Autor: Ollero, Carlos. 
   La constitución de un Estado es problema político y jurídico     
 
 Madrid.    29/02/1968.  Página: 3-4. Páginas: 2. Párrafos: 20. 

La constitución de un Estado es problema político y jurídico

El profesor Ollero ha enviado al director de MADRID la carta y el artículo que a continuación se

transcriben:

Madrid, 27 de febrero de 1968.

Señor don Antonio Fontán, director de MADRID.

Mi querido amigo y compañero:

Te ruego muy encarecidamente publiques en MADRID el artículo que me permito adjuntarte. En sus

primeras líneas se contienen las razones que pueden explicar mi ruego.

Un fuerte abrazo de tu siempre buen amigo y compañero.

CARLOS OLLERO

El artículo "Jefatura del Estado, Jefatura de Gobierno y Ley Orgánica" que con mi firma apareció en

MADRID fue impugnado por un editorial de "Ya" en que se omitía el título del periódico que lo publicó y

mi nombre. Tengo para "Ya"—que otras veces me ha tratado con estima y cortesía, que siempre

agradecí—la más alta consideración: me honro en mantener con muchas de las personalidades que lo

integran más que afectuosas relaciones, y siento veneración añeja y sincera por una eminentísima

autoridad eclesiástica unida sustancial e históricamente a la Casa, Aquella omisión y estas circunstancias

me aconsejaron renunciar a la réplica en el propio "Ya", con tanto más motivo cuanto que el editorial

parecía indicar su proposito de no aceptarla al asegurar que el tratamiento jurídico que yo daba al tema

tenía "su lugar adecuado en las revistas especializadas" y manifestar el deseo de no "enturbiar con

polémicas" lo que—según él— aparecía tan claro.

Pero justamente al día siguiente publicaba "Ya" en lugar destacado un interesante —y correcto—artículo

de don Juan A. Ortega, abordando el mismo asunto en términos aun más exclusivamente jurídicos que los

míos y con argumentos muy análogos a los del editorial. Esto es lo que me decide a volver sobre el´

problema, pues, por lo visto, "Ya" rechaza el enfoque jurídico la cuestión y considera ocuparse de ella es

enturbar su claridad..., salvo que se esté de acuerdo con su opinión.

Para no abusar de la hospitalidad de MADRID ni de la atención de los que se dignen prestármela, ´voy a

intentar resumir en forma sistemática mis comentarios a dicho editorial, y me referiré al artículo del señor

Ortega en lo que no considere contestado en tales comentarios.

Impugna "Ya" mi afirmación de que la •separación institucional sería "ahora" un acto de dudosa

constitucionalidad. Yo me limitaba—recogiendo términos del informe a que aludía en mi artículo—a

plantear la no constitucionalidad como posible. Las declaraciones del señor vicepresidente del Gobierno

fueron aún más contundentes, en el sentido de que "ano. ra" no podía producirse la separación, sin

derogar o reformar "antes" el segundo párrafo de 5a.disposición transitoria primera de la Ley Orgánica.

Reconoce el editorialista — no podía dejar de hacerlo— que, según el párrafo primero de dicha

disposición, la separación de las Jefaturas de Estado y de Gobierno tendrá lugar, "cuando se cumplan la»

previsiones de la ley de Sucesión". Ahora bien, asegura que ello no impide que la separación pueda

realizarse "antes", pues para que existiera ese impedimento el texto tendría que haber incluido, junto a la

expresión "cuando", el adverbio "sólo". Me permito recordar que el Diccionario de la Real Academia de

la Lengua recoge el significado gramatical de "cuando" de esta forma: "En el tiempo, en el momento, en

la ocasión en que". La inclusión del adverbio "sólo" es innecesaria e incurriría en un claro pleonasmo. No

tengo pretensiones de preceptista literario, pero deseo corresponder a la elogiable precisión lingüística del

editorial, que puntualiza que "sólo" es - adverbio (digamos al paso que también puede ser adjetivo).

