Autor: Vega Benayas, Carlos de la. 
   El poder judicial y la nueva Constitución     
 
 El País.    17/12/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 16. 

POLÍTICA

TRIBUNA LIBRE

El Poder judicial y la nueva Constitución

CARLOS DE LA VEGA BENAYAS Magistrado

La necesidad de un Poder judicial independiente que aplique y realice el Derecho

elaborado por los órganos legítimamente representativos del pueblo, o creado por

la comunidad -Derecho no legislado: costumbre, principios, jurisprudencia- ha

sido y es reconocida de modo expreso por todos los grupos y partidos que han

puesto manos a la obra en la tarea de edificar una situación democrática en

España,

Creemos que en esto hay consenso de todos los partidos. O al menos, todos se han

pronunciado en ese sentido, con más o menos extensión y detalles. Y no hay otra

solución o salida si se quiere que la democracia exista.

Es evidente que el primer presupuesto, el primer requisito que todo grupo o

partido ha de plantearse como autoexigencia, es el de cierta renuncia al poder

indiscriminado, a ordenar el concierto social con inmunidades o débiles

controles. Un poder político es tanto más legitimo y más justo en cuanto se

somete -con disciplina y paciencia, por supuesto- no sólo al deber de rendir

cuentas al pueblo de modo periódico y solemne (elecciones), sino a permitir que

uno de tos poderes del Estado sirva de control y contrapeso al Poder, respecto a

posibles excesos, desviaciones de la legalidad o abusos frente a los

particulares.

La Historia demuestra una relación paralela, pero invertida, entre poder y

libertad: a más poder, menos libertad; más libertad: poder limitado por la

propia exigencia de libertad. Justamente es este, creemos, el autentico tema de

nuestro tiempo y que afecta a toda organización civilizada, desde una democracia

social hasta un socialismo profundo. El problema es el de encontrar tos limites

justos, la frontera entre el poder, referido al fin de organizar una sociedad

justa, y la libertad necesaria e irrenunciable del ciudadano.

Hoy. ciertamente, hay acuerdo en que tan importante o más es el tema de «cómo»

se ejerce el Poder, que el de «quien» ejerce el Poder. Se podría hablar de

legitimidad y de legalidad. Cierto que si ambos requisitos concurrieran la

solución seria óptima. Pero en tanto no ocurra así, la prioridad en nuestro

esfuerzo se ha de referir, por imperativo de la Historia, alterna de la

legalidad, es decir, al de obtener al menos un sistema en el que el poder se

ejerza de acuerdo con los intereses de los más (democracia) y ajustado a un

orden jurídico justo, a unas normas de Derecho previas, estables y votadas por

la mayoría. En suma, el Estado de Derecho. Este, como se sabe, presupone que los

poderes del Estado sean compartidos, divididos y reciprocamente controlados y

asi se habla del imperio de la ley como expresión de la voluntad general, de la

división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y de la legalidad de la

Administración, en el sentido de que asi como el Poder legislativo ha de

someterse a la Constitución, el ejecutivo lo ha de estar a la ley y al control

judicial (recursos) y el judicial a la Constitución, a la ley y al Derecho,

entendido esto como la totalidad del ordenamiento jurídico del país.

Estas exigencias, este desiderátum, es predicable no sólo de la democracia

liberal, sino de la más avanzada o social. Y en esto las tendencias socialistas

están de acuerdo: si no se quiere caer en la tirania, en la dictadura, el Estado

democrático ha de ser también un Estado democrático de Derecho, El poder tiene

que controlar al poder. El poder tiene que ser controlado por el pueblo, por el

Parlamento, que es su expresión, y por el Derecho, voluntad legalizada de 1a

conciencio colectiva. Es aqui donde el Poder judicial además de los otros

controles ha de tener su función propia. El Poder judicial se configura como

servidor de la comunidad. Ahora bien, tanto más fácil será esa tarea cuanto más

democrática sea la estructura política y social, y menor será el esfuerzo que el

juez haya de realizar en la protección de los derechos humanos y en el control

jurisdiccional de la Administración.

Limitación de poderes

Ahora bien, entendemos que en el marco formal del Estado de Derecho cabe también

-debe incluirse- la prevención de otros abusos de poder. Los que se han llamado

poderes reales no se limitan a los clásicos: legislativo, ejecutivo y judicial.

Existen los poderes sociales y económicos: monopolios, oligarquías financieras,

multinacionales, grupos de presión, instituciones sociales, partidos, etcétera.

