Anteproyecto de la Constitución. 
 España es un Estado social y democrático y su forma política es la Monarquía parlamentaria     
 
 Informaciones.    26/12/1977.  Página: 1-7. Páginas: 7. Párrafos: 472. 

ANTEPROYECTO DE LA CONSTITUCIÓN

ESPAÑA ES UN ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO Y SU FORMA POLÍTICA ES LA MONARQUÍA

PARLAMENTARIA

MADRID, 26 (INFORMACIONES).

EL presidente del Congreso entregó el pasado viernes al de las Cortes el

anteproyecto de la Constitución española (ver INFORMACIONES del 24). Lo propio

habían hecho momentos antes los siete miembros de la ponencia con el presidente

de la comisión Constitucional, señor Attard.

Han integrado esta ponencia las siguientes personas: don Gabriel Cisneros (de la

Unión de Centro), don Manuel Fraga (Alianza Popular), don Miguel Herrero de

Miñón (de U.C.D.), don Gregorio Peces Barba (socialista), don José Pedro Pérez

Llorca (también de U.C.D.), don Miguel Roca (minoría catalana) y don Jordi Solé

Tura (comunista catalán).

Al recibir el texto del anteproyecto -que ofrecemos íntegro a continuación-, el

presidente del Congreso dijo que aunque las Cortes no habían sido convocadas

como constituyentes, efectivamente lo eran. Formuló su confianza de que esta

fuera la «Constitución de la paz».

El presidente de las Cortes expresó al recibir a unos y a otros su satisfacción,

pero también su preocupación por los años que pueda tener de vigencia. En este

anteproyecto cons-titucional se reconoce el derecho al voto a los dieciocho años

de edad, que el presidente del Gobierno será nombrado por el Rey, las autonomías

regionales y, finalmente, la capacidad po-pular -junto con las otras fórmulas

tradicionales- de iniciativa legislativa.

TITULO I PRINCIPIOS GENERALES

ARTICULO 1.º 1. España se constituye en un Estado social y democrático de

Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la

libertad, la Justicia, la igualdad y el respeto al pluralismo político.

2. Los poderes de todos los órganos del Estado emanan del pueblo español, en

el que reside la soberanía.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

ART. 2.° La Constitución se fundamenta en la unidad de España y la solidaridad

entre sus pueblos, y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y

regiones que la integran.

ART. 3.° 1. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles

tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo.

2. Las demás lenguas de España serán también oficiales en los territorios

autónomos de acuerdo con sus respectivos Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüisticas de España es un

patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

ART. 4.º Los partidos políticos expresan el pluralismo democrático, concurren a

la formación y manifestación de la voluntad popular y son, instrumento

fundamental para la participación política. Se forman y ejercen su actividad

libremente dentro del respeto a la Constitución, y a la ley,

ART. 5.° Los sindicatos de trabajadores, las or-ganizaciones profesionales y las

asociaciones empresariales, contribuyen a la defensa y promoción de los

intereses económicos y sociales. Se forman y ejercen su actividad libremente

dentro del respeto a la Constitución y a la ley.

ART. 6.° 1. Los tratados internacionales válidamente celebrados tendrán, una vez

publicados, jerarquía superior a la de las leyes.

2. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en

las formas previstas en los propios tratados o de acuerdo con las normas

generales de Derecho Internacional.

3. Se podrá atribuir por un tratado o una ley orgánica el ejercicio de poderes

derivados de la Constitución a instituciones de Derecho internacional, en

régimen de paridad.

ART. 7.º l. La bandera de España es la de los colores rojo, gualda y rojo, en

tres franjas horizontales, siendo la gualda de doble anchura que las rojas.

2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias que, en los actos

oficiales y edificios públicos de los territorios autónomos, se utilizarán junto

a la bandera de españa.

ART. 8.º 1. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Podrán establecerse por

lay servicios centrales en otras localidades de España.

ART. 9.° 1. Todos los poderes públicos y los ciudadanos están sujetos a la

Constitución y al ordenamiento jurídico cuyos principios rectores

son la libertad y la igualdad.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que éste desarrolla su

personalidad sea real y efectiva; remover los obstáculos que impidan o

dificulten su plenitud, y facilitar la efectiva participación de todos los

ciudadanos en la organización política, económica, cultural y social del país.

3. Se reconocen los principios de publicidad y jerarquia normativa, de

legalidad, de retroactividad de las normas punitivas sancionadoras,

fis-cales y restrictivas de derechos individuales y sociales, de seguridad

jurídica, de exclusión de la doble sanción por los mismos hechos y dé respon-

sabilidad de los poderes públicos.

ART. 10. 1. Las fuerzas armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la

Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la Soberanía e

independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento

constitucional.

2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar dentro de los

principios de la presente Constitución.

TITULO II

DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES

CAPITULO PRIMERO De los españoles y extranjeros

ART. 11. 1. La nacionalidad española se adquiere y se pierde de acuerdo con las

disposiciones del Derecho Civil.

2. Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

3. El Estado podrá, negociar tratados de doble nacionalidad con los países de

cultura ibérica o que hayan tenido particular vinculación histórica con España.

ART. 12. 1. La condición jurídica del extranjero se regulará por la ley y por

los tratados, atendiendo siempre al principio de efectiva reciprocidad.

Solamente los españoles serán titulares de derechos políticos.

2. Los extranjeros residentes en España gozaran de las libertades públicas del

presente título, en los términos que la ley establezca.

3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado y siempre

que exista reciprocidad efectiva. En ningún caso se concederá la extradición por

delitos políticos.

4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países,

perseguidos en los mismos por la defensa de los derechos y libertades

democráticos reconocidos en la Constitución, gozarán del derecho de asilo.

CAPITULO II De las libertades públicas

ART. 13. La dignidad, los derechos inviolables de la persona humana y el libre

desarrollo de la personalidad, son fundamento del orden político y de la paz

social, dentro del respeto a la ley y a los derechos de los demás.

ART. 14. Todos los españoles son iguales ante la ley, sin discriminaciones por

razón de sexo, de raza, de nacimiento, de reunión, de opinión o de cualesquiera

otras condiciones personales o sociales.

ART. 15. 1. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física,

2. Nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o

degradantes.

ART. 16. 1. Se garantiza la libertad religiosa y de cultos de los individuos y

de las comunidades, asi como la de profesión filosófica o ideológica, con la

única limitación del orden público protegido por las leyes.

2. Nadie podrá, ser obligado a declarar sobre sus creencias religiosas.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos

tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán

las consiguientes relaciones do cooperación.

ART. 17. 1. Nadie podrá ser privado de su libertad, mas que en los casos

previstos por la ley y en la forma que ésta disponga.

2. La detención preventiva no podrá durar más de setenta y dos horas, y el

detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de haberse practicado la

detención. Dentro de las expresadas setenta y dos horas deberá el juez dictar

la oportuna resolución sobre la situación procesal del detenido.

3. Toda persona detenida debe ser informada, en el plazo más corto

posible, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de

su detención, no pudiendo ser obligada a prestar declaración sin la

presencia de abobado.

4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la

inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.

ART. 18. 1. Se garantiza el honor y la intimidad personal y familiar.

2. El domicilio es inviolable. Ninguna investigación domiciliaria podra

realizarse sin mandato judicial.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones postales, telegráficas y

telefónicas, salvo mandato judicial.

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y

la intimidad personal y familiar de los ciudadanos.

ART. 19. 1. Se reconoce la libertad de residencia y circulación en el territorio

español.

2, Todos los españoles tienen derecho a entrar y salir libremente de España, en

los términos que la ley establezca. Este derecho no podra ser limi-tado por

motivos políticos o ideológicos.

ART. 20. 1. Se reconoce el derecho a expresar y defender ideas y opiniones,

usando libremente la palabra, el escrito y la imagen, sin censura previa.

2. Se garantiza la protección de los derechos inherentes a la producción

literaria, artística y científica.

3. Se reconoce la libertad de cátedra, de creación artística y de

investigación científica.

4. Se reconoce la libertad de comunicar o recibir información objetiva y

veraz por cualquier medio de difusión.

5. Los poderes públicos garantizarán el acceso a los medios de comunicación

social de su propiedad o sometidos directa o indirectamente a su control de los

distintos grupos sociales y políticos, respetando el pluralismo de la

sociedad y las diversas lenguas de España.

6. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos

en este título, en los preceptos de las leyes que las desarrollan, y

especialmente en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

7. No podrá acordarse el secuestro de publicaciones y grabaciones, salvo

mandato judicial y por causa de delito.

ART. 21. 1. Los españoles tienen el derecho de reunión pacífica y sin armas.

2. La ley regulará el derecho de reunión que no necesitará autorización previa,

salvo en los casos de reuniones al aire libre y de manifestaciones.

ART. 22. 1. Se reconoce el derecho de asociación.

