Una Constitución para el presente y el futuro     
 
 Arriba.    27/11/1977.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

UNA CONSTITUCIÓN PARA El PRESENTE Y EL FUTURO

CONOCIDO por todos e| borrador constitucional, están lloviendo las criticas al

mismo, como cabe pensar que sería deseo de sus divulgadores. Algunas son

cuidadosamente matizadas e ilustrativas como las que, desde un profundo

conocimiento técnico del tema, viene publicando el profesor Sánchez Agesta. No

falta en otras un punto de inteligente ironía, como cuando el profesor Tierno

confiesa su perplejidad porque en ningún artículo ve el rastro de una

Constitución para España. Y hay, por último, las rotundamente adversas e incluso

frivolas, porque no parece lógico quejarse de la sintaxis de un borrador que,

aun antes de salir de la Ponencia, tiene que sufrir dos o tres lecturas más en

las que, con toda probabilidad, se habrán de cuidar esos aspectos de lenguaje.

Ello, por ende, desde la reserva básica de que la Ponencia pretende un texto de

trabajo operativo, esto es, una primera decantación de concordancias y reservas

que permitan luego el trabajo eficaz y provechoso en el seno de la Comisión.

España no es un país primerizo en materia constitucional. Descontando la efímera

Carta de Bayona de 8 de julio de 1808, nada menos que siete Constituciones han

precedido a la que en estos momentos se elabora. La primera de ellas fue la

célebre Constitución de Cádiz de 1812, a la que siguieron las Constituciones

monárquicas de 1837, 1845, 1856, 1869 y 1876, y la republicana de 9 de diciembre

de 1931, último precedente del borrador que comentamos. Como es natural, lo

primero que sugiere tan profuso abanico de textos es la advertencia de la

fragilidad de las leyes cuando no están claramente incardinadas en el consenso

social. La reticencia del profesor Tierno es, pues, digna de consideración. No

es suficiente con tener una Constitución, sino que debemos tener una

Constitución para España. Se está a tiempo de introducir les reformas precisas

para adecuar el texto a esta condicionante y hay que esperar que ello sea uno de

los centros del debate en el seno de la Comisión.

Segunda sugerencia de nuestra historia constitucional es la comparación

inevitable entre el borrador que se conoce y el texto de 1931, precedente

inmediato al que se busca sustituir. La Constitución de 1931 unía, a notables

dosis de especificidad y adecuación al país, una envidiable altura doctrinal y

formal, así como la aportación de un concepto sorprendentemente olvidado, pese a

su incuestionable interés para la hora presente: el "Estado integral", como

alternativa unitaria -y, sin embargo, cauce "ad hoc" para las autonomías- del

federalismo. Nada menos que un jurista de la talla de Jiménez de Asúa,

generosamente recordado hace poco por el actual presidente de la Comisión,

dirigió los trabajos en 1931. Es, por consiguiente, lógico que algunos

observadores propusieran, tiempo atrás, el mero restablecimiento del texto de

1931 con el cambio de la forma republicana por la monárquica de Gobierno.

Solución muy probablemente desacertada, por cuanto equivaldría a desconocer el

rotundo cambio social experimentado por nuestro país desde aquella fecha. Si se

trata de hacer una Constitución para España, es obvio que hay que hacerla para

la España que estamos viviendo y para la que nos proponemos vivir.

Esto último nos lleva de la mano al nudo más profundo de la cuestión. No es

suficiente con una Constitución que asuma el cambio político democrático; sino

que, para ser estable, habrá de ser capaz de asumir la plenitud del cambio

democrático, esto es, la deseada transformación de las estructuras económicas y

sociales de España.

Sería ilógico discutir si los ponentes han redactado un texto de signo liberal o

socialista. Parece claro que se ha pergeñado una Constitución eminentemente

liberal, (o que, a fin de cuentas, no haría sino coincidir con la etapa que el

país atraviesa, esto es, la coherente plasmación institucional del cambio, la

conquista de las libertades. Fue el propio Santiago Carrillo, en reciente y

sonada conferencia, quien señaló que el 15 de junio el país no había votado

socialismo, sino, sencillamente, cambio al sistema de libertad. Lo que importa

es que la Constitución sea un marco abierto de libertades y derechos al servicio

de todos los ciudadanos y de todas las opciones políticas, sin cerrar caminos a

unas alternativas ni privilegiar a otras. Lo que importa es que la Constitución

no obstruya ni una puerta a las posibilidades de cambio.

Las lineas anteriores definen lo que, básicamente, esperamos del alto texto

legal que va a organizar cívicamente nuestra vida colectiva: una Constitución

para España, que consolide la democracia política y haga posible avanzar sin

traumas hacia los cambios estructurales que configuren nuestra sociedad de

mañana.

Bajo esta perspectiva, nos ratificamos en el criterio de que la Ponencia está

realizando un buen trabajo y que el borrador conocido representa un útil

instrumento para los debates de la Comisión, previos a los Plenos de las

Cámaras. No faltan en el actual Parlamento buenos expertos del lenguaje, que

podrán corregir los defectos en tal sentido. Como podrá mejorarse la

organicaclón interna del texto, por cuanto la forma es muy importante en un

texto legal de tal trascendencia. Pero habrá que ir más al fondo, escuchar y

atender las orientaciones de eminentes constitucionallstas, que no escasean en

España, y algunos de los cuales tienen escaño en las Cortes. Y aún más que

aceptar, propiciar el debate público con la mayor libertad expositiva. Se trata,

en definitiva, de seguir firmes en el camino ejemplarmente transitado durante

los dos últimos años: avanzar, avanzar, avanzar.

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