Autor: Huet García, Francisco. 
   La Constitución y la independencia judicial     
 
 Diario 16.    06/12/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 15. 

La Constitución y la independencia judicial

Francisco Huet García (Magistrado)

La independencia judicial -siempre afirmada y hasta ahora nunca conseguida-, en

su aspecto orgánico o externo, requiere de dos condiciones esenciales: Que el

poder político no determine los nombramientos judiciales y que se objetive y

democratice la organización de la justicia.

Aunque el Gobierno no provea los cargos judiciales atendiendo a razones

políticas de inquebrantable adhesión o como premio a servicios prestados en

otros puestos, la sola posibilidad de que así pudiera ser -y es posible que

alguna vez haya sido- obliga, si de verdad se pretende que la justicia sea

independiente, a una revisión total de la legalidad vigente.

Esta revisión ha de tender, además, a crear un órgano representativo y

democrático que atendiendo a normas objetivas gobierne a la justicia, designe

los cargos judiciales y cumpla la función -convenientemente reducida en aras al

principio de antigüedad- que actualmente tiene el Consejo Judicial.

Para dar idea de la decisiva intervención de Gobierno y Consejo en la promoción

de jueces y magistrados, diremos que de su criterio dependen los siguientes

cargos judiciales: presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo,

presidentes de la Audiencia Nacional y de las Audiencias Territoriales y

Provinciales, presidentes de Sala o Sección de todas las Audiencias, jueces

decanos de todas las capitales de provincia, y jueces y magistrados de Madrid,

Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza y Málaga.

Paso a paso

Con ello es claro que se divide a los jueces en dos castas -los idóneos y los

que no lo son-. También -y esto es más paradójico- se divide a los ciudadanos en

dos clases -los que requieren juez idóneo y los que no.

En España, durante el antiguo régimen, se minaron las bases de la independencia

judicial. Los jueces, día tras día, veían cómo se mermaba su competencia, cómo

el desaforado e injustificado aumento de fueros personales y la multiplicación

de las jurisdicciones especiales sustraía a los ciudadanos de sus jueces

naturales.

Hoy las cosas, con el nuevo régimen; están empezando a cambiar.

El proyecto legislativo de UCD, que obliga a los magistrados y jueces que ocupan

cargos políticos o que puedan ocuparlos, a pedir la excedencia voluntaria -no

corno antes, que se veían favorecidos con la especial- y el del PSOE sobre

supresión de idoneidades son muy importantes pasos para la verdadera

independencia.

También es un hecho trascendental el nuevo Consejo Superior de la Justicia que

parece va a crearse en la Constitución. El carácter democrático del mismo, cuyos

miembros serán elegidos libremente por la carrera judicial y por las Cortes, es

una garantía para los ciudadanos y para los jueces. Ahora serán los legítimos

representantes de los magistrados y de la ciudadanía quienes proveerán los altas

cargos judiciales y asumirán al respecto las funciones del anterior Consejo

Judicial y del Gobierno.

Que este Consejo sea perfectible en cuanto a su composición -los dos

representantes del Gobierno parecen innecesarios y debería ser mayoritariamente

judicial- no resta mérito alguno a la idea de su creación, que no hace más que

seguir la pauta de los demás países de nuestro entorno.

Extraña oposición

Sorprende, pues, que algunos medios judiciales -como ha dicho la prensa- se

opongan al mismo. Nunca existió crítica a las normas represivas del régimen

anterior. Tan sólo Justicia Democrática, proféticamente, se oponía. ¿Qué razones

hay -si no es por defender privilegios- para oponerse a la democratización de la

justicia?

En pocos meses, si los proyectos legislativos siguen adelante, se habrá

recorrido más camino para la independencia judicial que en los últimos cuarenta

años.

Hay algo, sin embargo, aunque de distinto signo, en el proyecto constitucional

que es preocupante. Puede perderse la oportunidad histórica de hacer gratuita la

justicia a los españoles. Una cosa es que abogados y procuradores cobren sus

lógicos honorarios a los litigantes pudientes y otra esta necesaria gratuidad.

Los Juzgados son hoy un lamentable espectáculo que somete a los secretarios -

funcionarios llamados a más altas funciones- al triste papel de cobradores de

tasas. El dinero que por este concepto ingresa el Estado es mínimo y el daño que

se hace a la imagen de la justicia muy grande. La solemne declaración

constitucional de qué la justicia es gratuita dignificaría en grado sumo la

noble función judicial, hoy sometida a demasiadas corruptelas.

 

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