Autor: Ollero, Carlos. 
   El tema de la Presidencia de Gobierno     
 
 Madrid.    09/06/1969.  Páginas: 1. Párrafos: 18. 

El tema de la Presidencia de Gobierno

Por CARLOS OLLERO

I. Planteamiento

ÚLTIMAMENTE han vuelto a surgir en la palestra pública diversos temas político-constitucionales dé

singular interés, como el asociacionismo politico, la futura organización sindical, el alcance de la

proclamada irreformabilidad de los Principios Fundamentales, la homogeneidad o pluralidad política del

Gabinete ministerial, y las posibilidades, significaciones, ventajas o inconvenientes de la existencia de

una Presidencia del Gobierno. Sin perjuicio de dedicar a los demás en ocasión próxima la atención que

merecen, me permito hoy hacer sobre el último algunas consideraciones, estimuladas por la disparidad

que respecto a él se ha exteriorizado en sectores con innegable entidad en el complejo de fuerzas

doctrinales y políticas del sistema. No me he apresurado a escribir sobre el particular, pero tampoco

quiero demorarlo mucho: así, estas líneas, sin perder actualidad, verán la luz con pausa suficiente para

evitar, a ser posible, que en contra de mi sin. cero deseo, provoquen polémica alguna.

El tema ofrece una vertiente Jurídica y otra política; dos vertientes de un único problema que es

indisolublemente jurídico y político. Como ya tuve ocasión de decir desde estas mismas columnas, no

acierto a ver cómo en problemas que afectan a la organización fundamental de la vida colectiva pueden

deslindarse, y menos aún contraponerse, lo jurídico y lo político; disección sólo explicable desde

posiciones doctrinales de un totalitarismo de cualquier signo, que todos parecen repudiar, e con una

sorprendente poca fe en la vigencia y efectividad de los ordenamientos constitucionales.

II. Aspecto jurídico

LA Ley Orgánica contiene, como es sabido, unas disposiciones transitorias. En la primera se prescribe

que las funciones y deberes señalados al Jefe del Estado por dicha Ley serán por él asumidas "cuando se

cumplan las previsiones de la ley de Sucesión". En la segunda se establece que las atribuciones

concedidas al Jefe del Estado por las leyes de enero de 1938 y agosto de 1939 subsistirán y mantendrán su

vigencia "hasta que se produzca el supuesto a que se refiere el artículo anterior". Parece fuera de duda que

entre las atribuciones comprendidas en esas leyes figura la vinculación de la Presidencia del Gobierno a la

Jefatura del Estado. Esto fue lo que me llevó a plantear hace algún tiempo mis dudas sobre la posibilidad

de que el desglose de ambos cargos pudiera realizarse sin distorsión jurídico-constitncional.

Pudo incluirse en el texto de las disposiciones transitorias algún precepto que admitiera la hipótesis de un

desglose de atribuciones, bien por vía de legislación ordinaria, bien por decisión de la actual Jefatura del

Estado. Al no haberse hecho así, no es absurdo considerar que las funciones y atribuciones de las leyes de

1938 y 1939 han adquirido carácter normativo "fundamental", sólo rectificable por vía de referéndum

nacional. La interpretación de que las funciones y atribuciones de la Jefatura del Estado—sobre las que no

hace salvedad alguna la mencionada disposición transitoria—son renunciables por ella en cualquier

momento es muy discutible. La Jefatura del Estado es una institución objetivada y constitucionalizada en

los términos previstos en la Ley Orgánica y es más que dudosa la interpretación de las repetidas funciones

y atribuciones como si fueran títulos privados. Dije cuando con más extensión me ocupé del tema, y

repito ahora, que me limitaba, sin pretensiones de infalibilidad, a señalar una interpretación en el plano

jurídico constitucional, y no a actuar como profeta de un futuro más o menos inmediato. Y añadía que no

me pronunciaba sobre la conveniencia "hic et nunc" de que en un plano político deba existir o no una

Presidencia del Gobierno porque mi propósito era y es examinar la cuestión a tenor de los preceptos

fundamentales, es decir, desde situaciones "constituidas".

III. Aspecto político: Dos actitudes

LA vertiente política del tema está especialmente cualificada vistas las opiniones aludidas por su

última vinculación a la continuidad del orden político, y más concretamente a la renacida "temperatura

sucesoria", con respecto a lo que se han explicitado preferencias distintas sobre el modo de compatibilizar

continuidad y cambio, estabilidad y proceso, presente y futuro.

Según unos, la decisión clave sería el nombramiento de un presidente del Gobierno, válvula segura de la

necesaria continuidad, con el que se daría consistencia al Gabinete, para que fuera en él, antes que en

cualquier otra parte, donde se realizara la delicada transición desde un régimen de concentración de

poderes a otro de poderes distribuidos. Esto se haría bajo la suprema dirección del actual Jefe del Estado

que ha acreditado sus excepcionales dotes de prudencia política y del que, en definitiva, se solicita la

dejación temporal o definitiva de parte de las atribuciones actuales de su alta Magistratura, es decir, la

disminución del "fondo de poder" creado nominativamente a su favor.

Para otros—preocupados también por el cauce de la continuidad y el esclarecimiento de la sucesión—no

cabe duda que el nombramiento de sucesor en vida del actual Jefe del Estado es solución más deseable

que la de segregar de san funciones las de un presidente de Gobierno; lo importante es estar seguro de lo

que va a venir después, y la manera de estar seguros es sabiéndolo antes. Esta posición parece propugnar

que se mantenga intacto el citado "fondo de poder" de la actual Jefatura del Estado y que se espere a la

hipótesis sucesoria para su limitación en los términos prescritos por la Ley Orgánica.

