Declaración de los obispos sobre la Constitución. Texto íntegro de la declaración. 
 El Estado laico no daría respuesta suficiente a la realidad religiosa española     
 
 El País.    27/11/1977.  Página: 9-10. Páginas: 2. Párrafos: 32. 

Texto integro de la declaración

"El Estado laico no daria respuesta suficiente a la realidad religiosa española"

Si la futura Constitución española define al Estado como meramente laico, no se

habría dado respuesta suficiente a la realidad religiosa de los españoles según

se recoge en la declaración que sobre la elaboración del texto constitucional

hizo ayer pública la asamblea de la Conferencia Episcopal española. En la última

y principal parte del documento se afirma asimismo que la no confesionalidad del

Estado no basta para instaurar en nuestro país la paz religiosa. La declaración,

cuyo texto integro ofrecemos a continuación, consta de otras tres partes, donde

se explica el por qué de la internación y se definen criterios doctrinales sobre

los derechos comunes.

I. Motivos de nuestra intervención

1. Los obispos españoles hemos celebrado la XXVII Asamblea Plenaria cuando en

nuestro país se está elaborando una Constitución, que marcará el rumbo futuro de

la vida nacional.

Se trata de una empresa que, por afectar al destino común de los españoles, nos

obliga a todos a interesarnos por ella y a poner en juego cuanto esté a nuestro

alcance para que resulte bien lograda. En ese empeño colectivo por establecer

una gran plataforma de convivencia, superadora de tantos enfrentamientos

históricos, se sitúan estas consideraciones que presentamos a la sociedad

española con ánimo de colaboración.

Escribimos en un momento en el que aún está pendiente, en su mayor parte, la

tarea de los legisladores. Contemplamos lógicamente aquellos elementos

constitucionales que dicen mayor relación al orden moral y religioso, con el que

nos sentimos especialmente comprometidos los pastores de la Iglesia.

2. Es de suma importancia que la Constitución sea reflejo del más amplio

consenso comunitario sobre el cuadro de valores que ha de sustentar y dar

sentido al edificio legislativo del país; y que establezca también con

honestidad las reglas de juego para el pluralismo político y social. Al Estado

corresponde reconocer y tutelar esos valores, haciendo de ellos la base

permanente de su actuación.

Deseamos que el espíritu de solidaridad con que las fuerzas políticas han

iniciado el proceso constituyente siga afianzándose para que la Constitución

resulte estable, generosa y realista. Y cierre así el paso a toda tentación de

sustituiría periódicamente al compás de las alternativas gobernantes de los

diversos partidos.

II. Tutela de los valores fundamentales

3. Entre tos principios básicos, anclados boy en la conciencia humana universal,

destacamos los siguientes: la igualdad esencial de todos los hombres en su

dignidad personal; la libertad para decidir su destino individual y colectivo;

el reconocimiento de que todos tenemos los mismos derechos fundamentales.

Derechos humanos. 4. Estos derechos han sido formulados en las grandes

declaraciones y convenios internacionales. Su reconocimiento y vigencia electiva

constituyen pane integrante del bien común en toda nación civilizada. Ninguna

dictadura, ni la mayoría de la nación, ni un grupo que pretenda ser su

vanguardia, pueden legítimamente anular esos derechos, y menos para imponer a

otros U propia concepción del hombre y de la sociedad. Los sistemas

democráticos, aunque operen sobre el juego de las mayorías, han de garantizar la

protección de dichos derechos a tos individuos y a las minorías, sean

ideológicas, étnicas o políticas.

Cuando se proclaman los derechos humanos y más con rango de texto constitucional

el legislador viene obbgado a garantizar su ejercicio con tutelas y medios

eficaces. La historia y también La actualidad abundan, por desgracia, en

ejemplos de bellas proclamaciones que convierten tales derechos en puras

«libertades formales» por no darles la cobertura jurídica, económica y social

que garantice su vigencia efectiva. La propia Constitución habrá de fijar las

bases de su eficacia en un terreno tan expuesto a resistencias activas y

pasivas.

Deberes solidarios. 5. Naturalmente, el ámbito de estos derechos ´individuales o

colectivos no es absoluto ni ilimitado, puesto que han de conjugarse con los

mismos derechos de Jos demás y conllevar unos deberes que, por coherencia ética,

no pueden separarse de los mismos. Proclamar la dignidad, la libertad, la

igualdad de los seres humanos, está exigiendo el respeto a los derechos ajenos y

la responsabilidad en el ejercicio de los propios. No son prerrogativas sin

referencia social, antes, por el contrario, sólo se realizan cumplidamente en el

marco de la solidaridad con los demás hombres y en función del bien común de la

sociedad.

