Valores morales y religiosos de la Constitución     
 
 El Alcázar.    28/11/1977.  Página: 6. Páginas: 1. Párrafos: 46. 

Valores morales y religiosos de la constitución

La oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Española hizo pública la

declaración colectiva del Episcopado Español acerca de los valores morales y

religiosos de la Constitución». El texto íntegro de la Declaración es el

siguiente:

I - Motivos de nuestra intervención.

1. Los obispos españoles hemos celebrado la XXVII Asamblea Plenaria cuando

en nuestro país se está elaborando una Constitución, que marcará el rumbo futuro

de la vida nacional.

Se trata de una empresa que, por afectar al destino común de los españoles, nos

obliga a todos a interesarnos por ella y a poner en juego cuanto esté a nuestro

alcance para que resulte bien lograda. En ese empeño colectivo por establecer

una gran plataforma de convivencia, superadora de tantos enfrentamientos

históricos, se sitúan estas consideraciones que presentamos a la sociedad

española con ánimo de colaboración.

Escribimos en un momento en el que aun está pendiente, en su mayor parte, la

tarea de los legisladores. Contemplemos lógicamente aquellos elementos

constitucionales que dicen mayor relación al orden moral y religioso, con el que

nos sentimos especialmente comprometidos los pastores de la Iglesia.

2. Es de suma importancia que la Constitución sea reflejo del más amplio

consenso comunitario sobre el cuadro de valores que ha de sustentar y dar

sentido al edificio legislativo del país, y que establezca también con

honestidad las reglas de juego para el pluralismo político y social. Al Estado

corresponde reconocer y tutelar esos valores, haciendo de ellos la base

permanente de su actuación.

Deseamos que el espíritu de solidaridad con que las fuerzas políticas han

iniciado el proceso constituyente siga afianzándose para que la Constitución

resulte estable, generosa y realista, y cierre así el paso a toda tentación de

sustituirla periódicamente al compás de Las alternativas gobernantes de los

diversos partidos.

II Tutela de los valores fundamentales.

3. Entre los principios básicos, anclados hoy en la conciencia humana

universal, destacamos los siguientes: la igualdad esencial de todos los hombres

en su dignidad personal, la libertad para decidir su destino individual y

colectivo, el reconocimiento de que todos tenemos los mismos derechos

fundamentales.

Derechos Humanos

4. Estos derechos han sido formulados en las grandes declaraciones y convenios

internacionales. Su reconocimiento y vigencia efectiva constituyen parte

integrante del bien común en toda nación civilizada. Ninguna dictadura, ni la

mayoría de la nación, ni un grupo que pretenda ser su vanguardia, pueden

legítimamente anular esos derechos, y menos para imponer a otros la propia

concepción del hombre y de la sociedad. Los sistemas democráticos, aunque operen

sobre el juego de las mayorías, han de garantizar la protección de dichos

derechos a los individuos y a las minorías, sean ideológicas, étnicas o

políticas.

Cuando se proclaman los derechos humanos —y más con rango de texto

constitucional— el legislador viene obligado a garantizar su ejercicio con

tutelas y medios eficaces. La historia y también la actualidad abundan, por

desgracia, en ejemplos de bellas proclamaciones que convierten tales derechos en

puras «libertades formales» por no darles la cobertura jurídica, económica y

social que garantice su vigencia efectiva. La propia Constitución habrá de fijar

las bases de su eficacia en un terreno tan expuesto a resistencias activas y

pasivas.

Derechos Solidarios

5. Naturalmente, el ámbito de estos derechos individuales y colectivos no es

absoluto ni ilimitado, puesto que han de conjugarse con los mismos derechos de

los demás y conllevar unos deberes que, por coherencia ética, no pueden

separarse de

VALORES MORALES Y RELIGIOSOS DE LA CONSTITUCIÓN

los mismos. Proclamar la dignidad, la libertad, la igualdad de los seres

humanos, está exigiendo el respeto a los derechos ajenos y la responsabilidad en

el ejercicio de los propios. No son prerrogativas sin referencia social, antes,

por el contrario, sólo se realizan cumplidamente en el marco de la solidaridad

con los demás hombre y en función del bien común de la sociedad.

