Autor: Rubio Llorente, Francisco. 
   Sobre constituyentes y constitucionalistas     
 
 El País.    26/07/1977.  Página: 9. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

EL PAÍS MARTES 26 DE JULIO DE 1977

_________________OPINIÓN________________________

Sobre constituyentes y constitucionalistas

FRANCISCO RUBIO LLORENTE

Las dificultades que siempre entraña la indispensable colaboración entre

política y técnica llegan al máximo cuando la técnica de que se trata es,

precisamente, aquella a la que la política más frecuentemente ha de acudir, es

decir, la jurídica.

En su encarnación más noble, como conocedor del criterio de lo bueno y de lo

malo, de lo justo y de lo injusto, el jurista es, desde luego, mucho más que un

simple, técnico y no puede decorosamente asumir la función de instrumento del

politico, sino más bien la de guía y crítico del Poder. Pero junto a este

jurista guía y crítico hay también el jurista del príncipe, el técnico del

derecho que, dando por supuesta la justicia de los fines y de los medios, se

ofrece como instrumento al titular ocasional del Poder para dar forma a su

voluntad. De hecho no se trata, naturalmente (o al menos no necesariamente), de

dos tipos distintos de juristas, sino de dos funciones distintas que todo

jurista puede desempeñar. Discurrir sobre la conexión entre ambas es empresa

tentadora pero, por el momento, fuera de lugar, porque, entre otras cosas, el

alto grado de consenso que parece existir sobre la orientación básica de nuestra

futura Constitución permite prescindir de los juristas guia y, como es obvio, la

hora de los críticos no ha llegado aún.

En cuanto simple técnico del derecho, la función del jurista es bien diferente a

la de los demás técnicos. En la concepción positivista, que es la única que en

este contexto cabe tomar en cuenta, el derecho es el lenguaje del Poder. El

jurista no puede, por tanto, limitarse, como el ingeniero, a ofrecer a la

decisión del político una serie de alternativas entre tas que éste haya de

escoger. Ha de proporcionarle, por el contrarío, las palabras que ha de emplear

o, lo que es lo mismo, los conceptos que deben permitirle articular su

pensamiento para convertirlo en configuración concreta del Poder o en regla de

conducta.

La enorme dificultad intrínseca de esta tarea se hace aún mayor por la

ambivalente actitud del político frente al jurista, bien distinta de la que

tiene, por ejemplo, respecto del economista, el ingeniero o el médico. La

simplicidad misma de la técnica jurídica y la familiaridad que con ella tiene

cualquier político medianamente avezado (muchas veces, también licenciado en

derecho y en ocasiones, incluso auténtico jurista, pero esto es, naturalmente,

una realidad puramente ocasional sobre la que no se puede construir), le hace

soportar la intromisión del jurista mas difícilmente que la de cualquier otro

técnico. Incluso cabe afirmar que tiene una tendencia, explicable y en algunos

casos justificada, a sospechar siempre del jurista como abogado de otros

intereses o a despreciarlo como un inútil pedante que, para hacerse el

indispensable, intenta rodear de absurdas complicaciones lo que en si mismo es

claro y elemental. Y, sin embargo, la colaboración es necesaria. Como dijo hace

siglos el buen juez Coke en aquel enfrentamiento con su rey, que puede

utilizarse como paradigma de la tensa relación entre política y derecho, la

razón del derecho no es una razón natural que cualquier hombre pueda alcanzar

por sus propias luces, sino una razón artificial que sólo con largos años de

estudio se adquiere. Las Cortes han de hacer la Constitución, esa es su gloría y

su responsabilidad, pero parece difícil que los constituyentes puedan prescindir

de los constitucionalistas (o, mejor, de los juspublicistas, porque el derecho

público es una unidad) y si esa colaboración ha de darse, la única solución

razonable es la de institucionalizarla. Razonable, sobre todo, porque, entre

otras singularidades, nuestras actuales Cortes tienen la de contar en su seno

con un partido que, sin ser mayoritario, es el único que participa en el

Gobierno y el único, en consecuencia, que puede disponer institucionalmente de

los juristas al servicio del Estado, es decir, de un extenso equipo de

juspublicistas. Con este y otros apoyos del mismo género, este partido está

probablemente en condiciones de elaborar con mayor rapidez y detalle que otro

alguno un proyecto constitucional y puede caer en la tentación de hacerlo,

imponiendo así a las Cortes, si no la decisión última, sí al menos el molde para

la discusión, que en buena medida la condiciona.

No se trata, evidentemente, de hacer una «Constitución de profesores» ni de caer

en la ingenuidad de una «comisión jurídica asesora» formada al margen de los

partidos y cuya obra, fueren cuales fuesen sus méritos intrínsecos, habría de

ser, por esto mismo, poco menos que inútil. Sólo las Cortes pueden hacer la

Constitución y sólo bajo su dependencia han de actuar los juristas llamados a

colaborar en esta tarea. La formación de un equipo integrado por hombres que,

militantes de partido o no, merezcan la confianza de todas las formaciones

políticas presentes en las Cortes y su institucionalización como órgano técnico

de la comisión del Congreso encargada de preparar el proyecto de normas

constitucionales parece ser la única fórmula posible para conjugar la eficacia

con la neutralidad.

 

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