Autor: Areilza y Martínez-Rodas, José María de. 
   Cortes constituyentes     
 
 ABC.    23/04/1977.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 11. 

CORTES CONSTITUYENTES

LAS Cortes próximas que han de ser elegidas el 15 de junio deben convertirse en

constituyentes desde la iniciación de sus trabajos parlamentarios. Nada se

opone, ni en la ley votada en el último referéndum ni en las normas

reglamentarias vigentes, a que el Congreso de los Diputados recién elegido

declare que la tramitación de una nueva Constitución tiene preferencia absoluta

sobre cualquier otro debate sustantivo y que se fije el método para poner en

marcha dicho proceso. Hay, dentro de la legalidad vigente, hasta cuatro

procedimientos para hacerlo. A saber: que se incluya el tema en el obligado

«Mensaje de la Corona» al nuevo Parlamento. O que sea el Gobierno quien proponga

al Congreso la iniciativa constituyente. O que lo proponga el presidente del

Congreso a la propia Cámara. O, finalmente, que tome la iniciativa un grupo de

diputados y solicite del presidente que se debata la cuestión. Señalo esta

variedad de caminos, todos ellos estrictamente legales, para deshacer la confusa

imagen que se pretende crear en torno al asunto como si fuera una extravagancia

situada en las fronteras de la legalidad, teñida de no sé qué extrañas cargas

revolucionarlas,

Las Cortes deben ser constituyentes para que en ellas resida, durante el período

de elaboración constitucional, la soberanía popular, principio que el Gobierno

actual hizo suyo en la declaración programática. Redactar, discutir y aprobar

una Constitución no es una tarea que requiere mucho tiempo. Si los trabajos de

la Comisión o Comisiones empiezan en julio, no es exagerado pensar que en

diciembre esté lista la nueva Constitución y pueda ser sometida a referéndum.

Con ello se habría terminado el proceso de la transición política formal y el

Gobierno podrá dedicarse con intensa actividad a programar una política

económica y social, a enfrentarse con los problemas de todo orden que le plantea

la nueva sociedad española y a dejar que entre en rodaje el sistema democrático

con la formación de tres o cuatro grandes partidos, el ejercicio fáctico de las

libertades y el aumento del nivel de la conciencia crítica informativa de la

opinión pública.

No es fortuita la necesidad de aprobar una nueva Constitución cuanto antes. Es

una exigencia del proceso político. España está realizando una difícil operación

constitucional. Tratar de pasar de una dictadura autoritaria de cuarenta años a

un sistema democrático plenario con el mínimo coste social. Alguien ha comparado

este histórico trance con la imagen de cruzar un rio. Las riberas se denominan

franquismo de un lado y democracia de otro. Estamos ahora en la mitad del cauce.

Sería un verdadero dislate, cargado de peligros, detenernos en pleno torrente.

Hay que pasar el río. Y el único sistema de acabar de una vez con este pasaje es

aprobar una Constitución democrática moderna, flexible y realista que se ajuste

lo mejor posible a las aspiraciones, deseos y tendencias profundas de la

sociedad española de los años setenta. Sólo entonces habremos llegado a la otra

orilla.

Se argumenta con frecuencia sobre la serie de intentos constitucionales que se

hicieron en España desde las Cortes de Cádiz, en 1812, presentándolos como un

interminable y poco exitoso propósito. Pero ¿qué decir del franquismo que se

pasó desde 1938 otorgando, a lo largo de cuatro décadas, leyes y principios

constitucionales diversos y aun contradictorios hasta crear una verdadera selva

legislativa institucional que apenas funcionaba en la realidad por no ser

necesaria al poder personal que lo llenaba todo con su presencia? ¿Cómo

pretender ahora que con unos cuantos retoques más el franquismo institucional

siga vigente en una fórmula híbrida, seudodemocrática, que no convertiría,

finalmente, la Monarquía en Monarquía constitucional?

