Autor: Sánchez Agesta, Luis. 
   El borrador de la Constitución     
 
 Ya.    25/11/1977.  Página: 7-8. Páginas: 2. Párrafos: 8. 

Y COLABORACIONES

Pag. 7 - YA

LA pequeña tempestad en un vaso de agua que ha sido la publicación del borrador

constitucional redactado por la ponencia ha escandalizado a algunos, ha irritado

a otros, pero ha divertido a muchos. En el fondo, creo que ha sido un hecho

afortunado, porque nos ha recordado a todos que estamos en un proceso

constituyente y permite la discusión pública de algo tan importante como la

definición de nuestro régimen político. Sobre todo, ha evitado que la

Constitución nazca repentinamente hecha y completa, sin una discusión honrada y

leal de su contenido, que es, en fin de cuentas, la base de un consentimiento

verdadero.

Empezaremos reconociendo que se trata, sin duda, de un borrador, y no del texto

acabado de un anteproyecto. Lo acredita así el descuido de redacción con que

algunas veces aparecen

fórmulas de compromiso en que claramente se ve que el compromiso no está todavía

maduro o no ha encontrado la palabra o palabras que lo expresen. Y así, por

ejemplo, lo revela esa fórmula que asume "la Monarquía parlamentaria en los

términos definidos en la Constitución" (1-3); o la que dice que el Estado

español "no es confesional" (art. 3); o la curiosa omisión del "idioma" en el

artículo 15, que señala las causas de discriminación en la igualdad; o la

complicada redacción con que el articulo 36 reconoce la libertad de empresa

dentro de una economía de mercado, unida a la "defensa de la productividad de

acuerdo con las exigencias de la economía general de la planificación

democrática". Y no digamos de ese artículo 28, en que se declara que todos los

españoles tienen derecho a disfrutar el medio ambiente.

HAY también en este borrador defectos corregibles de ordenación, como la de ese

artículo 14, en que se mezcla en un párrafo la declaración del derecho a acceder

a las funciones y cargos públicos, con otros párrafos en que se define la

situación jurídica de los extranjeros. O la definición de derechos con prioridad

a ese articulo 16, cabeza obligada de título o capítulo, en que "se reconoce la

dignidad intangible de la persona humana".

El texto tiene en general algo que no sé si llamar un defecto o un exceso. Me

refiero al empaque retórico de algunos artículos en que más que un proyecto

jurídico hay declaraciones propias de un preámbulo o del discurso con que la

ponencia deba presentar el texto a las Cortes. Así, por ejemplo, el artículo 10,

que analiza las condiciones de la concepción positiva de la libertad como un

deber de promover las condiciones que la hagan efectiva, removiendo los

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. O el precepto del artículo 37,

en que se razona el reforzamiento del amparo de los derechos de los disminuidos

físicos y mentales y personas incapacitadas, sin indicar, por otra parte, en qué

consiste ese "reforzamiento".

UNO no se atreve apenas a hacer una crítica de este texto, que está claramente

sujeto a revisión. Sin duda, era más afortunada la redacción de la Constitución

de 1931 al proclamar que "el Estado español utilizará las normas universales del

Derecho Internacional, incorporándolas a su Derecho positivo, "que el precepto

del artículo 7.º, que afirma que las normas generales de Derecho Internacional

"tienen fuerza de ley en el ordenamiento jurídico interno". Los jueces van a

tener no poco trabajo dilucidando cuáles son esas "normas generales del Derecho

Internacional" que se Incorporan sin más a nuestro ordenamiento jurídico. Y

tampoco parece muy afortunada la fórmula del párrafo 3.º de ese mismo articulo,

redactada sin duda con vistas a la Incorporación de España al Mercado Común,

sobre todo en su coletilla final, que exige que la atribución de competencias

constitucionales a organizaciones internacionales "se efectúe en régimen de

paridad". Sin duda hay más buena intención que claridad jurídica.

Incluso en terrenos tan trillados como el de la libertad individual, la

redacción es complicada, y quizás el texto resultaría más claro si se hubiera

tenido en cuenta la formulación, por ejemplo, de este derecho en los artículos

4.º y 5.º de la Constitución de 1876, que prevenía incluso el recurso de "habeas

corpus" (no el procedimiento), sin designarlo con este término propio del

derecho anglosajón, actualizándolo si se quería con algún requisito más, como la

declaración en presencia de un letradp y. desde luego, sin olvidar el trámite de

audiencia del acusado como un requisito esencial de todo proceso punitivo.

DIGAMOS, por último, en estas observaciones de carácter general que no hay

ninguna sistematización de los deberes, aunque aparezcan aquí o allá

reconocidos, directa o indirectamente, los deberes militares (art. 29), los

fiscales (art. 34), el "deber al trabajo" tart. 35) y los deberes generales de

respetar la ley y los derechos de los demás (art. 16) y el "deber de respetar el

medio ambiente".

El texto, y creo que en este aspecto radica su mayor virtud, ¿s un texto de

compromiso, que deja abierta la posibilidad de distintas opciones en el orden

económico-social. Pero este tema, así como su forma de enfrentarse a otros

problemas que pueden ser un principio de división entre los españoles, merecen

una consideración separada.

Luis SÁNCHEZ AGESTA

 

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