Autor: Cuadra Fernández, Bonifacio de la. 
 Hoy puede romperse el pacto de silencio de la ponencia. 
 La Constitución reducirá los poderes del Rey     
 
 El País.    25/08/1977.  Página: 1,9. Páginas: 2. Párrafos: 20. 

Hoy puede romperse el pacto de silencio de la ponencia

La Constitución reducirá los poderes del Rey

BONIFACIO DE LA CUADRA

La Constitución que ha comenzado a elaborar el Congreso de Diputados incluirá, a

juzgar por la actitud de los partidos representados en la ponencia, que se

reunió por primera vez el pasado lunes y que hoy proseguirá sus trabajos, una

reducción en las atribuciones del Rey, según las informaciones recogidas por EL

PAÍS en fuentes parlamentarias oficiosas bien informadas, a pesar del silencio

mantenido por los ponentes y que, probablemente, hoy se decida romper.

La reunión citada, a pesar de la cordialidad con que se desarrolló, según el

presidente de la Comisión Constitucional, Emilio Attard, registró uaros

enfrentamientos entre las posiciones de Unión de Centro Democrático y de los

restantes partidos, si bien las discrepancias se polarizaron de diferente

manera, de acuerdo con los temas tratados. El propio representante de Alianza

Popular, Manuel Fraga, mantuvo una actitud que, en algunos casos, se alineó con

las posiciones más progresivas de la ponencia.

En todo caso, uno de los puntos importantes sobre el que parece existir consenso

entre los distintos grupos parlamentarios representados en la ponencia es el del

nombramiento del presidente del Gobierno, cuya elección, por representación

mayoritaria de las Cámaras, sería refrendada por el presidente de las Cortes sin

que el Rey pueda negar su beneplácito-, si es que prospera este criterio

inicial.

El tema más sobresaliente en el primer debate sobre la Constitu-ción fue el de

la forma de gobier-no. Mientras que UCD intentó que, desde el primer artículo se

aludiera a la Constitución de la monarquía democrática y social, la mayor parte

de los restantes ponentes prefirieron que el texto constitucional se refiriera a

la Jefatura del Estado, sin prejuzgar su investidura, a fin de no entrar

necesariamente en el debate sobre la forma de gobierno, en cuyo caso al menos el

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y otras fuerzas de izquierda

mantendrían su criterio -aun a sabiendas de que no va a prosperar- favorable a

la forma republicana.

Respecto a las atribuciones de la Jefatura del Estado, los ponentes de

izquierda, y concretamente el PSOE, defendieron un recorte drástico de las

atribuciones de su titular, en oposición a las propuestas de UCD, que, según

nuestras fuentes, dibujan más una monarquía presidencialista que constitucional.

Sobre el carácter revisable del texto constitucional, UCD mantuvo que algunos

temas fueran intocables, entre ellos la forma monárquica de gobierno, a lo que

se opusieron prácticamente todos los demás ponentes, incluido el señor Fraga,

quien señaló que la Constitución debe adaptarse a los tiempos en todos sus

puntos.

La extensión de la Constitución fue otro de los temas debatidos y polémicos.

Mientras que UCD prefería un texto breve en el que la enunciación de los

derechos ciudadanos, las autonomías y otros temas políticos fundamentales se

enunciaran sin entrar en detalles, los sectores de izquierda se mostraron

partidarios, aun sin defender una gran extensión de la ley, de una suficiente

especificación de las grandes cuestiones políticas que afectan a los ciudadanos

y a las instituciones del Estado, así como a la estructura territorial del

mismo.

Una de las materias que suscitó controversias en el seno de la ponencia

constitucional fue su carácter abierto o cerrado. La decisión mayoritaria que se

acordó fue que se trate de un texto cerrado, es decir, una única ley con rango

constitucional, a diferencia de las todavía vigentes Leyes Fundamentales

franquistas. En este pun-to, el discrepante fue Manuel Fraga, quien defendió una

Constitu-ción abierta, basándose para ello, entre otros argumentos, en un

artículo publicado en EL PAÍS el pasado 30 de junio por el letrado de las Corles

Francisco Rubio Llo-rente (del PSOE), en el que, anali-zando los diversos modos

de hacer una Constitución, señalaba sobre la fórmula franquista: «Aunque este

último ejemplo invita poco a la imitación, creo que hay razones abrumadoras para

pensar que en las circunstancias actuales éste de-bería ser el modo de

proceder.»

