Fue entregado ayer al Presidente de las Cortes. 
 Texto íntegro del anteproyecto de Constitución     
 
 Arriba.    24/12/1977.  Página: 1-7. Páginas: 7. Párrafos: 506. 

Arriba Documento

Fue entregado ayer al Presidente de las Cortes

TEXTO INTEGRO DEL

ANTEPROYECTO DE

CONSTITUCIÓN

[De nuestra Redacción.)—El anteproyecto del texto constitucional fue entregado

en la tarde de ayer por la Ponencia a la Mesa de la Comisión constitucional del

Congreso, presidida por don Emilio Attard.

En primer término se dio factura a una nota de los miembros de la Ponencia, en

la que se señala que ésta ha celebrado 23 sesiones, del 22 de agosto al 14 de

diciembre, con un total de 232 horas de trábajo. La nota añade que ha sido

propósito deliberado de los ponentes el lograr un máximo de compromiso en el

mayor número de cuestiones y reducir el número de los votos particulares.

El cañor Attard pronunció unas palabras, dictando que hoy es un día histórico,

porque se inicia la recomendación Institucional de un nuevo estado de derecho.

«Hoy —añadió— creo que se abre con luz y taquígrafos el trabajo necesario de le

participación de los representantes de la comunidad política, a través de esta

Comisión, para acometer la ingente tarea de que sea un hecho la

Institucionalización de la democracia, de la libertad y del Estado de derecho.»

El Presídante del Congraso, señor Alvarez da Miranda, mostró su satisfacción por

recibir el texto constitucional y dijo que «estamos en el primer paso Importante

y decisivo para llegar a establecer una Constitución que sea un consenso de las

fuerzas políticas del país». Añadió que quedaba un largo camino por recorrer,

pero lo más Importante y lo esencial ya se ha hecho, por lo que debamos

felicitar a la Ponencia.

El Presidente del Congreso, la Mesa de la Comisión y los ponentes se dirigieron

al despacho del Presidente de las Cortes. Don Antonio Hernández Gil elogió el

trabajo realizado por la Ponencia y el consenso alcanzado, que es el mejor

antecedente para que podamos tenar una Constitución perdurable.

TITULO I

Principios generales

ARTICULO 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de

Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la

libertad, la justicia, la igualdad y el respeto al pluralismo político.

2. Los poderes de todos los órganos de! Estado emanan del pueblo español, en

el que reside la soberanía.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

ART. 2. La Constitución se fundamenta en la unidad de España y la solidaridad

entre sus pueblos, y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y

regiones que la inte gran.

ART. 3. 1. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles

tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo.

2. Las demás lenguas de España serán también oficiales en los territorios

autónomos, de acuerdo con sus respectivos Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un

patrimonio cultural que será objeta de especial respeto y protección.

ART, 4. Los partidos políticos expresan el pluralismo democrático, concurren a

la formación y manifestación de !a voluntad popular y son instrumento

fundamental para la participación política. Se forman y ejercen su actividad

libremente dentro del respeto a ia Constitución y a la ley.

ART. 5. Los sindicatos de trabajadores, las organizaciones

profesionales y las asociaciones empresariales, contribuyen a la defensa y

promoción de los intereses económicos y sociales. Se forman y ejercen su

actividad libremente dentro del respeto a la Constitución y a la ley. ART. 6, 1.

Los tratados internacionales válidamente celebrados tendrán, una vez publicados,

jerarquía superior a la de las leyes.

2, Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o

suspendidas, en las formas previstas en los propios tratados o de acuerdo

con las normas generales de derecho internacional.

3. Se podrá atribuir por un tratado o una ley orgánica el ejercicio de

poderes derivados de la Constitución a Instituciones de Derecho

Internacional en régimen de paridad.

ART. 7. 1. La bandera de España es la de los colores rojo, gualda y rojo, en

tres franjas horizontales, siendo la gualda de dobie anchura que las rojas.

2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias que, en los actos

oficiales Y edificios públicos de los territorios autónomos se utilizarán junto

a la bandera de España.

ART. 8. La capital del Estada es la Villa de Madrid. Podrán establecerse por ley

servicios centrales en otras localidades de España.

ART. 9. 1. Todos los poderes públicos y los ciudadanos están sujetos o la

Constitución y al ordenamiento jurídico cuyos principios rectores son la

libertad y la igualdad.

2, Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la

libertad y la igualdad del Individuo y de los grupos en que éste desarrolla su

personalidad sea real y efectiva; remover los obstáculos que impidan o

dificultan su plenitud, y facilitar la efectiva participación de todos los

ciudadanos en la organización política, económica, cultural y social del

país.

3. Se reconocen los principios de publicidad y jerarquía normativa, de

legalidad, de retroactlvldad de las normas punitivos sanclonadoras, fiscales y

restrictivas de derechos individuales y sociales, de seguridad jurídica de

exclusión de la doble sanción por los mismos hechos, y de responsabilidad de los

poderes públicos.

ART. 10. 1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la

Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e

independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento

constitucional.

2. Una Ley Orgánica regulará las bases de la organización militar dentro de los

principios de la presente Constitución.

TÍTULO II

De los derechos

y deberes fundamentales

Capítulo primero

De los españoles

y extranjeros

ART. 11. 1. U nacionalidad española se adquiere y se pierde de acuerdo con las

disposiciones del derecho civil.

2. Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

3, El Estado podrá negociar tratados de doble nacionalidad con los

países de cultura Ibérica o que hayan tenido particular vinculación histórica

con España.

ART. 12. 1. La condición jurídica del extranjero se regulará por la ley y por

los tratados, atendiendo siempre al principio de efectiva reciprocidad.

Solamente los españoles serán titulares de derechos políticos.

2. Los extranjeros residentes en España gozarán de las líber

tadas públicas del presente título, en los términos que la ley establezca.

3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado y

siempre que exista reciprocidad efectiva. En ningún caso se concederá la

extradición por delitos políticos.

4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países,

perseguidos en los mismos por la defensa de los derechos y libertades

democrátros reconocidos en la Constitución, gozarán del derecho de asilo.

Capítulo segundo

De las libertades públicas

ART. 13. La dignidad, los derechos inviolables de la persona humana y el libre

desarrollo de la personalidad, son fundamento del orden político y de la paz

social, dentro del respeto a la ley y a los derechos de lots demás.

ART. 14. Todos los españoles son iguales ante la ley sin discriminaclones por

razón de sexo, de raza, de nacimiento, de religión, de opinión o de cualesquiera

otras condiciones personales o sociales.

ART. 15. 1. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física.

2. Nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratas inhumanos o

degradantes.

ART. 16 1. Se garantiza la libertad religiosa y de cultos de los individuos y de

las comunidades, así como la de profesión filosofica o ideológica, con la única

limitación del orden público protégido por las layes.

2, Nadie podrá ser obligado a declarar sobre sus creencias religiosas.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes pú blicos terdrán

en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las

consiguientes relaciones de cooperación.

ART. 17. 1. Nadie podrá ser privado da su libertad, más que en los casos

previstos por la ley y en la forma que esta disponga.

2. La detención preventiva no podrá durar más de setenta y dos horas, y

e! detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad

judicial dentro de Ia3 veinticuatro horas siguientes a Ia de haberse practicado

la detención. Dentro de las expresadas setenta y dos horas, deberá el juez

dictar la oportuna resolución sobre la situación procesal del detenido.

3. Toda persona detenida debe ser informada, en el plazo más corto

posible, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de

su detención, no pudiendo ser obligada a prestar declaración sin la presencia

de abogado.

4. La ley regulará un procedimiento de "habeas corpus" para producir la

Inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida

ilegalmente.

ART. 18. 1. Se garantiza el honor y la intimidad personal y familiar.

2. El domicilio es inviolable. Ninguna Investigación domiciliaria podrá

realizarse sin mandato judicial.

3 Se garantiza el secreto de las comunicaciones postales, telegráficas y

telefónicas, salvo mandato judicial.

4. la ley limitará el uso de la informática para garantizar al honor y la

intimidad personal y familiar de los ciudadanos.

ART, 19. 1. Se reconoce la libertad de residencia y circulación en el territorio

español.

2. Todos los españoles tienen derecho a entrar y salir libremente de España en

los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por

motivos políticos o ideológicos.

ART. 20- 1. Se reconoce el derecho a expresar y defender ideas y opiniones,

usando libremente la palabra, el escrito y la imagen, sin censura previa.

2. Se garantiza la protección

de los derechos inherentes a la producción literaria, artística y científica.

3. Se reconoce la libertad de cátedra, de creación artística y de

investigación científica.

4. Se reconoce la libertad de comunicar o recibir Información objetiva y

veraz por cualquier medio de difusión

5. Los poderes públicos garantizarán el acceso a los medios de

comunicación social de su propiedad o sometidos directa o indirectamente a su

control de los distintos grupos sociales y políticos, respetando el pluralismo

de la sociedad y las diversas lenguas de España.

