Cuarta y última entrega del borrador de Constitución democrática. 
 Un Tribunal de Garantías velará por el cumplimiento de la Constitución     
 
 Diario 16.    28/11/1977.  Página: 6-7,?. Páginas: 3. Párrafos: 129. 

6 NACIONA1.

Lunes 28 noviembre 77/DIARIO16

Cuarta y última entrega del borrador de Constitución democrática

Un Tribunal de Garantías velará por el cumplimiento de la Constitución

MADRID, 28 (D16).-Un Tribunal de Garantías Constitucionales velará por el

cumplimiento de la Constitución, según se desprende de los artículos referidos

al tema en el borrador preparado por una ponencia del Congreso de Diputados.

Según el artículo 133 del borrador, cuando algún juez o tribunal, de oficio,

considere en algún proceso que una norma legal invocada puede ser contraria a la

Constitución elevará consulta al Tribunal de Garantías Constitucionales

Los últimos artículos del borrador de Constitución democrática son los

siguientes:

HACIENDA Y ECONOMÍA

Artículo 114.-1. La competencia originaria para establecer tributos corresponde

exclusivamente al Estado.

2. (Las unidades territoriales de autogobierno) y las Corporaciones Locales

podrán establecer y exigir tributos dentro de los limites fijados por las

leyes.

3. No podrán realizarse gastos del Estado ni podrán contraerse obligaciones

financieras del mismo sin la previa autorización o aprobación de las Cortes.

4. Toda exención o desgravación fiscal deberá establecerse en virtud de ley

votada por las Cortes Generales.

Artículo 115.-Las cuestiones relacionadas con la Hacienda Pública serán

reguladas por una ley Orgánica de Administración y Contabilidad.

Artículo 116. - 1. Corresponde al Gobierno la elaboración del Presupuesto de

gastos e ingresos del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y

aprobación.

2. El Presupuesto General del Estado incluirá la totalidad de los gastos e

ingresos del (sector público estatal) y tendrá carácter anual, salvo en lo

relativo a inversiones; en este caso las anualidades deberán constar

expresamente.

3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados el

Presupuesto General del Estado al menos tres meses antes de la expiración del

anterior.

4. Si no pudiera ser votado antes del primer día del año económico siguiente, se

prorrogará por trimestres la vigencia del último Presupuesto, sin que estas

prórrogas puedan exceder de cuatro.

8. Aprobado el Presupuesto General del Estado, únicamente el Gobierno podrá

presentar proyectos de ley que impliquen aumento de los gastos públicos o

disminución de los ingresos, y toda proposición o enmienda que entrañe aumento

de gastos o disminución de ingresos requerirá la conformidad del Gobierno para

su tramitación,

6. La ley de Presupuestos no puede crear nuevos Impuestos.

Artículo 116 bis.-El Gobierno necesita estar autorizado por la ley para

disponer de las propiedades del Estado. Será nulo todo (acto) que infrinja este

precepto,

Artículo 117.-1. Toda ley que autorice al Gobierno para emitir Deuda Pública o

tomar créditos en cualquier forma habrá de contener las condiciones de la

emisión o del crédito.

2. La Deuda Pública está bajo la salvaguardia del Estado. El crédito necesario

para satisfacer el pago de intereses y capital se entenderá siempre incluido en

el estado de gastos del presupuesto y no podrá ser objeto de discusión mientras

se ajuste estrictamente a las leyes que autorizan la emisión. De idénticas

garantías disfrutará en general toda operación que implique directa o

indirectamente responsabilidad económica del Tesoro, siempre que se dé el mismo

supuesto.

Artículo 118.-1. Las cuentas del Estado se rendirán anualmente y serán

censuradas por el Tribunal de Cuentas. Este, sin perjuicio de la efectividad de

sus acuerdos, remitirá a las Cortes un informe anual en el que, cuando proceda,

comunicará las infracciones o responsabilidades ministeriales en que, a su

Juicio, se hubiera incurrido.

