Borrador de la Constitución     
 
 Arriba.    26/11/1977.  Página: 15-17. Páginas: 3. Párrafos: 225. 

DE LA CONSTITUCIÓN

(Reserva de UCD Informe Consejo de Estado.)

Artículo 80.—1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno y a los

diputados, bien directamente, o bien a través de los grupos parlamentarios.

2. El Senado podrá solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley

o remitir ante la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha

Cámara un máximo de tres senadores, encargados de su defensa.

(Reserva de AP)

3. El mismo derecho podrá ejercerse también por las asambleas respectivas

de tas reglones autónomas y demás entes territoriales a los que se les reconozca

por ley.

En ambos supuestos se actuará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado

anterior.

4. Los proyectos de ley de! Gobierno serán aprobados en Consejo

de Ministros, y siempre que se trate de leyes orgánicas o leyes de bases

irán acompañados del Informe del Consejo de Estado.

(Reserva UCD. Abstención PC.)

5. Cuando se trate de un Código o de otros textos elaborados por la Comisión

General de Codificación, irán acompañados por el dictamen de ésta.

(Reserva UCD. Abstención PC.)

6. En todo caso irán acompañados de una exposición de motivos y de cuantos

antecedentes establezca una ley Orgánica de Régimen Jurídico de la

Administración, sin perjuicio de las que reclamen las Cámaras.

(Voto particular de AP por no Incluir Iniciativa popular. Reserva UCD.

Abstención PC.)

Disposición transitoria

1. La legislación vigente, que con arreglo a los artículos del presente título,

regula materias de carácter reglamentarlo, será objeto de catalogación en

listas propuestas por el Gobierno, previo informe del Consejo de Estado.

2. El Gobierno podrá derogar o modificar cada una de dichas leyes por decreto,

previa consulta al Congreso durante el plazo de dos meses, en el cual éste podrá

ejercer la facultad prevista en el apartado n) del artículo 73. salvo siempre la

posibilidad de recurso ante el Tribunal de Garantías Constitucionales,

Articulo 81.—Las proposiciones de ley se regularán por los reglamentos de modo

que la prioridad debida a tos proyectos del Gobierno no impida la garantía

efectiva de la capacidad de propuesta de los grupos parlamentarios y de los

miembros individuales de las Cámaras, sin perjuicio de un debate previo de toma

en consideración y sin que sea necesario la autorización del Gobierno.

(Voto particular PC [toma en conslde ración ]. Reserva UCD [debate previo].)

Artículo 82.—1. Aprobado por el Congreso un proyecto o proposición de ley, el

presidente de dicha Cámara dará inmediata cuenta del mismo al presidente del

Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. El Senado, en el plazo de

un mes, a partir del día de su recepción, puede, mediante mensaje motivado,

poner su veto al proyecto aprobado por el Congreso de Diputados. En este caso,

el proyecto no podrá ser sometido al Rey para su sanción y promulgación, salvo

que el Congreso acepte las enmiendas propuestas por el Senado o adopte por

mayoría absoluta de sus miembros el texto primeramente aprobado. El plazo de un

mes se reducirá aI de diez días naturales en los proyectos declarados urgentes

por el Gobierno o por el Congreso de Diputados.

2. Competencia legislativa del Senado (pendiente de redacción).

(Reserva de AP.)

Artículo 83.—Las leyes aprobadas definitivamente por las Cortes generales serán

sancionadas por el Rey en el plazo de quince días, promulgándose y ordenándose

Inmediatamente su publicación.

Artículo 84.—1. La aprobación de leyes aprobadas por las Cortes y aún no

sancionadas o de decisiones políticas de especial trascendencia y la derogación

de leyes en vigor podrán ser sometidas a referéndum de los ciudadanos.

2. El referéndum será convocado por el Rey a propuesta del Gobierno, bien por

propia ini

ciativa, bien a iniciativa de cualquiera de las dos Cámaras, de tres asambleas

regionales o de 500.000 electores.

3. Una ley orgánica regulará las condiciones y los efectos del referéndum a que

se refieren los apartados anteriores.