La ponencia que hoy, a las diez de la mañana, proseguirá los tra-bajos

legislativos preliminares sobre la Constitución, está integrada por Miguel R.

Herrero de Miñón, José Pedro Pérez Llorca y Gabriel Cisneros (los tres de UCD);

Gregorio Peces-Barba, del PSOE; Jordi Solé Tura, del PSUC, comunis-ta; Manuel

Fraga, de Alianza Po-pular, y Miguel Roca Junyent, de la minoría vasco-catalana.

Sobre el pacto de silencio en torno a los trabajos de la ponencia

constitucional, hoy puede replantearse el tema, a instancias especialmente de

los ponentes de izquierda, concretamente el comunista Jordi Solé Tura y el

socialista Gregorio Peces-Barba. Según recoge Cifra de fuentes que califica de

fidedignas, fue este último diputado y el representante de la minoría vasco-

catalana, Miguel Roca Junyent, quienes se opusieron a la propuesta de silenciar

la marcha de los trabajos de la ponencia.

En todo caso, según pudo saber EL PAÍS de fuentes de entera solvencia, no se

produjo votación, contra lo que se ha publicado en algún medio sobre este tema,

si bien el compromiso fue aceptado por todos los ponentes.

Fuentes oficiosas próximas a la Mesa del Congreso nos manifestaron ayer su

discrepancia con la decisión adoptada, al tiempo que aseguraron tajantemente que

las reuniones de la Comisión Constitucional de la Cámara baja se celebrarán en

presencia de los periodistas. Respecto a la decisión de guardar silencio sobre

los trabajos de la ponencia, las mismas fuentes consideraron conveniente que

sobre los citados trabajos se informe a la opinión pública.

Sobre el plazo que tardará en tramitarse la Constitución, la sorpresa registrada

en algunos medios parlamentarios por la afirmación del presidente del Congreso,

Fernando Alvarez de Miranda, de que podría ser de dos años, encontró ayer

reflejo en Antonio Hernández Gil, presidente de las Cortes -figura cuya

supresión fue precisamente solicitada ayer por el grupo de senadores

progresistas y socialistas independientes-, quien declaró a Radio Nacional que

existe el propósito y la necesidad, social y polilica, de «contar con una

Constitución en el plazo más breve posible».

Doscientas treinta y ocho enmiendas al proyecto de Reglamento del Congreso

Doscientas treinta y ocho enmiendas, una de ellas a la totalidad, han sido

presentadas sobre el Reglamento del Congreso de Diputados. Ciento cuarenta y

ocho corresponden a los distintos grupos parlamentarios y noventa a enmiendas

individuales. La enmienda a la totalidad será defendida directamente ante el

Pleno del Congreso, ya que no se admiten debates sobre todo el proyecto en el

seno de la comisión.

Según portavoces de la Cámara se intentará imprimir gran celeridad a los

trabajos de la comisión. Para dar cauce a las enmiendas se reunirá hoy la mesa

de la misma integrada por Francisco Vázquez, del PSOE, como presidente; Modesto

Fraile, de UCD, y Ciriaco de Vicente, del PSOE, como vicepresidentes, y Emilio

García Pumariño, de UCD, y Jordi Solé Tura, del PSUC como secretarios.

En cuanto al Senado, está anunciada para el próximo día 1 de septiembre la

reunión de la comisión de incompatibilidades para estudiar el informe definitivo

de la ponencia.

La ponencia encargada de examinar las incompatibilidades no pudo finalizar ayer

sus trabajos debido a que cerca de cuarenta senadores aún no han remitido

cumplimentados los formularios sobre su posible situación de incompatibilidad,

entre ellos los señores Abril Martorell (vicepresidente del Gobierno para

Asuntos Políticos), Alfonso Osorio (asesor del presidente Suárez), Sañas

Larrazábal, Ortega Spottorno, Pedrol Rius, Ricardo de la Cierva, y Aguilar

Navarro entre otros.

El tema de las incompatibilidades será incluido, posiblemente, en el Pleno que

celebrará la Cámara Alta entre los días 5 y 7 del próximo mes de septiembre. La

junta de portavoces de los grupos parlamentarios se reunió ayer por la tarde a

fin de tratar, casi exclusivamente, el tema de la retribución de los

parlamentarios. Según informó a Cifra el portavoz de Unión de Centro

Democrático, Rafael Calvo Ortega, su grupo presentó una propuesta para que no

sean elevadas las actuales retribuciones de 50.000 pesetas.

 

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