante no puede formar su propia lista de

preferidos, entresacando nombres de las que se le ofrecen, la democraticidad del

sufragio se ve restringida por la mediatización de los partidos. Además, en tal

supuesto aumentan las perspectivas de máximos contrastes ideológicos, que se

alzarán abusivamente sobre el comportamiento simplista y desorientado de los

votantes. Y, en fin, podrán quedar así fuera de juego algunas personalidades de

gran valia y sentido prudencial, de las que tanta necesidad hay en coyunturas de

cambio constitucional.

Con respecto a las elecciones de senadores se advierte que sus resultados pueden

variar mucho de sentido según los diversos criterios de ordenación. Hay gran

diferencia entre establecer un sistema de distritos uninominales o un sistema de

colegios provinciales únicos, máxime si a este segundo se le añade el método de

listas cerradas (que daría todos los puestos al grupo que lograse la mayoría). Y

otro tanto se diga según que para el triunfo se precise obtener mayoría absoluta

-con la eventualidad consiguiente de convocar segundas vueltas- o que baste la

mayoría relativa. Dadas las circunstancias presentes parece que un sistema de

distritos uninominales y mayoría relativa sería el que asegurase lo que en

general se considera más deseable para el Senado: un predominio de

personalidades moderadas y expertas.

Como se ve son muchas las incógnitas que hacen enigmático lo que en su día será

convencionalmente proclamado como la imagen representativa del pueblo español.

Demasiado se está urdiendo a espaldas de la opinión.

JOSÉ ZAFRA VALVERDE Profesor de Derecho Político

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