Autor: ;Idoyaga, J. (Liga Comunista Revolucionaria). 
   Constitución y libertad     
 
 Diario 16.    30/08/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

Constitución y libertad

Jaime Pastor y J. Idoyaga (Del Buró Político de la Liga Comunista

Revolucionaria)

1977

El debate sobre el contenido de la nueva Constitución aparece ya como uno de los

problemas políticos fundamentales del país. Pero en este entreacto que va desde

las pasadas elecciones hasta su aprobación, el presidente Suárez y su Gobierno

han decidido tomar la libertad y la democracia como propiedad privada: un

letrero a la puerta: "Terreno particular, prohibido el paso." Ni las más

evidentes y masivas exigencias obreras y populares (amnistía total, devolución

del patrimonio sindical...), ni las posiciones de los partidos obreros,

sindicatos, organizaciones de vecinos, etc., tienen derecho a cruzar la puerta

de esa propiedad privada y tomar la libertad y la democracia tal como ellos la

entienden y la necesitan.

Pese a que nuestra organización, LCR, presentó sus estatutos con anterioridad

incluso a PTE, ORT y MC, continuamos en la ilegalidad. ¿Razones? La legalidad es

propiedad de Martín Villa y el Gobierno. Negar el derecho a voto a los menores

de veintiún años es -según el Gobierno- perfectamente "democrático"; pero

cualquier intento de constitución legal de organizaciones juveniles obreras

resulta absolutamente antidemocrático..., porque discrimina a la sociedad en

función de la edad. ¿Y la amnistía?: "Propiedad particular, prohibida la

entrada." Suma y sigue.

La orientación política que los partidos obreros deben mantener no es, pues,

precisamente, la de propagar entre los trabajadores y el pueblo una confianza

ciega en los Parlamentos como garantía de libertad. Pero en tanto en cuanto las

próximas Cortés van a redactar una nueva Constitución, es tarea de los

diputados, partidos y sindicatos obreros batallar en el interior de las Cortes y

apoyarse en la movilización popular para que ésta recoja el máximo posible de

democracia.

Contra el "Estado fuerte"

Las bases de la Constitución que UCD va a tratar de imponer son muy claras:

carácter monárquico de la forma de Gobierno, asignando al Rey poderes supremos;

máxima independencia del Gobierno respecto al Parlamento, de forma que aquél

tenga las manos libres para imponer su voluntad; recortes profundos en el

ejercicio obrero y popular de las libertades democráticas; mantenimiento del

carácter ultra-centralista del Estado, con la concesión de unas "autonomías" que

niegan el derecho de autogobierno de las nacionalidades; mantenimiento del

máximo posible de instituciones represivas del franquismo; carácter

constitucional de la propiedad privada capitalista. Estas son las bases del

"Estado fuerte" que el gran capital intenta imponer a través de UCD. Los

principios de libertad que los diputados obreros, deben defender han de oponerse

abiertamente a este proyecto:

Un Estatuto de Libertades en el que sé reconozcan todos los derechos

democráticos (asociación, expresión, reunión, huelga y manifestación), para toda

la población (incluidos, pues, los funcionarios del Estado y los soldados) y sin

poder alguno del Gobierno para recortarlos. Esta exigencia constitucional

conlleva otras tres: la primera, la abolición de toda la le-gislación franquista

y la disolución de todos aquellos órganos utilizados para reprimir el ejercicio

de la libertad. La segunda, la supresión del derecho actual del Go-bierno a

legislar por "decreto-ley". La tercera, la supresión del principio de

funcionamiento por responsabilidad del Gobierno ante el Jefe del Estado.

En cuanto a la forma de Estado. Rechazo del estatuto-marco sobre "regiones" que

prepara el Gobierno. La Constitución debe reconocer, como hecho diferenciador,

la existencia de nacionalidades (Canarias, Catalunya, Euskadi y Galicia) y de

regiones. A partir de ello, la función de las Cortes debe limitarse a reconocer

la soberanía de las mismas, convocando eleccio-nes a asambleas constituyentes

nacionales y regionales, que son las únicas con capacidad decisoria sobre las

relaciones (federales, confederales, independientes, etc.), que desean

establecer con el Estado español. Por nuestra parte, proponemos la federación

como la fórmula más adecuada.

Respecto a la forma de Gobierno, las ambiguas posiciones del PCE y PSOE, sobre

todo por parte del primero, respecto a la monarquía, no son, desde luego, la

mejor forma de hacer frente al proyecto de UCD de convertirla en el pilar del

"Estado fuerte". Por este carácter que UCD pretende otorgar, constitucionalmente

a la Monarquía y por el hecho de que su existencia proviene de la herencia del

régimen anterior, una actitud consecuentemente democrática ha de plantear la

exigencia de un referéndum inmediato sobre Monarquía o República.

Ningún diputado obrero puede dar su aprobación a una Constitución que defienda

el carácter inalienable de la propiedad privada capitalista.

Sin pretender en este artículo agotar todos los temas, hay otra serie de puntos

que la nueva Constitución debería recoger: descentralización de la

Administración, enseñanza pública, gratuita, y laica, separación de la Iglesia y

el Estado. Cartas constitucionales recogiendo los derechos de la juventud y de

las mujeres, ruptura con el pasado colonial franquista.

Unidad y movilización

Cualquier intento de lograr estas exigencias de libertad a través de compromisos

con el Gobierno y con UCD, está condenada al fracaso. Cualquier "pacto

constitucional" con estos representantes de la burguesía sólo podrá realizarse

en su propio terreno. Frente a ello, resulta urgente la formación de un bloque

parlamentario que agrupe a todos los diputados obreros (incluyendo a los dos

parlamentarios de Euskadiko Ezkerra).

Pero la fuerza fundamental capaz de abrir paso a una Constitución así no va a

estar en las votaciones de las Cortes. O, mejor dicho, esas votaciones podrán

responder positivamente a estas exigencias de libertad, sólo en la medida en que

la presión popular -la movilización- tenga la amplitud suficiente como para"

arrancar serias concesiones de las Cortes. Y para ello, las organizaciones

obreras y, populares deben hacer suyas todas estas exigencias e impulsarlas

unitariamente. Las campañas en torno a las próximas elecciones municipales y a

las próximas elecciones sindicales deberán ser ocasión inmejorable para que las

fuerzas obreras y populares presenten un programa de acción unitario que recoja

todas estas aspiraciones de libertad, y, junto a ellas, todas las

reivindicaciones económicas y sociales de los trabajadores y el pueblo.

 

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