Autor: Rubio Llorente, Francisco. 
   Sobre los diversos modos de hacer una constitución     
 
 El País.    30/06/1977.  Página: 9. Páginas: 1. Párrafos: 5. 

EL PAÍS jueves 30 de junio de 1977

OPINIÓN

TRIBUNA LIBRE

Sobre los diversos modos de hacer una Constitución

FRANCISCO RUBIO LLÓRENTE

En términos cualitativos, estos modos son, básicamente, como casi siempre en lo

humano, sólo dos: bien y mal. La diversidad de modelos que el derecho comparado

ofrece, la facilidad para imitarlos y, en sentido contrario, la

impredictibilidad de las consecuencias que cualquier solución entraña, hacen,

sin embargo, que casi tan difícil sea acertar del todo como errar por completo,

por lo que en la generalidad de los casos las constituciones no salen ni del

todo bien ni del todo mal. Son, simplemente, regulares y resuelven o no los

problemas planteados más en razón de las características propias de la sociedad

que las aplica que de sus propios valores intrínsecos. La Constitución de los

Estados Unidos de América es una espléndida Constitución porque ha durado

doscientos años en un gran país, mientras que nadie se acuerda hoy de otros

textos que ni en originalidad ni en solidez teórica le iban a la zaga, pero que

resultaron aniquilados, por la sociedad que los engendró. No quiero decir con

esto, claro está, que debamos despreocupamos de la calidad del texto que las

próximas Cortes han de aprobar. En el ancho campo de lo regular hay muchos

matices y es necesario aproximarse cuanto sea posible a lo bueno. En lo que a mi

me toca, intentaré colaborar a esa obra desde las páginas de este periódico. Lo

que quiero decir es que casi mayor importancia que la bondad intrínseca del

texto constitucional tiene su oportunidad, y esto significa, en la mayor parte

de los casos y, desde luego, en el nuestro actual, que la rapidez es un valor

esencial para juzgar la obra de una asamblea constituyente. Si las próximas

Cortes no nos ofrecen hasta dentro de tres o cuatro años (o incluso hasta dentro

de uno o dos) el fruto de sus esfuerzos, sea cual sea la calidad de éste, habrán

fracasado seguramente en el encargo que el pueblo les dio. Su obra constituyente

ha de ser, para ser eficaz, obra rápida, y eso nos lleva, inevitablemente ya de

modo más profesoral, a hablar de otros modos de hacer la Constitución.

No voy a discurrir, porque esto ya está resuelto por la ley de Reforma Política

(tan sorprendentemente semejante en cuanto a su función histórica al Estatuto

Real que «democratizó» el régimen dejado por Fernando VII), sobre los diversos

modos que en razón del órgano a que se encomienda la tarea existen. Todos mis

colegas, o casi, han lamentado ya hasta la saciedad que la obra constituyente

haya quedado encomendada a un Parlamento bicameral y si no han dicho que el

referéndum posterior, entre nosotros, no servirá verosímilmente para nada,

probablemente lo han pensado. Los distintos modos cuya existencia me parece

ahora urgente poner de relieve son los que se originan según que la tarea

constituyente se acometa medíante la redacción de un texto único, de un código

constitucional o medíante la promulgación de una serie de leyes

constitucionales, cuyo conjunto forma la Constitución. Del primer modo

procedieron, por ejemplo, nuestros constituyentes en 1931, y casi siempre a lo

largo de nuestra historia constitucional; del segundo, los constituyentes de la

Tercera República francesa, en cierto sentido los norteamericanos (las diez

primeras enmiendas son, realmente, una segunda ley constitucional) y, si las

Leyes Fundamentales hubieran sido una Constitución, el general Franco.

Aunque este último ejemplo invita poco a la imitación, creo que hay razones

abrumadoras para pensar que en las circunstancias actuales éste debería ser el

modo de proceder. Tengo que confesar que yo no había pensado en el tema hasta

que García Pelayo, en una carta reciente, me indicaba, sin darme razones, que

tal vez sería mejor hacer un conjunto de leyes constitucionales que un código

constitucional. (Dicho sea de paso, yo no creo que me ciegue el cariño del

discípulo al afirmar que es monstruoso que en la preparación de una nueva

Constitución no se cuente con García Pelayo.) Pensando sobre esa observación, lo

que sorprende ahora es

que no se haya decidido ya proceder así. Enumerar todas las razones que abonan

la conveniencia de esta solución es, por razones de espacio, imposible. Desde la

necesidad de no tener a los señores senadores mirándose el ombligo mientras los

diputados ultiman el texto de la Constitución, hasta la necesidad de evitar que

la discusión de los derechos y deberes de los españoles consuma un tiempo

precioso, suscite rencillas estúpidas y enajene a las Cortes la confianza de los

españoles, todo empuja en el mismo sentido. Me limitaré a exponer una sola, tal

vez no la más importante, pero sí quizá la que. por afectar más directamente a

quienes más interesados están en afirmar la estabilidad de la Monarquía, puede

mover más el ánimo de quienes tienen más poder.

En un sistema de plurípartidismo rígido como el que ha salido de las elecciones

(quienes todavía piensen que vamos hacia un bipartidismo que escuchen los

análisis del profesor Linz), no es nada improbable que en las Cortes, y más

precisamente en el Congreso de los Diputados, se formen mayorías ocasionales que

dejen al Gobierno en minoría. En la ausencia total de reglas constitucionales

para resolver esas situaciones, el bloque parlamentario vencedor podrá pretender

la dimisión del Gobierno, aunque éste no haya empeñado su confianza y tanto si

ésta se presenta y es aceptada por la Corona, abriendo una crisis quizá

interminable, como si no la presenta y es mantenido en el Poder por la Corona,

cuya confianza es, hoy por hoy. la única legalmente necesaria para gobernar,

toda la responsabilidad caerá sobre el Rey, que, precisamente por haber sido

motor del cambio y haber ganado con ello el agradecimiento de los españoles,

debería quedar siempre al margen de las contiendas políticas. Sólo una ley

Constitucional sobre las relaciones entre los poderes (o, si se quiere, entre

Gobierno y Parlamento) puede darnos con rapidez la mecánica necesaria para tener

un Gobierno que sea. de derecho y no sólo de hecho, responsable ante las Cortes

y dotarnos de los mecanismos que el moderno Derecho Constitucional ha arbitrado

para impedir las crisis inútiles o insolubles. Su elaboración puede ser muy

breve y su aprobación en referéndum debe aprovecharse para derogar formalmente

todo el cuerpo mostrenco de las Leyes Fundamentales (con la salvedad, tal vez,

del Fuero de los Españoles, aunque quizá tampoco esta salvedad sea necesaria que

todavía hoy ofrecen instrumentos a los enemigos de la democracia. Tras ella

(primum vivere), y casi con la misma rapidez, habría que hacer una ley sobre

autonomía de las nacionalidades y regiones de España y después otras más que

sería ocioso indicar. Mi propósito no era el de describir cada trecho del

camino, sino su dirección,y eso ya esta cumplido.

 

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