6. Estas libertades tienen su limite en el respeto a los derechos reconocidos

en este título, en los preceptos de las leyes que las desarrollan, y

especialmente en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

7. No podrá acordarse el secuestro de publicaciones y grabaciones, salvo

mandato Judicial y por causa de delito.

ART. 21. 1. Los españoles tienen el derecho de reunión pacífica y sin armas.

2. La ley regulará el derecho de reunión que no necesitará autorización previa,

salvo en los casos de reuniones al aire libre y de manifestaciones.

ART. 22. 1. Se reconoce al derecho de asociación.

2. Se reconoce el derecho de fundación con arreglo a la ley.

3. Las asociaciones y fundaciones que atenten al ordenamiento

constitucional o Intenten fines tipificados como delito, son ilegales.

4. Las asociaciones constituí. das al amparo de este artículo deberán

inscribirse en un registro a los solos efectos de publicldad.

5. Las asociaciones y fundaciones no podrán ser disueltas ni suspendidas en

sus actividades si no es en virtud de resolución judicial motivada.

6. Se prohiben en todo caso las asociaciones secretas y las de carácter

paramllltar

ART. 23. 1. Todos los ciudadanos mayores de edad tienen el derecho a participar

en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente

elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

2. Asimismo tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones

y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes.

ART. 24. 1. Toda persona tiene derecho al acceso efectivo a los tribunales para

la tutela de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda

producirse Indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho el juez natural, a la defensa y a la

asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos,

a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a

utilizar los medios de prueba convenientes para su defensa, a no declarar

contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

3. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en

el momento de cometerse no constituyan delito, falta o infracción

admínstrativa, según el ordenamiento jurídico vigente en aquel

momento, tampoco puede ser impuesta una pena o sanción más grave que la

aplicable el tiempo de cometerse la infracción.

4. Las penas privativas de libertad tendrán una finalidad de reeducación y de

reinserción social y no podrán suponer, en ningún caso, trabajos

forzados.

ART. 25. 1. Los ciudadanos

ARRIBA DOCUMENTO

Anteproyecto de Constitución

tienen obligación de contribuir a la defensa da España y están sujelos a los

deberes militares que fija la Ley.

2. Se reconoce la objeción de conciencia. La Ley la regulará con las

debidas garantías, imponiendo una prestación social sustitu ti va.

3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de

interés general.

ART. 26, 1. Todos tienen el deber de contribuir a levantar las cargas públicas,

atendiendo e su patrimonio, renlas y actividad, de acuerdo con una legislación

fiscal inspirada en los principios de equidad y progresivldad y, en ningún caso,

confiscatoria.

2. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales con arreglo

e una ley.

ART. 27. 1. A partir de la edad nubil, el hombre y la mujer tienen el derecho a

contraer matrimonio y a creer y mantener, en igualdad de derechos, relaciones

estables de familia.

2. El derecho civil regulará las formas del matrimonio, los derechos y deberes

de los cónyuges, las causas de separación y disolución, y sus efeclos.

ART. 28. 1. Todos tienen el derecho a la educación.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad

humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los

derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para

que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo

con sus propias convicciones.

4. Le enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación,

mediante una programación general de la enseñanza, con participación

efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación

de centros docentes, dentro de! respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos, intervendrán en el

control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con

fondos públicos.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema

educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan

los requisilos que la Ley establezca.

10. La Ley regulará la autonomía de las Universidades.

ART. 29. 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo

con las leyes.

3. Ningún español podrá ser privado de sus bienes, excepto por causa

justificada de utilidad pública o interés social, previa la

correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por

las leyes.

ART. 30. 1. Todos los españoles tienen derecho al trabajo y el deber de

trabajar. Se reconoce el derecho a la libre elección de profesión u oficio y a

la promoción personal a través del trabajo.

2. Los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente para satisfacer

las necesidades de su vida personal y familiar. En ningún caso podrá hacerse

discriminación por razón de sexo.

3. Para hacer efectivos el derecho reconocido en los párrafos anteriores, la Ley

regulará un estatuto de los trabajadores.

ART. 31. 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La Ley podrá excluir o

limitar el ejercicio de este derecho para determinadas categorías de servidores

del Estado. La libertad sindical comprende eI derecho a fundar sindicatos y a

afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar

confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse

a las mismas. Nadie podrá ser obligado e afiliarse a un sindicato.

2. La Ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los

representantes sindicales de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza

vinculante de los convenios.

3. Se reconoce el derecho a le huelga de los trabajadores para la defensa de

sus intereses. La ley regulará el ejercicio de este derecho que no podrá atentar

al mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

ART. 32. 1. Se reconoce el derecho a la libre iniciativa económica privada. La

Ley regulará su ejercicio, de acuerdo con los Intereses económicos generales. 2.

El empresario tiene derecho a establecer las condiciones de empleo, de acuerdo

con criterios de productividad y a adoptar medidas de conflicto colectivo, sin

perjuicio de las limitaciones expresas que el ejercicio de eslos derechos pueda

establecer la Ley.

ART. 33. 1. Todos los españoles tendrán derecho de petición o reclamación

personal y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine

la Ley.

2. No podrá ser ejercitado este derecho por las fuerzas o institutos armados o

por los demás cuerpos sometidos a disciplina militar, ni por quienes a ellos

pertenezcan.

Capítulo tercero

Principios rectores

y derechos económicos

y sociales

ART. 34, 1. Los poderes públicos aseguran la protección económica, jurídica y

social de la familia, en particular, por medio de prestaciones sociales, de

disposiciones fiscales y de cualquier otra medida adecuada.

2. La madre y los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de

su filiación, disfrutarán de la protección oficial del Estado y de

todos los poderes públicos.

3. Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los

mismos deberes que respecto de los nacidos en él, sin perjuicio del respeto a

la institución familiar.

ART. 35. 1. Los poderes pú. blicos asumen la obligación prioritaria de fomentar

una política que asegure el pleno empleo y la formación y readaptación

profesional; velar por la sequridad e higiene en el trabajo; garantizar el

descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, vacaciones

periódicas y mantener un régimen público de seguridad social para todos.

ART. 36. 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la sanidad y la higiene,

así como garantizar Ias prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá

los derechos y deberes de todos al respecto.

3. Los poderes públicos fomentan la educación ffslca y el deporte y facilitan la

adecuada utilización del ocio.

ART. 37. 1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso de todos a la

cultura.

2. Los poderes públicos promoverán la ciencia, la investigación y la técnica en

beneficio del Interés general.

ART. 38. 1. Todos tienen el derecho a disfrutar y el deber de preservar el medio

ambiente. La ley regulará los procedimienlos para el ejercicio de este derecho.

2. Los podes públicos velarán por la utilización racional de los

recursos naturales, la conservación del paisaje y por la protección y mejora

del medio ambiente.

3. Para los atentados más graves contra el paisaje protegido y el medio

ambiente se establecerán por ley sanciones penales y la obligación de reparar

el daño producido.

ART. 39. Los poderes públicos salvaguardan la conservación y promueven el

enriquecimiento del legado histórico, cultural y artístico de los pueblos de

España y de los bienes que lo Integran sitos en su territorio, cualquiera que

sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados

contra este patrimonio.

ART 40. Todos los españoles tienen derecho a dlsfrutar de una vivienda digna y

adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones para hacer efectivo

este derecho y regularán la utilización del suelo de acuerdo con el Interés

general.

ART. 41. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación

libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y

cultural.

ART. 42. Los poderes públicos garantizarán a los disminuidos físicos o mentales

y personas incapacitadas una atención especializada y un reforzamiento del

amparo que los derechos fundamentales de este título, otorgan a todos los

poderes públicos.

ART. 43. Los poderes públicos garantizarán el derecho de los ciudadanos que

alcancen la tercera edad a una estabilidad económica mediante pensiones

adecuadas y a una asistencia especia!.

ART. 44. 1. Todos tienen derecho al control de la calidad de los produclos de

consumo general y a una información fidedigna sobre los mismos,

2. Con este fin. los poderes públicos fomentarán la participación de

las organizaciones de consumidores.

3. La lev regulará e! control de la organización del comercio interior, del

régimen general de autorización de los productos comerciales y de la

publicidad de los mlsmos.

Capítulo cuarto

Garantías de los derechos fundamentales

ART. 45. 1. Los derechos y libertades reconocidos en el capitulo dos del

presente título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo

caso deberá respetar su contenido esencial, podrá desarrollarse el ejercicio de

tales derechos y libertades. 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de

los derechos reconocidos en el capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios,

por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y

a través del recurso extraordinario de amparo ante el Tribunal Constitucional.

3, El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos

en el capítulo tercero, informará la legislación positiva, la práctica Judicial

y la actuación de los poderes públicos. Sin embargo, no podrán ser aIegados,

directamente, como derechos subjetivos, ante los Tribunales.

ART. 46. Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como

alto comisionado de les Cortes Generales, para la defensa de los derechos

comprendidos en este título, quien, en todo caso, podrá ejercer las acciones a

que se refiere el apartado dos del artículo anterior.

