Autor: Castro Zafra, Antonio. 
   La Iglesia, la Constitución y el Concordato     
 
 Ya.    20/11/1977.  Página: 15. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

LA IGLESIA, LA CONSTITUCIÓN Y EL CONCORDATO

Unos ochenta obispos «de provincias» preparan hoy domingo sus maletas para

viajar a Madrid, donde mañana comienza una asamblea plenaria de la Conferencia

Episcopal Española (CEE). Vienen todos, y de lunes a sábado examinarán una de

las agendas de trabajo más abultadas que se recuerdan: nada menos que catorce

grandes temas. (Algunos de ellos bastaría por sí solo para agotar esas cinco

jornadas de trabajo; por ejemplo, «Organización económica de la Iglesia».)

Puede hablarse, sin embargo, de otro tema, no menos importante, que también

ocupará a los obispos: el de la futura Constitución. Fraga Iribarne acaba de

anunciar en Murcia que el texto constitucional estará terminado el próximo 7 de

diciembre, tras una negociación evidentemente laboriosa, «en la que todos hemos

cedido algo». Pues bien, a nadie sorprendería que el cardenal Tarancón, que

acostumbra a presentar a los obispos en el discurso de apertura una especie de

pulso del hombre de la calle, abordara el tema constitucional. Y parece fuera de

toda duda que, en sus sesiones de trabajo, los obispos examinen la información

que se les facilitará sobre el tratamiento que haya recibido el asunto religioso

en la Constitución.

Porque la información infiltrada hasta ahora plantea cuestiones definitivamente

sustanciales, también para la Iglesia española, a propósito del texto

constitucional. Honestamente, es preciso anticipar que la vida de ta Iglesia

española es hoy un hecho positivo de evangelización. Los obispos han alcanzado

una zona políticamente ímparcial. Inicialmente -al menos- comprometida en lo

social, y plenamente religiosa. La Iglesia intenta visiblemente situarse en la

vida española como centro de servicio, y no como centro de poder. ¿Sería

traumático para ella, en las actuales circunstancias, un brusco cambio al

régimen de derecho común? Al parecer, y desde el punto de vista religioso, el

nuevo texto apunta hacia la aconfesionalidad. Tres Constituciones han seguido

esa ruta, en nuestra Historia: las dos republicanas (1873 y 1931) y la que sigue

a la revolución del 68. Significati-vamente las tres Constituciones dedicaron

varios artículos a tratar de explicar aquel extraño hecho, para un país

mayoritariamente católico. Sin embarqo, la Constitución va a ser punto de

partida y, por supuesto, indicativo del talante que llevará el Concordato, o

acuerdo. Gobierno-Santa Sede. (Otro de los temas que pueden abordar los obispos

en la Plenaria, el concordatario.) Los obispos saben que el perfil que se dé en

la Constitución al asunto religioso determinará esencialmente la silueta de la

negociación concordataria.

Los italianos, cuando tras la segunda guerra mundial, abordaron el tema de la

nueva Constitución, optan por una fórmula intermedia que refleja el artículo 7.

«El Estado y la Iglesia católica son, cada cual en su propio ámbito,

independientes y soberanos. Sus relaciones se regulan por los Pactos

Lateranenses. La modificación de tales Pactos, aceptada por ambas partes, no

requiere procedimiento de revisión constitucional. (Se reconoce, pues,

importancia constitucional a los Pactos L. que comprenden el Tratado, el

Concordato y la Convención financiera: cualquier modificación unilateral por

parte del Estado italiano habrá de ser aprobada por una ley constitucional.) La

Asamblea Constituyente italiana de 1946, con sólo 207 diputados de la DC sobre

un total de 630, sacó adelante el artículo séptimo con la ayuda decisiva del

voto comunista (104 diputados).

¿Se ha negociado en España la cuestión religiosa en su perspectiva

constitucional, o nos encontraremos con un hecho consumado? La CEE, reunida

ahora en asamblea plenaria, ¿es un interlocutor unitario, e incisivo, frente al

Estado? ¿Cuál es su capacidad de negociación?

Es evidente que un puesto en la Constitución, e incluso un Concordato, no son

las raices de la Iglesia española. Pero la decisión que se adopte en las Cortes

condicionará una serie de graves problemas que van desde la enseñanza religiosa

en la escuela púbiica y libertad plena de la enseñanza católica, al

reconocimiento civil del matrimonio canónico, la dotación de culto y clero y, en

fin, el reconocimiento de personalidad civil a diversos entes eclesiásticos

(entre ellos a la propia CEE).

El panorama se agrava si se tiene en cuenta la necesidad absoluta de hacer

compatible Constitución y Concordato con evangelización: la disociación de la

Iglesia de todo vínculo con el poder político, económico o de otra naturaleza,

es imprescindible. Si el Concordato del 53 concedía privilegios, hoy no se pide

ninguno -o no debe pedirse- y la fórmula que se acuerde no tiene que ser ideal,

sino históricamente conforme con la situación concreta del país, España en el

que la mayoría de los ciudadanos son católicos.

La clave está, pues, en que la Iglesia española mantenga la línea positiva

evangelizadora y testimonial que ahora desarrolla, mientras aborda esas

cuestiones constitucionales: o concordatarias. A fin de cuentas, ni una ni otro.

Constitución o Concordato, son el Octavo Sacramento para la Iglesia española.

Antonio CASTRO ZAFRA

 

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