Autor: Miguel Rodríguez, Amando de. 
   Inesperada Constitución     
 
 Diario 16.    05/12/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

Inesperada Constitución

El hecho es que el borrador constitucional se ha confeccionado a espaldas de la

opinión pública, en el mas vergonzante de los secretos. Uno no ha protestado

mucho hasta la fecha por aquello de colaborar a la consolidación del régimen

democrático, de no dar argumentos a los enemigos de la democracia, y en último

término por el pragmatismo de ver cual era el resultado de la "primera lectura"

que tanto trabajo ha costado a nuestros padres de la patria.

Ninguna de las dos razones sirven ya. La primera, por la lamentable protesta de

los políticos encargados de la redacción del texto ante el hecho de que los

periodistas se hayan atrevido a publicar el borrador constitucional. Albricias a

Cuadernos para el Diálogo (esto es hacer honor a su título) y a los periódicos

por asumir su función de "cuarto poder", y condena a los políticos protestones

por acaparar más poder del que les hemos dado los votantes. Si no llega a ser

por la hazaña de los reporteros de Cuadernos, el borrador constitucional sólo lo

habrían conocido los obispos, lo cual es una broma demasiado pesada.

La segunda razón es que, a la vista del texto en cuestión, uno no puede menos

que expresar su desacuerdo como ciudadano ante tal engendro, difícill ya de

corregir por muchas "lecturas" que le echen sus señorías. Suspenso, para

empezar, en redacción, como lo demuestra esta perla sintáctica del art. 97: "El

presidente del Gobierno dirige la acción de éste y distribuye y cordina las

funciones de los demás miembros de aquél, sin perjuicio de la responsabilidad

directa de éstos por la gestión de sus Departamentos" (el subrayado es mío).

Publicar también las minutas La verdad es que es triste que nos tengamos que

conformar con el magro documento del articulado después de unos cuantos meses de

discusiones. Me adelanto a uno de los artículos del borrador que mas me ha

gustado, el 101 bis, que dice que la ley regulará, entre otras cosas, "el acceso

de los ciudadanos a loa archivos y registros administrativos con las solas

limitaciones que exija la seguridad y defensa del Estado o la intimidad de las

personas". Pues bien, en una interpretación generosa de ese artículo los

ciudadanos deberíamos tener acceso, desde ya, a las cintas de las discusiones de

la Comisión Constitucional. Que no se diga que afectan a la seguridad del

Estado. Nuestros antepasados pedían luz y taquígrafos; nosotros, televisión y

cintas magnetofónicas. Pero en fin, lo peor de todo es que esos documentos

desaparezcan, no se publiquen nunca, se los coma el tiempo. Por si algún lector

piensa que soy demasiado agorero le recordaré que todavía no se han publicado

los resultados electorales del 15 de Junio. Las minutas de las discusiones

constitucionales servirían para aclarar un enigma preocupante: ¿Por qué el

resultado de este primer borrador es más oscuro y conservador de lo que se

podría esperar de una reunión de gentes progresivas y eruditas, como lo son sin

duda sus autores? ¿Hay acaso poderes fácticos que operan por encima de los

poderes legales?

Fantasía sobre un texto constitucional

El texto dice mucho más y mucho menos de lo que se puede esperar en un país

europeo de finales del siglo XX. Es insufrible el poso de Juridicismo que deja,

una herencia del régimen anterior que no sabemos cómo va a desaparecer. Parece

estar hecho para que sirva de material de prácticas a los estudiantes de Derecho

Político o de Teoría del Estado. En el mejor de los casos, esos estudiantes

dirán que es un documento para la libertad cuando por lo menos se pide una

Constitución para la igualdad. No seré yo quien se queje de la libertad, que

demasiado sé lo que cuesta que se la quiten a uno, pero se puede dar un paso

más. No sé cómo decirlo, pero este texto recoge los temas de los profesionales

de la política,

Una Constitución es un documento demasiado importante como para que su redacción

la dejemos en manos de abogados. Ya se sabe la fuerza que tienen siempre los

primeros borradores. Los miembros de la Comisión Constitucional, o como se

llame, son todos abogados y algunos, además, altos funcionarios. Todo eso está

muy bien, puesto que además son gente muy competente. Pero, ¿no se les podría

añadir algunos diputados —varones y mujeres— que fueran de otras profesiones?

