Discurso del presidente del Episcopado. 
 Nos preocupa la libertad de la Iglesia     
 
 Ya.    22/11/1977.  Página: 22. Páginas: 1. Párrafos: 30. 

22-XI-77

Discurso del presidente del Episcopado

"Nos preocupa la libertad de la Iglesia"

Tras haberse referido en una primera parte del discurso inaugural al tema del nuevo ordenamiento de la vida económica de la Iglesia, en la segunda abordó monseñor Enrique y Tarancón el tema de la Constitución que actualmente se prepara para España. Dijo textualmente lo siguiente:

El momento políticosocial que España está viviendo exige de nosotros una particular reflexión y quizá también una palabra.

Los españoles van a darse a sí mismos una Constitución, es decir, un marco legal y objetivo de convivencia dentro del cual tendrán que moverse y relacionarse no sólo los ciudadanos como personas o sujetos de derechos y deberes inalienables, sino todas las realidades y fuerzas sociales, culturales, religiosas, laborales y políticas que habrán de convivir y respetarse en ese tejido complejo de la gran comunidad nacional. Como obispos y como ciudadanos no vamos a permanecer indiferentes ante los valores éticos que necesariamente entran en juego en la tarea constituyente. Más aun, como "testigos y expositores de la fe de todo el pueblo de Dios congregado por Cristo" nos mueve el respeto y amor a todos los hombres, aunque no sean creyentes, para demostrar nuestra solidaridad, especialmente con aquellos cuyas libertades pudieran no ser suficientemente respetadas. Y no tenemos por qué ocultarlo: nos preocupa la libertad de la iglesia, cuya presencia institucional debe ser reconocida y aceptada para el libre ejercicio de su misión en esta sociedad concreta que es España.

Algo más firme que una mera impresión me mueve a disipar ciertos equívocos que, según parece, han podido producirse en algunos sectores y en la misma opinión pública al no interpretar cabalmente nuestras mismas declaraciones.

Independencia, sí; neutralidad, no

1. La Conferencia Episcopal ha dicho a su debido tiempo, para evitar suspicacias, que la Iglesia debe permanecer al margen de la lucha por el poder político, y creemos que ha mantenido visible, consciente y eficazmente su independencia en todo el proceso político que se viene desarrollando. Esta postura no esconde tácticas ni oportunismos anacrónicos.

Pero la Iglesia, que "por razón de su misión y de su competencia no se identifica en modo alguno con la comunidad política ni está atada a sistema político alguno" (GS núm, 76), no confunde su independencia, como pudieran creer algunos, con una mera neutralidad, como si ella quisiera y tuviese que permanecer indiferente ante la organización sociopolítica que vaya a darse a este país.

Las estructuras temporales que organizan y encauzan la vida política y social de los pueblos parten siempre de una concepción determinada del hombre y de la vida. La fe en Díos, según el Evangelio, nos proporciona a los creyentes una especial comprensión de los valores últimos y absolutos de la persona humana, a la vez, que nos descubre nuevas posibilidades y exigencias en nuestro comportamiento. No pretendemos imponer a nadie esta concepción de la vida, que nace de una decisión absolutamente libre. Pero una Constitución que quiera ser justa, democrática y estable tiene que respetar estas convicciones de los mismos ciudadanos que profesan la fe católica. En nombre de Dios y en nombre de todos los, ciudadanos que forman parte de nuestra Iglesia, nosotros tenemos el derecho y el deber de defender los derechos de las personas,

Será, pues, necesario que aclaremos ante la opinión pública y ante los "representantes del pueblo" cuáles son estos valores fundamentales que no dependen de las mayorías alternantes en el poder, sino de la misma naturaleza del hombre creada por Dios.

Independencia, sí; separatismo, no

2. Esta independencia de la Iglesia la han interpretado otros como radical y absoluta separación de la Iglesia y del Estado -así se formula con frecuencia en los medios de difusión-, presuponiendo erróneamente que esa separación conduce al desconocimiento por parte del Estado de esa realidad viva que es la Iglesia católica y aun genéricamente de los valoren religiosos. Como si el Estado se hubiese de, organizar y debiese actuar sin tener en cuenta para nada a la Iglesia y a otras confesiones religiosas. Ciertamente, la Iglesia no va a vivir en otro mundo, sino en este en que está inmersa, por sus propios miembros -que son mayoría entre los españoles-, y por sus actividadades específicas como comunidad, en el entramado de la vida pública de este pueblo y de esta comunidad política concreta de la que todos formamos parte.

El Episcopado español, en su documento colectivo del 28 de enero de 1979, reconoció que la fórmula jurídica de la confesionalidad del Estado, consciente en la profesión solemne de la fe católica como única religión oficial y en la mera tolerancia para las demás religiones, contaba entre nosotros con una larga tradición. Pero añadió, al mismo tiempo, que la doctrina conciliar había dado una nueva orientación al sentar claramente el principio de la libertad religiosa. Ciertamente no existe razón que justifique una intervención del Estado en la vida interna de la Iglesia, ni, por el contrario, la hay para que la Iglesia intervenga directamente en la política del Estado.

Ahora bien, ampararse en la doctrina conciliar para defender la fórmula puramente separacionista significa desconocer lo que el Concilio y los obispos españoles hemos venido reiteradamente sosteniendo. Nadie puede pretender que volvamos a aquella separación cuyas resonancias históricas, en épocas infelices de nuestra convivencia, podrían aún resucitar recelos, las antinomias y hasta hostilidades. Estos recuerdos no deben repetirse, ya que, gracias a Dios, parecen hoy sustancialmente superados.