Capítulo quinto

Suspensión de los derechos fundamentales

ART. 47. 1. Los derechos reconocidos en los artículos diecisiete, dieciocho,

apartados dos y tres; diecinueve, veinte, apartado uno, cuatro y siete, y

artículo veintiuno podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración de

estado de excepción o de guerra, en los términos previslos por la Constitución.

El derecho a la huelga reconocido en el artículo treinta y uno, tres y el de

adopción de medidas de conflicto colectivo reconocido en e! artículo treinta y

dos, dos, sólo podrán ser suspendidos en los casos de declaración del estado de

guerra a que se refiere el artículo noventa y cuatro.

2.—Con arreglo a la ley y por sentencia firme procederá, como pena accesoria, la

privación temporal de los derechos de libertad de expresión, de enseñanza, de

reunión, de asociación, de sufragio y de ejercicio de cargo público, por razones

de seguridad del Estado, protección de la moral y protección de los derechos y

libertades de los ciudadanos.

TITULO 111

De la Corona

Art 48. 1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia.

Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones; tutela los

derechos y libertades reconocidos por la Constitución; asume la alta

representación del Estado en las relaciones internacionales y ejerce las

funciones que le atribuyen expresamente ia Constitución y las leyes.

2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demés que

correspondan a la Corona.

3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus

actos, salvo lo previsto en el artículo 57, 2, estarán siempre refrendados

por las personas a quienes corresponda, careciendo de validez sin dicho

refrendo.

ART. 49. 1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de Su Majestad

Don Juan Carlos I de Borbón. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de

prlmogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a los

posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo

grado, el varón a le hembra, y en el mismo sexo la persona de más edad a la de

menos.

2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho

que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias

y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona do

España.

3. Extinguidas todas las líneas no excluidas por ley, las Cortes

generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a

los intereses de España.

4. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que

ocurra en el orden de sucesión e la Corona se resolverán por una ley.

ART. 50. El consorte del Rey o de la Reina no podrá asumir funciones

constitucionales, salvo lo dispuesto para la regencia.

ART. 51. 1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey, y,

en su defecto, el pariente más próximo a suceder en la Corona, según e! orden

establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente le regencia y

la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.

2. De la misma manera se procederá cuando el Rey se inhabilitara para el

ejercicio de la autoridad y la imposibilidad fuese reconocida por las Cortes

generales.

3. Si no hubiese ninguna persona a quien corresponda la regencia, ésta será

nombrada por las Cortes y se compondrá de una, tres o cinco personas.

4. Para ejercer la regencia es preciso ser español y mayor de edad.

ART. 52. 1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese

nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento;

si no lo hubiese nombrado, será tutor e! padre o la madre, mientras permanezcan

viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes, pero no podrán estar unidos los

cargos de regente y de tutor, sino en el padre, madre o ascendientes direclos

del Rey.

2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o

representación política.

ART. 53. 1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes generales, prestará

juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la

Constitución y las leyes y respetar y tutelar los derechos de los ciudadanos.

2, El Príncipe heredero, al ser mayor de edad, y el regente, al hacerse cargo de

sus funciones, prestarán el mismo juramento del número anterior, así como el de

fidelidad al Rey.

ART. 54. Corresponde al Rey:

a) Nombrar el Presidente de! Gobierno en los términos previstos por el artícuio

97 y poner fin a sus funciones, cuando aquél le presente la dimisión del

Gobierno.

bj Nombrar y separar a los Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno.

c) Convocar y disolver las Cortes generales y convocar elecciones, en

los términos previstos en la Constitución.

d) Sancionar y promulgar las leyes. .

e) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.

f) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.

g) Expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros; conferir los

empleos civiles y militares, y conceder honores o distinciones con arreglo

a las leyes.

h) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley.

I) Presidir e! Consejo de Ministros cuando ello sea necesario y ser informado

por el Presidente del Gobierno de los asuntos de Estado.

ART. 55. 1. El Rey acredita a

Anteproyecto de Constitución

ARRIBA

DOCUMENTO

los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes

extranjeros en España están acreditados ante él.

2. El Rey autoriza la celebración de tratados Internacionales y, en su caso,

los ratifica. Sin embargo, la conclusión de tratados que afecten a

materias de competencia de las Cortes generales deberá ser previamente

autorizada mediante ley.

3. Cuando un tratado sea contrario a la Constitución, su conclusión deberá

ser autorizada mediante el procedimiento previsto para la revisión

constitucional.

4. Las Cortes generales serán oportunamente informadas de la conclusión

de los restantes tratados.

5. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes generales,

declarar la guerra y concluir la paz.

ART. 56. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y,

en su caso, por los Ministros competentes. Los actos del Rey mencionados en el

artículo 54, apartados a) y c) serán refrendados por el Presidente del Congreso,

a efectos de autentificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la

Constitución para el ejercicio de estas potestades.

ART. 57. 1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global

para el sostenimiento de su familia y casa y distribuye libremente la misma.

2. El Rey nombra y releve libremente a los miembros Civiles y militares de su

casa.

TITULO IV

De las Cortes

Generales

Capítulo primero

De las Cámaras

ART. 58. 1. Las Cortes Generales estarán formadas por el Congreso de los

Diputados y el Senado.

2. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el

mandato de una Asamblea de Territorio Autónomo con el diputado al

Congreso.

3. Los miembros de las Cortes Generales representan al pueblo español y

no están ligados por mandato imperativo.

4. Las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria

reglamentarla no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones,

ni ostentar sus privilegios.

ART. 59. 1. Los diputados del Congreso se eligen por sufragio universal, libre,

igual, directo y secreto.

2. Él Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los diputados

termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la

Cámara.

3. Son electores y elegibles todos los españoles mayores de edad que están en

el pleno uso de sus derechos políticos. La Ley reconocerá y el Estado

facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se

encuentran fuera del territorio de España.

ART. 60. 1. El Senado se compone de los representantes de los distintos

territorios autónomos que integran España.

2. Los senadores serán elegidos por las Asambleas legislativas de los

territorios autónomos, entre sus miembros, por un periodo igual al de su

propia legislatura, con arreglo a un sistema de representación proporcional y de

manara que se asegure la representación de las diversas áreas del territorio.

3. Cada territorio autónomo

designará diez senadores y otros más por cada quinientos mil habitantes o

fracción superior a doscientos cincuenta mil habitantes. Ningún territorio

autónomo podrá designar un número de senadores igual o mayor al doble del número

de senadores que corresponda a otro territorio autónomo.

4. Al comienzo de cada legislatura, el Congreso de los Diputados, por mayoría de

tres quintos de votantes que represente al menos la mayoría absoluta de la

Cámara, podrá elegir hasta veinte senadores de entre personas que hubieran

prestado servicios eminentes en la vida cultural, política, economica o

administrativa de España.

ART. 61. 1. La ley electoral determinará los casos de inelegibilidad e

incompatibilidad de los diputados y senadores que comprenderá en todo caso:

a) A los altos cargos de la Administración del Estado, que determine la

ley. con la excepción, en todo caso, de los miembros del Gobierno.

b) A los militares profesionales y miembros de las fuerzas de orden público y

policía gubernativa, en activo.

c) A los Jueces y fiscales en activo.

d) A los miembros de las Juntas Electorales.

e) A los componentes del Tribunal Constitucional.

ART. 62. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras

estará sometida al control Judicial, en los términos que establezca la ley

electoral.

ART. 63. 1. Los diputados y senadores gozan de inviolabilidad por los actos

realizados y las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

2. Los diputados y senadores gozan asimismo de inmunidad y sólo podrán ser

detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados

sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

3. En las causas contra diputados y senadores será competente la sala de lo

criminal del Tribunal Supremo.

4. Los diputados y senadores percibirán una remuneración cuya cuantía será

fijada por las respectivas Cámaras.

ART. 64. 1. Las Cámaras establecen sus propios reglamentos y el estatuto de su

personal y aprueban autónomamente sus presupuestos.

2. Las Cámaras eligen sus respectivos presidentes y los miembros

de sus mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del

Congreso.

3. Los presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos

los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus

respectivas sedes.

ART. 65. 1. Las Cortes Generales celebrarán dos períodos ordinarios de sesiones:

el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a Julio.

2. Podrán celebrarse periodos extraordinarios de sesiones a petición del

Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de tos miembros

de cualquiera de las Cámaras. Los períodos extraordinarios de sesiones deberán

convocarse por los respectivos presidentes, sobre un orden del día determinado y

seran clausurados una vez que éste haya sido agotado.

ART. 66. 1. Las Cámaras funcionarán en Plano y por Comisiones.

2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones legislativas permanentes la

aprobación de proyecto o proposiciones de

ley, sin perjuicio de la competencia del Pleno, para recabar el debate y

votación de cualquier proyecto o proposición.

3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior, la reforma

constitucional, las cuestiones Internacionales, las leyes orgánicas y de bases y

tos presupuestos generales del Estado.

AHT. 67. 1. Las Cámaras pueden nombrar Comisiones de investigación sobre

cualquier asunto. El Gobierno y todas las autoridades y órganos administrativos

deben prestarles ayuda. Sus conclusiones no serán obligatorias para los

tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales.

