Autor: Yuste Grijalba, José Luis. 
   Cultura y Constitución     
 
 Informaciones.    04/08/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

Cultura y Constitución

Por José Luis YCSTE GRIJALBA

NADIE discute en nuestro tiempo que a los Estados corresponde una serie de

quehaceres relevantes respecto a los contenidos y a las formas culturales de las

comunidades que los integran. Desde el siglo XIX, y aun antes, y merced, sobre

todo, al impulso de los nacionalismos, los Estados europeos fueron creando, o

reforzando, las estructuras burocráticas de soporte y expansión de sus culturas

propias. En la actualidad, las Constituciones europeas suelen dedicar algunas de

sus cláusulas a definir las relaciones entre Estado y cultura. No a definir qué

haya de entenderse por cultura -cuestión extrajuridica que desborda el marco de

las definiciones legales-, sino a establecer los principios básicos que han de

regir la actitud del Estado respecto a la creación cultural y a las

manifestaciones.

La Constitución italiana de 1947 (artículos 9 y 33), la de Alemania Federal de

1949 (articulo 5, III), la de Francia de 1968 (preámbulo), la reciente

Constitución portuguesa de 1978 (artículos 42 y 73), etc., todas ellas siguen la

pauta de incorporar la cultura a sus regulaciones, y, con ello, de establecer su

rango normativo básico al máximo nivel posible, sólo alterable por un nuevo

pronunciamiento áel pauvoir contituant. La II República Española también lo hizo

asi, en una abstracta declaración de orden Interno («El servicio de la cultura

es atribución esencial del Estado», articulo 48 de la Constitución de 1931),

completada luego, al modo de la época, con una pretensión solemne de difusión

exterior («El Estado atenderá a la expansión cultural de España en el

extranjero, y preferentemente en los países hispanoamericanos», artículo 50).

En trance, como ahora estamos, de elaborar un nuevo texto constitucional quizá

no esté de mas hacer alguna reflexión sobre, la función que el Estado debe

asumir en materia cultural; reflexión que, si sirve para ayudar en algo a colmar

las lagunas y disipar las confusiones que a veces surgen en declaraciones y

programas, habrá cumplido el deseo que la anima.

Hay que empezar afirmando, una vez más, que la cultura no es un consumo de lujo,

reservado a quienes gozan de fortuna, ocio y educación, sino un sistema de ideas

y valores ligado a la persona y a los grupos humanos, absolutamente fundamental

para vertebrar cualquier tipo de organización social de la movilidad y el

dinamismo de ese sistema de valores depende en buena medida el progreso de las

formas de convivencia de la comunidad, cuestión esta que en la historia

contemporánea de España ha revestido y reviste particular trascendencia. Hoy se

admite de modo general que la cultura del individuo aislado, resultado de

cultivar su sensibilidad e inteligencia, es tributarla de la cultura del grupo

social o clase a que pertenece, y que cuando una sociedad alcanza cierto grado

de complejidad funcional, como sucede en la sociedad española, aparecen diversos

niveles culturales, atribuibles a sus clases y grupos sociales, que constituyen

un elemento activo en su proceso de transformación. T. 5. Eliot subrayaba que

las culturales de esos grupos sociales se erigen en cultoras interiores de la

comunidad a que pertenecen. De ahí que el punto de observación para el Derecho

constitucional haya de ser el plano general de la cultura comunitaria, sin

olvido de su estructura interna y sus componentes parciales.

Desde esta perspectiva de conjunto, puede decirse que el Estado tiene un

objetivo primordial: el de enriquecer la vida espiritual española. Y que para

lograrlo dispone de dos medios principales: la libertad de la cultura y el

fomento de sus manifestaciones. Es obvio que tanto aquel objetivo como estos

instrumentos pueden ser claramente definidos en el texto constitucional en

ciernes, dentro del esquema jurídico general que forzosamente ha de inspirarlo,

asentado en el principio democrático y en una vigorosa descentralización de

competencias y servicios.