2. Se reconoce el derecho de fundación con arreglo a la ley.

3. Las asociaciones y fundaciones que atienten al ordenamiento

constitucional o intenten fines tipificadcs como delito son ilegales.

4. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán

inscribirse en un registro, a los solos efectos de publicidad.

5. Las asociacicones y fundaciones no podrán ser disueltas ni suspendidas

en sus actividades, sino es en virtud de resolución judicial motivada.

6. Se prohiben en todo caso las asociaciones secretas y las de carácter

paramilitar.

ART. 23. 1. Todos los ciudadanos mayores de edad tienen el derecho a participar

en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente

elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones

y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes.

ART. 24. 1. Toda persona tiene derecho al ac-ceso efectivo a los Tribunales

para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso

pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al juez natural, a la defensa y a la

asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos,

a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a

utilizar los medidas de prueba convenientes para su defensa, a no declarar

contra si mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

(Pasa a la pág. siguiente.)

ANTEPROYECTO DE LA CONSTITUCIÓN

(Viene de la pág. anterior.)

3. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el

momento de cometerse no constituyan delito, falta o infracción administrativa,

según el ordenamiento jurídico vigente en aquel momento, tampoco puede ser

impuesta una pena o sanción más grave que la aplicable al tiempo de cometerse la

infracción.

4. Las penas privativas de libertad tendrán una finalidad de reeducación y de

reinserción social y no podran suponer, en ningún caso, trabajos forzados.

ART. 25. 1. Los ciudadanos tienen obligación de contribuir a la defensa de

España y están sujetos a los deberes militares que fija la ley.

3. Se reconoce la objeción de conciencia. La ley la regulará con las debidas

garantías, imponiendo una prestación social sustitutiva.

3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de linea de interés

general.

ABT. 26. 1. Todos tienen el deber de contribuir a levantar las cargas públicas

atendiendo a su patrimonio, rentas y actividad, de acuerdo con una legislación

fiscal inspirada en los principios de equidad y progresividad y en ningún caso

confiscatoria.

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales

con arreglo a una ley.

ART. 27. 1. A partir de la edad nubil, el hombre y la mujer tienen el derecho a

contraer matrimonio y a crear y mantener, en igualdad de derechos, relaciones

estables de familia

2. El derecho civil regulará las formas de matrimonio, los derechos y deberes de

los conyugues, las causas de separación y disolución y s us efectos.

ART. 28. 1. Todos tienen el derecho a la educación.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana

en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y

libertades fundamentales.

8. Los poderes públicos garantirán el derecho que asiste a los padres para que

sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus

propina convicciones.

4. La ensañanza básica es obligatoria y gratuita.

8. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante

una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos

los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6.. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de

centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el

control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con

fondos públicos.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo

para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los

requisitos que la ley establezca.

10. La ley regulará la autonomía de las Universidades.

ART. 29 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con

las leyes.

3. Ningún español podrá ser privado de sus bienes excepto por causa

justificada de utilidad pública o interés social, previa la correspondiente

indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

ART. 30. 1. Todos los españoles tienen derecho al trabajo y el deber de

trabajar. Se reconoce el derecho a la libre elección de profesión u oficio y a

la promoción personal a través del trabajo.

2. Los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente para

satisfacer las necesidades de su vida personal y familiar. En ningún caso podrá

hacerse discriminación por razón de sexo.

3. Para hacer efectivos el derecho reconocido en los párrafos anteriores, la

ley regulará un Estatuto de los trabajadores.

ART. 31. 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá excluir o

limitar el ejercicio de este derecho para determinadas categorías de servidores

del Estado. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a

afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar

confederaciones y a fundar organizaciones sindícales internacionales o afiliarse

a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

2. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los

representantes sindicales de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza

vinculante de los convenios.

3. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de

sus intereses. La ley regulará el ejercicio de este derecho que no podrá atentar

al mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

ART. 32. 1. Se reconoce el derecho a la libre iniciativa económica privada. La

ley regulará su ejercicio, de acuerdo con los intereses económicos generales.

2. El empresario tiene derecho a establecer las condiciones de empleo de acuerdo

con criterios de productividad y a adoptar medidas de conflicto colectivo, sin

perjuicio de las limitaciones expresas que al ejercicio de estos derechos pueda

establecer la ley.

ART. 33. 1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición o reclamación

personal y colec-tiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine

la ley.

2. No podrá ser ejercitado este derecho por las fuerzas o institutos armados o

por los demás Cuer-pos sometidos a disciplina militar, ni por quienes a ellos

pertenezcan.

CAPITULO III

Principios rectores y derechos económicos y sociales

ART. 34. 1. Los poderes públicos aseguran la protección económica, jurídica y

social de la íamilia, en particular, por medio de prestaciones sociales, de

disposiciones fiscales y de cualquier otra medida adecuada.

2. La madre y los hijos, iguales éstos ante la ley, con independencia de su

filiación, disfrutarán de la protección oficial del Estado y de todos sus

poderes públicos.

3, Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los

mismos deberes que respecto de los nacidos en él, sin perjuicio del respeto a la

institución familiar.

ART. 35. 1. Los poderes públicos asumen la obligación prioritaria de fomentar

una política que asegure el pleno empleo y la formación y readaptación

profesionales; velar por la seguridad e higiene en el trabajo; garantizar el

descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, vacaciones

periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados, y proteger y

mantener un régimen público de seguridad social para todos

ART. 36. 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la sanidad y la

higiene, así como garantizar las prestaciones y servicios necesarios. La ley

establecerá los derechos y deberes de todos a respecto.

3. Los poderes públicos fomentan la educación física y el deporte y

facilitan la adecuada utilización del ocio.

ART. 37. 1. Los poderes públicos promoverán y tutelaran el acceso de todos a la

cultura.

2. Los poderes públicos promoverán la ciencia, la investigación y la técnica en

beneficio del interés general.

ART. 38. 1. Todos tienen el derecho a disfrutar y el deber de preservar el medio

ambiente. La ley regulará los procedimientos para el ejercicio de este derecho.

2. Los poderes públicos velaron por la utilización racional de los recursos

naturales, la conservación del paisaje, y por la protección y mejora del medio

ambiente.

3. Para los atentados más graves contra el paisaje protegido y el

medio ambiente se establecerán por ley sanciones penales y la obligación de

reparar el daño producido.

ART. 39. Los poderes públicos salvaguardan la conservación y promueven el

enriquecimiento del legado histórico, cultural y artístico de los pueblos de

España y de los bienes que lo integran sitos en su territorio, cualquiera que

sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados

contra este patrimonio.

ART. 40. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y

adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones para hacer efectivo

este derecho y regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés

general.

ART. 41. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación

libre y eficaz de la Juventud en el desarrollo político, social, económico y

cultural.

ART. 42. Los poderes públicos garantizarán a los disminuidos físicos o mentales

y personas incapacitadas una atención especializada y un reforzamiento del

amparo que los derechos fundamentales de este título, otorgan a todos los

poderes públicos.

ART. 43. Los poderes públicos garantizaran el derecho de los ciudadanos que

alcancen la tercera edad a una estabilidad económica, mediante pensiones

adecuadas y a una asistencia especial,

ART. 44. 1. Todos tienen derecho al control de la calidad de los productos de

consumo general y a una información fidedigna sobre los mismos.

2. Con este fin, los poderes públicos fomentarán la participación de las

organizaciones de consumidores.

3. La ley regulará el control de la organización del comercio interior, del

régimen general de autorización de los productos comerciales y de la publicidad

de los mismos.

CAPITULO IV Garantías de tos derechos fundamentales

ART. 46. 1. Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo II del presente

Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso

deberán respetar su contenido esencial, podrá desarrollarse el ejercicio de

tales derechos y libertades.

2. Cualquier ciudadano podra recabar la tutela de los derechos reconocidos en el

Capitulo II ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los

principios de preferencia y sumariedad y a través del recurso extraordinario de

amparo ante el Tribunal constitucional.

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos

en el Capítulo III informará la legislación positiva, la práctica judicial y la

actuación de los poderes públicos. Sin embargo, no podrán ser alegados

directamente como derechos subjetivos ante los Tribunales.

ABT. 46. Una ley Orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como

alto comisionado de las Cortes Generales, para la defensa de los derechos

comprendidos en este Titulo, quien, en todo caso, podrá ejercer las acciones a

que se refiere el apartado 2 del artículo anterior.

CAPITULO V Suspensión de los derechos fundamentales

ART. 47. 1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18 -apartados 2 y 3-,

19, 20 -aparta-dos 1, 4 y 7- y 21 podrán ser suspendidos cuando se acuerde la

declaración de estado de excepción o de guerra, en los términos previstos por la

Constitución. El derecho a la huelga, reconocido en el artículo 31, 3, y el de

adopción de medidas de conflicto colectivo, reconocido en el artículo 32, 2,

sólo podrán ser suspendidos en los casos de declaración del estado de guerra a

que se refiere el artículo 94.