2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará

las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.

ART. 68, 1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un

mínirno de veintiún miembros que representarán a los grupos parlamentarios, en

proporción a su importancia numérica.

2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el presidente de

la Cámara respectiva y tendrá como funciones, además de la convocatoria de

periodos extraordinarios de sesiones en los términos del articulo 65, la de

velar por los poderes de las Cámaras, cuando éstas no estén reunidas.

3. Reunida la Cámara, la Diputación Permanente dará cuenta

de los asuntos tratados y de sus decisiones.

ART. 69. 1. Para adoptar acuerdos las Cámaras deben estar reunidas

reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros,

2. Dichos acuerdos para ser válidos deberán ser aprobados por la

mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías que

establezca la Constitución, las leyes orgánicas y los reglamentos de

las Cámaras.

3. El voto de senadores y diputados es personal e indelegable.

ART, 70. las reuniones de las Cámaras serán públicas salvo acuerdo en contra de

cada Cámara, tomado por mayoría absoluta y con arreglo al Reglamento.

Capítulo segundo

De la elaboración da las leyes

ART. 71. Las Cortes generales ejercen la potestad legislativa sin perjuicio de

lo previsto en el titulo VIII, aprueban los presupuestos, controlan la acción

del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución.

ART. 72. Son materias propias de la ley:

a) El desarrollo de los derechos y deberes comprendidos en el título II

y, en lo que proceda de los principios generales declarados en el titulo I.

b) El desarrollo de las instituciones de la presente Constitución,

incluyendo el derecho electoral, sin perjuicio de las autonomías

reglamentarias de las Cámaras y cuantas remisiones contenga la presente

Constitución a la ley.

c) Las normas básicas en materia de orden público.

dj El derecho civil. e) El derecho penal, procesal y Judicial, f) Las

normas básicas de

I derecho mercantil, laboral y de la seguridad social. gj Las normas básicas

de la

Administración, y de la función pública y de la defensa nacional.

h) Administración y contabilidad. Los Presupuestos del Esado.

I) Las cuestiones financieras y fiscales, así como los textos básicos de la

planificación y ordenación económica y social,

j) Us normas básicas sobre a ordenación del sector público de la economía.

k) Las normas básicas en mataría de obras públicas y transportes.

I) Las normas básicas de la educación y de los planes generales de enseñanza.

m) Las normas básicas sobre el régimen del suelo, urbanismo y vivienda.

n) Las delegaciones normativas concedidas al Gobierno.

o) Cualquier otra materia cuya regulación legal sea acordada por la mayoría

absoluta del Congreso. Dicho acuerdo podrá comprender la suspensión de

disposiciones reglamentarlas sin perjuicio de tercero, en los términos que una

ley establezca.

ART. 73. 1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los títulos I y

II de la Constitución, a la organización de las Instituciones centrales del

Estado, las que aprueben los Estatutos de autonomía y el régimen electoral

general.

2. Las leyes orgánicas deberán ser aprobadas, modificadas o derogadas por

mayoría absoluta del Congreso.

ART, 74. 1. Las Cortes Generales podrán autorizar al Gobierno mediante una ley

de bases, para dictar legislación delegada sobre materias determinadas.

2. No podrá otorgarse ninguna delegación legislativa de modo implícito

ni en un texto que no sea presentado expresamente como ley de bases.

3. Las leyes de bases mencionarán expresamente el objeto y alcance de la

delegación legislativa, e indicarán el plazo dentro del cual es válida.

4. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales," las

Comisiones de las Cortes podrán pedir la suspensión de la legislación

delegada. En caso de uso incorrecto de la delegación, la resolución

corresponde al Pleno.

5. Las leyes de bases podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de

control.

ART. 75. Las delegaciones legislativas no podrán en ningún caso:

a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.

b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

c) Permitir la subdelegacíón a autoridades distintas del propio

Gobierno.

ART. 76. Cuando una proposición de ley o una enmienda fueran contrarias a una

delegación legislativa autorizada por ley de bases, el Gobierno podrá pedir que

no se tramite. En tal caso podrá pedirse la tramitación de una proposición de

ley para la derogación total o parcial de la ley de bases.

ART. 77, Los actos del Gobierno por los que se promulgue legislación delegada

recibirán el titulo de decretos legislativos y serán siempre informados por el

Consejo de Estado que, en todo caso, se pronunciará sobre su conformidad o

disconformidad con la ley de bases

ART. 78. 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno podrá

dictar disposiciones legislativas provisiona les que tomarán la forma de

decretos-leyes, que regulen materias enumeradas en al articulo setenta y dos y

no afecten a la ordenación de las instituciones del Estado, los derechos y

libertades de los ciudadanos regulados en el título II ni al régimen de los

Territorios Autónomos.

2. Estos decretos-leyes deberán ser inmediatamente presentados ante las

Cortes generales, convocadas al efecto si no estuvieran reunidas, y caducaran

si no fueran convalidados por las mismas en el plazo de los treinta días

siguientes a su promulgación.

3. Durante el plazo establecido en el párrafo anterior las Cortes podrán

tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

ART. 79. 1. Corresponde a la potestad reglamentaria del Gobierno la regulación

de las materias no reservadas a la ley, sin perjuicio de lo previsto en el

título VIII.

2, En caso de duda sobre el carácter legislativo o reglamentario de una norma, y

previo dictamen de la Comisión de Competencia Legislativa del Congreso y del

Consejo de Estado, resolverá el Tribunal Constitucional.

ART- 80. 1. La Iniciativa legislativa corresponde al Gobierno y a los diputados,

bien directamente, o bien a través de los grupos parlamentarlos.

2. El Senado podrá solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de

ley o remitir ante la mesa del Congreso una proposición de ley,

delegando ante dicha Cámara un máximo de tres senadores encargados de su

defensa.

3. El mismo derecho podrá ejercerse también por las Asambleas de los

Territorios Autónomos. En tal supuesto se actuará de acuerdo con lo dispuesto en

el apartado anterior.

4. Podrán someterse al Congreso proposiciones de ley articuladas y

motivadas, con las firmas acreditadas de quinientos mil electores. La

iniciativa popular no procede en materias tributarias, de carácter

internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. La ley regulará ei

ejercicio de este derecho.

ART. 81. 1. Los proyectos de ley del Gobierno serón aprobados en Consejo de

Ministros y siempre que se trate de leyes orgánicas o leyes de bases. irán

acompañados del informe del Consejo de Estado,

2. En todo caso, irán acompañados de una exposición de motivos y de cuantos

antecedentes establezca una ley orgánica de régimen jurídico de la

Administración sin perjuicio de los que reclamen las Cámaras.

ART. 82. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los

Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos del

Gobierno impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos

regulados en el articulo 80.

ART. 83. 1. Aprobado por el Congreso un proyecto o proposición de ley, el

presidente de dicha Cámara dará inmediata cuenta del mismo al presidente del

Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.

2. El Senado, en el plazo de un mes a partir del día de la recepción del texto,

puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto al mismo. En este caso, el

proyecto no podrá ser sometido al Rey para su sanción, salvo que el Congreso

acepte los enmiendas propuestos por el Senado o ratifique por mayoría absoluta

de sus miembros el texto inicialmente aprobado.

ARRIBA DOCUMENTO

Anteproyecto de Constitución

3. El plazo de un mes se reducirá al de diez días naturales en los proyectos

declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

ART. 84. Las leyes aprobadas definitivamente por las Cortes Generales serán

sancionadas por el Rey en el plazo de quince días, quien las promulgará y

ordenará inmediatamente su publicación.

ART. 85. 1. La aprobación de las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no

sancionadas, las decisiones políticas de especial trascendencia y la derogación

de leyes en vigor, podran ser sometidas a referéndum de todos los ciudadanos,

2. En los dos primeros supuestos del número anterior, el referéndum será

convocado por el Rey, a propuesta del Gobierno, e Iniciativa de

cualquiera de las Cámaras, o de tres asambleas de Territorios Autónomos. En el

tercer supuesto, la iniciativa podrá proceder también de setecientos

cincuenta mil electores.

3. El plazo previsto en el artículo anterior para la sanción real, se

contaré, en este supuesto, a partir de la publicación oficial del

resultado del referendum.

4. El resultado del referéndum se impone a todos los ciudadanos y a todos

los órganos del Estado.

5. Una ley orgánica regulará las condiciones del referéndum

legislativo y del constitucional, así como la iniciativa popular a que se

refiere el presente artículo y le establecida en al artículo ochenta.

Capítulo tercero

De las relaclones entre

eI Gobierno y las Cortes

Generales

ART. 86. 1. El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el

Congreso de los Diputados.

2. En cada período ordinario de sesiones del Congreso se celebrará

al menos un debate sobre la orientación de la política general del Gobierno.

3. El Gobierno puede formular declaraciones de política general ante ambas

Cámaras.

ART. 87. Las Cámaras podrán recabar la Información que precisan del Gobierno y

de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades. Incluyendo las de los

Territorios Autónomos.

