Nacional. 
 Asociaciones: Los ex combatientes no pueden     
 
 Gaceta Ilustrada.     Página: 12. Páginas: 1. Párrafos: 5. 

ASOCIACIONES: LOS EX COMBATIENTES NO PUEDEN

Los abogados señores Ordoño y Maysounave son los promotores de la Asociación Política Proverista, que tendrá su sede en Vitoria, y pretende, según informa «Nuevo Diario», de Madrid, «movilizar a la clase media para, desde sus puntos de vista habituales, examinar las necesidades de la sociedad española en cada momento y participar en las decisiones políticas poniendo el énfasis en la ejemplaridad de los hombres públicos y arrogándose una función cívica indiscriminada de vigilancia de sus conductas para apoyarlos o criticarlos». Hasta ahora no se ha vuelto a saber nada de la asociación político-deportiva del señor Samaranch, pero sí ha trascendido que los ex combatientes no podrán constituirse en asociación.

GIRÓN. — Don José Antonio Girón de Velasco estaba en Madrid presidiendo la reunión de la Junta Nacional de Ex Combatientes cuando los observadores creían que habría permanecido en su residencia habitual de Fuengirola e incluso se reuniría con el Presidente del Gobierno. La estancia en Madrid del señor Girón fue, sin embargo, importante, porque la Junta que él preside anunció públicamente que «ni ha pretendido ni pretenda convertirse en asociación política, por entender que sus funciones y su misión son ajenas al marco y a los fines en que se desenvolverán en su día las citadas asociaciones políticas».

Durante algún tiempo, como se recordará, determinada prensa del país había insistido en que los ex combatientes se asociarían e incluso se había dicho que en lugar del señor Girón sería el señor Fernández Cuesta quien los capitanearía. Pese a que en la nota oficial comunican que «la Junta Nacional ha resuelto que sus miembros no podrán encabezar, ni participar como dirigentes en ninguna futura asociación política», el diario «Informaciones», de Madrid, escribía que la Junta podría haberse ahorrado tal «resolución» y explica: «La Confederación Nacional de Ex Combatientes no puede convertirse en

asociación política sencillamente porque en el decreto-ley del Estatuto (...) se estipula expresamente que no podrán convertirse en asociaciones políticas las encuadradas en el Movimiento-organización, cosa que ocurre con esta confederación». Lo que sí pueden hacer —y han hecho— es reiterar sus principios «que tienden a que el sistema político español sea fiel a su origen y fiel sobre todo a su compromiso histórico y al compromiso revolucionario contraído con el pueblo español».

DIEZ MILLONES. — Sin embargo, algunos grupos diversos se preparan con más o menos decisión para comenzar la carrera asociacionista, como los hombres reunidos en torno a don Manuel Cantarero de Castillo —presidente de la agrupación de antiguos miembros del Frente de Juventudes—, que crearán una asociación llamada Reforma Social Española. Mientras tanto, el procurador en Cortes don Eduardo Tarragona opina que el juego de las asociaciones sustituirá al de los nombres individuales y el corresponsal de «Ya» en Barcelona calcula que una asociación política costará aproximadamente diez millones de pesetas mensuales, si se tiene en cuenta los gastos de personal, local, gestiones, propaganda, transporte, teléfono, etcétera, en las quince provincias en las que necesariamente tendrá que moverse.

Cinco mil pesetas anuales por afiliado no parece ser el más grave inconveniente para que los españoles se asocien. Según el padre Oleguer Bellavista, director de la revista «Correspondencia», «el asociacionismo servirá para que se asocien los que no deseaban hacerlo», y se queja de que «la oposición sigue condenada a la clandestinidad». Otro tipo de oposición sí se admite, como recuerda en «Ya» don Luis Apostua cuando escribe: «De todo el año, la fecha más destacada fue el 29 de octubre, en que todo el Gobierno aguantó impávido el vendaval que le propinó e¡ consejero nacional Labadie Otermín, con tesis visiblemente opuestas al espíritu aperturista que, teóricamente, debía animar a los ministros presentes en el acto».

LA MITAD. — De cualquier manera, 1975 será el año de las asociaciones y, para bien o para mal, el 49 por ciento de los españoles están conformes con que se haya promulgado el Estatuto, según una encuesta del Instituto de la Opinión Pública, que demuestra que el afán de participación política no se reduce a un deseo del Gobierno Arias. Si casi la mitad de los españoles quieren asociaciones, el 72 por ciento piensa que los alcaldes deben ser elegidos, y el 63 por ciento matiza que «elegidos por el pueblo». Dicen los españoles que, de este modo, el alcalde tendría más en cuenta los problemas del vecindario.

Y para desmentir la inútilmente gastada opinión de la despolitización nacional, cuarenta y cuatro de cada cien españoles opinan a favor de las incompatibilidades parlamentarias, y él 33 por ciento de los encuestados piensa que hay «demasiados» procuradores en Cortes que detentan altos cargos en la Administración. ¿Qué pasaría si los procuradores no estuvieran en la Administración? El 52 por ciento supone que las Cortes podrían redactar mejores leyes, y el 12 por ciento dice que «las Cortes serían más parecidas a los Parlamentos».

Las encuestas y los resúmenes de fin de año insisten febrilmente en el tema asociativo y en «Ya», mientras don José María Gil Robles anuncia que «de ningún modo intentaré acogerme a los preceptos de este decreto-ley» porque «divide a los españoles en dos categorías» y «en la práctica supone la negación del derecho de asociación», don Manuel Diez-Alegría Frax asegura que «la ley ofrece posibilidades a grupos que no la necesitan». ¿Qué hacer, entonces? Don Ricardo de la Cierva, ex director general de Cultura Popular ha sido tajante: «Ya va siendo hora de acabar con el simplismo de atribuir a los partidos todos los males históricos de España. Nuestro continuado fracaso político contemporáneo —y quien desee eximirse que tire la primera piedra— es mucho más general; junto a los partidos y más que ellos, han fracasado los gobiernos, las instituciones, los ciudadanos como tales y nadie piensa en suprimirlos».

 

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