Autor: Sánchez Agesta, Luis. 
   El borrador de la Constitución (II)     
 
 Ya.    26/11/1977.  Página: 5-6. Páginas: 2. Párrafos: 7. 

EL BORRADOR DE CONSTITUCION

Las relaciones Iglesia-Estado, la educación y el orden económico-social son los

tres puntos que el senador y catedrático de Derecho político Luis Sánchez Agesta

aborda en este segundo comentario al borrador constitucional.

PARECE necesario volver a insistir en que estamos ante un borrador en que los

defectos técnicos de ordenación, redacción y precisión, serán, probablemente

rectificados por la propia ponencia en una lectura más meditada y serena, en que

haya menos preocupación política y más objetividad para establecer un texto

jurídico. Pero puesto que Se ha producido el hecho afortunado de esta

publicidad, que es natural que enfade a los autores, oreo que todos tenemos el

deber de sumar nuestras observaciones para que el texto mejor en su redacción y

en su sentido. Este es, probablemente, el momento oportuno en que aún no hay

compromisos ni pacto formal que pretendan hacer intocable el texto.

ME parece más importante que señalar erratas menudas, que los mismos autores

corregirán o que otros advertirán. llamar la atención sobre los compromisos

políticos que se revelan a lo largo de los 89 primeros artículos del texto. Y

dejaremos pora otra ocasión los comentarios de las nuevas "entregas", con que se

está satisfaciendo el legítimo deseo de sabor. Creo que esos compromisos son la

columna vertebral del texto que puede interesar a los españoles. Y quizá hubiera

alelo más lógico que la ponencia, en un plato más breve, hubiera redactado unas

cuantas bases sobre los temas políticos centrales para revisar después el texto

articulado que hubieran desarrollado los letrados.

EL primer punto en que se revela un compromiso, y hasta diríamos que la

expresión que lo recoge es tipica de una base de compromiso, es que el Estado

español no es confesional y garantiza la libertad religiosa. El profesor Tierno

ha subrayado con gracia que el texto publicado sería aplicable a cualquier país

y que en ningún artículo vela el rastro de una Constitución para España. Porque

el hecho real es que en España no sólo existen, sin discutir la cifra, un gran

número de católicos, sino una organización de la Iglesia que ha tenido y tiene

un inevitable peso en la sociedad española. ¿Se puede desconocer este hecho en

una Constitución para España? En compromiso es que el Estado no es confesional y

que garantiza la libertad religiosa. ¿No podía haberse establecido en ese

artículo 3.º, si se quiere en el 17, en que se vuelve a garantizar esa libertad

religiosa y de culto, un párrafo que constatara la existencia de esa realidad

sociológica? En mi opinión, bastaría con una afirmación de que el Estado y la

Iglesia católica u otras confesiones religiosas organizadas podían celebrar

acuerdos, sin merma de su recíproca independencia y libertad, para regular sus

relaciones; o si se prefiere, afirmar que la Iglesia católica y todas las

confesiones religiosas son igualmente libres ante la ley y que sus relaciones

con el Estado se pueden regular por un pacto aceptado por ambas partes.

OTRO punto polémico es. sin duda, la educación. Los artículos 31 y 32 parecen

fundarse en la libertad de creación de escuelas y en una atribución al Estado o

los poderes públicos de una facultad para programar la educación y las

instituciones docentes de todos los niveles e inspeccionar el sistema educativo

en su conjunto. La fórmula, de patente compromiso, podría considerarse correcta

si la libertad de creación de escuelas estuviera acompañada de una proclamación

de la libertad de enseñanza (y de la de investigación científica, que también se

ignora). Por otra parte, también llama la atención la asepsia con que el texto

ignora la posibilidad de una enseñanza religiosa que no olvida Constitución tan

poco sospechosa y moderna como la ley Fundamental de Bonn.

UNO de estos últimos puntos de compromiso es el que establece el artículo 36

sobre el orden económico y social. Hay un párrafo 2.º, pendiente de redacción,

que no permite un juicio definitivo. No debo ocultar que, aunque el compromiso

me parezca satisfactorio, y casi diría que obligado en el panorama actual de las

fuerzas políticas españolas, no me gusta la redacción. Hay en primer lugar una

definición técnica de un sistema económico que no debiera figurar en la

Constitución. Sería preferible limitarse a afirmar la libertad de la iniciativa

económica privada. De otra parte, la afirmación de una vertiente o apertura

social en la "defensa de la productividad" me parece una expresión

paradójicamente antisocial. A la hora de escoger un texto Invitaría a nuestros

ponentes constitucionales a meditar sobre el artículo 41 de la Constitución

italiana, que prohibe que la libre iniciativa privada se desarrolle en

contradicción con la utilidad social o de manera que menoscabe la seguridad, la

libertad y dignidad humana y autoriza el establecimiento de planes, programas o

controles para que la actividad económica, pública y privada, pueda ser dirigida

y coordinada a los fines sociales.

Y nada más por hoy. Celebraría que estas observaciones no las estimaran

nuestros ponentes como una crítica maliciosa, sino como una sincera

colaboración. Me apresuro a decir estas cosas porque si la Constitución es lo

que deba ser, fruto de un acuerdo que puedan aceptar todos los españoles, y

dadas nuestras prácticas parlamentarias, es posible que más adelante no tenga

ocasión de decirlas.

Luis SÁNCHEZ AGESTA

 

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