ART. 88. 1. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los

miembros del Gobierno.

2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus

Comisiones y le facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que

informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.

ART. 89. 1. El Gobierno y sus miembros están sometidos a las interpelaciones y

preguntas que se produzcan en las Cámaras. En los reglamentos de éstas se

establecerá un día fijo a la semana para su debate.

2. Toda interpelación dará lugar a una moción en la que la Cámara exprese su

opinión.

ART. 90. El Presidente d e I Gobierno, previa deliberación del Consejo de

Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de

confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La

confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría

absoluta de los diputados.

ART. 91. 1. Él Congreso de los Diputados exige la responsabilidad política del

Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.

2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por lo décima parte de

los diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno, que

se entenderá elegido en caso de que el Congreso adoptare la moción.

3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días

desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán

presentarse mociones alternativas.

4. Si la moción de censura no fuese aprobada por el Congreso, sus signatarios

no podran presentar otra durante el mismo período de sesiones.

ART. 92. 1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su

dimisión al Rey, precediéndose a continuación a la designación de nuevo

Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el articulo noventa y siete.

2, Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su

dimisión al Rey y éste nombrará nuevo Presidente del Gobierno al candidato

elegido por el Congreso.

ART. 93. 1, El Presidente del Gobierno, previa deliberación del mismo y bajo su

exclusivo responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, que será

decretada por el Rey.

2. La propuesto de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una

moción de censura,

3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde lo

anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 97, apartado 5.

4. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y los cincuenta días

después de la disolución. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los

veinticinco dias siguientes a la celebración de las elecciones.

ART. 94. 1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma. de excepción y de

guerra y las competencias y limitaciones correspondientes.

2. El estado de alarmo será declarado por el Gobierno por un plazo máximo de

quince días, dando cuenta inmediata al Con. greso de los Diputados.

3. El estado de excepción será declarado por el Congreso de los

Diputados, a propuesta exclusiva det Gobierno. Tendrá una duración máxima de

treinta días prorrogables por otro plazo igual. El Congreso determinará

igualmente el ámbito territorial a que se extienden los efectos de lo

declaración,

4. El estado de guerra será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de

los Diputados a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su

duración y condiciones.

5. La declaración de los eztados de alarma, de excepción y de guerra no

modificaron el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes

reconocidos en la Constitución y en las leyes.

TITULO V

Del Gobierno y de la

Administración

Capítulo primero

Del Gobierno

ART. 95. El Gobierno dirige la política, la Administración civil y militar y la

defensa del Estado. Ejerce la función e[ecutiva y la potestad reglamentaria de

acuerdo con la Constitución y las leyes.

ART. 96. 1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su

caso, y de los demás miembros que establezca la ley.

2. El Presidente del Gobierno dirige la acción de éste, distribuye y coordina

las funciones de los demás miembros de aquél, sin perjuicio de la competencia y

responsabilidad directa de éstos por la gestión de sus departamentos.

ART. 97. 1. Al comienzo de cada legislatura y en los demás supuestos

constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los Presidentes

de ambas Cámaras de las Cortes Generales y los portavoces designados por los

grupos parlamentarios, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

2. El candidato designado conforme o lo previsto en el apartado

anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del

Gobierno que se propone formar y solicitará la confianza del Congreso sobre el

mismo.

3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus

miembros, otorga su confianza a un candidato designado según lo previsto en el

aportado uno, el Rey le nombrará Presidente del Gobierno.

4. SI en los diez días siguientes, ninguno de los candidatos hubiere

recibido la confianza del Congreso, por mayoría absoluto, el Congreso podro

otorgar su confianza por mayoría simple.

5. Si en el plazo de quince días siguientes no hubiera sido posible el

nombramiento de un Presidente del Gobierno de acuerdo con lo previsto en los

apartados anteriores, el Rey disolverá el Congreso de los Diputados y convocará

nuevas elecciones.

6. Los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey, a

propuesta del Presidente.

ART. 98. 1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en

caso de pérdida de la confianza parlamentaria, o por dimisión de su Presidente.

2. En el primer supuesto, el Gobierno continúa en funciones hasta la toma de

posesión del nuevo Gobierno.

3. En caso de pérdida de la confianza parlamentarla o de dimisión del

Presidente, los demás miembros del Gobierno continuarán en funciones hasta que

tome posesión un nuevo Gobierno.

ART. 99. 1. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras furiclones

representativas que las derivadas del mandato parlamentario, ni cualquier otra

función pública que no deriva de su cargo, ni actividad profesional o mercantil

alguna.

2. Una ley orgánica regulará el estatuto y las incompatibilidades de los

miembros del Gobierno.

ART. 100. 1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del

Gobierno será exlgible, en su caso, ante lo sala de lo Penal del Tribunal

Supremo.

2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad

del Estado, sólo podrá ser planteado por iniciativa de la cuarta parte de los

miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos

del presente artículo.

Capítulo segundo

De la Administración

ART. 101. i. La Administración pública se ordena de acuerdo con los principios

de descentralización y desconcentración y actúa coordinadamente para el

cumplimiento de sus funciones en los respectivos ámbitos territoriales de su

competencia.

2. La Administración del Estado y sus argones periféricos son creados,

establecidos y coordinados por el Gobierno de acuerdo con la ley.

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, establecerá el

sistema de incompatibilidades y garantizará la imparcialidad política en el

e|ercicio de sus funciones.

ART. 102. 1. Las Fuerzas de Orden Público, bajo la dependencia del Gobierno,

tendrán como misión defender el ordenamiento constitucional, proteger el libre

ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y garantizar la

seguridad personal de éstos.

2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y

estatuto de las Fuerzas de Orden Público.

ART. 103. La ley regulará:

a) Lo participación de los ciudadanos a través de las organizaciones y

asociaciones reconocidos por la ley en la formación de los decisiones

administrativas que les afecten.

b) El acceso de los ciudadanos o los archivos y registros

administrativos, salvo en lo que afecte a lo seguridad y defensa del Estado, la

averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

c) El procedimiento a través del cual los actos administrativos deben

producirse.

d) La sumisión de los disposiciones y resoluciones administrativas a los

principios de jerarquía normativa e inderogabilidad singular de los regla

m en tos.

ART. 104. 1. Toda la actividad de la Administración Pública está sometida al

control jurisdiccional.

2. Los Tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa y el

sometimiento a los fines que las justifican.

ART. 105. 1. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos

gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde

o sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los concejales,

Los concejales serón elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio

universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley.

Los Alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La ley

regulará las condiciones en las que procedan las reuniones en concejo abierto.

2. Los provincias, o, en su caso, las circunscripciones que los estatutos de

autonomía establezcan mediante la agrupación de municipios, gozaron igualmente

de plena personalidad jurídica y servirán de base a la organización territorial

de la Administración pública, sin perjuicio de otras formas de división

establecidas por la ley con este fin. Su gobierno y administración estarán

encomendados a Diputaciones, Cabildos o corporaciones de carácter

representativos.

3. Las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el

desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y

se nutrirán fundamentalmente de impuestos y tasas propios y de participaciones

en los Ingresos del Estado y de los territorios autónomos.

ART, 106. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. La

ley regulará su composición y competencia,

TiTULO IV

Del Poder Judicial

ART. 107. 1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por

jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes,

inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

2. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos,

juzgando y haciendo ejecutar lo Juzgado, corresponde en exclusiva a los Juzgados

y Tribunales determinados por las leyes según las normas de competencia y

procedimiento que las mismas establecen.

3. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y

funcionamiento de loa Tribunales, La ley regulará el ejercicio de la

jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y de acuerdo con los

principios de la Constitución,

4. Se prohiben los tribunales de excepción, salvo lo dispuesto en cuanto a

los estados de excepción.

ART. 108. Todos deben acatar las decisiones firmes de los Tribunales y prestar

la colaboración que éstos les requieran en el desarrollo del proceso y en la

ejecución de las sentencias y demás resoluciones Judiciales.

ART. 109. La Justicia es gratuita en el orden penal y laboral; también lo es en

el civil y contencioso-administrativo cuando así lo disponga la ley en todo caso

respecto a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

ART. 110. 1. La legislación procesal se inspirará en los principios de eficacia,

rapidez y economía.

2. Las actuaciones judiciales serán públicas, salvo el secreto de la

investigación sumarial. Podrá acordarse excepclona´mente su celebración a puerta

cerrada por resolución motivada y causa grave.

3. Toda sentencia ha de ser motivada y pronunciada en audiencia pública.

4. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia

criminal,

5. Está autorizado el análisis y crítica de las resoluciones judiciales,

siempre que no implique desacato a los Tribunales o a sus miembros, y con

respeto a la ejecución de las resoluciones firmes.

ART. 111. LOS errores judiciales darán derecho al perjudicado a una

indemnización conforme a la ley,

ART. 112. La Ley Orgánica del poder judicial determinará la constitución,

funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto

jurídico de los Jueces y magistrados y demás funcionarios y personal al

servicio de la Administración de justicia, de acuerdo con los principios

democráticos que Inspiran la Constitución.