2. Con arreglo a la ley, y por sentencia firme procederá, como pena accesoria,

la privación temporal de los derechos de libertad de expresión, de enseñanza, de

reunión, de asociación, de sufragio y de ejercicio de cargo público, por razones

de seguridad del Estado, protección de la moral y protección de los derechos y

libertades de los ciudadanos.

TITULO III DE LA CORONA

ART. 48. 1. El Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia.

Arbitra y modera el funcionamiento regular de sus instituciones; tutela los

derechos y libertades reconocidos por la Constitución; asume la alta

representación del Estado en las relaciones internacionales y ejerce las

funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

2. Su título es el de Rey de España, y podrá utilizar los demás que

correspondan a la Corona.

3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus

actos, salvo lo previsto en el artículo 57, 2, estarán siempre refrendados por

las personas a quienes corresponda, careciendo de validez sin dicho refrendo.

ARt. 49. 1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. don

Juan Carlos I de Borbón. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de

primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las

posteriores; en la misma linea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo

grado, el varón a la hembra, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de

menos

2. El Principe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el

hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias, y

los demás títulos vinculados tradicíonalmente al sucesor de la Corona de España.

3. Extinguidas todas las lineas no excluidas por ley, las Cortes Generales

proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los

Intereses de España,

4. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que

ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley.

ART. 50. El consorte del Rey o de la Reina no podrá asumir funciones

constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

ART. 51. 1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en

su defecto, el pariente más próximo a suceder en la Corona, según el orden

establecido en la Constitución, entrará a ejercer Inmediatamente la Regencia y

la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.

2. De la misma manera se procederá cuando el Rey se inhabilitara para el

ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuese reconocida por las Cortes

Generales.

3. Si no hubiese ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será

nombrada por las Cortes y se compondrá de una, tres o cinco personas.

4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.

ART. 52. 1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese,

nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento;

si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan

viudos. En su defecto, lo nombraran las Cortes, pero no podrán estar reunidos

los cargos de regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendiente directos

del Rey,

2. ES ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o

representación política.

ART. 53. 1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará

juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la

Constitución y las leyes y respetar y tutelar los derechos de los ciudadanos.

2. El Príncipe heredero, al ser mayor de edad, y el Regente, al hacerse cargo de

sus funciones,

(Pasa a la pág, siguiente.)

26 de diciembre de 1977

Páginas especiales / INFORMACIONES

ANTEPROYECTO DE LA CONSTITUCIÓN

(Viene de la pág. anterior.)

prestarán el mismo juramento del número anterior, así como el de fidelidad al

Rey.

ART. 54. Corresponde al Rey:

a) Nombrar si presidente del Gobierno en los términos previstos por el artículo

97 y poner fin a sus funciones cuando aquél le presente la dimisión del

Gobierno.

b) Nombrar y separar a los ministros, a propuesta del presidente del

Gobierno.

c) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los

términos previstos en la Constitución.

d) Sancionar y promulgar las leyes.

e) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.

f) El mando supremo de las fuerzas armadas.

g) Expedir los decretos acordados en Consejo de ministros; conferir los

empleos civiles y militares y conceder honores o distinciones con arreglo a las

leyes.

h) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley.

i) Presidir el consejo de ministros cuando ello sea necesario y ser informado

por el presidente del Gobierno de los asuntos de Estado.

ART. 55. l. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes

diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante

él.

2. El Rey autoriza la celebración de los tratados internacionales y, en su

caso, los ratifica. Sin embargo, la conclusión de tratados que afecten a

materias de competencia de las Cortes Generales deberá ser previamente

autorizada mediante ley.

3. Cuando un tratado sea contrario a la Constitución, su conclusión deberá,

ser autorizada mediante el procedimiento previsto para la revisión

constitucional.

4. Las Cortes Generales serán oportunamente informadas de la conclusión de

los restantes tratados.

5. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar

la guerra y concluir la paz.

ART. 56. Los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y,

en su caso, por los ministros competentes. Los actos del Rey mencionados en el

artículo 54, apartados a) y c), serán refrendados por el presidente del Congreso

a efectos de autentificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la

Constitución para el ejercicio de estas potestades.

ART. 67. 1. El Rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global

para el sostenimiento de su familia y casa, y distribuye libremente la misma.

2, El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su

casa.

TITULO IV DE LAS CORTES GENERALES

CAPITULO I De las Cámaras

ABT. 58. 1. Las Cortes Generales estarán formadas por el Congreso de los

Diputados y el Se-nado.

2. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el

mandato de una Asamblea, de territorio autónomo con el de diputado al Congreso.

3. Los miembros de las Cortes Generales representan al puebla español y no

están ligados por mandato imperativo.

4. Las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria

reglamentaria, no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones,

ni ostentar sus privilegios.

ABT. 59. 1. Los diputados del Congreso se eligen por sufragio universal, libre,

igual, directo y secreto.

2. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los diputados termina

cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

3. Son electores y elegibles todos los españoles mayores de edad que estén en

el pleno uso de sus derechos politicos. La ley reconocerá y el Estado facilitará

el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del

territorio de España.

ABT. 60. 1. El senado se compone de los representantes de los distintos

territorios autónomos que integran España.

2. Los senadores serán elegidos por las Asambleas legislativas de los

territorios autónomos, entre sus miembros, por un periodo igual al de su propia

legislatura, con arreglo a un sistema de representación proporcional y de manera

que se asegure la representación de las diversas áreas del territorio.

3. Cada territorio autónomo designará diez senadores, y otro más por cada

500.000 habitantes o fracción superior a 250.000 habitantes. Ningún territorio

autónomo podra designar un número de senadores igual o mayor al doble del

numero de senadores que corresponda a otro territorio autónomo.

4. Al comienzo de cada legislatura, el Congreso de los Diputados, por mayoría

de tres quintos de votantes, que represente al menos la mayoría absoluta de la

Cámara, podrá elegir hasta 20 senadores de entre personas que hubieran prestado

servicios eminentes en la vida cultural, política, económica o

administrativa de España.

ART. 61. 1. La ley Electoral determinará los casos de inelegibilidad e

incompatibilidad de los diputados y senadores, que comprenderá, en todo caso:

a) A los altos cargos de la Administración del Estado, que determine la ley,

con la excepción, en todo caso, de los miembros del Gobierno.

b) A los militares profesionales y miembros de las fuerzas de orden público y

Policía Gubernativa, en activo.

c) A los jueces y fiscales en activo.

d) A los miembros de las Juntas electorales.

e) A los componentes del Tribunal Constitucional.

ART. 62. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras

estará sometida al control judicial en los términos que establezca la ley

Electoral

ART. 63. 1. Los diputados y senadores gozan de inviolabilidad por los actos

realizados y las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

2. Los diputados y senadores gozan asimismo de inmunidad y sólo podrán

aer detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni

procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

3. En las causas contra diputados y senadores será competente la sala de lo

criminal del Tribunal Supremo.

4. Los diputados y senadores percibirán una remuneración cuya cuantía será

fijada por las respectivas Cámaras.

ART. 64. I. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos y el Estatuto de su

personal y aprueban autónomamente sus presupuestos.

2. Las Cámaras eligen sus respectivos presidentes y los miembros de sus

Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso.

3. Los presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los

poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus

respectivas sedes.

ART. 65. 1. Las Cortes Generales celebrarán dos periodos ordinarios de sesiones:

el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a julio.

2. Podrán celebrarse periodos extraordinarios de sesiones a petición del

Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros

de cualquiera de las Cámaras. Los periodos extraordinarias de sesiones deberán

convocarse por los respectivos presidentes sobre un orden del día determinado, y

serán clausurados una vez que éste haya sido agotado.

ART. 86. 1. Las Cámaras funcionarán en pleno y por comisiones.

2. Las Cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la

aprobación de proyectos o proposiciones de ley, sin perjuicio de la competencia

del Pleno, para, recabar el debate y votación de cualquier proyecto o

proposición.

3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior, la reforma

constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes Orgánicas y de Bases y

los presupuestos generales del Estado.

ART. 67. 1. Las Cámaras pueden nombrar comisiones de investigación sobre

cualquier asunto. El Gobierno y todas las autoridades y órganos administrativos

deben prestarles ayuda. Sus conclusiones no serán obligatorias para los

Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales.

2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará

las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.

ART. 66. 1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente, compuesta por un

mínimo de 21 miembros, que representarán a los grupos parlamentarios en

proporción a su importancia numérica.

2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el presidente de la

Cámara respectiva y tendrán como funciones, además de la convocatoria de

períodos extraordinarios de sesiones en los términos del articulo 65, la de

velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas.

3. Reunida la cámara, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos

tratados y de sus decisiones.

