Autor: Esperabé de Arteaga González, Jesús. 
 Peligro!. 
 Confusionismo político     
 
 Sábado Gráfico.     Página: 19-20. Páginas: 2. Párrafos: 11. 

PELIGRO!

CONFUSIONIMOS POLÍTICO

Por JESÚS ESPERABE DE ARTEÁGA

Vivimos en un ambiente de confusión política, y eso no es bueno. Nadie entiende nada, y el que lo entiende, para no desinstalarse, disimula.

Política y biberón

El Movimiento, comunión de los españoles con unos Principios, que no es ningún descubrimiento, pues así nació (hubo que organizarlo ante la férrea lucha de los falangistas por el poder), resulta que es organización y no organización «ex novo», como cabría deducir del artículo 4.° de la Ley Orgánica, sino la misma que lucía en los Estatutos de FET y de las JONS, de 4 de agosto de 1937. Con sus jefes, subjefes y jefecillos, para la juventud, la familia y el deporte, y hasta con sus flechas para izar,y arriar banderas.

Sólo se ha suprimido el noviciado que el artículo 7 exigía para apuntarse. No hay, por tanto, catecúmenos. Todos estamos bautizados. Comprenderás, querido lector, que o falta imaginación para instrumentar otra cosa, o sobra ésa, y lo que se pretende es mantener aquellas estructuras para que no se interrumpa la corriente que alimentaba el partido-burocracia. Se confunde política y biberón. Y, como en la feria, cada uno habla de la política según le va en ella.

absurdos a porrillo

Mas el Movimiento, así concebido, a juicio de los instalados» no es Administración. Entonces, dos preguntas: a) ¿Quién organiza este Movimiento?, y b) ¿Por- qué tiene como fuente nutricia los Presupuestos del Estado? Porque los afilia-´ dos —los de expresa manifestación de voluntad— no cotizan, y si lo hacen, no sacan ni para pipas. En la Sección 05 de los Presupuestos Generales del Estado aparece una dotación global de 1.802,715 millones para ese Movimiento, que, al empeñarse algunos en que no sea Administración, lo sitúan en el limbo político, pero con placenta previa en el bolsillo del contribuyente español. En esta línea del absurdo, se pretende que sea el Consejo Nacional el que contraiga el compromiso de honore de darse a sí mismo una tabla de incompatibilidades no menos severa que la que ahora se pretende establecer para los Procuradores en Cortes.

Pero si el Consejo no tiene facultad normativa, ¿cómo puede impedir que un Consejero no sea Subsecretario, si le apetece? Por si fuera poco, de la Monarquía sucesoria se dice que es una Monarquía de nueva planta, con lo qué se intenta configurar un régimen, no como el de Amadeo, sino como el de Víctor Manuel. Y como unas Cortes auténticas —se añade— pudieran colocar a algún Gobierno contra las cuerdas, rememorando a Romero Robledo y dejando a este viejo político en mantillas, se pretende configurar una Cámara, no fiel a éste o a otro Gobierno, sino a quien tenga en su mano el «Boletín del Estado». Así, resulta, en definitiva, de lo acontecido en la Comisión de Educación, en la que Fernández Miranda pidió votos para llevar la selectividad al Pleno. No arrancó ni uno. ¿Cuántos hubiera conseguido si la petición la hace como Ministro Secretario, o como Vicepresidente del Gobierno? Claro, que la contestación desde el Gobierno es política-ficción. Pero quizá estemos asistiendo a la aparición de la «leal oposición de Su Majestad», constituida por los que dejan de ser Ministros, Subsecretarios o Directores Generales, y quieren volver a serlo. Oposición retribuida, como la inglesa, ya que en el interregno que media entre el salir y el volver, ningún «ex» se va a casa. Para todos puede haber una canonjía.

la fetén

Mas con la Constitución española en la mano, lo que va a misa es esto: como el Gobierno no se asienta en la confianza de la Cámara, no-tiene, como en otros países, que conquistarla. Que el Gobierno haya de acomodar sus criterios al de los Procuradores, no sé si será, como se ha escrito, poner o no a un Gabinete contra las cuerdas. Pero sí afirmo que sin esta fórmula, ni el pueblo se autogobierna, por lo que no existe la mínima democracia, ni el que gobierna lo hactí por otro procedimiento que el manoseado y viejo régimen de dictadura. Sistema óptimo para quien, subido en el carro del poder, impone a los demás hasta las películas que ha de ver, o los libros que puede leer. Pero que levanta ronchas en quienes han de soportar tamaña vejación. Los instalados habrán de reconocer que eso constituye, cuando menos, una especie de capitalismo político, y que, como todo capitalismo, conduce a la lucha de clases.