Para concertar con equidad el juego de derechos y de deberes en una comunidad

nacional, hay que apelar obligadamente a la función de la autoridad. Misión suya

es asegurar que el equilibrio de los derechos de todos no se quiebra por el

abuso de los más numerosos o de los más fuertes. Alegar la libertad para socavar

la autoridad, sería atentar contra el sistema democrático y contra los derechos

de los débiles.

Los mecanismos de control social previstos en ese sistema habrán de evitar, por

otra parte, que la autoridad degenere en tiranía. Con ese propósito debe

funcionar con equilibrio eficaz la división de poderes y la opinión pública, así

como el dinamismo de las sociedades intermedias de las que hablamos después.

Una constitución dinámica

6. Por último, una constitución que aspire a perdurar, no como texto

paralizante, sino como instrumento dinamizador del desarrollo social, habrá de

poner las bases que hagan viable, sin traumas ni colapsos, el avance progresivo

en la construcción más justa de la sociedad. La constitución ha de contener

también un programa básico para empujar al país hacia formas de convivencia más

participativas y comunitarias.

Perspectiva cristiana

7. Tanto a la afirmación de estos principios básicos del orden social, como a la

justa delimitación de los derechos humanos, puede llegarse desde diversas

concepciones del hombre y de la sociedad. Los cristianos las derivamos de

nuestra Fe en la paternidad universa] de Dios y la consiguiente fraternidad

humana, y del modelo de Cristo Salvador, que entregó su vida por todos los

hombres, iluminó el destino humano con su Evangelio y es, para cuantos creemos

en El, origen y meta de la historia. La Fe nos obliga a poner a contribución

estos valores para construir la convivencia humana en concurrencia respetuosa y

abierta con los diversos humanismos.

III Expresión de la conciencia de nuestro pueblo.

Las constituciones deben tener un fundamento ético y expresar la realidad

profunda de aquella colectividad, a cuyo pasado, presente y porvenir pretenden

ser fieles. Puestos, pues, a concretar valores y derechos que debiera

salvaguardar la constitución española, es obligado recurrir a nuestra conciencia

como pueblo, en la que la concepción cristiana del hombre y de la sociedad

ha supuesto, y todavía supone un elemento importante. Esta concepción cristiana

ni debe ser ignorada ni pretendemos imponerla a nadie, así se evitará que

razones ideológicas o religiosas sean causa de divisiones y luchas a las que

desearíamos cerrar el camino para siempre.

Sin ánimo exhaustivo, nos permitimos reseñar los siguientes puntos básicos que,

a nuestro juicio, deben ser asumidos, de una u otra forma, en el texto

constitucional:

Defensa de la vida humana

9. A un orden jurídico justo le corresponde garantizar la defensa de la vida

humana, desde el seno materno hasta el momento de la muerte, contra todo ataque

que pueda amenazarla, aunque venga disfrazado de amor compasivo, de ideales

políticos o de fría ciencia.

Promoción de la familia

10. La estabilidad del matrimonio y el desarrollo integral de la familia,

abierta a la sociedad, tienen derecho a ser tute-lados por la Ley. La protección

privada y pública de los valores éticos de la familia, la igualdad jurídica de

la mujer, la vivienda adecuada, las posibilidades educativas de los hijos, las

salidas profesionales para los jóvenes, son elementos integrantes de una buena

salud familiar, indispensable para el progreso social.

Tutela de la moralidad pública

11. El derecho a la libertad de expresar y difundir las propias opiniones no

puede invocarse para justificar las ofensas a los valores y sentimientos

morales y religiosos de los ciudadanos. El servicio al bien de la comunidad

cívica reclama, además, una especial defensa de la moralidad pública. No puede

confundirse un pueblo libre con lo que hoy se denomina en el área de la

civilización del consumo «la sociedad permisiva".

Acceso a la cultura

12. La justicia social reclama que el ordenamiento jurídico garantice el

acceso de todos los ciudadanos a los bienes de la cultura, sin discriminaciones

de ninguna clase, ni para alumnos ni para centros docentes. El Estado tiene el

derecho y el deber de garantizar eficazmente la libertad de enseñanza, de

ordenar el sistema educativo y de vigilar los niveles de calidad de todos los

centros, con respeto a su identidad peculiar, mediante la vigencia efectiva del

derecho de los padres —creyentes o no creyentes— a elegir el tipo de educación

que ha de darse a sus hijos. En todo caso ha de quedar garantizado en todos los

centros de enseñanza la educación de las nuevas generaciones en conformidad con

las condiciones morales y religiosas de los padres y de los alumnos.