ART. 69. 1. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas

reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.

2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoria de

los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías que establezca la

Constitución, las leyes orgánicas y los reglamentos de las Cámaras.

3. El voto de senadores y diputados es personal

e indelegable.

ART. 70. Las reuniones de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contra de

cada Cámara, tomado por mayoría absoluta y con arreglo al Reglamento.

CAPITULO II De la elaboración de las leyes

ART. 71. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa sin perjuicio de

lo previsto en el Titulo VIII, aprueban los presupuestos, controlan la acción

del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución.

ART. 72. Son materias propias de la ley:

a) El desarrollo de los derechos y deberes comprendidos en el Título II y en lo

que proceda de los principios generales declarados en el Título I.

b) El desarrollo de las instituciones de la presente Constitución, incluyendo el

derecho electoral, sin perjuicio de las autonomías reglamentarias de las cámaras

y cuantas remisiones contenga la presente Constitución a la ley.

c) Las normas básicas en materia de orden público.

d) El Derecho civil.

e) El Derecho penal, procesal y judicial.

f) Las normas básicas del Derecho mercantil, laboral y de la Seguridad Social.

8) Las normas básicas de la Administración y de la función pública y de la

defensa nacional.

h) Administración y contabilidad. Los presupuestos del Estado.

i) Las cuestiones financieras y fiscales, asi como los textos básicos de la

planificación y ordenación económica y social.

j) Las normas básicas sobre la ordenación del sector público de la economía.

k) Las normas básicas en materia de obras públicas y transportes.

1) Las normas básicas de la educación y de los planes generales de enseñanza.

m) Las normas básicas sobre el régimen del suelo, urbanismo y vivienda.

n) Las delegaciones normativas concedidas al Gobierno.

o) Cualquier otra materia cuya regulación legal sea acordada por la mayoría

absoluta del Congreso. Dicho acuerdo podrá, comprender la suspensión de

disposiciones reglamentarlas sin perjuicio de tercero, en los términos que una

ley establezca.

ART. 73. 1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los títulos I y

II de la Constitución, a la organización de las instituciones centrales del

Estado, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral

general.

2. Las leyes orgánicas deberán ser aprobadas, modificadas o derogadas por

mayoria absoluta del Congreso.

ART. 74. 1. Las Cortes Generales podrán autorizar al Gobierno, mediante una ley

de bases, para dictar legislación delegada sobre materias determinadas.

3. No podrá otorgarse ninguna delegación legislaiva de modo implícito ni

en un texto que no sea presentado expresamente como ley de bases.

3. Las leyes de bases mencionarán expresamente el objeto y alcance de la

delegación legislativa e indicaran el plazo dentro del cual es válida.

4. Sin perjuicio de la competencia propia de loa Tribunales, las comisiones de

las Cortes podrán pedir la suspensión de la legislación delegada. En caso de uso

incorrecto de la delegación, la resolución corresponde al Pleno.

5. Las leyes de bases podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de

control.

ART. 75. Las delegaciones legislativas no podrán en ningún caso:

a) Autorizan la modificación de la propia ley de bases.

b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

c) Permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.

ART. 76. Cuando una proposición de ley o una enmienda fueran contrarias a una

delegación legislativa autorizada por ley de bases, el Gobierno podrá pedir que

no se tramite. En tal caso podrá pedirse la tramitación de una proposición de

ley para la derogación total o parcial de la ley de bases.

ART. 77. Los actos del gobierno por los que se promulgue legislación delegada

recibirán el título de decretos legislativos y serán siempre informados por el

Consejo de Estado que, en todo caso, se pronunciará sobre su conformidad o

disconformidad con la ley de bases.

ART. 78. 1. En casos de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá

dictar disposiciones legislativas provisionales, que tomarán la forma de

decretos-leyes, que regulen materias enumeradas en el artículo 72 y no afecten a

la ordenación de las instituciones del Estado, los derechos y libertades de los

ciudadanos regulados en el título II ni al régimen de los territorios autónomos.

2. Estos decretos-leyes deberán ser inmediatamente presentados ante las

Cortes generales, convocadas al efecto si no estuvieran reunidas, y ca-ducarán

si no fueran convalidados por las mísmas en el plazo de los treinta días

siguientes a su pro-mulgación.

3. Durante el pleno establecido en el párrafo interior, las Cortes podren

tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

ART. 79. 1. Corresponde a la potestad reglamentaria del Gobierno la regulación

de las materias no reservadas a la ley, sia perjuicio de lo previsto en el

titulo VIII.

2. En caso de duda sobre el carácter legislativo o reglamentario de una norma y

previo dictamen de la Comisión de Competencia Legislativa del Congreso y del

Consejo de Estado, resolverá el Tribunal Constitucional.

ART. 80. 1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno y a los diputados,

bien directamente, o bien a través de los grupos parlamentarios.

2. El Senado podrá solicitar del Gobierno la

(pasa a la pág. siguiente.)

INFORMACIONES / Páginas especiales 26 de diciembre de 1977

ANTEPROYECTO DE LA CONSTITUCIÓN

(Viene de la pág. anterior.)

adopción de un proyecto de ley o remitir ante la Mesa del Congreso una

proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres senadores

encargados de su defensa.

3. El mismo derecho podrá ejercerse también por las Asambleas de los

Territorios Autónomos. En tal supuesto se actuará de acuerdo con lo

dispuesto en el apartado anterior.

4. Podrán someterse al Congreso proposiciones de ley articulados y motivadas,

con las firmas acreditadas de 500.000 electores. La iniciativa popular no

procede en materias tributarias, de carácter internacional, ni en lo relativo a

la prerrogativa de gracia. La ley regulará el ejercicio de este derecho.

ART. 81. 1. Los proyectos de ley del Gobierno serán aprobados en Consejo de

ministros y siempre que se trate de leyes orgánicas o leyes de bases irán

acompañados del informe del Consejo de Estado.

2. En todo caso irán acompañados de una exposición de motivos y de cuantos

antecedentes establezca una ley orgánica de régimen jurídico de la

Administración, sin perjuicio de los que reclamen las Cámaras.

ART. 82. La tramitación de las proposiciones de ley se regularán por los

Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos del

Gobierno impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos

regulados en el artículo 80.

ART. 83. 1. Aprobado por el Congreso un proyecto o proposición de ley, el

presidente de dicha Cámara dará inmediata cuenta del inferno al presidente del

Senado, el qual lo someterá a la deliberación de éste.

2. El Senado, en el plazo de un mes a partir del día de la recepción del

texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto al mismo. En este caso,

el proyecto no podrá ser sometido al Rey para su sanción, salvo que el

Congreso acepte las enmiendas propuestas por el Senado o ratifique por mayoría

absoluta de sus miembros el texto inicialmente aprobado.

3. El plazo de un mes se reducirá al de diez días naturales en los proyectos

declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los

Diputados.

ART. 84. Las leyes aprobadas definitivamente por las Cortes Generales serán

sancionadas por el Rey en el plazo de quince días, quien las promulgará y

ordenará inmediatamente su publicación.

ART. 86. 1. La aprobación de las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no

sancionadas, las decisiones políticas de especial trascendencia y la derogación

de leyes en vigor podrán ser sometidas a referéndum de todos los ciudadanos.

2. En los dos primeros supuestos del número anterior, el referéndum será

convocado por el Rey, a propuesta del Gobierno, a iniciativa de cualquiera de

las Cámaras o de tres Asambleas de Territorios Autónomos. En el tercer supuesto,

la iniciativa podrá proceder también de 750.000 electores.

3. El plazo previsto en el artículo anterior para la sanción real se contará,

en este supuesto, a partir de la publicación oficial del resultado del

referendum.

4. El resultado del referéndum se impone a todos los ciudadanos y a todos los

órganos del Estado.

5. Una ley orgánica regulará las condiciones del referéndum legislativo y del

constitucional, así como la iniciativa popular a que se refiere el presente

artículo y la establecida en el artículo 80.

CAPITULO III

De las relaciones entre el Gobierna y las Cortea Generales

ART. 86. 1. El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el

Congreso de los Diputados.

2. En cada periodo ordinario de sesiones del Congreso se

celebrará al menos un debate sobre la orientación de la politica general del

Gobierno.

3. El Gobierno puede formular declaraciones de política general ante ambas

Cámaras.

ART. 87. Las Cámaras podrán recabar la información que precisen del Gobierno y

de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades incluyendo las de los

territorios autónomos.

ART. 88. 1. Las Cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los

miembros del Gobierno.

2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus

comisiones y la facultad de hacerse oir en ellas, y podrán solicitar que

informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.

ART, 89. 1. El Gobierno y sus miembros están sometidos a las intepelaciones y

preguntas que se produzcan en las Cámaras. En los Reglamentos de éstas se

establecerá un día fijo a la semana para su debate.