La interpretación de

3. "Ya" sobre la necesidad de añadir "sólo" al término "cuando" — también adverbio- acarrearía

verdaderos trastornos y peligrosas consecuencias en toda clase de regulaciones jurídicas—de naturaleza

pública y privada—, en venerables textos de la doctrina pontificia e incluso en sagrados pasajes

evangélicos. No aduzco comprobaciones —salvo que me sean requeridas por "Ya" para su publicación—

por no alargar estas líneas. A vía de ejemplo, referido a preceptos constitucionales vigentes, invito al

editorialista a que lea el artículo 10 de la Ley Orgánica y diga si las medidas "de excepción" que en él se

preveen "cuando" ocurran hechos tan graves como la amenaza a la independencia de la nación, pueden

ser adoptadas "antes" por e! hecho de no incluirse el adverbio "sólo". A su vez, el artículo 7 de la. Ley de

Sucesión dice: "Cuando vacante la Jefatura del Estado... el Consejo de Regencia asumirá, los poderes...".

Aquí tampoco se incluye el adverbio "sólo", y, sin embargo, no creo que "Ya" pueda aplicar aquí una

hermenéutica que resultaría harto revolucionaria.

En efecto, la vinculación de las Jefaturas de Estado y de Gobierno na está taxativamente inserta en la

Ley Orgánica, sino en las leyes de 1938 y 1939, que,´ por es problema político y jurídico

no ser Fundamentales, se pueden reformar sin necesidad de referéndum. Nadie—al menos yo no—ha

defendido el carácter fundamental de esas leyes. Pueden ser modificadas o derogadas por procedimiento

legislativo ordinario, pero justamente en todo cuanto de las mismas no haya sido Incorporado a la Ley

Orgánica; concretamente en lo que no sean atribuciones concedidas por ellas al Jefe del Estado, ya que

esas atribuciones "subsistirán y mantendrán su vigencia hasta que se produzca el supuesto a que se refiere

«1 párrafo anterior" (los de la Ley de Sucesión). Estas palabras entrecomilladas no son de las leyes del 38

ni del 39, sino de la Ley Orgánica. El señor vicepresidente del Gobierno es el que acaba de catalogar

como primera de esas atribuciones la titularidad de la jefatura del Gobierno, Reformar o derogar la

subsistencia de tales atribuciones "antes" de que ocurra "el supuesto sucesorio" es reformar o derogar la

Ley Orgánica. Esa reforma o derogación requiere celebrar un referéndum que a su vez exige "proyecto

de´ley elaborado por las Cortes" (artículo primero de la ley de Referéndum, no derogado e incluso

ratificado directamente por el artículo 7 de la Ley Orgánica e, indirectamente, por el artículo 9 de la

misma).

En el propio texto le la Ley Orgánica hay referencia a la posibilidad de que en algún caso pueden ser

transformados algunos términos expresos de dicha Ley por vía de legislación ordinaria. Se trata en este

caso de una especie de delegación del legislador extraordinario—el pueblo—en los órganos d_e

legislación ordinaria —Caudillo y Cortes—, y esta delegación concreta, que el referéndum admitió, hace

innecesario su uso en la materia delegada. Pudo consignarse la misma delegación con respecto al

contenido que de las Leyes de 1938 y 1939 se incorporó a la Ley Orgánica, pero no se hizo. Recordemos

que en su día se consideró que la Constitución de 1876 no podía ser reformada por la legislación

ordinaria—al modo inglés — precisamente porque contenía un artículo, el 23, que de forma expresa

admitió que las condiciones requeridas para ser elegido senador podrían reformarse por ley; se interpretó

correctamente que ese artículo implicaba —"contrario sensu"—la.imposibilidad de reformar ningún otro

precepto de la Constitución por la vía legislativa normal.

