La Seguridad Social Agraria     
 
 ABC.    28/11/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

LA SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA

Dentro del conjunto de medidas contenidas en el programa económico que acaba de ser

firmado conjuntamente por el Gobierno, de una parte, y por los representantes de los partidos

políticos, por otra, y que va a ser presentado a las Cámaras para su final transformación en

normas legales, está la desaparición del «Régimen Especial de la Seguridad Social Agraria»,

que pasará a quedar englobado dentro del Régimen General de la Seguridad Social.

Es una medida cuya paternidad reclama el P.S.O.E. y cuya inserción cae fuera del articulado

de medidas agrarias, pero de indudable repercusión en el sector agropecuario.

No va a ser fácil llegar a la incorporación total de la Seguridad Social Agraria en el Régimen

General. No ha sido por mero capricho por lo que tantos años ha estado fuera, gozando de una

especie de fuero, tanto en lo que a prestaciones se refiere, como en lo que afecta a su

financiación.

Cuatro factores, importantísimos Ios cuatro, separan al sector agrario del resto de los

estamentos económicos del país:

1) Una renta por individuo activo aproximadamente la mitad de la que gozan los que

trabajan en los demás sectores.

2) La existencia de una fuerte masa, más de la mitad de la población activa sectorial, de

trabajadores autónomos, es decir, de trabajadores que carecen de empresa que

financia su parte de cuotas.

3) Una población activa en constante regresión, mientras que crece el número de

pensionistas inactivos.

4) La baja rentabilidad de la empresa agraria.

Estos cuatro factores crean una serie de problemas de financiación que condicionaron el

número y volumen de las prestaciones ofrecidas a los trabajadores agrarios. En 1975, el

Estado contribuía con un 13 por 100 al sostenimiento de la Seguridad Social Agraria; el Ré-

gimen General, con un 32 por 100, y el fondo de compensaciones de las Mutualidades, con un

28 por 100. Es decir, el sector agrario aportaba algo más del 20 por 100 de dinero necesario

para atender a las necesidades de su Seguridad Social.

Es cierto que la medida entraña dos puntos que son de plena justicia: uno para el trabajador y

otro para el empresario. Para el trabajador agrario, el hecho de que ya era hora de que cesara

la discriminación con los trabajadores de otros sectores. Para el empresario, el que se

terminara de una vez la forma de pago de sus cuotas a través del sistema de «Jornadas

teóricas de cultivos», sistema injusto por la arbitrariedad que presidió su atribución y por

desligarla de cualquier proceso de racionalización y mejora de las explotaciones.

 

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