Gobierno y Cortes

Artículo 85.—1. Al iniciarse cada legislatura, y en los demás supuestos

constitucionales en que proceda, el Congreso de Diputados, sin debate previo

alguno, elegirá al Presidente del Gobierno de entre los candidatos propuestos

por los grupos parlamentarios. Será elegido quien reuniese el voto de la mayoría

absoluta de los diputados que componen la Cámara, y al Rey le nombraría

Presidente del Gobierno.

2. Si ninguno de los candidatos obtuviese la mayoría absoluta de los

sufragios en tres votaciones celebradas en días consecutivos, será elegido

el candidato que obtuviese en siguiente votación 1a mayoría refatlva de los

votos. El candidato así elegido deberá, en el plazo de siete días, formar

Gobierno y comparecer ante el Congreso para recibir la confianza de éste por

voto de la mayoría absoluta de sus miembros. El Rey nombrará presidente del

Gobierno aI candidato así elegido y confirmado.

Reserva PC y Vasco Catalán por mayoría absoluta.)

3. SI no fuese posible la designación de un presidente del

Gobierno por los procedimientos previstos en los párrafos anteriores, el Rey

disolverá el Congreso de Diputados y convocará nuevas elecciones.

Artículo 86.—1. El Gobierno responde políticamente de su gestión de modo

colectivo ante el Congreso de Diputados.

2. Al menos en cada sesión ordinaria del Congreso se celebrarán dos debates

sobre la orientación de la política general del Gobierno.

3. El Gobierno puede formular declaraciones de política general ante ambas

Cámaras.

Artículo 87.—Las cámaras podrán recabar la información que precisen del Gobierno

y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades, Incluyendo las de las

organizaciones autónomas.

Artículo 88.—1. Los reglamentos de las Cámaras regularán el sistema de ruegos y

preguntas al Gobierno.

2. Los diputados y senadores podrán interpelar al Presidente

y a los miembros del Gobierno.

3. Los Reglamentos de las Cámaras establecerán las condiciones y el

procedimiento, reservando un día a la semana para la eficacia del sistema.

4. Toda interpelación dará lugar a una moción, en la cual la Cámara exprese

su opinión sobre la respuesta del Gobierno.

(Reserva PC por no Inclusión articulo 15,2 de su texto, orientadoras a definir

directrices).

Artículo 89.—El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de

Ministros, puede plantear ante el Congreso de Diputados la cuestión de confianza

sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza

solamente se entenderá negada cuando voten en contra de la misma la mayoría

absoluta de los diputados.

(Reserva PC y PSOE. Reserva de UCD [cuestión de confianza sobre un texto

legislativo].)

Artículo 90.—1. El Congreso de Diputados exige la responsabilidad política del

Gobierno mediante la adopción, por mayoría absoluta, de la moción de censura.

2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los

diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno, que se

entenderá elegido en caso que el Congreso adoptara la moción.

3. La votación de la moción de censura no podrá celebrarse hasta que

transcurran cuarenta y ocho horas de su presentación, durante las que podrán

presentarse otras mociones alternativas y otras setenta y dos horas más para

los acuerdos que procedan entre los grupos parlamentarios.

4. Si la moción de censura no fuese aprobada por el Congreso, sus

signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

(Voto particular PSOE y PCE.)

Artículo 91.—1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste deberá

presentar su dimisión al Rey, precediéndose a continuación a la designación de

nuevo Presidente de Gobierno, según lo dispuesto en el artículo ...

2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su

dimisión al Rey, y éste nombrará nuevo Presidente del Gobierno al candidato

elegido por las Cortes al

adoptar la moción, según dispone el artículo.

Disolución de las Cámaras

Artículo 92.—1. El Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, y previa

consulta con los presidentes de ambas Cámaras, podrá disolverlas.

2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite

una moción de censura.

3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la

anterior, salvo lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 63.

4. Las elecciones para la Cámara disuelta tendrán lugar no antes da treinta

días ni más tarde de los cincuenta después de la disolución. La Cámara o

Cámaras electas deberán ser convocadas dentro de los veinticinco días

siguientes a la celebración de las elecciones.