Atención a los más débiles

13. Nos parece muy propio de una constitución, a la vez humanista y moderna,

reflejar el compromiso moral del país con sus sectores más deprimidos: los

parados, el mundo rural, las clases pasivas, los ancianos, los niños

abandonados, los minusválidos y los marginados sociales de toda índole, son

acreedores a un trato preferencia! en la distribución de los recursos del país.

Fomento de las iniciativas sociales

14. En un momento constitucional, que se apoya en profundas aspiraciones

democráticas, la mayor defensa contra cualquier absorción autoritaria, está en

la rica gama de sociedades intermedias que surgen espontáneamente en todos los

campos de una vida social en libertad.

La Constitución debe protegerla y promocionarla, para quitar al Estado hasta la

tentación de invadir el vacío que ellos llenan, con un excesivo monopolio. No

hagan las instituciones lo que pueden hacer las personas. No haga el Estado lo

que pueden hacer las instituciones. Suplan siempre con respeto las instancias

superiores las limitaciones de las inferiores.

Diversidad de los pueblos de España

15. La salvaguardia legal de las identidades propias de los pueblos de España

que por su cultura, historia y conciencia colectiva, son en su diverso grado

diferenciadas entre sí, debe ser asumida por la Constitución española como un

valor positivo.

Apoyo a los países del tercer mundo

16. Entre los elementos definitorios del ser histórico de nuestro pueblo,

figuran, sin duda, el sentido universal y el carácter solidario de su cultura.

Ello debiera comprometernos hoy, de acuerdo con las exigencias del momento, en

el apoyo a la promoción de los pueblos menos desarrollados, mediante una activa

colaboración del Estado y de la sociedad española con los organismos y programas

internacionales que tienden a la liberación integral del tercer mundo.

IV Desarrollo de la libertad religiosa.

17. Tratamos por separado del derecho civil a la libertad religiosa, que

forma parte de los derechos humanos y exige en nuestro caso, una particular

clarificación. La constitución en ciernes se propone afirmar, según parece, la

plena vigencia de la libertad religiosa, renunciando a la fórmula del Estado

confesional. El episcopado español hizo pública hace cuatro anos su posición

sobre la confesionalidad del Estado, dejando su decisión a la sociedad civil y

al Estado que la encarna y redamando para la Iglesia la plena libertad en el

ejercicio de su misión. (Cfr. Iglesia y comunidad política, n. 52-56).

Observemos, sin embargo, que no basta afirmar la no confesionalidad del Estado

para instaurar en nuestra Patria la paz religiosa y las relaciones respetuosas y

constructivas entre el Estado y las iglesias. Si prevalecen en el texto

constitucional formulaciones equivocas y de acento negativo que pudiera dar pie

a interpretaciones laicistas, no se daría respuesta suficiente a la realidad

religiosa de los españoles, con el peso indudable del catolicismo y la presencia

en nuestra sociedad de otras iglesias y confesiones religiosas.

La Iglesia Católica

18. Pensamos que un pleno reconocimiento de las diversas iglesias —con

garantías de los derechos inherentes a las diversas confesiones y a otras

posiciones de los ciudadanos ante el hecho religioso- debiera abrir la puerta a

un tratamiento sobrio y constructivo de 1a significación de la Iglesia Católica

en España, en términos de independencia reciproca en relación con el Estado, de

respeto de competencias y de posibilidad de establecer acuerdos sobre materias

de interés común que exigen una línea estable de actuación.

En consecuencia, sería insuficiente proclamar en abstracto la libertad religiosa

de lodos los ciudadanos, reducida a la simple libertad de conciencia o a la

libertad de cultos» , sin asegurar la libertad de evangelizar, de asociar a los

fíeles y de apoyar la fraternidad humana por medios educativos, asistenciales v

de promoción integral.

19. Los obispos españoles repetimos nuestra posición dialogante, confiamos

en hacernos entender por cuantos nos lean con buena voluntad, sólo nos resta

expresar nuestra esperanza en la nobleza de propósitos de los representantes del

pueblo ante esta decisiva responsabilidad parlamentaria. Pedimos a Dios que

ilumine sus conciencias y premie sus esfuerzos.

EL ALCÁZAR

 

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