2. Toda interpelación dará tugar a una moción en la que la Cámara exprese su

opinión.

ART. 90. El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de

ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de

confianza sobre su programa o sobre una declaración de politica general. La

confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría

absoluta de los diputados.

ART. 91. 1. El Congreso de los Diputados exige la responsabilidad política del

Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.

2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de

los diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno, que

se entedera elegido en caso de que el Congreso adoptare la moción.

3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco dias

desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán

presentarse mociones alternativas.

4. Si la moción de censura no fuese aprobada por el Congreso, sus

signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones.

ART. 92. 1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su

dimisión al Rey, precediéndose a continuación a la designación do nuevo

presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 97.

2 Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su

dimisión ai Rey y éste nombrará nuevo presidente del Gobierno al candidato

elegido por el Congreso.

ART. 93. 1. El presidente del Gobierno, previa deliberación del mismo y bajo su

exdcluslva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, que será

decretada por el Rey,

2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una

moción de censura.

3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un alto desde la

anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 97, apartado 5.

4. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta y los cincuenta días después

de la disolución. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los

veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

ART. 94. 1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de

guerra y las competencias y limitaciones correspondientes.

2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno por un plazo

máximo de quince días. dando cuenta Inmediatamente al Congreso de los

Diputados.

3. El estado de excepción será declarado por el Congreso de los Diputados, a

propuesta exclusiva del Gobierno. Tendrá una duración máxima de treinta

días, prorrogarles por otro plazo igual. El Congreso determinará Igualmente el

ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

4. El estado de guerra será declarado por la mayoría absoluta

del Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del Gobierno.

El Congreso determinará su duración y condiciones.

5. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de guerra no

modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes

reconocidos en la Constitución y en las leyes.

TITULO V DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

CAPITULO PRIMERO Del Gobierno

ART. 95. El Gobierno dirige la política, la Administración civil y militar y la

defensa del Estado, Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de

acuerdo con la Constitución y las leyes.

ART. 96. 1. El Gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su

caso, y de los demás miembros que establezca la ley.

2. El presidente del Gobierno dirige la acción de éste, distribuye y coordina

las funciones de los demás miembros de aquél, sin perjuicio de la competencia y

responsabilidad directa de éstos por la gestión de sus Departamentos.

ART. 97 1. Al comienzo de cada legislatura, y en los demás supuestos

constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los presidentes

de ambas Cámaras de las Cortes Generales y los portavoces designados por los

grupos parlamentarios, propondrán un candidato a la Presidencia del Gobierno.

2. El candidato designado conforme a lo previsto en el apartado anterior

expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno

que se propone formar y solicitará la confianza del Congreso sobre el mismo.

3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus

miembros, otorga su confianza a un candidato designado según lo previsto en el

apartado 1 el Rey le nombrará presidente del Gobierno.

4. Si en los diez días siguientes ninguno de los candidatos hubiere recibido

la confianza del Congreso, por mayoría absoluta. el Congreso podrá

otorgar su confianza por mayoría simple.

5. Si en el plazo de quince dias siguientes no hubiera sido posible el

nombramiento de un presidente del Gobierno de acuerdo con lo

previsto en los apartados anteriores, el Rey disolverá el Congreso

de los Diputados y convocará nuevas elecciones.

6. Los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el

Rey, a propuesta del presidente.

ART. 98. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en caso

de pérdida de la confianza parlamentaria, o por dimisión de su presidente.

2. En el primer supuesto, el Gobierno continúa en funciones hasta la toma de

posesión del nuevo Gobierno.

3. En caso de pérdida de la confianza parlamentarla o de dimisión

del presidente, los demás miembros del Gobierno continuarán en funciones

hasta que tome posesión un nuevo Gobierno.

ART. 99. 1. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones

representativas que las derivadas del mandato parlamentario, ni cualquier otra

función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil

alguna.

2. Una ley orgánica regulará el estatuto y las Incompatibilidades de los

miembros del Gobierno.

ART. 100. 1. La responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del

Gobierno será, exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal

Supremo.

2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la

seguridad del Estado, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta

parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta

del mismo.

3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos

del presente artículo.

CAPITULO II De la Administración

ART. 101. 1. La Administración pública se ordena de acuerdo con los principios

de descentralización y desconcentración y actúa coordinadamente para el

cumplimiento de sus funciones en los respectivos ámbitos territoriales de su

competencia.

2. La Administración del Estado y sus órganos periféricos son creados,

establecidos y coordinados por el Gobierno de acuerdo con la ley.

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, establecerá el

sistema de Incompatibilidades y garantizará la imparcialidad política en el

ejercicio de sus funciones.

ART 102. 1. Las fuerzas de orden público, bajo la dependencia del Gobierno,

tendrán como misión defender el ordenamiento constitucional, proteger el libre

ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y garantizar la

seguridad personal de éstos.

2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y

estatuto de las fuerzas de orden público.

ART. 103. La ley regulará:

a) La participación de los ciudadanos a través de las organizaciones y

asociaciones reconocidas por la ley en la formación de las decisiones

administrativas que les afecten.

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos,

salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación

de los delitos y la intimidad de las personas.

o El procedimiento a través del cual los actos administrativos deben producirse.

d) La sumisión de las disposiciones y resoluciones administrativas a los

principios de jerarquía normativa e inderogabllldad singular de los reglamentos.

ART. 104. 1. Toda la actividad de la Administración pública está sometida al

control jurisdiccional.

2. Los Tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa y el

sometimiento a los fines que la justifican.

ART. 105. 1. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos

gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde

a sus respectivos Ayuntamientos, Integrados por los alcaldes y los concejales.

Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio, mediante sufragio

universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por Ja ley.

Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La ley

regulará las condiciones en las que procedan las reuniones en concejo abierto.

2. Las provincias, o, en su caso, las circunscripciones que los Estatutos de

autonomía establezcan mediante la agrupación de municipios, gozarán

igualmente de plena personalidad jurídica, y servirán de base a la organización

territorial de la Administración pública, sin perjuicio de otras formas de

división establecidas por la ley con este fin. Su gobierno y administración

estarán encomendados a Diputaciones, Cabildos o corporaciones de carácter

representativo.

3. Las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para

el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones

respectivas y se nutrirán fundamentalmente de impuestos y tasas propios y

de participaciones en los ingresos del Estado y de los territorios autónomos.

ART. 106. El Consejo del Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno.

La ley regulará su composición y competencia.

TITULO VI DEL PODER JUDICIAL

ART. 107. 1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por

Jueces y mágis

(Pasa a la pág. siguiente.)

26 de diciembre de 1977

Páginas especiales / INFORMACIONES

ANTEPROYECTO DE LA CONSTITUCIÓN

(Viene de la pág., anterior.)

trados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables

y sometidos únicamente al imperio de la ley.

2 El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, Juzgando

y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde en exclusiva a los Juzgados y

Tribunales determinados por las le-yes, según las normas de competencia y

procedimiento que las mismas establecen.

3. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y

funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la

jurisdicción militar, en el ámbito estrictamente castrense, y de acuerdo con los

principios de la Constitución.

4. Se prohiben los Tribunales de excepción, salvo lo dispuesto en

cuanto a los estados de excepción.

ART. 108. Todos deben acatar las decisiones firmes de los Tribunales y prestar

la colaboración que éstos les requieran, en el desarrollo del proceso y en la

ejecución de las sentencias y demás resoluciones judiciales.

ART. 109. La justicia es gratuita en el orden penal y laboral; también lo es en

el civil y contencioso-administratlvo cuando así lo disponga la ley, y en todo

caso, respecto a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

ART. 110. 1. La legislación procesal se inspirará en los principios de eficacia,

rapidez y economía.

2. Las actuaciones Judiciales serán públicas, salvo el secreto de la

investigación sumarial. Podra acordarse excepcionalmente su celebración a puerta

cerrada por resolución motivada y causa grave.

3. Toda sentencia ha de ser motivada y pronunciada en audiencia pública.

4. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia

criminal.

5. Está autorizado el análisis y crítica de las resoluciones judiciales,

siempre que no impliquen desacato a los Tribunales o a sus miembros, y con

respeto a la ejecución de las resoluciones firmes.

ART. 111. Los errores Judiciales darán derecho al perjudicado a una

indemnización conforme a la ley.

ART. 112. 1. La ley orgánica del poder Judicial determinará la constitución,

funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto

jurídico de los jueces y magistrados, y demás funcionarios y personal al

servicio de la administración de justicia, de acuerdo con los principios

democráticos que inspiran la Constitución.

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de la

administración de Justicia. La ley orgánica establecerá su estatuto y funciones,

en particular en materia de nombramientos, ascensos e inspección. Sus miembros

estarán sujetos al mismo régimen de incompatibilidades que el de los miembros

del Tribunal Constitucional.