(Reserva de AP [Consejo Real], PSOE y PC [artículo 14,2, texto de este grupo].)

Artículo 93.—El Presidente y los Ministros son penalmente responsables por los

actos que cometan en el ejercicio de sus funciones. Dicha responsabilidad será

exigida ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

(Voto particular de AP [articulo 38 de su texto].)

Artículo 94.—El Gobierno dirige la política general, la Administración y la

defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de

acuerdo con la Constitución y las leyes.

Artículo 95.— 1. El Gobierno se compone del Presidente, en su caso, de los

vicepresidentes, y de los demás miembros que establezca la ley que regule la

organización y composición de aquél y la distribución de competencias entre sus

componentes.

2. El Gobierno responde colectivamente de su gestión.

Artículo 96.— 1. El Presidente del Gobierno es nombrado por el Rey en los

términos previstos en el artículo ...

2. Los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey a

propuesta del Presidente de aquél.

Artículo 97.— El Presidente del Gobierno dirige la acción de éste y distribuye y

coordina las funciones de los demás miembros de aquél sin perjuicio de la

responsabilidad directa de estos por la gestión de sus Departamentos.

Artículo 98.— 1. El Gobierno cesa por la celebración de elecciones generales, en

caso de pérdida de la confianza parlamentaria o por dimisión de su Presidente.

2. En los dos últimos supuestos los demás miembros siguen en funciones hasta la

formación de nuevo Gobierno.

Artículo 99. — Podrán nombrarse vicepresidentes, en número máximo de tres, que

sustituirán por su orden al Presidente.

Este podrá delegar en ellos las atribuciones que juzgue oportuno. De no existir

vicepresidente, la sustitución corresponde al Ministro que se designe.

(Voto particular minoría cafalana.)

Artículo 100.— 1 Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones

representativas que no sean las derivadas del mandato parlamentario.

2. Los miembros del Gobierno no podrán desempeñar ninguna actividad o ejercer

función pública o privada que dañe la confianza depositada en ellos.

3. Una ley Orgánica regulará las incompatibilidades. Estatuto y Fuero de los

miembros del Gobierno.

Artículo 101.— 1. La Administración Pública en todos sus ámbitos se ordena de

acuerdo con los principios de descentralización y desconcentración y actúa

coordinadamente para el cumplimiento de las funciones del Estado.

2. La Administración del Estado y sus órganos periféricos son creados,

establecidos y coordinados por el Gobierno de acuerdo con la ley.

3. La ley regulará el Estatuto de los funcionarios públicos

y garantizará la neutralidad po

PAG. SIGUIENTE

• Pese a todo, amplio consenso entre los miembros de la comisión

• AP y PSOE, los mas reticentes

• Los últimos artículos en conocerse hacen referencia a las autonomías,

Fuerzas Armadas, Gobierno y Economía

Arriba 1*

BORRADOR DE IA CONSTITUCIOr,

* * PAG. ANTERIOR

lítica en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 102.—1. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del

Gobierno. La ley regulará su composición y competencias.

El poder judicial

Artículo 103.—1. La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey.

por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes,

inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

(AP. Reserva técnica por empleo "poder ¡udldal")

2. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de proceso,

juzgado y haciendo ejecutar lo juzgado e imponiendo penas, corresponde en

exclusiva a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las

normas de competencia y procedimiento que las mismas establecen.

3. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y

funcionamiento de fos Tribunales. La ley regulará eI ejercicio de la justicia

militar en el ámbito estrictamente castrense y de acuerdo con los principios de

la Constitución.

{PSOE. voto particular en cuanto al último párrafo número segundo de su texto.)

4. Se prohíben los Tribunales de excepción, salvo lo dispuesto en cuanto a

los estados de guerra [y de excepción].

(Tribunales de honor, voto particular PSOE y PC, por su no exclusión expresa.)

Artículo 104.—Todos deben acatar las decisiones firmes de los Tribunales y

prestar la colaboración que éstos les requieren en el desarrollo del proceso y

en la ejecución de las sentencias y demás resoluciones judiciales.

