Autor: Esteban, Jorge de. 
   Las Cortes y la Constitución     
 
 El País.    02/08/1977.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

EL PAIS, martes 2 de agosto de 1977

OPINIÓN

Las Cortes y la Constitución

JORGE DE ESTEBAN

En un artículo anterior en este mismo lugar mantuve, hace ya algunos meses, que

la situación española de 1977 es muy semejante, salvando las distancias, a la

que conocieron las trece colonias americanas en 1787. De lo que se trata es de

construir un Estado para todos los españoles y de consolidar definitivamente

nuestra titubeante democracia recién estrenada. Tras el 15 de junio pasado

contamos ya con unas Cortes representativas que deberían desempeñar un papel

predominante en esta histórica tarea.

En principio la cuestión aparece clara: nuestro Parlamento debe de adoptar una

doble estrategia a fin de obtener los dos objetivos citados. Por una parte,

debería redactar en el menor plazo de tiempo posible una Constitución que

configure el nuevo Estado. Por otra, debería tomar, en unión con el Gobierno,

las medidas oportunas para sacarnos urgentemente del marasmo económico en que

nos encontramos y que es, sin duda, un enemigo mucho más peligroso para nuestra

estabilidad democrática que un imaginario ejército de «grapos» y similares. Asi

las cosas, el panorama que se empieza ya a columbrar en este terreno deviene

ciertamente preocupante. En efecto, no parece que el Gobierno ni la oposición,

globalmente hablando, sean consecuentes ante las exigencias de un reto

semejante. El primero está procediendo a gobernar, como si aquí no hubiera

pasado nada, de acuerdo con los usos del viejo régimen, es decir,

unilateralmente: decisiones como la petición de entrada en la Comunidad

Económica Europea o la adopción de las necesarias medidas económicas parecen

tomarse si no en contra, si, al menos, al margen del nuevo Parlamento. Y

precisamente sin la estrecha colaboración de uno y otro no es posible iniciar el

despegue de un régimen democrático moderno. Los partidos de la Oposición, por su

parte, tampoco parecen actuar según la altura que exigen las circunstancias. No

sólo no se critica abiertamente al Gobierno por estos «deslices» del peor viejo

estilo, sino que, incluso, ciertos grupos o partidos comienzan a pedir

resoluciones aisladas y descoyuntadas, que deberían ser la consecuencia

inevitable de la creación prioritaria del marco constitucional fundamental que

dé vida y sentido a todo el ordenamiento jurídico futuro del país. Reivindicar

ahora Estatutos especiales, una ley que conceda la mayoría de edad a los

dieciocho años, la inmediata supresión de la pena de muerte, la despenalización

del adulterio, la reducción de las subvenciones a la enseñanza privada,

etcétera, etcétera, el querer anteponer la carreta a los bueyes. Creemos

primeramente el marco jurídico general, esto es, la Constitución, y luego vendrá

todo eso y mucho más.

¿Qué hacer, pues, para encauzar, en el sentido expuesto, la errónea orientación

política que comienza a dibujarse? Dejando de lado el tema económico que, por

supuesto, demanda una veloz resolución entre el Gobierno, las Cortes y las

distintas fuerzas sociales y políticas, me voy a centrar en estas lineas al tema

acuciante de la Constitución. Es claro que ésta deberá ser técnicamente eficaz y

politicamente integradora. Pero de nada serviría sí no se logra su promulgación

cuanto antes. Sin embargo, una ojeada a nuestro actual contexto de paranoia

constitucional nos permite dudar de que sea así.

La primera dificultad comienza con los condicionamientos legales que introdujo

la desafortunada -técnicamente hablando- ley para la Reforma Política. De tales

eventuales condicionamientos sobresaco fundamentalmente el hecho de haberse

ideado una dualidad de Cámaras que todos sabíamos habrían de ser

«constituyentes». También en estas páginas -perdón por la autocita otra vez- fui

de los primeros en denunciar, en su oportuno momento, tal aberración de carácter

insólito en el Derecho Constitucional mundial. Parece obvio que la discusión y

aprobación sucesiva en cada una de las dos Cámaras de las Cortes alargarán

indefinidamente los debates sobre el proyecto constitucional. Pero el estropicio

ya está consumado y no valen estériles lamentaciones. Es mejor buscar soluciones

que enredarse en cualquier tipo de masoquismo.