El aludido propósito vitalizador es de carácter moral y significa una

rectificación histórica. Fue Azaña quien reclamaba del Estado el cumplimiento de

una gran obra cultural, la de resucitar las fuentes del genio civilizador de

España: «Que esta tierra que nosotros hemos hollado vuelva a ser la cuna de una

civilización que no sea remedo, sino civilización plasmada sobre nuestros

propios sentimientos de hombres modernos.» Para asumir este designio, el Estado

ha de comenzar por protagonizar una vasta tarea de instrucción publica, dirigida

a inculcar el amor «de las cosas nobles y venerables» y a «cultivar los

sentimientos y domesticar los impulsos feroces». Esta tarea cultural debe

alcanzar a cada ciudadano español (a través de los medios de comunicación de

masas, igualitarios y generalizadores) a fin de dar a sus vidas una mayor

profundidad y dimensión. En el desarrollo de esta política nacional, el esfuerzo

del Estado obtendría seguramente -según la vieja regla hegeliana- una mutación

cualitativa del cuerpo social por el simple cambio cuantitativo en las actitudes

convivenciales de la población española.

Refirámonos ahora a la libertad de la cultura. Durante siglos, la creación

cultural en España no ha sido espontánea, sino medrosa. Frente al racionalismo y

el Ubre examen, que inspiraron el progreso cultural de Europa en los siglos XVII

y XVIII. la inteligencia española quedó sujeta a la escolástica católica y a

vínculos de autoridad y tradición. La historia de este sometimiento, hasta

nuestros mismos días, es la crónica de tres siglos de decadencia, tejida de

amarguras y frustraciones, con destellos fulgurantes cuando la libertad renacía.

Esta dolorosa experiencia habría ahora de Justificar que, ante todo y por encima

de todo, se estableciera en la Constitución la libertad de creación cultural en

todas sus manifestaciones, por ver si alcanzamos a sacudirnos, para siempre y

para todos, la plaga secular de la censura política o ideológica. «Cuando siento

la mano del Poder pesar sobre mi frente -escribía Tocqueville-, poco me importa

saber quién me oprime.»

Además de asegurar una política de libertad sin retrocesos, la específica

competencia de un Estado moderno en esta materia es la de nutrir y fomentar el

desarrollo cultural del país dentro de un marco de normas Jurídicas que respete

el sentido plural de la sociedad, de sus individuos, grupos, clases y regiones.

Lejos de todo dirigismo, que acaba por privar a los disidentes de unas

libertades -en especial, la artística, la de pensamiento y la de opinión

pública-, que, por pertenecer al ámbito de los derechos fundamentales dé la

persona y de las comunidades humanas, son Inembargables por un Estado

democrático.

Hay que advertir que el Estado no debe ser entendido, en el contexto de estas

reflexiones, sólo como el aparato burocrático del Poder central, sino como la

suma de esa maquinaria y la propia de los Gobiernos autónomos que la

Constitución cree o autorice para el futuro. Las experiencias constitucionales

europeas acreditan la excelente gestión que normalmente desempeñan los Gobiernos

autónomos de las regiones y Estados que los poseen, en materia de política

cultural. La calidad de vida de las comunidades afectadas, su sentido de

identidad y autodefensa y competencia mutua de las culturas interiores, su

democratización, su cercanía a las raices históricas, y, sobre todo, la ausencia

de un monopolio centralizador, con su secuela de nivelaciones unilaterales,

resultan mejor salvaguardadas, en el plano constitucional, por el simple

expediente de dispersar las competencias entre el Poder central y los Gobiernos

autónomos y de atribuir a éstos la gestión global de sus instituciones

culturales.

Por otra parte, el fomento de las manifestaciones culturales, entendido como una

actividad del Estado, no excluye, sino que reclama, otras iniciativas sociales

paralelas, que vertebren y configuren con su acción la variedad cultural del

país, tantas veces recortada y uniformada en la historia española, en merma de

sus posibilidades de crecimiento y espontaneidad. Esta regla vale igual para las

letras que para las artes y, por supuesto, para la Irrenunciable misión, que a

toda la sociedad incumbe, de custodia y restauración del patrimonio artístico

nacional. (Piénsese, en este orden de ideas, en el exigible deber que

corresponde en España a la Iglesia católica.)Y todo ello, de forma que sea la

sociedad misma, y sus diversos estamentos, a cuyo servicio se encuentra el

Estado, los que creen, juzguen y conserven en libertad su propia cultura.

 

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