Articulo 105.—La justicia es gratuita en el orden penal y laboral; también lo es

en el civil y contencioso administrativo, cuando los disponga la ley, y en todo

caso respecto a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Artículo 106.—1. La legislación procesal se inspirará en los principios de

eficacia, rapidez y economía.

2. Las actuaciones judiciales serán públicas, salvo el secreto de

investigación sumarial. Podrán acordarse excepciónalmente la celebración a

puerta cerrada por resolución motivada y causa grave.

3. Toda la sentencia ha de ser motivada y pronunciada en

audiencia pública.

4. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia

criminal.

5. Está autorizado el análisis y critica de las resoluciones Judiciales,

siempre que no implique desacato a los Tribunales o a sus miembros y con res

peto a la ejecución de la resolución firme.

(Empate. A favor: AP, PC y PSOE; en contra: UDC; ausente: MC.)

Artículo 107.—Los errores judiciales darán derecho al perjudicado a una

indemnización conforme a la ley.

Artículo 108.—1. La ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución,

funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el Estatuto

jurídico de los jueces y magistrados y del personal al servicio de la

Administración de Justicia, de acuerdo con los principios democráticos que

inspiran la Constitución y especialmente con las disposiciones del presente

Título.

2. El Consejo general del Poder Judicial ejercerá las funciones que le

atribuya la ley Orgánica del Poder Judicial, especialmente en materia de

nombramientos, ascensos e inspecciones.

3. Su presidente será el del Tribunal Supremo.

Los demás miembros serán nombrados por el Rey en la forma siguiente:

Cuatro, a propuesta del Congreso de los Diputados, de entre personas de

reconocida competencla en materia jurídica; cuatro, a propuesta de los jueces y

magistrados, entre los miembros del poder judicial; dos, a propuesta del

Gobierno.

(Reserva UCD por consíltuclonallzación de la composición.)

4. La ley Orgánica establecerá el Estatuto del Consejo y de sus

miembros, la duración de su mandato y demás características del mismo.

5. Los territorios judiciales deberán coincidir con los de las unidades

territoriales de autogobierno (?). La ley fijará la composiclón y

funcionamiento de los órganos de Gobierno de aquéllos (?).

Tribunal Supremo

Artículo 109.—1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España y en todos

los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, será

el Órgano Jurisdiccional Superior al que corresponderá la competencia en materia

de casación (y la elaboración consiguiente de la doctrina legal).

2. El presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey a propuesta del

Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

(Voto particular PC y PSOE UCD reserva por constitucionalización del

nombramiento.)

Articulo 110.—1. El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la

justicia en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por la

ley, de oficio o a petición de los Interesados: velar por la independencia da

los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

2. El Ministerio Fiscal es también el órgano de comunicación entre el

Gobierno y los órganos de la Justicia, ejerciendo sus funciones por medio de

órganos propios ordenados conforme a principios de unidad de actuación y

dependencia Jerárquica y con sujeción en todo caso a los de legalidad e

imparcialidad.

(Reserva PC y PSOE.)

3. El Ministerio Fiscal se regirá por su Estatuto orgánico.

4. El nombramiento de fiscal del Tribunal Supremo se hará en la forma

establecida para el del presidente de dicho Tribunal.

(Voto particular UCD.)

Artículo 111.—1. Los ciudadanos participarán en le administración de justicia en

los casos y formas que las leyes establezcan.

(PSOE voto particular por no inclusión.)

Artículo 112.—La Policía judicial dependerá de los Tribunales y del Ministerio

Fiscal en sus funciones de averiguación del delito, descubrimiento y

aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

(Reserva UCD.)

Artículo 113.—1. Los jueces y magistrados mientras se hallen en activo no podrán

desempeñar cargos públicos ni actuar públicamente como miembros de un partido

político.

(Civil y criminal. Jueces y magistrados. PC, voto particular.)

2. La ley establecerá el régimen de incompatlbilidades de los miembros del

Poder Judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.

(UCD y AP. voto particular.)

3. Se reconoce a los miembros del Poder Judicial el derecho a formar

asociaciones profesionales.

