Autor: Domingo, Oriol. 
 Universidad. 
 Solidaridad y democratización     
 
 Gaceta Ilustrada.    16/03/1975.  Página: 31. Páginas: 1. Párrafos: 4. 

UNIVERSIDAD

SOLIDARIDAD Y DEMOCRATIZACIÓN

AL presidente Arias: «Esperamos petición clemencia y diálogo encontrarán comprensión y ayuda». Al ministro Martínez Es-teruelas: «Camino emprendido vuecencia conversaciones curso pasado causarán muy favorables impresión creemos apropiado». Son párrafos de dos telegramas enviados por la Federación Diocesana de Padres de Familia y Alumnos de Barcelona pocos días después del pasado 8 de febrero. Pero lo ocurrido desde entonces es algo más que una constante demanda de reconsideración y de acción solidaria con Valladolid. Ha habido algo más que huelga, griterío, encierro.

Todo eso no son más que síntomas de una situación en crisis. Autoridades académicas, profesores, estudiantes. Colegios Profesionales, entidades ciudadanas han expresado en breves declaraciones su análisis crítico y en profundidad de las estructuras del sistema educativo del Estado español. Estas declaraciones no deben tener como destino las papeleras de los despachos sino la mesa de la negociación larga, tendida, serena y exigente.

ALTERNATIVA. — Tres puntos hay irrenunciables para las autoridades ministeriales de Educación y Ciencia: el orden, el estudio, la participación establecida. Para círculos cada vez más amplios y conscientes de profesores, estudiante y ciudadanos hay también otras aportaciones irrenunciables. La información «La hora de los encierros» del anterior número de «G.i.» finalizaba asi: «¿Quién va a contribuir decisivamente a resolver los defectos y atascos de nuestra Universidad si no son las Juntas de Gobierno?, se pregunta en un editorial "La Vanguardia", de Barcelona. Algunas Juntas ya han ofrecido su colaboración y protesta».

El Ministerio debe sentirse satisfecho y agradecido porque hay tanto o más de lo primero que de lo segundo. La colaboración prestada consiste en un apunte de soluciones que parte de una autocrítica de quienes forman parte de la misma estructura educativa. Así, y en una declaración calificable de sumamente moderada en relación a otras que se han formulado, la Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Barcelona ha expresado su convicción de que muchos de los problemas de que se tiene noticia son susceptibles de solución dentro del marco de la Ley General de Educación y del respeto de la autonomía universitaria. La Junta entiende que la situación actual es en parte consecuencia de una inadecuada estructura de las instituciones docentes y del desfase existente entre la legislación vigente y la realidad cotidiana.

Y la Escuela de Ingenieros de la misma Universidad ha expresado su firme convencimiento de que el diálogo entre los distintos sectores afectados y la gestión democrática de las instituciones docentes a todos los niveles constituyen garantía indispensable para una pacífica y eficaz convivencia universitaria. Estas mismas ideas han quedado perfectamente señaladas y sintetizadas en las declaraciones de un Consejo de Escuela y de cuatro Juntas de Facultad de la Autónoma barcelonesa. El acuerdo número tres de la Junta de ´Económicas, por ejemplo, señala textualmente: «Manifestar que la situación conflictiva actual es una consecuencia lógica de una estructura universitaria inadecuada en la que las autoridades académicas carecen de la fuerza moral necesaria para asumir su responsabilidad.

La resolución de los problemas universitarios pasa por la necesaria democratización de sus órganos y al establecimiento de unas normas de funcionamiento justas, basadas en una autonomía efectiva, tal como reclaman sectores de opinión cada vez más amplios». La alternativa presentada dibuja, pues, un horizonte con unos objetivos claros: auténtica autonomía y verdadera gestión democrática de la Universidad. También quedan perfectamente señalados los medios para lograr estos objetivos: diálogo eficaz y negociación abierta con todos los sectores afectados.

CAMPUS Y SOCIEDAD. — La calle no permanece insensible o lo que está ocurriendo en los campus universitarios. Numerosas entidades ciudadanas han manifestado su opinión en el mismo sentido. Entidades barcelonesas se han adherido a la formulación elaborada por la Junta de Gobierno del siempre preocupado e inquieto Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña y Baleares. El documento de esta Junta plantea descarnadamente la situación que sufre el profesorado no numerario en todos sus niveles.

En el fondo de su planteamiento se razona la urgente necesidad de que la política educativa se base en una reforma democrática de la enseñanza. Señala que uno de los pasos a dar es éste: «Una participación efectiva y democrática en los problemas educativos: planes de estudio, programas, funcionamiento de los centros, control de presupuestos, etcétera... única forma de garantizar que la política educativa responda a los intereses generales de la sociedad y no dependa de los cambios en el vértice de la Administración». Otro paso necesario es «la gestión democrática de los centros, en la que debe intervenir todo el profesorado y representantes de padres y alumnos, con el reconocimiento explícito del derecho de reunión y expresión dentro de los centros».

MARGEN DE NEGOCIACIÓN. — La preocupación del Colegio de Licenciados por el profesorado no numerario (PNN) es lógica. Su situación es clave y de las más conflictivas. Precisamente uno de los ejes básicos sobre los que giró la conversación entre el ministro de Educación y la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Barcelona, mantenida el día 4 de marzo, fue sobre este profesorado. La Junta de. Gobierno solicitó la plena legalización de una doble vía para la incorporación del profesorado a la Universidad: la tradicional de la provisión de plazas de funcionarios públicos en su nueva modalidad de oposiciones a Cuerpo, seguida de asignación posterior a plaza concreta mediante concurso juzgado por un tribunal en que la Universidad interesada cuente con suficiente representación. Segunda vía: la creación de unos cuadros docentes de tipo contractual establecidos según una reglamentación propia de cada Universidad, concebida como entidad estatal autónoma, la Universidad debería fijarlos según sus necesidades y peculiaridades, estipulando la duración de los contratos y ías modalidades de su renovación, delimitando con precisión los derechos y los deberes de los profesores contratados y estableciendo un sistema de selección que elimine los actuales métodos de designación de este profesorado.

La respuesta ministerial fue clara: existe el mayor interés en estudiar la posible aplicación a los profesores contratados de Universidad de un tipo de normativa encajado en el que se aplica al personal de los organismos autónomos, y se encuentra ya en marcha la normativa prevista en la Ley de Educación de separar el acceso al Cuerpo, de la adscripción a cada Universidad. De esta conversación entre la Junta de Gobierno de la Autónoma barcelonesa y el señor Martínez Esteruelas surge una cierta esperanza. Y es que ha sido ampliado el margen de la futura negociación entre los representantes del profesorado no numerario y las autoridades ministeriales.

 

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