Para concertar con equidad el juego de derechos y de deberes en una comunidad

nacional hay que apelar obligadamente a la función de la autoridad. Misión suya

es asegurar que el equilibrio de los derechos de todos no se quiebre por el

abuso de los más numerosos o de los más fuertes. Alegar la libertad para socavar

la autoridad sería atentar contra ef sistema democrático y contra los derechos

de tos débiles.

Los mecanismos de control social previstos en ese sistema habrán de evitar, por

otra parte, que la autoridad degenere en tiranía. Con esc proposito debe

funcionar con equilibrio eficaz la división de poderes y la opinión pública, así

como el dinamismo de las sociedades intermedias de las que hablamos después.

Una Constitución dinámica. 6. Por último, una Constitución que aspire a

perdurar, no como texto paralizante, sino como instrumento dinamizador del

desarrollo social, habrá de poner las bases que hagan viable, sin traumas ni

colapsos, el avance progresivo en la construcción más justa de ia sociedad. La

Constitución ha de contener también un programa básico para empujar al pais

hacia formas de convivencia más participativas y comunitarias.

Perspectiva cristiana. 7. Tanto a la afirmación de estos principios

básicos del orden social, como a la justa delimitación de los derechos humanos,

puede llegarse desde diversas concepciones del hombre y de la sociedad. Los

cristianos las derivamos üe nuestra fe en la paternidad universal de Dios y la

consiguiente fraternidad humana, y del modelo de Cristo Salvador, que entregó su

vida por todos los hombres, iluminó el destino humano con su Evangelio y es,

para cuantos creemos en El, origen y meta de la historia. La fe nos obliga a

poner a contribución estos valores para construir la convivencia humana en

concurrencia respetuosa y abierta con los diversos humanismos.

III. Expresión de la conciencia de nuestro pueblo

8. Las Constituciones deben tener un fundamento ético y expresar la realidad

profunda de aquella co lectividad, a cuyo pasado, presente y porvenir pretenden

ser fieles. Puestos, pues, a concretar los valores y derechos que debiera

salvaguardar la Constitución española, es obligado recurrir a nuestra conciencia

como pueblo, en la que la concepción cristiana del hombre y de la sociedad ha

supuesto, y to davía supone, un elemento importante. Esta concepción cristiana

ni debe ser ignorada ni pretendemos imponerla a nadie. Así se evitará que

razones ideológicas o religiosas sean causa de divisiones y luchas a las que

desearíamos cerrar el camino para siempre.

Sin ánimo exhaustivo, nos permitimos reseñar los siguientes puntos básicos que,

a nuestro juicio, deben ser asumidos, de una u otra forma, en el texto

constitucional.

Defensa de la vida humana. 9. A un orden jurídico justo le corresponde

garantizar la defensa de la vida humana, desde el seno materno hasta el momento

de la muerte, contra todo ataque que pueda amenazarla, aunque venga disfrazado

de amor compasivo, de ideales políticos o de fría ciencia. Promoción de la

familia. 10. La estabilidad del matrimonio y el desarrollo integral de la

familia, abierta a la sociedad, tienen derecho a ser tutelados por la ley. La

protección privada y pública de los valores éticos de la familia, la igualdad

jurídica de la mujer, la vivienda adecuada, las posibilidades educativas de los

hijos, las salidas profesionales para los jóvenes, son elementos integrantes de

una buena salud familiar, indispensable para el progreso social.

Tutela de la moralidad pública.

11. El derecho a la libertad de expresar y difundir las propias opiniones no

puede invocarse para justificar las ofensas a los valores y sentimientos morales

y religiosos de los ciudadanos. El servicio al bien de la comunidad cívica

reclama, además, una especial defensa de la moralidad pública. No puede

confundirse un pueblo libre con lo que hoy se denomina en el área de la

civilización del consumo «la sociedad permisiva».

Acceso a la cultura. 12. La justicia social reclama que el ordenamiento jurídico

garantice el acceso de todos los ciudadanos a los bienes de la cultura, sin

discriminaciones de ninguna clase, ni para alumnos ni para centros docentes. El

Estado tiene el derecho y el deber de garantizar eficazmente la libertad de

enseñanza, de ordenar el sistema educativo y de vigilar los niveles de «calidad

de todos los centros, con respecto a su identidad peculiar, mediante la vigencia

efectiva del derecho de los padres -creyentes o no creyentes- a elegir el tipo

de educación que ha de darse a sus hijos. En todo caso, ha de quedar garantizado

en todos los centros de enseñanza la educación de las nuevas generaciones en

conformidad con las condiciones morales y religiosas de los padres y de los

alumnos.