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el

presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros

nombrados por el Rey, doce de ellos a propuesta y en representación de las

distintas categorías de las carreras judiciales y ocho a propuesta del Congreso

de los Diputados, entre Juristas de reconocida competencia, con más de quince

años de ejercicio en su profesión.

4. El ámbito de competencia de las Audiencias Territoriales no excederá, en

ningún caso, del correspondiente al territorio autónomo. La ley fijará la

composición y funcionamiento de los órganos de gobierno de aquéllas.

ART. 113. 1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, será el

órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en

materia de garantías constitucionales.

2. El presidente del Tribunal Supremo sera nombrado por el Rey, a propuesta del

Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

ART. 114. 1. El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la

Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por la

ley, de oficio o a petición de los interesados; velar por la independencia de

los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

2. El Ministerio Fiscal es también el órgano de relación entre el Gobierno

y los órganos dé la administración de justicia, ejerciendo sus funciones por

medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y

dependencia Jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e

imparcialidad.

3. El Ministerio Fiscal se regirá por su estatuto orgánico,

4. El nombramiento del fiscal del Tribunal Supremo se hará en ía forma

establecida para el presidente de dicho Tribunal.

ART. 115. Los ciudadanos participarán en la administración de justicia en los

casos y formas que la ley establezca.

ART. 116. La Policía judicial depende de los Tribunales y del Ministerio Fiscal

en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del

delincuente, en los términos que la ley establezca.

ART. 117, 1. Los jueces y magistrados, mientras se hallen en activo, no podrán

desempeñar cargos públicos, ni pertenecer a un partido político.

2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder

judicial, que deberá asegurar la total independencia de los

mismos.

TITULO VII ECONOMÍA Y HACIENDA

ART. 118.-1 La economía y toda la riqueza del país en sus distintas formas, y

sea cual fuere su titularidad, está subordinada a los intereses generales, y

podrá ser objeto, en su caso, de expropiación forzosa con arreglo a la

Constitución y a la leyes.

2. Los poderes públicos podrán intervenir conforme e la ley en la dirección,

coordinación y explotación de las empresas cuando así lo exigieran los intereses

generales.

3. La ley podrá reservar al sector público los servicios públicos

esenciales, la explotación de fuentes de energía o las actividades que

constituyan monopolio.

ART. 119.-1. La ley establecerá la forma de participación de los interesados en

la actividad de todos los organismos públicos, cuya función afecte a la calidad

de la vida o al bienestar social.

2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de

participación en la empresa. y facilitarán un marco legislativo adecuado para

las empresas cooperativas.

ART. 120.-El Estado atenderá a la modernización y desarrollo de todos los

sectores económicos. y en particular de la agricultura, de la ganadería y de la

pesca, a fin de equiparar las condiciones y nivel de vida de todos los

españoles.

AHT. 121.-1. El Estado podrá planificar la actividad económica para atender a

las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y

sectorial y estimular el crecimiento de los recursos del país.

2. Para la elaboración democrática de los planes, el Gobierno tendrá en cuenta

las previsiones que le sean suministradas por los territorios autónomos y el

asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones

profesionales y empresariales, mediante la constitución de un Consejo, cuya

composición y funciones se desarrollarán por ley.

ART. 122.-1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio

público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad.

imprescriptibilidad e inembargabllidad, así como su desafectación, sin que en

tal supuesto y mientras no corresponda con arreglo a la ley su enajenación o

reversión, puedan ser destinados a usos o fines que no sean de interés general y

permanente.

2. En todo caso son bienes de dominio público por su naturaleza la zona

marítimo-terrestre las playas, el mar territorial, la plataforma continental y

sus recursos naturales.

ART. 123.-1. La potestad originaria para establecer tributos corresponde

exclusivamente al Es-tado, mediante ley.

2. Los territorios autónomos y las corporaciones locales podrán establecer y

exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

3. El Estado sólo podra contraer obligaciones financieras de acuerdo con

las leyes, y no podrá realizar gastos sin la previa autorización de las Cortes.

4. Toda exención o desgravacíón fiscal que afecte a los tributos del Estado

deberá establecerse en virtud de ley votada por las Cortes Generales.

ART. 124.-1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos

generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación.

2. Los presupuestos generales del Estado incluirán la totalidad de los gastos

e ingresos del sector público estatal y tendrán carácter anual, salvo en lo

relativo a inversiones. En este caso, las anualidades deberán constar

expresamente,

3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los

presupuestos generales del Estado, al menos trea meses antes de la expiración

de los del año anterior.

4. Si los presupuestos no pudieran ser votados antes del primer día del año

económico siguiente, se prorrogará por trimestres la vigencia de los anteriores,

sin que estas prórrogas puedan exceder de tres.

5. Aprobados los presupuestos generales del Estado, únicamente el Gobierno

podrá presentar proyectos de ley que Impliquen aumento del gasto público o

disminución de los ingresos, y toda proposición o enmienda que entrañe aumento

de gastos o disminución de ingresos requerirá la conformidad del Gobierno para

su tramitación.

6. La ley de presupuestos no puede crear nuevos impuestos.

ART. 125.-El Gobierno necesita estar autorizado por ley para disponer o

transigir válidamente sobre los derechos y bienes de que sea titular el Estado.

Será nulo todo acto que infrinja este precepto.

ART. 126.-1. Toda ley que autorice al Gobierno para emitir deuda pública o tomar

créditos en cualquier forma, habrá de contener las condiciones de la emisión o

del crédito.

2. La deuda pública está bajo la garantía del Estado. Los créditos para

satisfacer el pago de intereses y capital se entenderán siempre incluidos en el

estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de discusión

mientras se ajusten estrictamente a las leyes que autoricen la emisión.

ART. 127.-1. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán

anualmente y serán censuradas por el Tribunal de Cuentas. Este, sin

perjuicio de la efectividad de sus acuerdos, remitirá a las Cortes un informe

anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades

ministeriales en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

2. El Tribunal de Cuentas es el órgano fiscalizador de todas las cuentas del

Estado. Dependerá directamente de las Cortes y ejercerá sus funciones por

delegación de ellas.

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma inamovilidad

e independencia que los jueces.

4. Una ley orgánica regulará su composición, organización y funciones.

TITULO VIII DE LOS TERRITORIOS AUTÓNOMOS

ART. 128.- 1. Para el ejercicio del derecho a la autonomía a que se refiere el

articulo 2.° de la Constitución las diferentes nacionalidades y regiones que

integran España podrán acceder a su autogobierno y constituirse en territorios

autónomos, con arreglo a lo previsto en este título y en los respectivos

Estatutos.

2. Cada uno de los territorios autónomos podrá adoptar, en su Estatuto, la

denominación oficial que mejor corresponda a su identidad histórica,

ART. 129.- 1. La iniciativa del proceso autonó-mico corresponde a los

Ayuntamientos de una o varias provincias limítrofes o territorios insulares con

características históricas o culturales comunes. Para ello será preciso que lo

soliciten las dos terceras partes del número de municipios cuya población

represente la mayoría del censo del ámbito territorial de referencia.

2. Los requisitos del apartado anterior se computarán separadamente para cada

una de las provincias que se pretendan integrar en el territorio autónomo. Sólo

se seguirá el procedimiento en la medida en que se cumplan en su conjunto dichos

requisitos. En su defecto sólo se podrá reproducir la iniciativa transcurrido el

plazo mínimo de un año.

3. Las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno y mediante ley orgánica,

podrán sustituir la iniciativa de los Ayuntamientos cuando razones de interés

general lo aconsejen para un territorio determinado.

ART, 130. - Cualquier acuerdo de cooperación en-tre territorios autónomos

necesitará la autorización de las Cortes Generales por medio de una ley

orgánica.

ART. 131.- 1. Cumplidos los trámites del artículo 129, el Gobierno convocará a

todos los diputados y senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas

en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se

constituyan en asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente

proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de

sos miembros.

2. Aprobado el proyecto de Estatuto por la asamblea de parlamentarios se

remitirá a la comisión constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de

dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la

asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.

3. Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a

referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito

territorial del proyectado Estatuto.

4. Si el proyecto de Estatuto es aprobado por la mayoría de los votos

válidamente emitidos será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas

Cámaras emitirán sobre el texto, en su caso, un voto de ratificación. Aprobado

el Estatuto el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.

5. De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado dos de este

artículo, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las

Cortes Generales. El texto aprobado por esta será sometido a referéndum del

cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del

proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos

validamente emitidos procederá su promulgación en los términos del apartado

anterior.

. 132.- 1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos

serán la norma institucional básica de cada territorio autónomo, y el Estado

español la reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento

jurídico.