HACIENDA Y ECONOMÍA

Artículo 114.—1. La competencia originaria para establecer tributos corresponde

exclusivamente al Estado.

(UCD. reserva por no inclusión principio legalidad tributaria.)

2. (Las unidades territoriales de autogobierno) y las Cortes locales

podrán establecer y exigir tributos dentro de los límites fijados por las leyes.

3. No podrán realizarse gastos del Estado ni podrán contraerse, obligaciones

financieras del mismo sin la previa autorización o aprobación de las Cortes.

(UCD. voto particular.)

4. Toda exención o desgravación fiscal deberá establecerse en virtud de ley

votada por las Cortes generales.

(Privilegios fiscales: Voto particular de AP por su no inclusión.)

Artículo 115.—Las cuestiones relacionadas con la Hacienda Pública serán

reguladas por una ley orgánica de administración y contabilidad.

(Reserva técnica de Unión de Centro Democrático.)

Artículo 116.—1. Corresponde al Gobierno la elaboración del presupuesto de

gastos e ingresos del Estado, y a las Cortes generales su examen, enmienda y

aprobación.

2. El presupuesto general del Estado incluirá la totalidad de los gastos e

ingresos del (sec

tor público estatal) y tendrá carácter anual, salvo en lo relativo a

inversiones; en este caso, las anualidades deberán constar expresamente.

(Reserva UCD.)

3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados el

presupuesto general del Estado, al menos tres meses antes de la

expiración del anterior.

4. Si no pudiera ser votado antes del primer día del año económico

siguiente, se prorrogará por trimestres la vigencia del último presupuesto, sin

que estas prórrogas puedan exceder de cuatro.

5. Aprobado el presupuesto general del Estado, únicamente el Gobierno

podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento de los gastos

públicos o disminución de los ingresos, y toda proposición o enmienda que

entrañe aumento de gastos o disminución de ingresos, requerirá la conformidad

del Gobierno para su tramitación.

6. La ley de Presupuestos no puede crear nuevos impuestos.

Articulo 116 bis.—El Gobierno necesita estar autorizado por la ley para disponer

de las propiedades del Estado. Será nulo todo (acto) que infrinja este precepto.

Artículo 117.—1. Toda ley que autorice al Gobierno para emitir Deuda Pública o

tomar créditos en cualquier forma, habrá de contener las condiciones de la

emisión o del crédito.

2. La Deuda Pública está bajo la salvaguardia del Estado. El crédito necesario

para satisfacer el pago de intereses y capital se entenderá siempre incluida en

el estado de gastos del presupuesto y no podrá ser objeto de discusión mientras

se ajuste estrictamente a las leyes que autorizan la emisión. De idénticas

garantías disfrutará en general toda operación que implique directa o

indirectamente responsabilidad económica del Tesoro, siempre que se dé el mismo

supuesto.

Artículo 118.—1. Las cuentas del Estado se rendirán anualmente y serán

censuradas por el Tribunal de Cuentas. Este, sin perjuicio de la efectividad de

sus acuerdos, remitirá a las Cortes un Informe anual, en el que, cuando proceda,

comunicará les Infracciones o responsabilidades ministeriales en que, a su

juicio, se hubiera incurrido.

2. El Tribunal de Cuentas es el órgano fiscalizador de todas las cuentas del

Estado. Dependerá directamente de las Cortes y ejercerá sus funciones por

delegación de ellas.

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma inamovílidad o

independencia que los Jueces.

4. Una ley orgánica regulará su organización, competencia y funcionamiento.

Artículo 119.—1. Toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual

sea su titularidad, está subordinada a los intereses generales, y podrá ser

objeto de expropiación forzosa con arreglo a la Constitución y a las leyes.

2. Los poderes públicos podrán intervenir conforme a la ley, en la

dirección, coordinación y explotación de las empresas cuando así lo exigieren

los intereses generales.

3. La ley podrá reservar orlginariamente al sector público los servicios

públicos esenciales, explotación de fuentes de energía o actividades que

constituyan monopolio.