Ese monopolio abogadil y altofunclonarial recuerda otros malhadadas tiempos.

Incluso en el prolijo capítulo de derechos individuales (en el que, como es

lógico, los abogados se han esmerado) falta uno muy especial: el que de verdad

iguale los derechos de varones y mujeres. En realidad, se trata de un derecho de

grupo, un tipo de derechos que no ha llegado a provocar la curiosidad de los

redactores. No basta con la no discriminación por el sexo del artículo 15,

porque en flagrante contradicción con el, se declara en el 29 que "los españoles

varones (es decir, no las mujeres) están sujetos a los deberes militares".

También se dice que, entre hermanos, es el varón sobre la hembra (SIC) el que

tiene la prioridad para heredar la Corona (art. 46). Menos grave, pero no menos

curioso, es que se hable siempre del Rey y no de la Reina (no en cuanto a

consorte del Rey, sino en cuanto Jefe de

Estado mujer por derecho propio, que la ley lo reconoce). Es natural tal cúmulo

de errores freudianos en una Comisión Constitucional en la que no hay ninguna

mujer, ni siquiera para decir que la hay. En mi opinión particular, la famosa no

discriminación por el sexo sólo se consolidará cuando se reconozca, entre otros,

el derecho al aborto (es decir, el derecho a que la mujer tenga un hijo sólo si

lo desea) y el divorcio consensúal, no como males menores, sino como derechos,

subrayado. A nuestros padres (no madres) de la patria ni se les ha pasado por la

cabeza tal planteamiento, claro está. Tampoco se pueden pedir que las peras den

olmos.

No me resisto a dejar de copiar la broma del art. 38, que seguramente es un

error mecanográfico (es lo que siempre se dice), pero bien divertido: "Los

poderes públicos garantizarán el derecho de los ciudadanos a que alcancen la

tercera edad." ¿No hubiera sido más sencillo decir que el Estado no matará a los

viejos?

Luego está la coña de la "enseñanza básica obligatoria y gratuita" (art. 30),

naturalmente corregida con la oportuna cautela de que "los poderes públicos

homologarán y podrán ayudar eficazmente a las escuelas" (se entiende, privadas).

Poder ayudar, claro que pueden, pero ¿quiere decir que deberán ayudarlas? En la

práctica todos sabemos lo que quiere decir esto: cuantiosas subvenciones del

dinero del contribuyente a la Iglesia católica. ¿Están seguros los padres de la

patria de que éste es el común sentir de los españoles. incluso de la minoría de

católicos? No, no es un error, digo la minoría de católicos porque no llegan

nunca a la mitad los que van a la iglesia, los que reciben los sacramentos o los

que están de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia. Pero volvamos al tema

central. La enseñanza básica gratuita se proclamó en la ley de Educación de 1970

y desde entonces la enseñanza básica —que no llega a todos los niños— no ha

hecho más que subir de precio, al tiempo que las escuelas privadas (pocas

protestantes o judías hay) reciben cada vez más subvenciones. ¿Vamos a continuar

con este juego?

Esta Constitución está llena de lo que los sociólogos denominamos

"especificaciones fuera de lugar". ¿A qué viene que "el Estado protegerá a los

agricultores, ganaderos y pescadores", como dice el agrarista art. 121, que

parece que el mismísimo don Dionisio Martín Sanz le hubiera metido mano? ¿Por

qué no proteger también a los madereros y demás trabajadores forestales, que

también son campo? ¿Y por qué no a los afinadores de pianos? Y en serio, ¿por

qué no hablar de esa minoría realmente desprotegida que son los gitanos?

 

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