No hay paso atrás, sino adelante     
 
 Ya.    26/11/1977.  Página: 5. Páginas: 1. Párrafos: 5. 

NO HAY PASO ATRÁS, SINO ADELANTE

EN tu debido momento y en un momento histórico para el pueblo español, el

cardenal Enrique y Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal Española,

intervino públicamente para afirmar un conjunto de derechos humanos

fundamentales que los nuevos tiempos del Estado y las nuevas autoridades no

podían ignorar. Nos referimos a la homilía que el cardenal pronunció en la

iglesia de San Jerónimo el Real ante Sus Majestades los Reyes de España en la

ceremonia que, para entenderse, el pueblo ha llamado de su entronización.

Aquella homilía mereció los más sinceros y elogiosos aplausos por parte de

quienes exigían o, simplemente, auspiciaban una sociedad democrática sobre la

base de un claro reconocimiento jurídico de los derechos cívicos, políticos y

sociales.

EL mismo cardenal presidente de la Conferencia Episcopal, a dos años

justos de distancia, acaba de dar un paso adelante, y no como se ha

dicho con excesiva precipitación, un paso atrás. De la defensa de

Ios derechos individuales pasa el cardenal Enrique y Tarancón,

en su discurso de apertura de la XXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia

Episcopal Española, a solicitar garantías jurídicas en la nueva Constitución

para los derechos de una gran parte del pueblo español en cuanto colectividad

que profesa una determinada confesión religiosa; en el caso

concreto, la católica. Quien ayer defendió los derechos individuales de

los ciudadanos, defiende hoy, con igual elevación de miras, los derechos

colectivos de esos mismos ciudadanos, o, al menos, de una gran

mayoría de ellos. Sólo se nos ocurre sugerir que, si esta realidad social

es de tanta importancia, resultaría muy antidemocrática que la nueva

Constitución la ignorara de plano y procediere como si tal hecho no tuviere

incidencia alguna en la convivencia ciudadana.

A esto se ha limitado la palabra responsable y clara del cardenal Enrique y

Tarancón. No ha pedido la confesionalídad del Estado. No ha rechazado la

hipótesis de una Constitución "laica". Ha afirmado que la Iglesia y el Estado

han de ser plenamente independientes en sus respectivas esferas. Ha propiciado a

este respecto la "separación"; pero ha advertido que la independencia y la

separación no deben confundirse con la ignorancia y el separacíonismo. Ni los

Estados democráticos de Europa ignoran la existencia de la Iglesia ni la

separación de ambas realidades ha impedido la mutua colaboración. Basta con

asomarse a la legislación y a la vida politica de los otros países europeos para

advertir cómo, en el ámbito de la no confesionalidad y aun de la separación,

existe una colaboración mutua entre la Iglesia y el Estado, y en ningún caso un

mutuo desconocimiento.

NADA tiene la Iglesia, en cuanto Iglesia, contra una hipotética ley del

divorcio u otras que afecten a la familia. Las responsabilidades inherentes a la

fe son propias y exclusivas da quienes libremente profesan la fe católica] pero

todos los ciudadanos, católicos y no católicos, tienen derecho y obligación de

discernir lo más conveníente en este momento para la convivencia justa y

pacífica del país; y todos los ciudadanos tienen derecho a solicitar una

correcta información sobre estos «Miremos o quienes ellos consideren más

oportuno, ¿Sería democrático que se exigiera que la Iglesia, en la palabra de su

jerarquía, no dijera nada? Calificar la voz de la jerarquía a los fieles como

"presión moral" es hacer de menos a los ciudadanos que en ella confían. No

parece que esta juicio peyorativo sea demasiado democrático.

NADA tiene que ver, por último, ni la confesionalidad ni la separación entre la

Iglesia y el Estado con al tema de la subvención estatal a los centros no

estatales de enseñanza. La subvención a la enseñanza libre, sea o no

confesional, se basa en un derecho fundamental de las familias y de los mismos

alumnos. Asi lo reconocen los textos internacionales más válidos del mundo

moderno. Cuando la Iglesia exiqe que sa reconozca este derecho, su exigencia

mira a defender un derecho fundamental de los ciudadanos y de las instituciones

a los que éstos libremente se adhieren. Defiende intereses propios, sin duda,

pero no puede olvidarse que esos intereses son la traducción social de unos

derechos radicales.

 

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