Porque ése es otro de los motivos importantes que existen para convertir las

Cortes en constituyentes. El de que la Institución suprema, cuya legalidad

actual procede del franquismo, revalide su legitimidad en el orden democrático

con una Constitución aprobada en Cortes que hayan sido elegidas por el sufragio

universal libre y secreto de los ciudadanos. Podremos en ese momento llamar con

propiedad semántica "constitucional» a la Monarquía, asignándole esa función

arbitral, perenne, fija y neutral que la sitúa por encima de las contingencias

políticas y partidistas en las siete naciones de la Europa occidental en las que

se mantiene con éxito esa forma de Gobierno.

Para llevar a cabo ese programa de lograr una Constitución democrática nueva,

cuya disposición final diga más o menos: «Quedan derogadas todas las

disposiciones y leyes, incluso fundamentales, que se opongan a esta

Constitución», es preciso que se definan cuantos vayan a pedir al pueblo sus

votos en la próxima contienda. Porque el tema es importante y grave y las

maniobras de la ambigüedad acechan por todas partes. La nueva Constitución debe

establecer sus lineas generales y los principios básicos de su filosofía dentro

de un consenso previo, lo más amplio posible, que yo he llamado alguna vez

«pacto constitucional». Cuanto más avanzada y negociada esté la concordia entre

los diversos grupos políticos de derecha, centro e izquierda, más fácil será la

elaboración del texto definitivo en las Cortes y más breve el plazo

constituyente propiamente dicho. Tengo para mí que no habría grandes diferencias

en los borradores que pueden redactar hoy, esos diversos grupos. Siempre, ¡claro

está!, que quieran de verdad establecer un sistema democrático en nuestra vida

pública. Porque los que no quieran llegar a la otra orilla no harán nada,

evidentemente, por pasar el río.

Las Cortes constituyentes no tratan de convertirse en un problema. Por el

contrario, han de resolver y evitar muchos problemas que se plantearían si las

Cortes elegidas ignorasen esta trascendental cuestión y entraran de golpe en las

discusiones ordinarias cayendo en la trampa al cerrarse la jaula. Al pueblo

español hay que pedirle el voto para que se vaya hasta el final: hasta

devolverle, efectivamente, su soberanía por encima de las maniobras, camarillas

o tertulias de la capital.

La movilización psicológica de las masas españolas es uno de los grandes

fenómenos de los últimos tiempos. Significa la puesta en marcha de grandes

sectores de nuestra comunidad hacia objetivos y demandas actuales, renovadoras y

justas que van desde los problemas de la familia y la educación hasta los del

suburbio, el transporte, la ecología y las clases pasivas, por no citar sino

unos pocos. Pero ese clamor que el político debe adivinar, intuyendo cuáles son

los sueños de esa colectividad que se despierta, no encontrará cauce efectivo

sino en un sistema democrático que permita articular esos profundos movimientos

populares en organizaciones legales que participen en las responsabilidades de

la vida pública a lo largo de los múltiples escalones del quehacer de Gobierno.

Nada se opone, finalmente, a que las Cortes constituyentes, una vez culminada la

misión específica, se conviertan en ordinarias y se extienda su duración por el

plazo que se juzgue conveniente. Establecer una democracia no es entregarse al

libertinaje ni caer en una orgia de elecciones cada quince días. Esas son las

imágenes del maniqueísmo oficial que durante tantos años predicó contra esa

forma de convivencia política con tanta insistencia como necedad. El nivel

informativo de los españoles ya no admite caricaturas. Aquí hay que empezar a

llamar a las cosas por su nombre. Si se quiere ir a la democracia hay que

aprobar una Constitución democrática y llegar a una Monarquía constitucional. Si

se quiere prorrogar el franquismo durante unos cuantos años más, dígase con

claridad. Yo respeto todas las opciones que se expongan coherentemente.

Para mí el sistema democrático, sin adjetivos ni limitaciones, es el único que

permitirá a la España de los años setenta encontrar su convivencia pacífica

dentro de la libertad y respetando la Ley. Nuestro país tiene la madurez

suficiente para no tolerar dictaduras de ninguna clase.

Y que los electores, con su voto, decidan, en conciencia.

José María DE AREILZA

 

< Volver