2. El Consejo General del poder judicial es el órgano de gobierno de la

administración de justicia. La Ley Orgánica establecerá su estatuto y funciones,

en particular en materia de nombramientos, ascensos e inspección. Sus miembros

estarán sujetos al mismo régimen de incompatibilidades que el de los miembros

del Tribunal Constitucional.

3. El Consejo General del poder judicial estará integrado por el presidente

del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el

Rey, doce de ellos a propuesta y en representación de las distintas categorías

de las carreras judiciales y ocho e propuesta del Congreso de loa Diputados,

entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en

su profesión.

4. El ámbito de competencia de las Audiencias Territoriales no

excederá, en ningún caso, del correspondiente al territorio autónomo. La ley

fijará la composición y funcionamiento de los órganos de gobierno de

aquéllas.

ART. 113. 1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, será el

órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en

materia de garantías constitucionales,

2. El presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del

Consejo General del poder judicial, en la forma que determina la ley.

ART. 114. 1. El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la

justicia en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por la

ley, de oficio o a petición de los interesados, velar por la independencia de

los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

2. El Ministerio Fiscal es también el órgano de relación entre el Gobierno y

los órganos de la administración de justicia, ejerciendo sus funciones por medio

de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y

dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e

imparcialidad.

3. El Ministerio Fiscal se regirá por su estatuto orgánico.

4. El nombramiento del fiscal del Tribunal Supremo se hará en la forma

establecida para el presidente de dicho Tribunal.

ART. 115. Los ciudadanos participarán en la administración de justicia en los

casos y formas que la ley establezca.

ART. 116. La policía judicial depende de los Tribunales y del Ministerio Fiscal

en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del

delincuente, en los términos que la ley establezca.

ART. 117. 1. Los jueces y magistrados, mientras se hallen en activo, no podrán

desempeñar cargos públicos ni pertenecer a un partido político.

2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder

judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.

TITULO VII

Economía y Hacienda

Art. 118. 1. La economía y toda la riqueza del país en sus distintas formas, y

sea cual fuere su titularidad, está subordinada a los intereses generales, y

podrá ser objeto, en su caso, de expropiación forzosa con arreglo a la

Constitución y e las leyes.

2. Los poderes públicos podrán intervenir, conforme a la ley, en la dirección,

coordinación y explotación de las empresas cuando así lo exigieran los intereses

generales.

3. La ley podrá reservar al sector público los servicios públicos esenciales, la

explotación de fuentes de energía o las actividades que constituyan monopolio.

Art. 119. 1. La ley establecerá la forma de participación de los interesados en

la actividad de todos los organismos públicos cuya función afecte a la calidad

de la vida o el bienestar social.

2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de

participación en la empresa y facilitarán un marco legislativo adecuado para las

empresas cooperativas.

Art. 120. El Estado atenderá la modernización y desarrollo de todos los sectores

económicos, y en particular de la agricultura, de la ganadería y de la pesca, a

fin de equiparar las condiciones y nivel de vida de todos los españoles.

Art. 121. 1. El Estado podrá planificar la actividad económica para atender a

las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y

sectorial y estimular el crecimiento de los recursos del país.

2. Para la elaboración democrática de los planes, el Gobierno tendrá en cuenta

las previsiones que le sean suministradas por los territorios autónomos y el

asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones

profesionales y empresariales, mediante la constitución de un consejo, cuya

composición y funciones se desarrollarán por ley.

Art. 122. 1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio

público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad,

imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación, sin que en

tal supuesto, y mientras no corresponda con arreglo a la ley su enajenación o

reversión, puedan ser destinados a usos o fines que no sean de interés general y

permanente.

2. En todo caso, son bienes de dominio público, por su naturaleza, la zona

marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial, la plataforma continental y

sus recursos naturales.

Art. 123. 1. La potestad oríginaria para establecer tributos corresponde

exclusivamente al Estado, mediante ley.

2. Los territorios autónomos y las corporaciones locales podrán establecer y

exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

3. El Estado sólo podrá contraer obligaciones financieras de acuerdo con las

leyes, y no podrá realizar gastos sin la previa autorización de las Cortes.

4. Toda exención o desgravación fiscal que afecte a los tributos del Estado

deberá establecerse en virtud de ley votada por las Cortes generales.

Art. 124. 1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos

Generales del Estado, y a las Cortes generales, su examen, enmienda y

aprobación.

2. Los presupuestos generales del Estado incluirán la totalidad de los

gastos e ingresos del sector público estatal y tendrán carácter anual, salvo en

lo relativo a inversiones. En este caso, las anualidades deberán constar

expresamente.

3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los diputados los

Presupuestas Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de

los del año anterior.

4. Si los presupuestos no pudieran ser votados antes del primer día del año

económico siguiente, se prorrogará por trimestres la vigencia de los

anteriores, sin que estas prórrogas puedan exceder de tres.

5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, únicamente el Gobierno

podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o

disminución de los ingresos, y toda proposición o enmienda que entrañe aumento

de gastos o disminución de ingresos requerirá la conformidad del Gobierno para

su tramitación.

6. La ley de Presupuestos no puede crear nuevos impuestos,

Art. 125. El Gobierno necesita estar autorizado por ley para disponer o

transigir válidamente sobre los derechos y bienes de que sea titular el Estado.

Será nulo todo acto que infrinja este precepto.

Art. 126. 1. Toda ley que autorice al Gobierno para emitir deuda pública o tomar

crédito en cualquier forma, habrá de contener las condiciones de la emisión o

del crédito.

2. La deuda pública está bajo la garantía del Estado. Los créditos para

satisfacer el pago de intereses y capital se entenderán siempre incluidos en el

estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de discusión

mientras se ajusten estrictamente a las leyes que autoricen la emisión.

Art. 127. 1. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán

anualmente y serán censuradas por el Tribunal de Cuentas. Este, sin perjuicio de

la efectividad de sus acuerdos, remitirá a las Cortes un informe anual, en el

que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades

ministeriales en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

2. El Tribunal de Cuentas es el órgano fiscalizador de todas las cuentas del

Estado. Dependerá directamente de las Cortes y ejerceré sus funciones por

delegación de ellas.

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma inamovilidad e

independencia que los jueces.

4. Una ley orgánica regulará su composición, organización y funciones.

TITULO VIII,

De los territorios

autónomos

ART. 128. 1. Para el ejercicio del derecho a la autonomía, a que se refiere el

artículo segundo de la Constitución, las diferentes nacionalidades y regiones

que integran España podrán acceder a su autogobierno y constituirse en

Territorios Autónomos, con arreglo a lo previsto en este Titulo y en los

respectivos Estatutos.

2. Cada uno de los Territorios Autónomos podrá adoptar, en su Estatuto, la

denominación oficial qua mejor corresponda a su identidad histórica.

ART. 129. 1. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a los

Ayuntamientos de una o varias provincias limítrofes o territorios insulares con

características históricas o culturales comunes. Para ello será preciso que lo

soliciten las dos terceras partes del número de municipios cuya población

represente la mayoría del censo del ámbito territorial de referencia.

2. Los requisitos del apartado anterior se computarán separadamente para cada

una de las provincias que se pretendan integrar en el Territorio Autónomo. Sólo

se seguirá el procedimiento en la medida en que se cumplan en su conjunto dichos

requisitos. En su defecto, sólo se podrá reproducir la iniciativa

transcurrido el plazo mínimo de un año.

3. Las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno y me diante ley orgánica,

podrán sustituir la iniciativa de los Ayuntamientos cuando razones de interés

general lo aconsejen para un Territorio determinado.

ART. 130. Cualquier acuerdo de cooperación entre Territorios Autónomos

necesitará la autorización de las Cortes Generales por medio de una ley

orgánica.

ART. 131. 1. Cumplidos los trámites del artículo ciento veintinueve, el Gobierno

convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones

comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para

que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el

correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la

mayoría absoluta de sus miembros.

2 Aprobado el proyecto de Estatuto por la asamblea de parlamentarios se remitirá

a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos

meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la

asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.

3. Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido

a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el

ámbito territorial del proyectado Estatuto.

4. Si el proyecto de Estatuto es aprobado por Ia mayoría de los votos

válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas

Cámaras emitirán sobre el texto, en su caso, un voto de ratificación. Aprobado

el estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgaré como ley.

5. De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado dos de este

artículo, el proyecto de estatuto será tramitado como proyecto de ley ante

las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a

referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito

territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de

los votos válidamente emitidos procederá su promulgación en términos del

apartado anterior.

ART. 132. 1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos

serán la norma institucional básica de cada Territorio Autónomo, y el Estado

español la reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento

jurídico.