2. El Tribunal de Cuentas es el órgano fiscalizador de todas las cuentas del

Estado, Dependerá directamente de las Cortes y ejercerá SUS funciones por

delegación de ellas.

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma inamovilidad e

independencia que los Jueces.

4. Una ley Orgánica regulará su organización, competencia y funcionamiento.

EXPROPIACION FORZOSA

Articulo 119,-1. Toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual

sea su titularidad, está subordinada a los intereses generales, y podrá ser

objeto de expropiación forzosa con arreglo a la Constitución y a las leyes.

2. Los poderes públicos podrán intervenir conforme a la ley en la dirección,

coordinación y explotación de las empresas, cuando así lo exigieren los

intereses generales.

3. La ley podrá reservar originariamente al sector público los servicios

públicos esenciales, explotación de fuentes de energía o actividades que

constituyan monopolio.

4. La ley podrá establecer modalidades y procedimientos especiales de

expropiación.

Artículo 120-La ley establecerá las formas de participación de los interesados

en la actividad de todos los organismos públicos cuya función afecte a la

calidad de la vida o al bienestar social.

Artículo 121.-1. El Estado protegerá a los agricultores, ganaderos y pescadores

mediante una legislación para la modernización de dichos sectores, a fin de

equipararlos en condiciones de desarrollo y nivel de vida a la del resto de los

ciudadanos.

Artículo 122.-1. El Estado podrá planificar la actividad económica para atender

a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y

sectorial y estimular el crecimiento de la riqueza del país.

2. Para la elaboración del plan, el Gobierno atenderá a las previsiones que le

sean suministradas por las unidades territoriales de autogobierno y el

asesoramiento y colaboración de las centrales sindicales y organizaciones

empresariales, mediante la constitución de un consejo cuya composición y

funciones se desarrollarán por ley.

FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN PUBLICO

Artículo 123.-1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la

Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e

independencia de España, defender su integridad territorial y proteger el

ordenamiento constitucional.

2. Una ley Orgánica regulará los principios básicos de la Organización Militar

dentro de los de la presente Constitución y la composición y funciones de una

Junta Superior (de la Defensa), como órgano asesor del Gobierno, en los asuntos

relativos a la defensa, así como de una junta de Jefes de Estado Mayor, como

órgano colegiado superior del mando militar de las Fuerzas Armadas.

Artículo 124.-1. Las Fuerzas de Orden Público tendrán como misión defender el

ordenamiento constitucional, proteger el libre ejercicio de los derechos y

libertades de los ciudadanos y garantizar la seguridad personal de éstos.

2. Una ley Orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y

estatuto de las Fuerzas de Orden Público.

ESTADOS DE ALARMA DE EXCEPCIÓN Y DE SITIO

Artículo 125.-I. Una ley

Orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio y las

competencias y limitaciones correspondientes.

2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno hasta un máximo de dos

semanas, dando cuenta inmediata al Congreso de los Diputados.

3. El estado de excepción será declarado por el Congreso de los

Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. Tendrá un plazo máximo de un

mes, prorrogable por otro. El Congreso determinará igualmente la parte del

territorio afectado.

4. El estado de sitio será declarado por el Congreso de los Diputados, a

propuesta exclusiva del Gobierno y por mayoría absoluta. El Congreso

determinará su duración y condiciones,

5. La declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, no modificará el

principio de responsabilidad del Gobierno y sus agentes, reconocido en la

Constitución y las leyes.

DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 126.-La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los

términos del articulo 60.

Artículo 127.-1. Las propuestas de reforma constitucional, cuando fueren de

carácter parcial, deberán ser aprobadas por la mayoría de los dos tercios de

cada Cámara y sometidas a referéndum.

2. Cuando se propusiera la revisión total, se procederá a la aprobación del

principio por la mayoría de los dos tercios de cada Cámara y a la disolución

inmediata de las Cortes.

3. Las nuevas Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al

estudio del nuevo texto constitucional. Este deberá ser aprobado por mayoría

absoluta de ambas Cámaras y sometido a referéndum.

