Autor: Fanjul Sedeño, Juan Manuel. 
   De las provincias     
 
 ABC.     Páginas: 1. Párrafos: 20. 

DE LAS PROVINCIAS

EL verano es como una gran coctelelera nacional en la que todos los españoles se mezclan. Cambian de

residencia, se conocen, conversan. Los extremeños acuden a las playas levantinas, los mediterráneos

suben a los Pirineos,´ los aragoneses descubren el encanto de las Rías Bajas, los andaluces se recrean en la

cornisa cantábrica. Como digo, todos hablan de sus cosas. Y cada vez en mayor grado y sobre todo a un

cierto nivel intelectual, de política. Más aún en este verano que lo está justificando sobradamente.

El fenómeno me ha permitido, como a tantos compatriotas que se hayan preocupado de ello, auscultar

opiniones y detectar realidades de la vida provincial narradas en primera persona por protagonistas y

testigos cuyo relato, por la respetabilidad del informador y la inmediatividad de la fuente, debe calificarse

de buena mano.

La reacción primera en el interlocutor madrileño, es de tal asombro que raya en la incredulidad: «Este

hombre me está contando un cuento»; y aun se piensa en la carga de apasionamiento subjetivo que

encierrá el sucedido. Sólo acierta uno a comprender, desolado, la certeza de los episodios cuando éstos se

apostillan por otros participantes o, lo que es más triste, por la casi simétrica información de otro y otro y

otro, cada uno de diferente región o provincia y de los más varios niveles sociales, actividades, núcleos

ideológicos y generaciones.

Los lugares son muchos; las ocurrencias, parecidas; la conclusión, precisa e inmediata: entre Madrid y el

resto de las ciudades españolas existe geográficamente la distancia que marcan los mapas, pero

políticamente hay años luz. La lectura de los discursos programáticos del presidente del Gobierno y de los

ministros, los editoriales y las colaboraciones de la mayoría de los diarios y revistas, las conversaciones

de los cenáculos políticos y aun las palabras oídas en el seno de la amistad por boca de quienes, por su

situación, pueden ser indicativos de un criterio oficial, animan a pensar que, efectivamente, se está ya en

un camino avanzado de desarrollo político preciso. Madrid y la mayoría de las autoridades nacionales

viven netamente, desde hace unos meses, un clima de tensión positiva lacia una sincera democratización.

Pero ni este clima- ni sus consecuencias políticas prácticas se han expandido. Cuando uno transmite estas

sensaciones hay quienes viven en las capitales de provincia, y aún más, en zonas rurales, perciben

enseguida, en la sonrisa asómbrada del oyente, la diferencia tremenda de diapasón entre su lenguaje y el

nuestro, entre sus vivencias cotidianas y las nuestras. El interlocutor piensa que se burlan de él o, en plano

de buena fe, lo que tantas veces ha ocurrido: en Madrid no tienen la menor idea de lo que pasa en España.

El esquema político provincial, en lo que tiene de mando omnímodo y poder jerárquico, se mantiene igual

que hace treinta años. Sobre la imparcial función de gobernador (garante del respeto y la protección de los

derechos proclamados por las leyes) prima la beligerante de jefe provincial del Movimiento, que en la

vida municipal y rural destaca con primaria decisión a través de sus inspectores. Mandan unos predilectos

—lo que me parece bien—, pero mandan excluyente y permanentemente, lo que me parece mal.

Que esto es una realidad multiplicada por muchas provincias (afortunadamente no las cincuenta) parece

claro. Todos los informes, testimonios, relatos y ejemplos lo confirman. Sobre ello no hay duda. Tampoco

la hay en la indignada calificación negativa del hecho y el deseo popular de una exigente necesidad de

superarlo.

La duda surge y aun se transforma en problema si nos planteamos el «cómo» de esa superación. En otras

palabras: reconocemos que la actual oligarquía provincial es anacrónica y obsoleta; reconocemos que está

cubriendo un vacío, pero reconocemos que sin ella no sabemos qué pasaría en el país. Por tanto, sólo se

puede remediar esta situación sustituyéndola por otra que sea eficaz y que cumpla —democráticamente—

la función de una base política idónea para el Gobierno, para cada Gobierno, cualquiera que éste sea.

Suprimir sin sustituir, ya lo he dicho otras veces, sería suicida.

Aun aceptando la idea del perfeccionamiento de nuestra Constitución, por reformas legislativas, entiendo

que previamente deben «exprimirse» todas las posibilidades democratizadoras que aún permiten, y en

abundancia, nuestras Leyes Fundamentales. Lo que estamos muy lejos de haber no ya conseguido, que ni

siquiera intentado.

Ensayemos una reforma política a nivel provincial que podría aprovechar, entre otras, estas coordenadas:

• Desmitificar al gobernador civil desvinculándole del Movimiento y tecnificando su función y

su reclutamiento como se hace- en otros paises europeos.

• Descentralizar algunas de las muchas facultades de las Diputaciones Provinciales.

• Designar gobernadores generales, de ámbito regional, previstos en la legislación vigente, como

representantes de la política del Gobierno.

• Potenciar los Consejos provinciales y locales del Movimiento elegidos por sufragio, encargando a las

nuevas asociaciones políticas —cada vez más y más urgentes— de la promoción y apoyo éléctoral de los

candidatos.

• Encargar la coordinación de la función política de los Consejos a sus respectivas secretarías

ejecutoras de sus acuerdos.

• Otorgar la presidencia del Consejo ´Provincial al consejero nacional de la provincia sin

facultades personales ejecutivas, pero con derecho de veto o suspensión de acuerdos, dirimido en

plazo brevísimo por el Consejo Nacional.

No se nos oculta que sustituyendo al actual virreinato del jefe provincial surgirá la influencia del Consejo

Provincial. Pero en todo caso será un poder democrático, colegiado, representativo. Lo suficientemente

abierto para recoger y activar todas las corrientes de opinión y lo suficientemente comprometido para

vigilar y mantener en el ámbito provincial las reglas de juego constitucionales.

Estas medidas, unidas a la elección de ayuntamientos y alcaldes, diputaciones y presidentes, en período

ya de «lege ferenda>, desconcentraría las autocracias provinciales en una variedad de fuentes de poder y

de áreas de función nacidas todas, en último caso, de la opinión de los ciudadanos locales.

Descargemos nuestra responsabilidad dejando constancia de que fuera de Madrid, de sus círculos

políticos y de sus declaraciones solemnes, la gente está desorientada y bastante escéptica. No digamos

todavía que profundamente desilusionada.

Juan Manuel FANJUL SEDEÑO

 

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