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:

a) La delimitación del territorio autónomo.

b) La regulación y denominación de las instituciones autónomas propias.

c) Las competencias asumidas por el territorio autónomo dentro del marco

establecido en la Constitución.

d) El procedimiento de reforma del Estatuto que se ajustará en todo caso a lo

establecido en el artículo 131, con la salvedad de que la asamblea de

parlamentarlos a que se refiere el párrafo primero de aquél será sustituida por

la asamblea del territorio autónomo, a la que corresponderá la iniciativa de la

modificación. Cuando ésta afecte a los límites del territorio autónomo, el

procedimiento se ajustará, además, a lo establecido en el artículo 129.

3. La organización institucional autónoma se basará en una asamblea,

en un Consejo de gobierno y un presidente, que podrán adoptar las denominaciones

que mejor se correspondan con la identidad histórica de cada territorio. Los

Estatutos especificaran su composición y funciones.

(Pasa a la pág. siguiente.)

INFORMACIONES / Páginas especiales 26 de diciembre de 1977

ANTEPROYECTO DE LA CONSTÍTUCION

(Viene de la pág. anterior.)

ART. 133.-1. A la asamblea corresponde la potestad normativa, la aprobación de

los presupuestos y el control del Consejo de gobierno, sin perjuicio de las

demás facultades que le atribuyan los respectivos Estatutos y las leyes. Las

normas emanadas de la asamblea se denominaran leyes territoriales.

2. La asamblea será elegida por sufragio universal, libre, igual directo y

secreto, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure,

además, la representación de las diversas zonas del territorio.

3. Todas las normas y acuerdos de la asamblea deberán respetar la

Constitución, el Estatuto y los compromisos internacionales del Estado.

4. El presidente del territorio autónomo, en nombre del Rey, promulga las

leyes territoriales apro-badas por la asamblea legislativa.

ART. 134.-1. El Consejo de Gobierno ejerce las funciones ejecutivas y

administrativas derivadas de la competencia del territorio autónomo, así como la

potestad reglamentaria en relación con las funciones propias y las delegadas.

2. En el ejercicio de sus competencias los órganos de los territorios autónomos

gozarán de las potestades y prerrogativas propias de la Administración pública.

ART. 135.-1. La dirección del Consejo de gobierno de cada territorio autónomo

corresponde a un presidente elegido por la asamblea y nombrado por e] Rey.

2. El presidente ostenta la suprema representación del territorio, así como la

representación ordinaria del Estado en aquél.

ART. 136.-1. El presidente y los consejeros del territorio autónomo serán

politicamente responsables ante la asamblea en la forma y modo que se

establezcan por los respectivos Estatutos.

2. La responsabilidad civil y penal del presidente y consejeros será exigible

conforme a los criterios establecidos en la Constitución para el Gobierno del

Estado.

ART. 137.-La regulación y administración de las materias no atribuidas

expresamente al Estado por esta Constitución, podrá corresponder a los

territorios autónomos en virtud de sus respectivos Estatutos. Las materias no

asumidas expresamente en los respectivos Estatutos por el territorio autónomo se

entenderán, en todo caso, como de competencia propia del Estado, pero éste podrá

distribuir o transmitir las facultades por medio de una ley.

ART. 138.-A los efectos de lo prevenido en el precedente artículo, se entienden

como de la. exclusiva competencia del Estado las siguientes materias:

1. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la, igualdad de

todos los españoles en el ejercicio de ios derechos y el cumplimiento de los

deberes constitucionales.

2. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

3. Relaciones internacionales; representación diplomática, consular y, en

general, en el exterior; la celebración de tratados y fiscalización del

cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de tas mismas.

4. Defensa y fuerzas armadas.

5. Leyes penales; extradición, legislación penitenciaria, sin perjuicio de las

especificas instituciones de reinserción social de los respectivas territorios

autónomos.

6. Determinación de las fuentes del Derecho; aplicación y eficacia de las

normas jurídicas y régimen supletorio del Derecho privado.

7. Relaciones juridico-civiles relativas a la forma del matrimonio;

ordenación de los registros e hipotecas; bases de las obligaciones contractuales

y la regulación de los Estatutos personal real y formal para coordinar la

aplicación y resolver los conflictos entre las distintas legislaciones civiles

de España.

8. Leyes procesales, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en

este orden se deriven de las particularidads del decreto sustantivo del

territorio autónomo.

9. Relaciones jurídico-mercantiles, referentes al Estatuto del comerciante y

sociedades mercantiles; procedimientos concursales; normas básicas, garantías

comunes y eficacia, de los títulos valores, principios generales de la

contratación mercantil; derecho marítimo.

10. Circulación de mercancías y capitales; garantías para el abastecimiento

del mercado interior.

11. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.

12. Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases generales de

la ordenación del crédito y la Banca.

13. Pesas y medidas; determinación de la hora oficial.

14. Coordinación y planificación general de la actividad económica e

industrial.

15. Hacienda general y deuda del Estado.

16. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

17. Relaciones jurídico-laborales: formas y modalidades de la contratación;

derechos y obligaciones de los sujetos intervinientes y demás aspectos relativos

a la eficacia de las relaciones laborales en todo el territorio del Estado.

18. Sanidad exterior; programación y coordinación general de la sanidad, y

legislación sobre productos farmacéuticos.

19. Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin

perjuicio de la ejecución de sus servicios por los territorios autónomos.

20. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del

régimen estatutario de sus funcionarios, para garantizar a los administrados un

tratamiento general común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin

perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de tos

territorios autónomos; legislación sobre expropiación forzosa;

legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, y el sistema

de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

21. Pesca marítima.

23. Marina mercante y abanderamiento de buques: iluminación de costas y señales

marítimas; puertos de interés general; aeropuertos; tránsito y transporte aéreo;

abanderamiento y matriculación de aeronaves.

23. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por más de una región

o territorio autónomo; régimen general de comunicaciones; matriculación y

circulación de vehículos a motor; líneas aéreas: correos y telecomunicaciones;

cables submarinos y radiocomunicación.

(Pasa a te pag. siguiente.)

ANTEPROYECTO DE LA CONSTITUCIÓN

(Viene de la pág. anterior.)

24. Aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas, cuando las aguas

discurran fuera del territorio autónomo, o cuando su aprovechamiento atecte a

otro territorio o el transporte de energía salga de su ámbito jurisdiccional,

25. Obras públicas de interés general para el Estado o cuya realización

afecte a mas de un territorio autónomo.

26. Recursos mineros y energéticos.

27. Normas básicas del régimen de Prensa, radio y televisión, y, en general,

de los demás medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que

en su desarrollo y ejecución correspondan a los territorios autónomos.

28. La Administración de Justicia. El Estado fijara las bases que permitan

armonizar el ejercicio de la función judicial en todo el Estado, de acuerdo con

el principio de unidad del poder judicial y de los distintos cuerpos

profesionales que lo integran, sin perjuicio de la intervención de los

territorios autónomos en la organización de la misma.

29. Orden público, sin perjuicio de la posibilidad de crear Policías

territoriales, que coadyuven al sostenimiento del orden público en la forma

que se establezca en los Estatutos.

30. Requisitos de expedición y homologación de títulos y convalidación de los

estudios académicos y profesionales.

31. Régimen de la producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos,

32. Estadística para fines estatales.

ART. 139. 1. Se podrá autorizar por ley la asunción por parte del territorio

autónomo de la gestión o ejecución de los servicios y funciones administrativas

que se deriven de las competencias que correspondan al Estado, de acuerdo con la

precedente relación.

2. Las leyes de bases aprobadas por las Cortes Generales podrán atribuir

expresamente a todos o a alguno de los territorios autónomos la facultad de

dictar para los mismos la correspondiente legislación delegada.

3. El Estado podrá dictar leyes de bases para armonizar las disposiciones

normativas territoriales, aun en el caso de materias atribuibles a la

competencia de los territorios autónomos, cuando asi lo exija el interés

general. Corresponde al Senado la apreciación de esta necesidad.

4. En cualquier caso, el Estado podrá crear y mantener directamente, con

independencia.de las competencias que puedan asumir los territorios autónomos,

cualquier tipo de centros docentes.

ART. 140. 1. Todos los españoles tienen en cualquier territorio autónomo los

mismos derechos y obligaciones.

2. Ningún territorio autónomo podrá adoptar medidas que, directa o

indirectamente, obstaculicen la libre circulación de las personas o de las

cosas, o limiten el derecho de los españoles a establecerse en cualquier parte

del Estado, y ejercer su profesión, trabajo o cualquier tipo de función pública.

3. El derecho del Estado prevalece sobre el de los territorios autónomos en

todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstos. Será en todo

caso supletorio del derecho propio de los territorios autónomos.

ART. 141. El control de la actividad de los órganos autonómicos se ejercerá:

a) El relativo a la constitucionalidad y legalidad, por el Tribunal

Constitucional.

b) El concerniente al uso de las funciones delegadas, a que se hace

referencia en el artículo 139, por el Gobierno, previo dictamen vinculante del

Consejo de Estado, sin perjuicio del que pueda corresponder a los Tribunales.

c) El de la Administración autonómica, por la jurisdicción contencioso-

administrativa.

d) El económico y presupuestario, con intervención del Tribunal de Cuentas.