4. Se entenderá que es revisión total la que afecte a más de la mitad de los

artículos de la Constitución o a un título completo de la misma.

Artículo 128.-1. En caso de desacuerdo entre las Cámaras, se intentará

resolverlo en una conferencia conjunta, integrada por miembros de las dos

Cámaras en proporción a su número.

3. De no lograrse el acuerdo, resolverá en definitiva el Congreso por mayoría

de dos tercios.

3. De no lograrse dicho quorum quedará sin efecto la reforma.

Artículo 129.-No procede la reforma constitucional ni trámite alguno de los

indicados en tiempo de guerra o de declaración de alguno de los estados de

excepción.

TRIBUNAL DE GARANTÍAS

Artículo 130.-1. Los miembros del Tribunal de Garantías serán nombrados por el

Rey.

Dos, a propuesta del Gobierno.

Cuatro, a propuesta del Congreso.

Tres, a propuesta del Senado.

Dos, a propuesta del Consejo del Poder Judicial.

2. Los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales deberán ser

nombrados entre magistrados y fiscales, profesores numerarios de Facultades de

Derecho y Ciencias Políticas de cualquier Universidad española y abogados, todos

ellos con más de veinte años de ejercicio profesional.

3. Los miembros del Tribunal de Garantías serán designados por un período de

nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres años.

4. La condición de miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales es

incompatible con todo mandato representativo, cargo político o

administrativo, función Judicial y fiscal, ejercido de la carrera forense,

pertenencia a la directiva de un partido político o empleo al servicio del

mismo, y en general tendrán las incompatibilidades propias de los

miembros del poder Judicial. Serán asimismo independientes e inamovibles

durante el ejercicio de su mandato.

Artículo 131.-El Tribunal de Garantías Constitucionales será presidido por aquel

de sus miembros que el Rey designe cada tres años, a propuesta del mismo

Tribunal en Pleno.

Artículo 132.-El Tribunal de Garantías Constitucionales tiene Jurisdicción en

todo un territorio del Estado y es competente para conocer de las siguientes

materias:

a) De la declaración de inconstitucionalidad de leyes y normas con fuerza de

ley del Estado y de las unidades territoriales de autogobierno.

b) De los conflictos jurídicos entre los órganos centrales y los de las

unidades territoriales de autogobierno y los de éstas entre sí.

c) De los recursos de amparo por violación de los derechos

establecidos en el Título II de la presente Constitución cuando se hubieran

agotado los demás recursos.

d) En los demás casos previstos en la Constitución o en las leyes.

Articulo 133.-1. Están legitimados para interponer el recurso de

inconstitucionalidad el presidente del Congreso de los Diputados, el presidente

del Senado el presidente del Gobierno, los presidentes de los Parlamentos de

las unidades territoriales de autogobierno, los presidentes de los Consejos

Ejecutivos de las mismas, el defensor del pueblo, 50 diputados, 25 senadores.

2. Está legitimada para interponer recurso de amparo toda persona

natural o jurídica que invoque un interés legítimo o del defensor del pueblo

previsto en el artículo...

3. Están legitimados para plantear los conflictos Jurídicos a que se refiere

el artículo 132, b), el Gobierno o los órganos supremos de las unidades

territoriales de autogobierno, según los casos,

4. En los supuestos previstos en el apartado d) del artículo 132, las personas

naturales o Jurídicas previstas en las respectivas leyes orgánicas o en las

específicas del propio Tribunal de Garantías.

5. Cuando algún juez o tribunal, de oficio, considere en algún

proceso que una norma legal invocada puede ser contraria a la Constitución

elevará consulta al Tribunal de Garantías Constitucionales para que decida sobre

la constitucionalidad de la misma.

Artículo 134.-Las sentencias del Tribunal de Garantías Constitucionales tienen

efectos plenos e inmediatos a partir del día siguiente a su publicación en el

"BOE", tienen eficacia frente a todos y no cabe recurso contra ellas.