Pues bien: mi propuesta para que se pueda conseguir rápidamente un texto

constitucional pasa por dos fases. En primer lugar, se debería incluir en el

reglamento de las Cámaras -que es probable sean provisionales, si el definitivo

Parlamento se concibe de otra manera- el reconocimiento de una Comisión mixta de

ambas Cámaras que tuviera como tarea la de redactar, debidamente asesorada por

los expertos convenientes, un proyecto de Constitución en el menor tiempo

posible. En segundo lugar, el Reglamento debería instituir también que la

deliberación y aprobación de ese proyecto se lleve a cabo, no por separado y

sucesivamente en cada Cámara, sino en sesión conjunta de ambas desde el

principio. Un procedimiento de este tipo abreviaría sobremanera el complejo

proceso de discusión constitucional, al mismo tiempo que evitaría que los dignos

senadores se dediquen a deshojar margaritas en espera de que el Congreso les

remita, dentro de varios meses, el proyecto aprobado previamente por los

diputados.

Ciertamente, no es este el procedimiento que establece la ley para la Reforma

Política, pero no veo argumentos jurídicos o políticos de peso para que no se

proceda así, siempre que el Gobierno y las diferentes fuerzas políticas

integradas en las Cortes lleguen a un acuerdo sobre la cuestión. Todos somos

conscientes de que la transición de una dictadura a la democracia, según la vía

española actual, es algo que resulta inédito en el mundo moderno y que rompe los

moldes tradicionales del Derecho Constitucional convencional. El «todo es

posible en Granada» se puede aplicar ya al país en su conjunto. Pero en mi

siguiente argumentación no voy a recurrir a tal curiosa peculiaridad, sino que

creo que mis reflexiones no se hallan muy distantes de la lógica y la doctrina

constitucionales vigentes hoy en el mundo civilizado. Me baso en dos puntos

fundamentales. De una parte, no creo que nadie dude ya de que estas Cortes han

sido elegidas por el pueblo español para que sean constituyentes o, dicho de

otro modo, para que dispongan de carta blanca y puedan hacer y deshacer. Si

hubiera alguna duda al respecto, me parece que se habrá disipado después de que

el Rey, en su reciente discurso de la Corona, ha proclamado sin ambages que la

misión prioritaria de estas Cortes es redactar una nueva Constitución. Por

consiguiente, si esto es así, como asi es, es lógico deducir que el poder

constituyente de tas Cortes es absoluto, por lo que tienen carácter soberano

tanto para crear una nueva estructura constitucional, como para que puedan

organizar de la mejor manera posible su funcionamiento, con independencia de la

normativa constitucional anterior, señalada, en este caso, por la ley para la

Reforma Política. Si se es soberano cara al futuro, ¿cómo no se va a ser

soberano cara al pasado? La soberanía de las Cortes se ejerce sin cortapisas, no

pudiendo ser limitada, y mucho menos en lo que se refiere a la forma de su

funcionamiento, por la ley que les ha dado vida, la cual, evidentemente, agotó

su razón de ser desde el mismo momento de la constitución de las nuevas Cámaras.

Por tanto, las Cortes actuales, al configurarse como Constituyentes, quedan

desligadas en todo vínculo jurídico anterior, incluyendo lógicamente a todas las

leyes Fundamentales vigentes hasta ahora.

Es más: por otra parte, no es posible sostener tampoco que de actuarse de tal

modo se caiga en una postura anticonstitucional, susceptible de ser calificada

de contrafuero según la anterior normativa constitucional. Parece claro

mantener, como se ha hecho, que ésta ya no se encuentra vigente, globalmente

hablando, y, desde luego, en lo que se refiere concretamente al recurso de

contrafuero, el cual si nunca sirvió para nada, ahora ni siquiera existe ya.

Entre otras razones porque no es posible entablarlo al haber desaparecido el

órgano encargado de tal misión, esto es, el Consejo Nacional. En definitiva: ni

en nombre de una inexistente anticonstitucionalidad ni, sobre todo, aferrándose

a los mandatos de una ley que no puede limitar la soberanía absoluta de una

Asamblea Constituyente, cabe negar la posibilidad de que ésta modifique las

reglas de su funcionamiento a fin de acelerar el nacimiento de la Constitución.

Evidentemente, no niego que pueda haber otras soluciones para conseguir el mismo

objetivo. Pero entonces que se expongan, porque el país tiene prisa y sería

grave defraudarte.

 

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