6. Dice Ya que si problema no es jurídico (¿es que en mi artículo no se contenían más que

apreciaciones de ese carácter?), sino político, "ante todo y sobre todo, político". Su razonamiento

viene a ser, en resumen, el siguiente: a causa de la insistencia de la propaganda de la Ley Orgánica en la

importancia de la separación de Jefatura» de Estado y de Gobierno (insistencia que en verdad fue mínima

comparada con el énfasis puesto en conceptos más genéricos e inconcretos)K quienes votaron la Ley

Orgánica lo hicieron especialmente estimulados por la posibilidad de que en vida del Caudillo éste se

desprendiera de la Jefatura de Gobierno que. venía asumiendo durante veintisiete años, V al parecer de

"Ya", lo hicieron también pensando en que esa desvinculación estaba concorde con el sentir de todos los

españoles, que por "desear la evolución del régimen", veían en la repetida desvinculación "un paso

decisivo hacia un sistema plenamente representativo".

El razonamiento tiene dos aspectos: el de su exactitud y el de su significación. Por lo que respecta al

primero, muchos españoles pueden asegurar que no fue precisamente la desvinculación lo que les incitó a

votar afirmativamente en el referéndum. Desde luego, muchos e importantes sectores del Régimen (que

no tardaron en mostrar su posición y su fuerza en la redacción de las leyes complementarias) no creo que

se sumaran ai voto afirmativo precisamente ante le esperanza as la desvinculación. Respecto a la

significación d e 1 razonamiento de "Ya" cabe preguntar: ¿es que sin esa desvinculación la Ley Orgánica

no era en sí misma una evolución del Régimen? ¿Es que precisamente era la desvinculación lo que

representaba "un paso decisivo hacia un sistema plenamente representativo"? ¿No estará confundiendo

"Ya"—sin malévola intención, por supuesto—lo que algunos presumían, por motivaciones muy

específicas, que iba a producirse con lo que efectivamente movió a los españoles que votaron

afirmativamente 1a Ley Orgánica?

La misma aseveración contundente, e incluso enfática, de que e 1 problema, más que jurídico, es "ante

todo y sobre todo" poli-tico resulta sorprendente. Confesamos nuestra más profunda extrañeza ante esta

pretendida separación entre lo jurídico y lo político tratándose nada menos que de la Constitución del

Estado, de la vinculación o separación entre Jefaturas de Estado y de Gobierno y de la subsistencia de dos

órganos legislativos—Caudillo y Cortes—o de la reducción a uno solo, las Cortes. Confrontar la realidad

política con las Leyes constitucionales y prever las posibilidades, cauces y supuestos que en orden a la

configuración de esa realidad ofrecen aquéllas, no puede ser considerado displicentemente como un

problema de cátedra apto tan sólo para ser tratado ´en revistas especializadas.

Distinguir como planos distintos el político y el jurídico cuando se habla de la Constitución del Estado no

es doctrina ciertamente congruente con la reiterada posición de "Ya" en defensa de la necesaria primacía

del Derecho como regulador de la convivencia colectiva. Es un lenguaje más propio de tendencias

totalitarias de uno u otro signo—en las que "Ya" no participa—que de un órgano de opinión tan

respetuoso y fiel, según ha dicho tantas veces, con la idea de un Estado de Derecho, y de tan admirable

fidelidad a una doctrina como la pontificia, en la que no faltan textos de oportuna recordación: Pío XII, al

hablar de las exigencias del ordenamiento jurídico, requería "normas jurídicas claras que no se puedan

tergiversar con abusivas apelaciones a un supuesto sentimiento popular o con meras razones de utilidad",

y Juan XX1I1, al referirse positivamente a los signos de los tiempos, habló de "fijar en términos

jurídicos... en un documento llamado Constitución los procedimientos para designar tos poderes públicos,

como también sus recíprocas relaciones, las esferas de su competencia, los modos y métodos según los

cuales están obligados a proceder".