Salvo que en la sentencia se disponga otra cosa, se aplicará el principio de

conservación de la norma para todas aquellas partes de la ley que no estén

afectadas por la inconstitucionalidad. Se respetarán los derechos adquiridos por

terceros de buena fe hasta el momento de la publicación del fallo. Artículo

135.-Una ley Orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal de Garantías

Constitucionales, el estatuto de sus miembros y el procedimiento ante el mismo.

DERECHO A LA AUTONOMÍA

Artículo 136.-1. Para el ejercicio del derecho a la autonomía a que se refiere

el articulo 2.° de la Constitución, las diferentes nacionalidades y regiones que

integran España podrán acceder a su autogobierno y constituirse en (territorios

autónomos).

2. Cada uno de los territorios autónomos podrá adoptar la denominación oficial

que mejor corresponda a su identidad histórica.

Artículo 137.-1. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a los

Ayuntamientos de una o varias provincias con características históricas o

culturales comunes. Para ello, será preciso que lo soliciten las dos terceras

partes del número de municipios que se comprendan en aquél, y cuya total

población no sea inferior a las dos terceras parles del censo del ámbito

territorial de referencia.

2. Excepcionalmente, el Gobierno podrá proponer a las Cortes

Generales la apropiación de una ley Orgánica, que sustituya la iniciativa de los

Ayuntamientos, cuando razones de interés general aconsejen la

aceleración del proceso autonómico de un territorio determinado.

3. Los requisitos del apartado 1.º de este artículo se computarán

separadamente para cada una de las provincias que se pretendan integrar en la

unidad autonómica. Sólo se seguirá el procedimiento en la medida en que se

cumplan en su conjunto dichos requisitos. Todo ello sin perjuicio de

reproducirse la petición nuevamente, con idéntica referencia

territorial o más limitada.

4. En ningún supuesto el territorio autónomo podrá ser inferior en su

extensión a una región histórica, ni en su población, menor a un millón y

medio de habitantes.

Artículo 138.-1. Cumplidos los trámites del artículo precedente, el Gobierno

convocará a todos los diputados y senadores elegidos en las circunscripciones

comprendidas en los ámbitos territoriales que pretendan acceder al autogobierno,

para que se constituyan en asamblea, a los solos efectos de elaborar el

correspondiente proyecto de Estatuto de Autonomía, dentro de los límites

señalados por la Constitución y por las leyes.

2. El proyecto de estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las

Cortes, conforme a un procedimiento especial.

3. El texto aprobado por las Cortes será sometido a referéndum de

los electores inscritos en el censo electoral de la o las provincias

que pretendan constituirse en región.

Artículo 139.-1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los

estatutos serán la norma básica de cada territorio autónomo y el Estado español

la reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

2. Los estatutos de autonomía deberán contener:

a) La regulación de las instituciones autonómicas propias.

b) Las competencias asumidas por el territorio autónomo dentro del marco

establecido en la Constitución.

c) El procedimiento de reforma del estatuto, que se ajustará en todo caso a lo

establecido en el artículo 13, con la salvedad de que la Asamblea de

Parlamentarios a que se refiere el párrafo 1° de aquél, será sustituida por la

Asamblea del Territorio Autónomo mencionado en el 142, a la que

corresponderá la iniciativa de la modificación. Cuando la modificación

afecte a los límites .del territorio autónomo, el procedimiento se ajustará a lo

establecido en el artículo 137,

3. Sin perjuicio del uso de las denominaciones que mejor se correspondan a la

identidad histórica de cada territorio, y de la especificación de su

composición y funciones por los estatutos, la organización institucional,

autonómica se basará en una Asamblea, un Consejo de Gobierno y un presidente.

Artículo 140.— 1. La Asamblea ejercerá la potestad normativa, la aprobación de

los presupuestos y el control del Consejo de .Gobierno, sin perjuicio de las

demás facultades que le atribuyan los respectivos Estatutos y las leyes.

2. La Asamblea será elegida por sufragio universal, libre, igual, directo y

secreto, con arreglo a un sistema de representación proporciona! que, en

todo caso, respetará los principios establecidos en la ley Electoral General.