4. La ley podrá establecer modalidades y procedimientos especiales de

expropiación.

(Reserva técnica UCD.)

Artículo 120.—Le ley establecerá las formas de participación de los interesados

en la actividad de todos los organismos públicos cuya función afecte a la

calidad de la vida o al bienestar social.

Artículo 121.—1. El Estado protegerá a los agricultores, ganaderos y pescadores

mediante una legislación para la modernización de dichos sectores, a fin de

equipararlos en condiciones de desarrollo y nivel de vida a la del resto de los

ciudadanos.

(PSOE, reconsideración artículos segundo y cuarto del documento de su grupo;

voto particular, por no inclusión.)

Deberá ser regulado por ley el derecho a las autonomías y los de reunión y

manifestación

16 Arriba

BORRADOR DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 122.—1. El Estado podrá planificar la actividad económica para atender

a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y

sectorial, y estimular el crecimiento de la riqueza del país.

2. Para la elaboración del plan, el Gobierno atenderá a las previsiones que le

sean suministradas por las unidades territoriales de autogobierno y al

asesoramiento y colaboración de las centrales sindicales y organizaciones

empresariales, mediante la constitución de un consejo. cuya composición y

funciones se desarrollará por ley.

Fuerzas Armadas, de Orden Público y estados de excepción

Artículo 123.—1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la

Armada y eI Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e

independencia de España, defender su integridad territorial y proteger el

ordenamiento constitucional.

2. Una ley orgánica regulará los principios básicos de la organización militar,

dentro de los de la presente Constitución y la composición y funciones de una

Junta Superior (de la Defensa), como órgano asesor del Gobierno en los asuntos

relativos a la defensa; así como de una Junta de Jefes de Estado Mayor, como

órgano colegiado superior del mando militar de las Fuerzas Armadas.

Articulo 124.—1. Las Fuerzas de Orden Público tendrán como misión defender el

ordenamiento constitucional, proteger el libre ejercicio de los derechos y

libertades de los ciudadanos y garantizar la seguridad personal de éstos.

2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y

Estatuto de las Fuerzas de Orden Público.

Artículo 125.—1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y

de sitio y las competencias y limitaciones correspondientes.

2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno hasta un máximo de

dos semanas, dando cuenta inmediata al Congreso de los Diputados.

(Artículo séptimo, AP reconsideración en segunda lectura.)

3. El estado de excepción será declarado por el Congreso de los Diputados,

a propuesta exclusiva del Gobierno. Tendrá un plazo máximo de un mes.

prorrogable por otro. El Congreso determinará igualmente la parte del

territorio afectado.

4. El estado de sitio será declarado por el Congreso de los Diputados, a

propuesta exclusiva del Gobierno y por mayoría absoluta. E! Congreso

determinará su duración y condiciones.

5. La declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no

modificará el principio de responsabilidad del Gobierno y sus agentes,

reconocido en la Constitución y las leyes.

De la reforma de la Constitución

Artículo 126. — La Iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los

términos del artículo... (80).

( AP, voto particular.)

Artículo 127. — 1. Las propuestas de reforma constitucional, cuando fueren de

carácter parcial, deberán ser aprobadas por la mayoría de los dos tercios de

cada Cámara y sometidas a referéndum.

2. Cuando se propusiera la revisión total, se procederá a la aprobación

del principio por la mayoría de los dos tercios de cada Cámara y a la

disolución inmediata de las Cortes.

3. Las nuevas Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al

estudio del nuevo texto constitucional. Este deberá ser aprobado por mayoría

absoluta de ambas Cámaras y sometido a referéndum.

(UCD. voto particular. Voto particular PC. por referéndum y disolución.)

4. Se entenderá que es revisión total la que afecte a más de la mitad de

los artículos de la Constitución o a un título completo de la misma.

(lrreformabilidad: AP. voto

particular por su no inclusión.)

Articulo 128.—1. En caso de desacuerdo entre las Cámaras, se intentará

resolverlo en una conferencia conjunta integrada por miembros de las dos

Cámaras, en proporción a su número.

2. De no lograrse el acuerdo, resolverá en definitiva el

Congreso por mayoría de dos tercios.