Ambas actitudes tienen—como ocurre siempre en problemas políticos complejos y no bien definidos—su

parte de razón y su lote de desacierto. To diría que la de los primeros es más razonable y la de los segun-

dos más lógica (perdóneseme también a mí incurrir en paradojismos). Pero ambas, hay que reconocerlo,

son congruentes con las líneas añejamente mantenidas por los respectivos sectores a que aludo. Sin ánimo

de terciar en el tema, voy a permitirme—a la reducida luz de mi personal criterio, y con sincero propósito

de imparcialidad y respeto para todos—interpretar las opiniones reseñadas y deducir algunas

consecuencias significativas.

IV. Posibles interpretaciones

Ami entender responden a dos entendimientos y preferencias distintas respecto a la forma y sentido del

desarrollo político español. Para unos, el eje de marcha de la dinámica política española está en la

organización e impulsión del órgano u órganos superiores del Gobierno; para otros, en la composición,

consolidación y operatividad de las instituciones colegiadas y "representativas" destinadas a encuadrar el

mayor pluralismo sociopolítico posible dentro del sistema. Estos confían más en la misión que pueda

desempeñar la base del Régimen; aquéllos, en el que quepa realizarse desde la altura. Es cierto que ambas

posturas pueden articularse no ya como compatibles, sino incluso como complementarias. Pero yo no me

refiero ahora a la posibilidad teórica de componer, al hilo de los textos, un argumento de ese tipo, sino a

la diferencia—o si se quiere a la matización—que efectivamente se produce en la realidad política

española, que observada con un mínimo de rigor y objetividad arroja datos evidentes y diariamente

constatables.

Sé que esa posibilidad teórica puede arbitrarse, porque no se trata en verdad de concepciones polares y

antagónicas del mundo y de la vida; el problema no es de "Weltanschaung", sino más sencilla y

limitadamente de contraste de pareceres dentro del marco doctrinal e ideológico de los Principios

Fundamentales. Puede servir de prueba a estos efectos—-y~ ya que hablo de las disparidades expresas, es

justo que me refiera también a las analogías tácitas—que existe una sutil, per» algo más que casual

coincidencia en el punto de partida: la reserva—no me atrevería a decir desconfianza—con que ambas

posturas consideran algunas de las posibles titularidades futuras de la Jefatura del Estado.

Los unos aseguran que, ocurrida la hipótesis sucesoria, debe producirse un robustecimiento de la figura

del presidente del Gobierno como director efectivo de la política general. A su lado la Jefatura del Estado,

a tenor—según afirman—de las leyes constitucionales españolas, será una institución en cierta forma

desvaída, sujeta al refrendo del Gobierno, del Consejo del Reino y de las Cortes. Es lo que se

corresponde—sigo con razonamientos ajenos—con la Monarquía limitada que aquellas leyes establecen.

Los otros, menos explícitos, no lo formulan tan taxativamente, pero análoga conclusión está implícita al

montar la continuidad en el robustecimiento del aparato institucional colegiado, especialmente del

Consejo Nacional del Movimiento, que en líneas generales equivale a una segunda cámara guardadora de

la continuidad política y estructural del Régimen, y que recuerda en cierta medida al "Senado

conservador" de Sieyes. Al Consejo Nacional se concede una importantísima misión, limitativa,

controladora o compensatoria de prerrogativa tan esencial del Jefe del Estado postucesorio, cual es la de

someter a referéndum un proyecto o proposición de ley votado por las Cortes. No se olvide que para la

reforma de la llamada Constitución española—el conjunto de sus Leyes Fundamentales—es necesaria

precisamente la utilización del referéndum.

V. Perplejidades evitables

LA abundante apertura de posibilidades institución ales futuras prevista en la ley de Sucesión explican la

existencia de diversas apreciaciones y justifican la formulación de propósitos distintos. Nada hay que

oponer, pues, a la legitimidad con que se ofrezcan soluciones varias. Pero se me ocurre pensar si no se

estará haciendo un flaco servicio a la Constitución española con polémicas sobre aspectos tan esenciales

como los aludidos, pues esas polémicas pueden causar ciertas perplejidades inconvenientes al español

medio no adiestrado en sutilezas, y en cuyo ánimo tanto influyeron los sectores de opinión, que hoy

discuten entre sí esos aspectos esenciales, y un día se mostraron unísonos al ensalzar la virtud resolutiva

de la operación "Ley Orgánica-Referéndum Nacional". Poniendo sobre el tapete con tanta insistencia y en

forma dispar las etapas del desarrollo político español y sus configuraciones institucionales, ese español

medio puede verse inducido a pensar, o que la men. clonada operación no es tan resolutiva (lo que

evidentemente no desean los interlocutores a que nos estamos refiriendo) o que los sectores de opinión

que la propagaron ardorosamente, tras disparar contra presuntos y mudos adversarios, conservaron

guarnecida la recámara para un combate dialéctico posterior, al servicio de singulares entendimientos y

utilizaciones de la legislación fundamental (lo que podría suponer un juicio excesivamente aventurado).

De no resultar factible o discreto un amplio debate público sobre ciertos temas delicados, quizá convenga

meditar la conveniencia de reducirlos al ámbito del juego político interno de las fuerzas o tendencias que

tengan bazas para intervenir en él.

 

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