3. Todas las normas y acuerdos de la asamblea deberán respetar los

compromisos internacionales del Estado.

4, La promulgación de las normas aprobadas por la Asamblea, de cada

territorio autónomo, se harán en nombre del Rey.

Artículo 141.— 1. 31 Consejo de Gobierno, ejerce las funciones ejecutivas y

administrativas derivadas de las competencias del territorio autónomo, así

como la potestad reglamentaria en relación con las funciones propias y las

delegadas.

2. En el ejercicio de sus competencias, los órganos de los territorios

autónomos gozarán de. las. potestades y privilegios propios de la

Administración pública en general.

3. El presidente y los consejeros del territorio autónomo serán

políticamente responsables ante la Asamblea en la forma y modalidades que se

establezcan por los respectivos estatutos.

4. Tanto a los consejeros, como al presidente, les ; será exigida

la. responsabilidad civil y penal, conforme a los criterios establecidos en la

Constitución para el Gobierno del Estado.

Artículo l42. -1. La dirección del Gobierno de cada territorio autónomo

corresponde a un presidente elegido por la Asamblea y nombrado por el Rey.

2. El presidente ostenta la suprema representación del territorio así como

la del Estado en aquél.

EXCLUSIVA COMPETENCIA DEL ÉSTADO

Artículo 143- 1. (Pendiente de redacción)

2. A los efectos de lo .prevenido en el precedente. apartado, se entienden

como de la exclusiva competencia del Estado, las siguientes materias:

1. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de

los españoles de los derechos y cumplimiento de los deberes constitucionales.

2. Nacionalidad; inmigración y emigración; extranjería y derecho de asilo.

3. Representación diplomática y consular y, en general, del Estado en el

exterior; relaciones internacionales; celebración de tratados y la

fiscalización del cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de

los mismos.

4. Defensa y Fuerzas armadas.

5. Leyes penales; extradición; legislación penitenciaria, sin perjuicio de

específicas instituciones de reinserción social de los respectivos territorios

autónomos.

6. Relaciones jurídico-civiles relativas a la forma del matrimonio, la

ordenación de los registros e hipotecas, bases de las obligaciones

contractuales y la regulación de los estatutos, personal, real y formal, para

coordinar la aplicación y resolver lo conflictos entre las distintas

legislaciones civiles de España.

7. Leyes procesales sin perjuicio de las especialidades que en este orden se

deriven de las particularidades del derecho sustantivo del territorio

autónomo que comporten o permitan la existencia de procedimientos especiales.

8. Relaciones jurídico mercantiles referentes al estatuto del comerciante y

sociedades mercantiles; procedimientos concúrsales; normas básicas, garantías

comunes y eficacia de los títulos-valores; principios generales de la

contratación mercantil.

9. Circulación de mercancías y capitales; garantías para el abastecimiento

de mercado interior.

10. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.

11. Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; ordenación general

y básica del crédito y la Banca; pesas y medidas; determinación de la hora

oficial.

12. Dirección, coordinación y planificación general de la actividad económica

e industrial del Estado, sin prejuicio de las competencias que correspondan a

los respectivos territorios autónomos.

13.- Hacienda general y Deuda del Estado.

14. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

15; Relaciones jurídico-laborales a los efectos de homogeneizar las formas y

modalidades de contratación de los derechos y obligaciones de los sujetos

intervinientes, y demás aspectos relativos a la eficiencia de las relaciones

laborales en todo el territorio del Estado.

16. Sanidad exterior, planificación general de la sanidad y legislación

sobre productos farmacéuticos.

16 bis. Legislación básica sobre Seguridad Social, correspondiendo la

ejecución de los servicios a aquella de cada territorio autónomo

17. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del

régimen estatutario de sus funcionarios para garantizar a los administrados

un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común sin

perjuicio de las especialidades derivadas de la organización institucional

administrativa de los territorios autónomos.

18. Pesca marítima.

19. Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales

marítimas; puertos de interés general; tránsito y transporte aéreo,

abanderamiento de aeronaves y aeropuertos.