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:

a) La delimitación del Terri torio Autónomo,

b) La regulación y denominación de las instituciones autónomas propias.

c) Las competencias asumidas por el Territorio Autónomo dentro del marco

establecido en la Constitución.

d) El procedimiento de reforma del Estatuto que se ajustará en todo

caso a lo establecido en el articulo ciento treinta y uno, con la salvedad de

que la Asamblea de parlamentarios a que se refiere el párrafo primero de aquél

seré sustituida por la Asamblea del Territorio Autónomo, a ja que

corresponderá la iniciativa de la modificación. Cuando ésta afecte a los límites

del Territorio Autónomo, el procedimiento se ajustará, además, a lo

establecido en el artículo ciento veintinueve.

3. La organización institucional autónoma se basara en una Asamblea, en un

Consejo de Gobierno y un Presidente, que podrán adoptar las denominaciones que

mejor se correspondan con la identidad histórica de cada Territorio. Los

Estatutos especificarán su composición y funciones.

ART. 133. 1. A la Asamblea corresponde la potestad normativa, la aprobación de

los presupuestos y el control del Consejo de Gobierno, sin perjuicio de las

demás facultades que le atribuyan los respectivos estatutos y las leyes. Las

normas emanadas de la Asamblea se denominarán leyes territoriales

2. La Asamblea será elegida por sufragio universal, libre. igual,

directo y secreto, con arreglo a un sistema de representación proporcional

que asegure, además, la representación de las diversas zonas del Territorio.

3. Todas las normas y acuerdos de la Asamblea deberán respetar la

Constitución, el Estatuto y los compromisos internacionales del Estado.

4. El Presidente del Territorio Autónomo, en nombre del Rey,

promulga las leyes territoriales aprobadas por la Asamblea legislativa.

ART. 134. 1. El Consejo de Gobierno ejerce las funciones ejecutivas y

administrativas derivadas de la competencia del Territorio Autónomo, así como la

potestad reglamentarla en relación con las funciones propias y las delegadas.

2. En el ejercicio de sus competencias, los órganos de los Territorios Autónomos

gozaren de las potestades y prerrogativas propias de la Administración pública.

ART. 135. 1. La dirección dej Consejo de Gobierno de cada Territorio Autónomo

corresponde a un Presidente elegido por la Asamblea y nombrado por el Rey.

2. El Presidente ostenta la suprema representación del Territorio, así como la

representación ordinaria del Estado en aquél.

ART. 136. 1. El Presidente y los Consejeros del Territorio Autónomo serán

políticamente responsables ante la Asamblea en la forma y modo que se

establezcan por loa respectivos Estatutos.

2. La responsabilidad civil y penal del Presidente y Consejeros será exiglble

conforme a los criterios establecidos en la Constitución para el Gobierno del

Estado.

ART. 137. La regulación y administración de las materias no atribuidas

expresamente al Estado por esta Constitución, podrá corresponder a los

Territorios Autónomos, en virtud de sus respectivos Estatutos. Las materias no

asumidas expresamente en los respectivos Estatutos por el Territorio Autónomo se

entenderán, en todo caso, como de competencia propia del Estado, pero éste podrá

distribuir o transmitir las facultades por medio de una ley.

ART. 138. A los efectos de to prevenido en el precedente artículo, se entienden

como de la exclusiva competencia del Estado las siguientes materias:

1. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la

igualdad de to dos los españoles en el ejercicio de los derechos y

el cumplimiento de los deberes constitucionales.

2. Nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo.

3. Relaciones internacionales, representación diplomática, consular y,

en general, en el exterior; la celebración d« tratados y fiscalización del

cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de las mismas.

4. Defensa y Fuerzas Armadas.

5. Leyes penales, extradición, legislación penitenciaria, sin

perjuicio de las específicas instituciones de reinserción social da los

respectivos Territorios Autónomos.

6. Determinación de las fuentes del Derecho, aplicación y eficacia de

las normas jurídicas y régimen supletorio del Derecho privado.

7. Relaciones jurídico-civíles relativas e la forma del matrimonio,

ordenación de los Registros e hipotecas. bases de las o b i i gaciones

contractuales y le regulación de los estatutos personal real y formal para

coordinar le aplicación y resolver los conflictos entre las distintas

legislaciones civiles de España.

8. Leyes procesales, sin perjuicio de las necesarias especialidades

que en este orden se deriven de las particularidades del Derecho sustantivo

del Territorio Autónomo.

9. Relaciones juridicomercantiles, referentes al estatuto del comerciante

y sociedades mercantiles, procedimientos concursales, normas básicas,

garantías comunes y eficacia de los títulos valores; principios generales

de la contratación mercantil; derecho marítimo.

10. Circulación de mercancías y capitales, garantías para el

abastecimiento del mercado interior.

11. Régimen aduanero y arancelarlo, comercio exterior.

12. Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases

generales de le ordenación del crédito y la Banca.

13. Pesas y medidas; determinación de la hora oficial.

14. Coordinación y planificación general de la actividad económica

e industrial.

15. Hacienda general y deuda del Estado.

16. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

17. Relaciones jurfdico-laborales: formas y modalidades de la contratación;

derechos y obligaciones de los sujetos intervinientes y demás aspectos

relativos a la eficacia de las relaciones laborales en todo el territorio del

Estado.

18. Sanidad exterior; programación y coordinación general de la sanidad y

legislación sobre productos farmacéuticos.

19. Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin

perjuicio da la ejecución de sus servicios por los Territorios Autónomos.

20. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones publicas y

del régimen estatutario de sus funcionarlos, para garantizar a los

administrados un tratamiento general común ante ellas; el procedimiento

administrativo común, sin perjucio de las especialidades derivadas de la

organización propia de los Territorios Autónomos; legislación sobre

expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones

administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones

públicas.

21. Pesca marítima.

22. Marina M e r cante y abanderamiento de buques; iluminación de

costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos;

tránsito y transporte aéreo: abanderamiento y matriculación de

aeronaves.

23. Ferrocarriles y transportes terrestres, que transcurran por más de una

región o Territorio Autónomo; régimen general de comunicaciones;

matriculación y circulación de vehículos a motor; líneas aéreas;

correos y telecomunicaciones; cables submarinos y radio comunicación.

24. Aprovechamientos hidráulicos e insta I aciones eléctricas, cuando

las aguas discurran fuera del Territorio Autónomo o cuando su

aprovechamiento afecte a otro territorio, o el transporte de energía

salga de su ámbito jurisdiccional.

25. Obras públicas de interés general para el Estado o cuya realización

afecte a más de un Territorio Autónomo.

26. Recursos mineros v energéticos.

27. Normas básicas del régimen de Prensa, radio y televisión y, en

general, de los demás medios de comunicación social, sin perjuicio de las

facultades que en su desarrollo y ejecución corresponden a los Territorios

Autónomos.

28. Le Administración de justicia. El Estado fijará las bases que permitan

armonizar el ejercicio de la función judicial en todo el Estado, de

acuerdo con el principio de unidad del poder judicial y de los distintos

cuerpos profesionales que lo integran, sin perjuicio de la intervención de

los Territorios Autónomos en la organización de la misma.

28. Orden público, sin perjuicio de la posibilidad de crear policías

territoriales que coadyuven al sostenimiento del orden público en la forma que

se establezca en los Estatutos.

30. Requisitos de expedición y homologación de títulos y convalidación de

los estudios académicos y profesionales.

31. Régimen de le producción, comercio, tenencia y uso de amias y

explosivos.

32. Estadísticas para fines estatales.

ART. 139. 1. Se podrá autorizar por ley la asunción por parte del Territorio

Autónomo de la gestión o ejecución de los servicios y funciones administrativas

que se deriven de las competencias que correspondan al Estado de acuerdo con la

precedente relación.

2. Las leyes de bases aprobadas por las Cortes Generales podrán atribuir

expresamente a todos o a algunos de los Territorios Autónomos la facultad de

dictar pare los mismos la correspondiente legislación delegada.

3. El Estado podrá dictar leyes de bases para armonizar las

disposiciones normativas territoriales, aún en el caso de materias atribuí bles

a la competencia de los Territorios Autónomos, cuando así lo exija el interés

general. Corresponde al Senado la apreciación de esta necesidad.

4. En cualquier caso, el Estado podrá crear y mantener directamente, con

independencia de les competencias que puedan asumir los Territorios Autónomos,

cualquier tipo de centros docentes.

ART. 140. 1. Todos los españoles tienen en cualquier Territorio Autónomo los

mismos derechos y obligaciones.

2. Ningún Territorio Autónomo podrá adoptar medidas que, directa o

indirectamente, obstaculicen la libre circulación de las personas o de las

cosas o limiten el derecho de los españoles a establecerse en cualquier

parte del Estado y ejercer su profesión, trabajo o cualquier tipo de función

pública,

3. El Derecho del Estado prevalece sobre el de los Territorios Autónomos

en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstos. Será

en todo caso supletorio del Derecho propio de los Territorios Autónomos.

ART. 141. El control de la actividad de los órganos autonómicos se ejercerá:

a) El relativo a la constituciónalidad y legalidad, por el Tribunal

Constitucional.

b] El concerniente al uso de las funciones delegadas a que se hace referencia

en el artículo 139 por el Gobierno, previo dictamen vinculante del

Consejo de Estado, sin perjuicio del que pueda corresponder a los Tribunales.

c) El de la Administración autonómica, por la jurisdicción contencioso-

administrativa..

d] El económico y presupuestarlo, con intervención del Tribunal de Cuentas.