Que no rima con los Principios. De ahí que, como pobres de solemnidad, demandemos justicia social política. Esa revolución sí que está por hacer. Y desearíamos que se hiciese desde arriba, para no excitar los ánimos del poder constituyente genuino, que todo lo puede, y cuando llega, todo lo arrasa. No deja en pie nada.

la carpa

El discurso del Presidente Arias, que tanto gustó y que tantas esperanzas despertó, tuvo sobre todo una virtud: la de ser congruente: España, que durante bastantes años se había desenvuelto en un ambiente más prusiano que español, trataba de homologarse, sin renunciar a sus peculiaridades ni a nada sustancial, con otros regímenes políticos con los que, queramos o no, hemos de convivir. Esto no era, por otra parte, ningún descubrimiento, pues tal evolución —por no llamarlo cambio—, viene impuesta por el juego combinado del artículo 4.° de la Ley Orgánica del Estado y 16 del Fuero de los Españoles. El Movimiento —que nadie trata de proscribir— iba a ser la carpa en la que los españoles con respeto de los Principios jugarían a la política; esto es, a la ordenada proposición de sucesivas y cambiantes fórmulas de Gobierno, y hasta la preparación de equipos para gobernar. Pues llegada la hora de sustituir unos hombres por otros, ni el país puede jugarse sus Ministros a los dados, ni la de signación de un Gobierno puede ser obra de compadres. Bien está que, de conformidad al artículo 14 de la Ley Orgánica, el Primer Ministro lo designe el Jefe del Estado, a propuesta en terna del Consejo del Reino, y que después sea el Presidente del Gobierno el que proponga al Rey su equipo. Pero para eso tendrán que existir organizaciones políticas, de donde el electo pueda escoger, pues no se va a llegar a la conclusión de que lo que el artículo 17 de la Ley Orgánica propugna es un Gobierno de amiguetes. Diecinueve ministros son demasiados Ministros para sacarlos de tan reducido escalón.

La vuelta de los budas

Pues bien, cuando las cosas caminaban razonablemente, he aquí que retornan los budas. Y el Presidente Arias, en vez de ampliar o rectificar sus criterios —si juzgaba oportuno hacerlo— en el Pleno del 25 de junio, se va a hablar a Barcelona ante los Consejos Locales y Provinciales del Movimiento Organización, que no son constitucionales. Porque, si bien es cierto que, conforme al párrafo segundo del artículo 16 del Fuero, «el Estado puede crear y mantener las organizaciones que estime necesarias para el cumplimiento de sus fines» (fuera de este contexto, las prolongaciones locales y provinciales del Consejo Nacional no caben), no es menos cierto que, según el párrafo final de este artículo, las normas fundacionales que revestirán forma de la Ley, coordinarán este derecho con el reconocido en el párrafo anterior, que no es ni más ni menos que el de los españoles a reunirse y asociarse libremente para fines lícitos. ¿Dónde está la regulación de este derecho de asociación y reunión? En ninguna parte. Por eso, que el Estado funde o mantenga organizaciones para cumplir sus objetivos políticos es poner el carro delante de los bueyes.

Porque delante de esos Consejos Locales y Provinciales tenía que haber ido el Estatuto de Asociación Política de los ciudadanos. Sobre el que puede idealizar lo que quiera el Consejo Nacional, pero cuya conformación y aprobación corresponde a las Cortes de la Nación, por imperativo del artículo 34 del Fuero de los Españoles. Porque lo que se haga en el Palacio del Senado —si es que al fin se hace algo— no será más que «pólvora en salvas». ¿Que resulta extraño? Quizá. Pero es así. La culpa la tiene la Ley Orgánica, que después de haber asignado al Consejo en el artículo 21 unos fines, en el artículo 23 no aparecen los medios para cumplirlos. Ya que aparte de interponer Recursos de Contrafuero, todo lo que el Consejo Nacional puede hacer es sugerir. Y esto no es mucho, si las que tienen que resolver después son las Cortes. A no ser que, rememorando a Romero Robledo, intentemos mediatizarlas. Medios para hacerlo no faltan. Pero, a mi juicio, ese no es el camino.

El camino

El camino es precisamente el otro, el de la autenticidad. Dejarse ya de sufragios y segundo y posterior grado, que sólo sirven para configurar unas Instituciones —Consejo, Cortes, Municipios y Sindicatos—, tan alejados de la base, que, en verdad, nadie —excepto los beneficiarios— las identifican. No es igual votar a un compromisario, que no tiene imagen, que no sabes a quien, a su vez, va a votar, que votar directamente al candidato. La distancia que media entre uno y otro procedimiento electoral va desde la indiferencia, y, por lo tanto, votar por compromiso y por rutina, a la despreocupación y participación activa del elector. Es el desafío de nuestro tiempo. No . más artículos 29, y no digamos pucherazos. O vamos al sufragio, todo lo orgánico que se quiera, pero directo y sincero —Gobernadores fuera—, o debemos de cerrar la tienda. Ya que en la otra «participación», en la de los filtros y maniobras para que sean elegidos siempre los mismos y no cambien ni las caras, nadie cree en este país, y el español, que es de por sí escéptico, la contempla como una simple trampa.