20.. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por mas de una

región o (territorio autónomo); régimen general de comunicaciones; líneas

aéreas, correos y telecomunicaciones, cables submarinos y radiocomunicación.

21. Aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas, cuando las aguas

discurran fuera del (territorio autónomo) o cuando pertenezcan a cuencas

hidrográficas situadas en más de uno de aquellos, o el transporte de energía

salga de su ámbito jurisdiccional. 22. Obras públicas de interés general o cuya

realización afecte a más de un (territorio autónomo).

23. Recursos mineros y energéticos,

24. Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión, y, en general, de

los demás medios de comunicación social, un perjuicio de las facultades que en

su desarrollo y ejecución correspondan a los (territorios autónomos).

25. La Administración de Justicia. El Estado fijará tas bases que permitan

armonizar el ejercicio de la función Judicial en todo el Estado, de acuerdo con

el principio de unidad del poder Judicial y de los distintos cuerpos

profesionales que se integran, sin perjuicio de la intervención de los

(territorios autónomos) en la organización de la misma.

26. Orden Público.

27. Requisitos de expedición y homologación de títulos y la convalidación de los

estudios académicos y profesionales.

28. Régimen de la producción, el comercio, la tenencia y el uso de armas y

explosivos,

29. Estadísticas para fines estatales.

30, Fomento de la cultara española en el exterior y protección del patrimonio

cultural español por lo que se refiere a la exportación.

3. El estado podrá autorizar por ley (o en los respectivos estatutos) la

asunción por parte de los (territorios autónomos) de la gestión o ejecución de

los servicios y funciones adminis. trativas que se deriven de las competencias

que corresponden al Estado, de acuerdo con la precedente relación.

4 Las leyes de Bases, aprobadas por las Cortes Generales, podrán atribuir

expresamente, para todos o para alguno de los territorios autónomos, la facultad

de dictar la correspondiente legislación delegada, para sus respectivos

territorios.

5. El Estado podrá dictar leyes de Bases para armonizar las disposiciones

normativas regionales, aun en el caso de materias atribuibles a la competencia

de éstas, cuando así lo exija el inte. rés general. Corresponde al Senado la

apreciación de esta necesidad.

Artículo 144.-1. Todos los españoles tienen en cualquier (territorio autónomo)

1os mismos derechos y obligaciones.

2. Ningún (territorio autónomo) podrá adoptar medidas que, directa o

indirectamente, obstaculicen la libre circulación de las personas o de las

cosas; ni limitar el derecho de los españoles a establecerse en cualquier parte

del Estado, y ejercer su profesión, trabajo o cualquier tipo de función pública.

3. El Derecho del Estado prevalece sobre el de los (territorios autónomos) en

todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstos en sus

respectivos estatutos.

CONTROL DE LOS ÓRGANOS AUTONÓMICOS

Artículo 145.-El control de la actividad de los órganos autonómicos se ejercerá:

a) El relativo a la constitucionalidad y legalidad, por el Tribunal de

Garantías Constitucionales.

b) El concerniente al uso de las funciones delegadas a que se hace

referencia en el artículo 143, 4, por el Consejo de Estado.

c) El de la Administración autonómica, a la Jurisdicción

ContenciosoAdministrativa.

d) El económico y presupuestario, con intervención del Tribunal de Cuentas.

Artículo 146.Un delegado nombrado por el Gobierno y residente en la capital de

la región dirigirá la Administración periférica del Estado no delegada y la

coordinación cuando proceda con la Administración autonómica.

Artículo 147.-1. Todos los textos legislativos aprobados por la Asamblea de la

región serán inmediatamente comunicados por el presidente regional al Gobierno,

que puede, en el plazo de un mes, solicitar de la Asamblea una segunda

deliberación sobre todos o algunos extremos del texto, señalando las razones

para ello. En este caso, el texto no se considerará aprobado si no es votado por

la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea,

2. Si a Juicio del Gobierno el texto aprobado por la mayoría absoluta de

los miembros de la Asamblea es contrario a una norma de roneo superior, daña los

intereses generales, en el plazo de quince días puede, respectivamente,

interponer el correspondiente recurso ante el Tribunal de Garantías

Constitucionales o plantear la cuestión ante el Senado. La decisión de estas

instan, cias se impondrá a todos.