3. De no lograrse dicho quóruh. quedará sin efecto la reforma.

(UCD. abstención. PC, voto en contra.)

Artículo 129.~No procede la reforma constitucional, ni trámite alguno de los

indicados, en tiempo de guerra o de declaración de algunos de los estados de

excepción.

Garantías

Artículo 130. — 1. Los miembros del Tribuna! de Garantías serán nombrados por el

Rey.

A propuesta del Gobierno.

A propuesta del Congreso.

A propuesta del Senado.

A propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

2, Los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales deberán ser

nombrados entre magistrados y fiscales profesores numerarios de

Facultades de Derecho y Ciencias Políticas de cualquier Universidad española y

abogados, todos ellos con más de veinte años de ejercicio profesional.

3. Los miembros del Tribu

nal de Garantías serán designados por un período de nueve años y se renovarán

por terceras partes cada tres años.

4. La condición de miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales es

incompatible con todo mandato representativo, cargo político o administrativo,

función judicial y fiscal, ejercicio de la carrera forense, pertenencia a la

Directiva de un partido político o empleo al servicio del mismo, y en general

tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial. Serán

asimismo independientes e inamovibles durante el ejercicio de su mandato.

Artículo 131.—El Tribunal de Garantías Constitucionales será presidido por aquel

de sus miembros que el Rey designe cada tres años a propuesta del mismo Tribunal

en Pleno.

Articulo 132.—El Tribunal de Garantías Constitucionales tiene Jurisdicción en

todo un territorio del Estado y eS competente para conocer de las siguientes

materias.

a) De la declaración de inconstitucionalidad de leyes y normas con

fuerza de ley del Estado y de las Unidades Territoriales de Autogobierno.

b) De los conflictos Jurídicos entre los órganos centrales y los de

las Unidades Territoriales de Autogobierno y los de éstas entre sí.

c) De los recursos de amparo por violación de los dererechos

establecidos en el Título II de la presente Constitución, cuando se hubieran

agotado los demás recursos.

d) En los demás casos previstos en la Constitución o en las leyes.

Función de Interpretación: pendiente pare segunda lectura.

(PSOE. voto particular por no Inclusión de jurlsprudenda del TS.)

Artículo 133.—1. Están legitimados para interponer el recurso de

inconstitucionalidad el presidente del Congreso de los Diputados, el presidente

del Senado, el Presidente del Gobierno, los presidentes de los Parlamentos de

las Unidades Territoriales de Autogobierno, los presidentes de los Consejos

Ejecutivos de las mismas, el defensor del pueblo, 50 diputados, 25 senadores.

2. Están legitimados para Interponer el recurso de amparo toda persona

natural o jurídica que invoque un interés legitimo o del defensor del

pueblo previsto en al articulo ...

3. Están legitimados para plantear los conflictos Jurídicos a que se

refiere el art. 132 b) el Gobierno o los órganos supremos de las Unidades

Territoriales de Autogobierno, según los casos.

4. En los supuestos previstos en el artículo d) del artícu lo 132, las

personas naturales o jurídicas previstas en las respectlvas leyes orgánicas o

en las específicas del propio Tribunal de Garantías.

5. Cuando algún juez o Tribunal de oficio considere en algún proceso que una

norma legal invocada puede ser contraria a la Constitución, elevará consulta al

Tribunal de Garantías Constitucionales para que decida sobre la

constitucionalidad de la misma.

Artículo 134.—Las sentencias del Tribunal de Garantías Constitucionales tienen

efectos plenos e inmediatos a partir del día siguiente a su publicación en el

"Boletín Oficial del Estado"; tienen eficacia frente a todos y no cabe recurso

contra ellas.

Salvo que en le sentencia se disponga otra cosa, se aplicará el principio de

conservación de la norma para todas aquellas partes de la ley que no estén

afectadas por la insconstituclonalidad. Se respetarán los derechos adquiridos

por terceros de buena fe hasta él momento de la publicación del fallo.

Artículo 135.—Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal de

Garantías Constitucionales, el Estatuto de sus miembros y el procedimiento ante

el mismo.

