Autor: Ovando, Carlo. 
   La separación de la Iglesia y el Estado     
 
 Pueblo.    01/12/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

LA SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO

El borrador de la futura Constitución, que reciente, mente se ha hecho público, contiene en su artículo 3.º la declaración de que el Estado español no es confesional y garantiza la libertad religiosa en los términos del artículo 17, según el cual "se garantiza la libertad religiosa y de cultos, asi como la de profesión filosófica o ideológica, con la única limitación del orden público protegido por las leyes. Nadie podrá ser compelido a declarar sus creencias religiosas".

Los términos, ciertamente muy escuetos, del borrador constitucional han provocado la reacción del Episcopado, a través de una declaración que ha hecho pública el día 26 de noviembre la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Aunque por razones explicables, y que son de estimar, la declaración no hace referencia concreta al texto de dichos artículos, pero es evidente que su redacción no ha satisfecho.

De todas las proposiciones la más estimable a nuestro Juicio -y la que, por ende, merecería ser aceptada- es la afirmación de que "sería insuficiente proclamar en abstracto la libertad religiosa de todos los ciudadanos, reducida a la simple libertad de conciencia o a la "libertad de culto", sin asegurar la libertad deevangelizar, de asociar a los fieles y de apoyar la fraternidad humana por medios educativos, asistenclales y de promoción integral". Tal propuesto, congruente con el artículo 10 del borrador constitucional, podría articularse con un carácter general -y, por tanto, referido a todas las confesiones religiosas-, si bien particularizado en lo que hace a la Iglesia Católica con referencias concretas a los acuerdos concordatorios y a los que, en su día, pudieran convenirse con la Conferencia del Episcopado.

1 DIC. 1977

Resulta extraño que sobre la redacción concreta de los artículos constitucionales relativos a la libertad religiosa, no se hayan mantenido conversaciones previas con los responsables de unas y otras confesiones y de manera partícular, con la Iglesia católica en razón a la importancia del número de fieles. Cierto es que el texto constitucional se ha hecho público por una filtración, por una parte presumible, dada la lentitud con que se vienen realizando los trabajos. El inconveniente se hubiera evitado si el Gobierno hubiera asumido la elabora

ción por una Comisión de expertos, del borrador constitucional; como es lógico, aun en este caso, desde las primeras fases, hubieran tenido que participar en el trabajo los otros partidos. La débil mayoría en el Congreso en que se encuentra el Gobierno puede haber sido la causa que no ha hecho aconsejable esta solución.

Compartimos la proposición de la declaración episcopal . relativa al reconocimiento de la vertiente institucional de la libertad religiosa. Creemos, en cambio, que deben evitarse cualesquiera otras propuestas que puedan llevar a la Constitución materias sobre las que, hoy por hoy, no existe un consenso nacional. Aludimos a aquellas propuestas -congruentes con el pensamiento católico- que podrán cerrar el camino a la ley del divorcio y a la que puede legalizar, en determinadas condiciones, el aborto. Comprendemos las razones que han llevado a la Conferencia Episcopal a tratar de poner una barrera constitucional a estos temas: tenemos el pleno convencimiento de los graves problemas de conciencia que puedan crear a los que hayan de decidir; pero juzgamos que, en el momento actual, adelantar el planteamiento puede provocar divisiones o diferencias, que serian tanto más graves que el desconocimiento de uno y otro tema por la Constitución.

La separación entre la Iglesia y el Estado, en la forma como sería deseable que se hiciera efectiva en España, presupone la independencia de una y otra sociedad, pero no debe ser óbice a la colaboración entre ellas. Comprendemos los recelos que el término "separación" suscita en ciertos medios en razón al sentido que tuvo en Francia a comienzos de siglo y en España en los años 30. Hay que sobreponerse a los recuerdos y a los fantasmas del pasado. Lo verdaderamente importante no es el término separación o independencia, pues este último podría no pasar de un puro eufemismo. Hay que aspirar a que. separadas e independientes, las dos sociedades colaboren, y a que esta colaboración se haga sin mengua de la libertad de los ciudadanos.

La libertad de conciencia de los católicos es algo muy importante. También lo es la de los no católicos, que deben poder en España disfrutar de las mismas libertades -incluidas las que afectan al régimen de la familia- que en cualquier otro país semejante al nuestro. Han sido muchos los años en que, bajo la presión de la Iglesia, los españoles no creyentes -y algunos no conformistas dentro dé sus creencias católicas- han tenido que soportar medidas legislativas que estimaban lesivas e incompatibles con sus convicciones. Con la desaparición del franquismo ha terminado ese "sui generis" entendimiento de la colaboración entre el Estado y la Iglesia, que pensamos hay que dar por definitivamente liquidado.

Sería sensible que el clima que en los últimos años se ha creado en la Iglesia española, y por tanto ha contribuido a la implantación de la democracia, se enturbie ahora por la actitud que se adopte ante los trabajos, constitucionales. Comprendemos qué los obispos tienen obligaciones que, en conciencia, no pueden desconocer, pero es indispensable que la independencia que se predica sea auténtica y en todo caso, que se cobre conciencia de que la Constitución,, que ya en sí tiene problemas, no se dificulte añadiéndoles cuestiones que, por el momento, no se han planteado en el borrador constitucional y que sólo se plantearía, y en términos agrios, si se intenta forzar las cosas.

 

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