ART. 142. Un delegado nombrado por el Gobierno y residente en la capital del

Territorio Autónomo, dirigirá la Administración periférica del Estado y la

coordinadora cuando proceda. con la Administración autonómica.

ART.143. 1. Los textos aprobados por la Asamblea del Territorio Autónomo serán

inmediatamente comunicados por el presidente de éste al Gobierno. Este, en el

plazo de un mes, podrá solicitar de la Asamblea una segunda deliberación sobre

todos o algunos de los extremos del mismo. En este caso, el texto, para ser

aprobado como ley territorial, requerirá la votación favorable de la mayoría

absoluta de los miembros de la Asamblea.

2. Le ley territorial no puede ser promulgada antes de haber transcurrido el

plazo fijado en el apartado anterior, salvo que el Gobierno comunicare al

presidente del Territorio Autónomo su consentimiento expreso.

3. El plazo antes indicado puede reducirse en una tercera parte, cuando

el proyecto en cuestión hubiera sido declarado urgente por la Asamblea del

Territorio Autónomo.

ART. 144. 1. Si un Territorio Autónomo no cumpliera las obligaciones que le

Constitución u otra ley le imponga respecto del Estado, el Gobierno, con la

aprobación del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al

Territorio Autónomo al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, eí

Gobierno puede dar instrucciones a todas las autoridades de los Territorios

Autónomos.

ART. 145.-1. Los Territorios Autónomos gozarán de autonomía financiera para el

desarrollo de sus competencias y funciones, bajo los principios de coordinación

con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles.

2. Los Territorios Autónomos podrán actuar como delegados o colaboradores del

Estado para la recaudación, la gestión y la

liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los

Estatutos. ART. 146. Los recursos de los Territorios Autónomos estarán

constituidos por:

a) impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre

impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

c) Transferencias de un fondo de compensación interterritorial y otras

asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.

e) El producto de las operaciones de crédito.

ART. 147. 1. La Ley regulará el ejercicio de las competencias financieras

enumeradas en el artículo anterior.

2. Los Territorios Autónomos no podrán, en ningún caso, adoptar medidas

tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan

obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

3. Anualmente, en los Presupuestos Generales del Estado, se fijará la

asignación para gastos corrientes con que los Territorios Autónomos deben

participar en los ingresos globales del Estado, en función del volumen de los

servicios y actividades de carácter público que hayan asumido y de la garantía

de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en

todo el ámbito del Estado.

4. Igualmente, las Cortes Generales asignarán a cada Territorio Autónomo, con

cargo a un fondo de compensación interterritorial, una determinada cantidad, con

destino a gastos de inversión que se repartirá con criterios que atiendan a la

corrección de los desequilibrios económicos existentes entre los distintos

territorios.

ART. 148. Las formas de colaboración financiera entre dos o más Territorios

Autónomos y entre éstos y el Estado serán competencia de éste.

ART. 149. Los Territorios Autónomos elaborarán su presupuesto anual con

equilibrio de ingresos y gastos, sin perjuicio de le posibilidad de la formación

de presupuestos extraordinarios financiados con cargo a sus recursos específicos

o a los procedentes de operaciones de crédito.

TITULO IX Del Tribunal Constitucional

ART. 150. 1. El Tribunal Constitucional se compone de once miembros nombrados

por el Rey, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus

miembros, tres a propuesta del Senado por idéntica mayoría, dos a propuesta del

Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder judicial.

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre

magistrados y fiscales, profesores numerarios de Facultades de Derecho y

Ciencias Politicas de cualquier Universidad española, y abogados, todos ellos

con más de veinte años de ejercicio profesional.

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período

de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres años.

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con

todo mandato representativo, cargo político o administrativo, función judicial y

fiscal, ejercicio de la carrera forense, desempeño de cargo directivo de un

partido político o empleo al servicio del mismo, y, en general, tendrán les

incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial. Serán, asimismo,

independientes e inamovibles durante el ejercicio de su mandato.

ART. 151. El Tribunal de Garantías Constitucionales será presidido por aquel de

sus miembros que el Rey designe cada tres años a propuesta del mismo Tribunal en

pleno.

ART. 152. 1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el

terrritorío del Estado y es competente para conocer de las siguientes materias:

a) Del recurso de inconstltucionalidad de leyes y normas con fuerza de

ley del Estado y de los Territorios Autónomos.

b) De los recursos de amparo por violación de los derechos establecidos en el

capitulo segundo del titulo II de esta Constitución, cuando se hubieran agotado

los demás recursos.

c) De los conflictos jurídicos entre los órganos centrales y los de

los Territorios Autónomos y los de éstos entre sí.

d) De los demás casos previstos en la Constitución o en las leyes orgánicas.

ART. 153. 1. Estas legitimados para interponer.

e) El recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Congreso de

los Diputados, el Presidente del Senado, el Presidente del Gobierno, los

presidentes de las asambleas de los Territorios Autónomos, los presidentes de

los Consejos de Gobierno de los mismos, al defensor del pueblo, cincuenta

diputados y veinticinco senadores.

b) El recurso de amparo, toda persona natural o jundica que invoque un interés

legitimo y al defensor del pueblo.

cj Para plantear los conflictos jurídicos a que se refiera el artículo 152, el

Gobierno y los Consejos de Gobierno de los Territorios Autónomos, según los

casos.

d) En los supuestos previstos en el apartado d) del articulo 152, las personas

físicas o jurídicas previstas por las leyes orgánicas.

ART. 154. Cuando algún juez o tribunal de oficio considere en algún proceso que

una norma legal invocada puede ser contraria a la Constitución, plantearé la

cuestión ante el Tribunal Constitucional para que decida sobre la

constltucionalidad de aquélla.

ART. 155. 1. Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen efectos plenos e

inmediatos a partir del día siguiente a su publicación en el "Boletín Oficial

del Estado". Tienen eficacia frente a todos y no cabe recurso contra ellas.

2. Salvo que en la sentencia se disponga otra cosa, se aplicará el principio de

conservación de ia norma para todas aquellas partes de la ley no afectadas por

la inconstitucionalidad. Se respetarán los derechos adquiridos de buena fe hasta

el momento de la publicación del fallo.

ART. 156. Una ley orgánica

regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus

miembros y el procedimiento ante el mismo.

TITULO X

De la reforma constitucional

ART. 167. La iniciativa de reforma constitucional se ejercera en los términos

del artículo ochenta.

ART. 158. 1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por

una mayoría de tres quintos en cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo

entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión mixta,

de composición proporcional, integrada por diputados y senadores, que procurará

presentar un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior

y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta

en el Senado, el Congreso por mayoría de dos

tercios podrá aprobar la reforma.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para

su ratificación.

ART. 159. No procede la reforma constitucional ni trámite alguno de tos

Indicados en tiempo de guerra o de declaración de alguno de los estados de

excepción.

Disposiciones transitorias

PRIMERA. 1. Lo legislación vigente, que con arreglo al artículo setenta y dos de

la presente Constitución regule materias de carácter reglamentario, será objeto

de catalogación por el Gobierno, previo informe del Consejo de Estado.

2. El Gobierno podrá derogar o modificar cada una de dichas leyes por decreto,

previa consulta al Congreso durante el plazo de dos meses, ante el cual éste

podrá ejercer la facultad prevista en el apartado o) del artículo setenta y dos,

salvo siempre la posibilidad de recurso ante el Tribunal Constitucional.

SEGUNDA. Si en el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de lo

presente Constitución, se propusiere su reforma, ésta sólo procederá si ambas

Camaras aprueban el principio de la misma por una mayoría de dos tercios. En

este caso se procederá a la disolución de las Cortes Generales. Las nuevas

Cámaras elegidas deberán ratificar !a disolución y proceder al estudio del nuevo

texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría absoluta de ambas

Cámaras y sometido a referéndum.

TERCFRA. 1. La iniciativa a que se refiere el artículo ciento veintinueve,

corresponderá a los órganos ya existentes en los territorios autónomos dotados

de un régimen provisional antes de la entrada en vigor de la presente

Constitución.

2. Una vez aprobados los Estatutos de Autonomía conforme a lo establecido en el

artículo ciento treinta y uno, los órganos provisionales se consideraron

disueltos.

CUARTA. Cuando se remitieren a la Comisión Constitucional del Congreso varios

proyectos de Estatuto se dictaminarán por el orden de entrada en aquél y el

plazo de dos meses a que se refiere el artículo ciento treinta y uno, dos,

empezará a contar desde que la Comisión termine el estudio del proyecto o

proyectos de que sucesivamente haya conocido.

QUINTA. Los provincias que no se hayan constituido en territorio autónomo

estarán representadas en el Senado, mediante senadores elegidos por la totalidad

de los concejales de todos sus municipios, a razón de dos senadores por

provincia y uno más por coda quinientos mil habitantes

 

< Volver