Atención a los más débiles. 13. Nos parece muy propio de una Constitución, a la

vez humanista y moderna, reflejar el compromiso moral del país con sus sectores

más deprimididos. Los parados, el mundo rural, las clases pasivas, los ancianos,

los niños abandonados, los minusválidos y los marginados sociales de toda

índole, son acree dores a un trato preferencial en la distribución de los

recursos del país.

Fomento de las iniciativas sociales y de las entidades intermedias. 14. En un

momento constitucional, que se apoya en profundas aspiraciones democráticas, la

mejor defensa contra cualquier absorción autoritaria está en la rica gama de

sociedades intermedias que surgen espontáneamente en todos los campos de una

vida social en libertad. La Constitución debe protegerla y promocionarla, para

quitar al Estado hasta la tentación de invadir el vado que ellas llenan con un

excesivo monopolio. No hagan las instituciones lo que pueden hacer las personas.

No haga el Estado lo que pueden hacer las instituciones. Su plan siempre con

respeto las instancias superiores las limitaciones de las inferiores.

Diversidad de los pueblos de España, 15. La salvaguarda legal de las identidades

propias de los pueblos de España que, por su cultura, historia y conciencia

colectiva, son en su diverso grado diferenciadas entre si debe ser asumida por

la Constitución española como, un valor positivo.

Apoyo a los países del Tercer Mundo. 16. Entre los elementos definitorios del

ser histórico de nuestro pueblo figuran, sin duda, el sentido universa] y el

carácter solidario de su cultura. Ello debiera comprometernos hoy, de acuerdo

con las exigencias del momento, en el apoyo a la promoción de los pueblos menos

desarrollados, mediante una activa colaboración del Estado y de la sociedad

española con los organismos y programas internacionales que tienden a la

liberación integral del Tercer Mundo.

IV. Desarrollo de la libertad religiosa

17. Tratamos por separado del derecho civil a la libertad religiosa, que forma

parte de los derechos humanos y exige en nuestro caso una particular

clarificación. La Constitución en ciernes se propone afirmar, según parece, la

plena vigencia de la libertad religiosa, renunciando a la fórmula del Estado

confesional. El Episcopado español hizo pública hace cuatro años su posición

sobre la confesionalidad del Estado, dejando su decisión a la sociedad civil y

al Estado que la encarna, y reclamando para la Iglesia la plena libertad en el

ejercicio de su misión. (Cfr. Iglesia y Comunidad Política, números 52-56.)

Observemos, sin embargo, que no basta afirmar la no confesionalidad del Estado

para instaurar en nuestra Patria la paz religiosa y las relaciones respetuosas y

constructivas entre el Estado y las iglesias. Si prevalecen en el texto

constitucional formulaciones equívocas y de acento negativo que pudieran dar pie

a interpretaciones «laicistas» no se daría respuesta suficiente a la realidad

religiosa de los españoles, con el peso indudable del catolicismo y la presencia

en nuestra sociedad de otras iglesias y confesiones religiosas.

La Iglesia católica. 18. Pensamos que un pleno reconocimiento de las diversas

iglesias con garantías de los derechos inherentes a las diversas confesiones y a

otras posiciones de los ciudadanos ante el hecho religioso- debiera abrir ta

puerta a un tratamiento sobrio y constructivo de la significación de la Iglesia

católica en España, en términos de independencia recíproca en relación con el

Estado, de respeto de competencias y de posibilidad de establecer acuerdos sobre

materias de interés común que exigen una linea estable de actuación.

En consecuencia, seria insuficiente proclamar en abstracto la libertad religiosa

de todos los ciudadanos, reducida a la simple libertad de conciencia o a la

«libertad de cultos», sin asegurar la libertad de evangelizar, de asociar a los

fieles y de apoyar la fraternidad humana por medios educativos, asistenciales y

de promoción integral.

19. Los obispos españoles repetimos nuestra posición dialogante. Confiamos en

hacernos entender por cuantos nos lean con buena voluntad. Sólo nos resta

expresar nuestra esperanza en la nobleza de propósitos de los representantes del

pueblo ante esta decisiva responsabilidad parlamentaria. Pedimos a Dios que

ilumine sus conciencias y premie sus esfuerzos.

Madrid, 26 noviembre 1977

 

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