De ahí que no haya que torpedear el sistema electoral del Proyecto de Ley de Bases de Régimen Local, sino, que al contrario, lo que tengamos que hacer es aproximar al voto directo del elector, a los estamentos orgánicos, que no quieren ni hablar de él, porque más de un instalado se desinstalaría. La corrida que puede sufrir alguno iba a ser de las que se califican de «en pelo». ¿Por qué no probamos? Sólo así los líderes podían presumir de serlo, y los Sindicatos serían Sindicatos; el Consejo Nacional representativo, las Cortes casi perfectas; los Ayuntamientos y Diputaciones, genuinos, y más de un Procurador corporativo, portavoz en verdad de su Corporación. Lo de elecciones por compromisarios —diez Concejales tuvieron que elegir tres para nombrar un Diputado Provincial (y ni qué decir tiene que salió el candidato del Gobernador)—, es propio de los tiempos de Romanones, y desde entonces ha pasado mucha agua bajos los puentes. Elecciones limpias e incompatibilidades a todo trapo son los fármacos apropiados para los males políticos de nuestro tiempo. Si no tomamos con humildad y a dosis masivas estas medicinas, puede pasarnos lo que a Caperucita: que venga el lobo feroz y nos devore. Y no va de cuento. El vaso tiene una capacidad fija, y basta una gota para que rebase.

Los principios

Los instalados te arrojan a la cara, con ánimo de descalificarte por tu supuesta resistencia a observarlos, los Principios. Que según la Ley de su promulgación, son permanentes e inalterables. Pero los que tiran la piedra olvidan que los Principios comprometen más al Gobierno que al ciudadano, por lo que no es por ahí por donde puede romperse la cuerda de la convivencia pacífica. En efecto, al margen de sus declaraciones dogmáticas, como lo del fin social de la propiedad, mientras que los Principios no imponen más que tres obligaciones al ciudadano —respetar la Monarquía, no atentar contra la unidad de la Patria y admitir el sistema de representación orgánica que no se reduce a la familia, el municipio y el sindicato—; al Gobierno le imponen siete deberes:

1.° Pasar por lo que en materia temporal diga la Iglesia.

2.a Amparar por igual los derechos de todos los españoles.

3.° Hacer que el orden político sea siempre representativo.

4.º Que todos los ciudadanos puedan acceder a los cargos públicos, según su mérito y capacidad, por lo que no se les discrimine por sus ideas políticas.

5.° Que gocen de una justicia independiente, una educación general y profesional, que nunca deje de prestárseles por falta de medios, de una asistencia y segundad social y que entre ellos se distribuya equitativamente la renta nacional y la carga fiscal.

6° Que el Estado estimule la iniciativa privada, encauzándola e incluso supliéndola.

7.° Que el Gobierno, por todos los medios a su alcance, procure perfeccionar la salud pública y moral de los españoles, a la vez que les asegure las más dignas condiciones de trabajo.

No cabe duda que mantener un orden político representativo, estar a lo que diga la Conferencia E copal y no discriminar a los españoles por sus ideas, por lo que que admitir los puestos públi (y no digamos a la docencia) hí los socialistas, es más pesada es que la de no declararse repub no, ni separatista, ni partidario sufragio universal. Por lo qúí ruptura no ha de venir por ac porque los españoles de a pie neguemos a comulgar con los P; cipios. Quizá los que les haj asco sean los instalados. Máxime cuando se confunde Estado, Rt men y Gobierno (la nación cuei menos), y el primero, según ps ce, se declara beligerante y no n tral, en una sociedad que, coi todas, es plural. Y que deviei «progre», a medida que unos españoles van naciendo y otros sucumbiendo. Una cosa es que el Estado vele, como debe, porque no se peí viertan las Instituciones, y otra que tome parte activa en la lucha política, que se da con y sin partidos. Cómo ha de gobernarse la sociedad—en virtud de qué formulas— es la sociedad española la que debe decidirlo. Y nadie está, creo yo. legitimado para contradecirla, si no queremos torcer el curso de la Historia, lo que no es bueno.

Flaco servicio

Quienes, por devoción, pasión o ambición (también los hay de este gremio), con sus «spots» publicitarios llevan al pueblo al confusionismo, prestan a éste un flaco servicio. Pues si cada hora tiene su afán, la del presente momento histórico no puede ser la «tercera vía» de Perón (ni capitalismo ni marxismo), que desde lejos huele a burgués —a nacionalizador de la Banca, que opta por hacerse banquero—, y que, a la postre, no conduce a ningún sitio, porque no es ni «chicha ni limoná». La hora española es la de todos.

Dentro de un marco común, que, partiendo de unas coordenadas, tiende a una mayor igualdad social, pero sin que haya que saludar a la romana. Aquello, como las botas altas y el taconazo, pasó, y hoy no hay más que un desarrollo posible: el de la homologación, mayor o menor, pero homologación al fin, con los regímenes políticos de los pueblos con los que nos toca convivir. Todo lo que no vaya por ahí no dejan de ser ensayos. Pero ensayos en probeta. Como el de producir niños de modo artificial, que, en caso de que sea posible, es, ante todo y sobre todo, inmoral. J. E. A.

 

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