3. En ningún caso la ley aprobada por las instancias autónomas puede

publicarse antes de haber transcurrido los píalos fijados en los pérrafos

anteriores, salvo que el Gobierno hubiera comunicado al presidente regional su

consentimiento expreso. Los plazos pueden reducirse en una, tercera parte

cuando el proyecto en cuestión hubiera sido declarado urgente por la Asamblea de

territorios autónomos.

Artículo 148.-1. Si un territorio autónomo no cumpliera las obligaciones que la

Constitución u otra ley estatal le imponga respecto del Estado, el Gobierno, con

la aprobación del Senado, podrá adoptar las medidas ne. cesarias para obligar al

territorio autónomo al cumplimiento de dichas obligaciones por vía coercitiva.

2, Para la ejecución de las medidas coercitivas, el Gobierno tiene derecho de

dar instrucciones a todos los territorios autónomos y a las autoridades de los

mismos.

Artículo 149.-1. Los territorios autónomos gozarán de autonomía financiera para

el desarrollo de sus competen, cias y funciones, sin perjuicio de la soberanía

tributaria que corresponde al Estado y del principio de solidaridad entre todos

los españoles.

2. Los territorios autónomos podrán actuar como delegados o colaboradores del

Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos

tributarios de aquél, de acuerdo con los estatutos y las leyes.

LOS RECURSOS DE LAS AUTONOMÍAS

Articulo 150.-1. Los recursos de los territorios autónomos estarán constituidos:

a) Por recargos sobre los tributos estatales. Estos recargos sólo podrán

recaer sobre la renta o el patrimonio de las personas físicas residentes en el

territorio autonómico o sobre el gasto, siempre que, en este caso, sus cargas no

graviten fuera del territorio .en que ejerza su jurisdicción el ente regional

ni supongan obstáculos para la libre circulación de bienes en el territorio del

Estado.

Los entes regionales podrán establecer igualmente contribuciones especiales y

tasas, por obras, servicios o actividades realizadas por los mismos.

b) Por transferencias del Estado que se realizarán a través de un fondo de

carácter general, para atender la realización de gastos corrientes, y un

fondo especial para el desarrollo regional, con objeto de financiar los

proyectos de inversión que conducen al mismo.

c) Por los derivados de su patrimonio.

2. Los entes regionales también podrán disponer de recursos financieros

procedentes de operaciones de crédito, para atender inversiones de carácter

extraordinario, que previamente deberán autorizarse mediante ley votada en

Cortes.

Artículo 151. - 1. Anualmente, en los Presupuestos Generales del Estado, se

fijará la asignación con que los territorios autónomos deben participar en los

ingresos globales del Estado, con cargo a un fondo de compensación territorial,

en función del volumen de los servicios y actividades de carácter público

asumidas por los territorios autónomos de las exigencias del desarrollo general

y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos

fundamentales en todo el Estado.

2. La asignación global para cada territorio autónomo con cargo al referido

fondo será aprobada anualmente por el Senado, atendiendo fundamentalmente al

coste de las competencias asumidas por cada territorio autónomo.

Igualmente, el Senado asignará a cada territorio autónomo, con cargo al mismo

fondo, una determinada cantidad con criterios que atiendan a la corrección de

los desequilibrios económicos existentes entre las diferentes nacionalidades y

regiones.

Artículo 152.Las formas de colaboración financiera entre dos o más territorios

autónomos y entre éstos y el Estado serán competencia del Estado.

Artículo 153. Los territorios autónomos elaborarán su presupuesto anual, con

equilibrio de ingresos y gastos, sin perjuicio de la posibilidad en la formación

de pre supuestos extraordinarios a financiar con cargo a sus recursos

específicos o a los procedentes de operaciones de crédito.

 

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