Vosotros juzgaréis si es necesario que ahora aclaremos plenamente cuál es el significado correcto de la fórmula que siempre hemos utilizado y que recogimos del Concilio; "La mutua Independencia y la sana colaboración en el común servicio de los, hombres" ("Iglesia y comunidad política", número 42). Porque la Iglesia y el Estado, como ha dicho el Concilio, "están, aunque por diverso título, al servicio de la vocación personal y social del hombre" (GS, número 76). La colaboración entre ambas potestades no es en orden a que la Iglesia y el Estado se beneficien y fortalezcan mutuamente: son el hombre y la sociedad quienes deben beneficiarse tanto de la actividad de la Iglesia como de la del Estado. Y la sociedad no recibirá ningún beneficio de una Iglesia mediatizada por el poder político o carente de plena libertad para organizarse o para proclamar su mensaje evangélico. Como tampoco lo obtendrá de una Iglesia temporalizada, que intentase utilizar el poder político en beneficio propio, admitiendo cualquier tipo de coacción para imponerse. Esperamos que esta doctrina sea reconocida y aceptada y quede reflejada en nuestras leyes constitucionales, para que la Iglesia pueda ejercer libremente, dentro de un marco jurídico justo y sin situaciones privilegiadas, su misión evangélica.

Libertad individual y libertad institucional

3. Es fácil reconocer hoy la libertad religiosa de los ciudadanos por constituir ésta un derecho fundamental entre los llamados derechos y libertades democráticas.

Esa libertad debe quedar firmemente garantizada en el ordenamiento civil. Y no podrá darse auténtica y real libertad religiosa si el Estado no garantiza algo que brota de su misma naturaleza intrínseca y que es su dimensión social o comunitaria. No escasean en nuestro tiempo los regímenes de diverso signo que invocan la defensa de la libertad religiosa individual para coartar y aun suprimir la libertad de las confesiones religiosas en cuanto tales.

La religión de Cristo es comunitaria: por la comunicación de vida divina que convierte a cada bautizado en miembro de la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, la libertad religiosa del cristiano no puede aislarse de la libertad de la Iglesia. No es concebible la libertad, sustantiva y real del cristiano sin un ordenamiento junto y objetivo de las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

La Iglesia católica es, además, una realidad social, con una trayectoria histórica largamente unida a las realidades sociales y a los acontecimientos más decisivos de nuestra historia, y como tal, sigue teniendo un peso específico que nadie niega.

La Iglesia católica en España, desde un punto de vista histórico y sociológico, no es una Iglesia más. Si la política ha de tener presente y respetar la vida real del pueblo, no puede desconocer que una mayoría importante de los ciudadanos españoles pertenecen a la Iglesia católica. Por eso, sin asomo de privilegios, el Estado habrá da contar muy especialmente con esa realidad histórica y actual que es la Iglesia católica, si no quiere ponerse de espaldas a la realidad sociológica, creando problemas más graves -siempre los problemas de conciencia tienen una dimensión especial- que lleguen a hacer imposible la convivencia pacifica entre todos los españoles. El bien del pueblo está exigiendo ese reconocimiento, hecho de independencia y colaboración, que garantice la auténtica libertad de los cristianos.

Se trata de hacer una Constitución para España, para esta España de hoy y de mañana. Por eso, nada de cuanto hemos dicho se opone a que en el ordenamiento civil se eviten las diferencias de los ciudadanos ante la ley y aun se reconozcan civilmente los derechos de los no creyentes. La Iglesia, como hemos repetido muchas veces, no quiere privilegios. Tan sólo quiere ser reconocida tal cual es, de manera que vea garantizada su libertad efectiva para predicar su mensaje y realizar su misión, que en definitiva es la de servir a los hombres.

Responsabilidad de los ciudadanos

No basta deshacer los equívocos. Es necesario, además, que recordemos a todos los hombres de buena voluntad, especialmente a los cristianos, la responsabilidad que tienen ahora todos los ciudadanos cuando se va a configurar con leyes, que todos quisiéramos permanentes, el futuro de la sociedad española.

No es correcto creer que se ha cumplido ya el deber ciudadano habiendo votado -hay que suponer que consciente y reflexivamente- a sus representantes. La responsabilidad de todos es permanente, para asegurarnos que nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestro concepto de la vida cristalizan en las leyes. Tampoco es correcto que los que han conseguido un cargo representativo se crean ahora totalmente libres para actuar en conformidad con sus ideologías o sus intereses personales. Los políticos deben trasladar a la estructuración política -a las leyes- la voluntad de sus representados, no la suya propia.

¡Respetad la voluntad del pueblo!

Las pasadas elecciones no llegaron a desvelar en detalle el pensamiento de los electores en problemas clave de la sociedad española, tales como el matrimonio, la educación, la auténtica libertad sindical, etc. Lo correcto y lo verdaderamente justo es que los legisladores auseulten seriamente las aspiraciones del pueblo que les ha elegido y que se esfuercen en que las leyes respondan a sus necesidades, a sus exigencias, a sus deseos.

No, sería correcto que unos u otros se aprovechasen del poder que tienen en un momento determinado para marcar con sus ideologías personales una Constitución que ha de ser para todos y que ha de recoger todos los valores que tiene nuestra sociedad.

Manteniéndonos en este terreno cumplimos nuestra promesa de no entrar en las discusiones puramente políticas, al propio tiempo que ejercemos nuestra misión religiosa defendiendo los valores eternos y proclamamos los valores éticos que están en la raíz de la persona humana -racional, libre, responsable- y defendiendo su trascendencia.

No cabe duda, además, de que las cuestiones referentes al matrimonio, a la familia, a la educación, a la auténtica libertad sindical habrán de entrar en la nueva Constitución y en las leyes que se están preparando. Nosotros hemos hablado ya sobre estos temas con la debida antelación, para que no apareciese nuestra intervención en medio de las discusiones políticas sobre ellos.

 

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