Autor: Estal, P. Gabriel del. 
   ¿Cortes constituyentes o cortes ordinarias?     
 
 Ya.    21/05/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 12. 

21-V-77

tribuna abierta

¿CORTES CONSTITUYENTES O CORTES ORDINARIAS?

EL Gobierno lleva adelante la reforma política. Sin precipitaciones, pero de

prisa y sin pausa. No hace mella en su ánimo el griterío de fuera. Son gritos de

crítica cordial más que cerebral. Como tales, merecen escasa atención.

Los interrogantes y apremios que arrastra consigo la reforma son muchos:

políticos, sociales, económicos, financieros, fiscales, laborales, educativos,

agrarios, comerciales, industriales, técnicos..., tantos como facetas tiene la

imagen pública del país. El problema de la reforma constitucional es el más

polémico. Este problema va a plantearse al vivo después de las elecciones, a

partir del 15 de junio, cuando las nuevas Cortes sustituyan a las de ahora.

El planteamiento es éste: las nuevas Cortes ¿serán constituyentes u ordinarias?

Para responder hay que partir de unos presupuestos básicos, en consonancia con

la historia que está haciéndose y con el Derecho que debe regir su curso. Hasta

el presente -1 de mayo- no se ha roto la normatividad en sí, sino sólo alguno de

sus vislumbres afectivos. Los ordenamientos legales no pueden ser analizados con

objetividad interpretativa si no se ha puesto antes una cremallera al corazón.

La critica cordial debe subordinarse a la critica cerebral. Los presupuestos

básicos de la crítica son los siguientes:

1 La ley para la Reforma Política se ha promulgado siguiendo el cauce fiel de

las Leyes Fundamentales. Los artículos 10 y Í5 de Ia ley de Sucesión establecen

el procedimiento revisorio: "Acuerdo de las Cortes", con "voto favorable de dos

tercios de los procuradores presentes, confirmado después por el "referéndum de

la nación". Este doble requisito fue observado con exquisitez tanto al aprobar

el pleno de las Cortes Españolas la ley para la Reforma Política, el 15 de

noviembre de 1976, con 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones, como

al ratificarla la nación por referéndum, el 15 de diciembre siguiente, con el

94,16 por 100 de los votantes a favor del cambio.

2 El real decreto-ley de 8 de febrera de 1977, por el que se modifica la

legislación ordinaria sobre el ejercicio del Derecho de asociación, fue

promulgado en uso de las facultades reguladas por los artículos 12 y 13 de la

ley Fundamental de Cortes. El recurso normativo a los decretos-leyes caracteriza

a los regímenes totalitarios. La ley de Cortes que los ha hecho frecuentes entre

nosotros fue promulgada el 17 de julio de 1942. Si los decretos-leyes como tales

transpiran autoritarismo, España los consagró constitucionalmente hace treinta y

cinco años. De ahí proviene lo que ahora quiere calificarse como posible exceso

de poder. Con los regímenes parlamentarios encaja mejor la legislación delegada.

Las derivaciones gubernativas de aquel crispante decreto-ley del 8 de febrero,

con su incidencia más detonadora en la legalización del Partido Comunista,

tienen su origen en nuestro propio ordenamiento constitucional.

3 El real decreto-ley ae l8 de marzo sobre normas electorales, asi como el real

decreto de 15 de abril sobre convocatoria de elecciones, han sido promulgados

con vista a la conformación del Congreso y el Senado de las nuevas Cortes

Españolas, que van a suceder a las prorrogadas hasta aquí, dotadas de rango

legislativo no constituyente, sino ordinario.

4 Entre los poderes de las nuevas Cortes figura la prerrogativa de revisión

constitucional, aprobada por la mayoria absoluta de los miembros de una y otra

Cámara, con ratificación subsiguiente por el referéndum de la nación. Se ha

rebajado, como se ve, la anterior mayoría calificada de dos tercios. Así, todo

ello se dispone en el articulo 3º de la citada ley para la Reforma Politica.