Autonomías

El título octavo y último del borrador constitucional está dedicado al tema de

las autonomías, y contiene dieciocho artículos —del 136 al 153— (ARRIBA publicó

ayer los artículos comprendidos entre el 135 y 151, ambos inclusive, en los que

se contempla, entre otras cosas, la población mínima que necesita un territorio

para ser autónomo, los trámites que deben cumplimentarse para su constitución,

las atribuciones que se le confieren, las materias de exclusiva competencia del

Estado y las fuentes para constituir los recursos de tos territorios autónomos.

Artículo 151 bis.—La Ley regulará:

e) La participación de los ciudadanos a través de las organizaciones y

asociaciones reconocidas por la ley en la formación de las decisiones

administrativas que les afecten.

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos con

las solas limitaciones que exijan la seguridad y defensa del Estado o la

intimidad de las personas.

c) El procedimiento a través del cual los actos administrativos deben

producirse.

d) La sumisión de las disposiciones y resoluciones administrativas a los

principios de jerarquía normativa e inderogabilidad singular de los

reglamentos.

Artículo 151 [tercero].—Toda la actividad de la Administración Pública está

sometlda al control Jurisdiccional.

Los tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa y el

sometimiento a los fines que la Justifican.

Artículo 152.—Las formas de colaboración financiera entre dos o más territorios

autónomos y entre éstos y el Estado será competencia del Estado.

Artículo 153. —Los territorios autónomos elaboraran su presupuesto anual, con

equilibrio de ingresos y gastos, sin perjuicio de la posibilidad en la formación

de presupuestos extraordinarios a financiar con cargo a sus recursos específicos

o a los procedentes de operaciones de créditos.

Principios de acuerdos

1) Se aprueba sin redacción específica una disposición transitoria que

reconozca la especialidad de las nacionalidades y regiones dotadas de

regímenes preautonómicos, en los que la iniciativa para dotarse de un

régimen definitivo de autogobierno corresponderá a los órganos ya existentes.

2) Hacienda de los territorios autónomos. Se acuerda que la potestad

tributaria derivada de los territorios autónomos permitirá la libre

creación de tasas y contribuciones especiales y por lo que se refiere a los

impuestos, tendrá competencia, de acuerdo con una lista que vendrá fijada en la

Constitución. En principio, dichos Impuestos serían los que pudieran

territorializarse y. como ejemplo, los que gravan determinadas ventas

y el comercio al detall; en caso de coincidencia con las figuras impositivas

del Estado, los hechos imponibles y bases aplicables serían las

mismas que los de éste.

3) Orden público. Sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías

territoriales que coadyuven al mantenimiento del orden público en la

forma en que acordase por los Estatutos, y acuerdos sobre la transferencia de

competencias.

4." Procedimiento de elaboración y aprobación del Estatuto autónomo.

1) Aprobado por la Asamblea de Parlamentarios un texto común, una comisión

especial del Congreso, constituida con el criterio de representación

proporcional de todos los grupos parlamentarios, examinará, con el concurso y

asistencia de una delegación de aquella Asamblea, el texto propuesto, con el fin

de alcanzar en el plazo de tres meses un acuerdo sobre su contenido definitivo.

2] Si se alcanzara dicha conformidad, el texto resultante será sometido a

referéndum, en bloque y en el ámbito territorial que pretenda extenderse su

validez, para su ratificación o denegación.

3) Si el proyecto de Estatuto es aprobado por la mayoría absoluta de los

votos válidamente emitidos será elevado a las Cortes Generales para su

aprobación definitiva en una sola votación.

4) De no alcanzarse la conformidad entre las delegaciones de la Asamblea y

la comisión especial del Congreso, el proyecto de Estatuto será tramitado como

proyecto de ley ente éstas. Los textos aprobados por las mismas serán

sometidos a referéndum de los electores inscritos en el censo electoral de la o

las provincias que pretendan constituirse en región.

Son necesarias, al menos, doce leyes básicas pora desarrollar el texto

constitucional

Sábado 26 novbre. 1977

Arriba 17

 

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