Parece indicar "Ya" —y en esto incide con más insistencia e1 señor Ortega— que la Jefatura del Estado

puede renunciar o desprenderse de sus atributos y funciones propios. Esto podía responder a momentos

muy anteriores a los que por el propio Caudillo se han considerado como de madura institucionalización

del Régimen, culminada en la Ley Orgánica. La Jefatura del Estado es ya una institución objetivada y

constitucionalizada mediante referéndum nacional. Sus atribuciones no pueden minimizarse

considerándolas como títulos privados renunciables. El argumento implícito en "Ya", y explícito en. el

señor Ortega, de que al Jefe del Estado no puede negársele "Jo que está a mano del último empleado

administrativo, renunciar a uno de sus cargos" es sensacional. Yo me asombro, y como jurista—con

perdón—me revuelvo instintivamente contra semejante concepción en la más alta Magistratura de un

país. Con tal concepción ni hay orden institucional, ni hay Constitución, ni hay Estado (y menos "Estado

de Derecho").

Refiriéndome ahora exclusivamente al se. ñor Ortega, éste di. C« que la disposición transitoria primera de

la Ley Orgánica es un precepto de máxima importancia; que es ambiguo porque no aclara cuáles son las

atribuciones del Jefe del Estado; que la ambigüedad y e) carácter esotérico de la disposición transitoria

fueron queridos y plasmados de pro pósito; que ese propósito pretendía no polarizar la atención del

público antes del referéndum... Yo doy mi palabra de honor de que no he concertado con el señor Ortega

la redacción de este párrafo: no me hubiera atrevido a decir tanto. En este punto, e! editorialista de "Ya" y

su colaborador son los que tienen que ponerse de acuerdo. Ye. desde luego, lo estoy con el señor Ortega.

Y dejo para lo últirno el aspecto que podríamos llamar más personal de la cuestión: afirma "Ya" que yo

pienso que mi argumentación es inatacable: por e! contrario, con sincera modesJ.a — producto de una

sana proclividad intelectual hacia li autocrítica y el antidogmatismo—aseguré que "no pretendía ser

infalible". Insinúa, con cierta ironía, que a su debido tiempo no surgió ninguna réplica autorizada de

ningún comentarista de los que ahora creen inviable la desvincuhción: y yo confieso que realmente fue un

fallo por mi parte no solicitar de "Ya" la publicación de mi "informe", cosa que sin duda él hubiera hecho.

No obstante, si me honra con su ofrecimiento rne predispongo a remitírselo abe ra para verlo inserto en

sus prestigiosas páginas.

Considera "gravísimo" cerrar «! camino para e! posible cambio, y al abrumarme con tamaña

responsabilidad me hace el honor de atribuir a mi opinión una influencia que no tiene. ¿Tan "gravísimo"

le parece al editorialista el mantenimiento de la actual vinculación? Yo, en mi impenitente deformación

profesional de jurista, no considero el cambio —a la vista de la realidad española y de la estructura

constitucional vigente—con magnitud tan importante. En todo caso, yo no afirmaba la imposibilidad

metafísica de la desvinculación; tan sólo me parecía estimar como necesario un referéndum, que, a la

vista1 del último, tampoco resulta una operación tan lenta y dificultosa.

Hubiera tenido importancia, y no poca, entorpecer el paso a un Jefe de Gobierno si se le hubiera otorgado

en la Ley Orgánica (sobre el supuesto de que el Caudillo no hubiera hecho uso del derecho que le confiere

el artículo 6 de la Ley de Sucesión) unas sustantivas funciones sucesorias aunque hubieran sido

condicionadas y temporales, y se le hubiera atribuido, con ciertos márgenes de discrecionalidad, la puesta

en marcha de los procedimientos definitivamente sucesorios. Pero en el contexto de la realidad política

actual y contemplando las vigentes Leyes Fundamentales,, no acertamos a considerar como "gravísimo"

el que la desvinculación de las Jefaturas de Estado y de Gobierno no resulte fácilmente viable. En el

momento sucesorio, porque no tiene—de por sí, como institución—misión específica, y menos aún

decisoria. Y antes de ese supuesto, por razones que resultan, a mi modesto entender, evidentes.

Y termino aclarando que me he movido, tanto en mi artículo anterior como en éste, dentro de la dialéctica

del propio sistema. Para Ja expresión de una postura personal sobre la situación y la dinámica ,de la vida

politicoconstitucional española no es éste e! Momento

CARLOS OLLERO

 

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