5 La revisión constitucional, aunque tenga por objetivo llevar el cambio a todas

las disposiciones de una constitución, sustituida "ex integro" por otra nueva,

no es facultad del "poder constituyente", sino del "poder constituyente

constituido" o "derivativo". Las exigencias lógico-científicas del procedimiento

formal lo establecen en rigor asi. Pérez Serrano y Sanchez Agesta han descrito

con certeras palabra» esté aspecto de doble faz.

6 El poder constituyente se personaliza y opera a través de las Cortes

constituyentes, cuya razón predominante de nacimiento y ejercicio se orienta a

elaborar "ex novo" una constitución, revolucionaria en la forma, sin ninguna

normatividad previa vinculante en Derecho. Por parte diversa y con otro matiz,

el poder constituyente constituido, dado su carácter derivado, pertenece a las

Cortes ordinarias, en cuyo ámbito de competencia legislativa figura la revisión

constitucional, actuada de acuerdo con una norma preexistente, a la que ha de

ajustarse todo el proceso revisorio.

7 En consecuencia, la reforma de nuestras Leyes Fundamentales, entendido como

revisión constitucional, cuyo efecto articulado puede ser el texto único de una

nueva constitución, no es aventura creadora de Cortes constituyentes, efectuada

con revolución radical de conceptos. Es más bien, y en propiedad, quehacer

perfectivo de Cortes ordinarias, efectuado en paz dialéctica de renovación, con

reforzamiento de conformidad democrática mediante la consulta posterior al pais

por referéndum soberano.

SOBRE esta presuposición básica van a alzarse las nuevas Cortes. El nexo de un

raciocinio sin ambigüedades y la técnica jurídica más depurada así lo

corroboran, como realidad, como vida, como testimonio y como idea. Reforma

constitucional no es ruptura, aunque el contenido de la nueva constitución,

redactada por el procedimiento revisorio legalmente consagrado, sea en su

totalidad dispositiva distinto del precedente. La legitimidad monárquica, a este

tenor, fluye hacia la razón parlamentaria y hacia su legalidad, logrando que una

y otra se muevan bajo el respeto y bajo la supremacía de la razón histórica.

Según ello, elaborar una constitución nueva, siguiendo los cauces de la

normativa constitucional y del orden institucional preexistente, no es ruptura

destructiva, sino reforma constructiva. Las nobles discrepancias de Fraga y

Areilza pueden concordarse así.

LAS Cortes ordinarias reforman el Derecho.

Las Cortes constituyentes rompen la legalidad. Pero no en necesario hoy en

España ningún género de ruptura. La entrada de la reforma puede ser tan plena

como lo exijan las necesidades reales y las urgencias formales del pais»,

incluyéndose entre ellas la garantía de las libertades públicas, el

fortalecimiento nacional, regional y local de instituciones, esencias e

intereses y el rigor lógico-jurídico de tus normas. Esto es lo civilizado. Una

constitución más actual, con control parlamentario del poder y de la legislacion

por decreto, más democrática, más universalista, la "constitución para todos los

españoles", de la que ha hablado el presidente Suárez en Méjico, sería el fruto

pacífico de esta reforma sin rupturas. En polítiza, jugar a partir de cero es de

locos. Cultura no es la pasión que demuele, sino la razón que construye,

abriendo la historia y la vida, concordemente, serenamente, positivamente, al

futuro. Desde la Constitución de Bayona, promulgada el 6 de julio de 1808, hasta

el Fuero del Trabajo, primera de nuestras Leyes Fundamentales, promulgada el 9

de marzo de 1938, no hemos hecho otra cosa que romper la legalidad. ¿Seremos

ahora capaces de proceder a la reforma política, en Derecho? Este si que sería

el milagro español.

Gabriel DEL ESTAL

 

< Volver