ART. 142. Un delegado nombrado por el Gobierno y residente en la capital del

territorio autónomo, dirigirá la Administración periférica del Estado y la

coordinará, cuando proceda, con la Administración autonómica.

ART. 143. 1. Los textos aprobados por la Asamblea del territorio autónomo serán

inmediatamente comunicados por el presidente de éste al Gobierno. Este, en el

plazo de un mes, podrá solicitar de la Asamblea una segunda deliberación sobre

todos o algunos de los extremos del mismo. En este segundo caso, el texto, para

ser aprobado como ley territorial, requerirá la votación favorable de la mayoría

absoluta de los miembros de la Asamblea.

2. La ley territorial no puede ser promulgada antes de haber transcurrido el

plazo fijado en el apartado anterior, salvo que el Gobierno comunicare al

presidente del territorio autónomo su consentimiento expreso.

3. El plazo antes indicado puede reducirse en una tercera parte, cuando el

proyecto en cuestión hubiera sido declarado urgente por la Asamblea del

territorio autónomo.

ART. 144. 1. Si un territorio autónomo no cumpliera las obligaciones que la

Constitución u otra ley le imponga, respecto del Estado, el Gobierno, con la

aprobación del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al

territorio autónomo al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el

Gobierno puede dar instrucciones a todas las autoridades de los territorios

autónomos.

ART. 145. 1. Los territorios autónomos gozarán de autonomía financiera para el

desarrollo de sus competencias y funciones, bajo los principios de

coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles.

2. Los territorios autónomos podrán actuar como delegados o colaboradores del

Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos

tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.

ART. 146. Los recursos de los territorios autónomos estarán constituidos por:

a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre

impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

c) Transferencias de un fondo de compensación ínter territorial y oirás

asignaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado.

d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de Derecho privado.

e) El producto de las operaciones de crédito.

ART. 147. 1. La ley regulará el ejercicio de las competencias financieras

enumeradas en el artículo anterior.

2. Los territorios autónomos no podrán en ni-gún caso adoptar medidas

tributarias sobre bienes simados fuera de su territorio o que supongan

obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

3. Anualmente, en los presupuestos generales del Estado, se fijará la

asignación para gastos corrientes con que los territorios autónomos deben

participar en los ingresos globales del Estado, en función del volumen de los

servicios y actividades de carácter público que hayan asumido y de la garantía

de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en

todo el ámbito del Estado.

4. Igualmente, las Cortes Generales asignarán a cada territorio autónomo,

con cargo a un fondo de compensación interterritorial, una determinada cantidad,

con destino a gastos de inversión, que se repartirá con criterios que atiendan

a la corrección, de los desequilibrios económicos existentes entre los

distintos territorios.

ART. 148. Las formas de colaboración financiera entre dos o más territorios

autónomos y entre, fetos y el Estado serán competencia de éste.

ART. 149, Los territorios autónomos elaborarán su presupuesto anual con

equilibrio de ingresos y gastos, sin perjuicio de la posibilidad de la formación

de presupuestos extraordinarios financiados con cargo a sus recursos específicos

o a los procedentes de operaciones de crédito.

TITULO IX DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ART. 150.- 1. El Tribunal Constitucional se compone de once miembros nombrados

por el Rey, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres

quintos de sus miembros, tres a propuesta del Senado por idéntica mayoría, dos a

propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre

magistrados y fiscales, profesores numerarios de Facultades de Derecho y

Ciencias Políticas de cualquier Universidad española, y abogados, todos ellos

con más de veinte años de ejercicio profesional.

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de

nueve años y se renovaran por terceras partes cada tres años.

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con

todo mandato representativo, cargo político o administrativo, función judicial y

fiscal, ejercicio de la carrera forense desempeño de cargo directivo de un

partido político o empleo al servicio del mismo, y, en general tendrán las

incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial. Serán asimismo

independientes e inamovibles durante el ejercicio de su mandato.

ART. 151. El Tribunal de Garantías Constitucionales será presidido por aquel de

sus miembros que el Rey designe cada tres años a propuesta del mismo Tribunal en

pleno.

ART. 152.-1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el

territorio del Estado v es competente para conocer de las siguientes materias:

a) Del recurso de inconstitucionalidad de leyes y normas con fuerza de ley

del Estado y de los territorios autónomos.

b) De los recursos de amparo por violación de los derechos establecidos en el

capítulo 2." del título II de esta Constitución, cuando se hubieren agotado loa

demás recursos.

c) De los conflictos jurídicos entre los órganos centrales y los de los

territorios autónomos y los de éstos entre sí.

d) De los demás casos previstos en la Constitución o en las leyes orgánicas.

ART. 153.—1. Están legitimados para interponer:

a) El recurso de inconstitucionalidad, el presidente del Congreso de los

Diputados, el presidente del Senado, el presidente del Gobierno, los presidentes

de las asambleas de los territorios autónomos, los presidentes de los Consejos

de gobierno de los mismos, el defensor del pueblo, cincuenta diputados y

veinticinco senadores.

b) El recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés

legítimo y el defensor del pueblo,

c) Para plantear los conflictos jurídicos a que se refiere el artículo 152, el

Gobierno y los Consejos de gobierno de los territorios autónomos, según los

casos.

d) En los supuestos previstos en el apartado d) del artículo 152 las personas

físicas o jurídicas previstas por las leyes orgánicas.

ART. 154.-Cuando algún juez o Tribunal de oficio considere en algún proceso que

una norma legal invocada puede ser contraria a la Constitución, planteará la

cuestión ante el Tribunal Constitucional para que decida sobre la

constitucionalidad de aquélla.

ART. 155.-1. Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen efectos plenos e

inmediatos a partir del día siguiente a su publicación en el "Boletín Oficial

del Estado". Tienen eficacia frente a todos y no cabe recurso contra ellas

2. Salvo que ea la sentencia se disponga otra cosa, se aplicará el principio de

conservación de la norma para todas aquellas partes de la ley no afectadas por

la inconstitucionalidad. Se respetarán los derechos adquiridos de buena fe hasta

el momento de la publicación del fallo.

ART. 156.-Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal

Constitucional, el Estatuto de sus miembros y el procedimiento ante el mismo.

TITULO X DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

ART. 157. La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos

del artículo 80.

ART. 158. 1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por

una mayoría de tres quintos en cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo

entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión mixta,

de composición proporcional, integrada por diputados y senadores, que procurará

presentar un texto qua será votado por el Congreso y el Senado.

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado

anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la

mayoría absoluta en el Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá

aprobar la reforma.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum

para su ratificación.

ART. 159. No procede la reforma constitucional ni trámite alguno de los

indicados en tiempo de guerra o de declaración de alguno de los estados de

excepción.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. 1. La, legislación vigente, que, con arreglo al artículo 72 de la

presente Constitución, regule materias de carácter reglamentario, será objeto de

catalogación por el Gobierno, previo informe del Consejo de Estado.

2. El Gobierno podrá derogar o modificar cada una de dichas leyes por decreto,

previa consulta al Congreso durante el plazo de dos meses, en el cual éste podrá

ejercer la facultad prevista en el apartado o) del artículo 72, salvo siempre la

posibilidad de recurso ante el Tribunal Constitucional.

SEGUNDA. Si en el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la

presente Constitución, se propusiere su reforma, ésta sólo procederá si ambas

Cámaras aprueban el principio de la misma por una mayoría de dos tercios. En

este caso se procederá a la disolución de las Cortes Generales. Las nuevas

Cámaras elegidas deberán ratificar la disolución y proceder al estudio del nuevo

texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría absoluta de ambas

Cámaras y sometido a referéndum.

TERCERA. 1. La iniciativa a que se refiere el artículo 128 corresponderá a los

órganos ya existentes en los territorios autónomos, dotados de un régimen

provisional antes de la entrada en vigor de la presente constitución.

2. Una vez aprobados los Estatutos de Autonomía conforme a lo establecido en el

artículo 131, los órganos provisionales se consideraran disueltos.

CUARTA. Cuando se remitieren a la comisión Constitucional del Congreso varios

proyectos de Estatuto, se dictaminarán por el orden de entrada en aquél, y el

plazo de dos meses, a que se refiere el artículo 131, 2, empezara a contar desde

que la comisión termine el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente

haya conocido.

QUINTA. Las provincias que no se hayan constituido en territorio autónomo

estarán representadas en el senado, mediante senadores elegidos por la totalidad

de los concejales de todos sus municipios, a razón de dos senadores por

provincia y uno más por cada 500.000 habitantes.

INFORMACIONES / Páginas especiales - 26 de diciembre de 1977

 

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