Qué euea iazc que la limitación de estos poderes ha de estar prevista también en

la Constitución y en las leyes, y por ello ha de tener su reflejo en la

práctica, en su control real, por el Poder judicial en los limites y condiciones

propios: legislación fiscal, un estatuto de las fuerzas políticas y grupos, por

ejemplo, con la protección penal debida. Ello va de consuno con la idea, ya hoy

aceptada, de que los derechos fundamentales no se agotan con la lista de los

clásicos más o menos reconocidos: reunión, asociación, expresión, creencias,

etcétera, sino que han de añadirse los derechos económicos y sociales: vivienda,

salario, libertad de trabajo, huelga, justicia eficaz, a ser posible gratuita,

etcétera.

Superada ya la falaz concepción anterior de la «unidad de poder y coordinación

de funciones» (modo retórico de eliminar, entre otras cosas, la independencia

del Poder judicial) es claro que la nueva Constitución debe llamar a las cosas

por su nombre y, en consecuencia, el titulo correspondiente debe llevar la

rúbrica de «el Poder judicial», porque interpreta, aplica y realiza el Derecho,

pero además, y también, lo ejecuta.

Las diversas Constituciones españolas han seguido diversos criterios. La de

Bayona (1808, «Estatuto»): Tít. XI «Del orden judicial», con veintisiete

artículos. La de Cádiz (1812): Tít. V «Los Tribunales y la Administración de

Justicia en lo civil y criminal», con 67 artículos. La de 1837: Tit. X, "Del

Poder judicial», con seis artículos. La de 1845, igual que la anterior, asi como

la de 1856, no promulgada. La de 1869: Tit. VII. «Poder judicial», con siete

articulos, que constituye el precedente de la ley Orgánica del Poder Judicial de

1870, vigente hoy en gran parte. La de 1876: Tít, IX, con ocho artículos. La de

1931, Tit. VII: «Justicia». La ley Orgánica del Estado titula también «La

Justicia».

En general puede decirse que los preceptos constitucionales anteriores no son

demasiado claros ni precisos. Cualquier observador imparcial notaría cierta

preocupación en el Poder de limitar, no su poder, sino el poder judicial, es

decir, notoria resistencia al autocontrol del Estado y escaso reconocimiento de

los derechos fundamentales.

Muy esquemáticamente podríamos señalar del modo siguiente los principios básicos

relativos al Poder judicial en la nueva Constitución: 1) la Jurisdicción es un

poder del Estado, salvo el arbitraje privado y tribunales consuetudinarios. 2)

es función autónoma, separada e independiente, ejercida por jueces técnicos -

salvo la Justicia de Paz, que será electiva-, retribuidos por el Estado, y todos

independientes, inamovibles, imparcíales, preestablecidos (juez natural) y

responsables. 3) los jueces no deben obediencia más que al Ordenamiento jurídico

del pais, según el principio de jerarquía de las normas. No podrán ingerirse en

funciones ajenas, legislativas o administrativas. 4) la Jurisdicción será única,

salvo la restringidísima reservada a la Administración militar. 5) las leyes no

reconocerán ni admitirán ninguna dase de fueros. Se respetarán las inmunidades

tradicionales. 6) La Jurisdicción será ejercida de acuerdo con el principio de

legalidad en cuan o a toda clase de procesos, asi como en los de oralidad y

publicidad, que a su vez posibilite la crítica de la función judicial. 7) El

Poder judicial se constituye en el custodio del Derecho y garante del

Ordenamiento jurídico y de los derechos del individuo. Su potestad natural se

extiende a la ejecución de sus acuerdos y a la exigencia de su respeto por

ciudadanos y órganos del Estado. 8) Se establecerá un recurso de amparo ante los

jueces naturales. Las restricciones de la libertad personal sólo podrán ser

acordadas por los jueces y tribunales. La ejecución de las penas será judicial.

Las funciones del ministerio fiscal

No olvidamos al Ministerio Fiscal. Este se configurará como representante y

defensor nato de la legalidad, del interés social y de los desvalidos e

indefensos. Dependerá de la ley, no del Gobierno, y actuará no sólo ante los

juzgados y tribunales, sino ante cualquier órgano del Estado, provincia o

municipio, entidades públicas y paraestatales. Promoverá, en su caso, el recurso

de amparo. Entendemos que la figura y funciones del Ministerio Fiscal español no

debe ser suplantada por otras foráneas, tal la del ombudsman, ¿Para qué y por

qué?

Igual criterio, contrario a la creación de nuevos órganos y tribunales, merece

el del anunciado Tribunal de Garantías constitucionales. Este, si bien de

formación mixta (magistrados y juristas de otras procedencias) debería estar

integrado en el Tribunal Supremo y bajo la presidencia de su titular.

 

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