La huelga y el despido     
 
   05/10/1972.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

LA HUELGA Y EL DESPIDO

SEGÚN Los informes del Ministerio de Trabajo, España ocupa uno de los lugares más bajos de Europa

en lo tocante a huelgas ¿atórales. Pero no conviene olvidar que, al no estar reconocido ni regulado este

fenómeno laboral en España, toda huelga es «solvajeit, toda huelga prácticamente es ilegal. El 25 de

mayo de 1970 se publicaba en el «Boletín Oficial del Estado» el decreto regulador de conflictos

colectivos que sustituía al de 20 de septiembre de 1962.

El nuevo decreto contemplaba la posibilidad de que se produjeran huelgas o cierres patronales —lo

contrario hubiera sido ceguera administrativa—, pero continuaba sin reconocer ni regular su existencia.

Por aquellas fechas, el subdirector general de Trabajo declaraba muy explícitamente en el Circulo de

Estudios Jurídicos: «La huelga sigue siendo un ilícito civil y un ilícito laboral.»

Ante aquel decreto, excesivamente cauteloso, y ante aquella declaración de un alto cargo del Ministerio

de Trabajo, escribimos en estas páginas un comentario Que, por su innegable actualidad, transcribimos en

esta ocasión: «...Patronos y obreros —decíamos— seguirán negociando sus diferencias dentro de los

cauces legales, hasta... que se ¡salgan de ellos. Sectores como el metalúrgico o el minero son buen

ejemplo de que las cosas —inevitablemente— suceden asi. Insistimos en que lo deseable es que la

negociación laboral no desemboque nunca en la huelga o en el «lock out», pero hasta el momento sólo se

libran de ellos los países comunistas. Ante su manifiesta tnevitabilidad, la única forma de controlar el

paro obrero o empresarial es admitiéndolo y regulándolo en las leyes, no prohibiéndolo, que es tanto

como ignorarlo.»

Paros como los de construcción, transportes públicos, minería y los de la metalurgia en El Ferrol,

Barcelona o Vigo nos obligan a ratificar lo que escribíamos hace más de dos años. ¿De qué sirve ignorar

jurídicamente la huelga? A nuestro juicio, sólo sirve para que toda huelga se convierta automáticamente

en un conflicto de orden publico o en un paro de origen «político». Qué duda cabe de que habrá

incitaciones al paro de iniciativa política con los consiguientes intentos de alterar el orden público, pero

mientras que la huelga no esté regulada y reconocida jurídicamente no podremos saber con certeza

cuándo estamos ante un problema político o cuándo estamos ante un problema meramente laboral.

Otro tanto ocurre con la obligada contrapartida de la huelga: el despido libre. Que no es tan «libres, por

cuanto, al igual que la huelga, debe siempre estar sujeto a unas normas, a unas condiciones. Ahora mismo

en Vigo ha corrido el rumor de que algunas empresas, obligadas por imperativos económicos a

reestructurar sus plantillas, estaban aprovechando el conflicto laboral de la ciudad para expedir cartas de

despido. Aquí estamos ante el mismo caso: nunca sabremos si esto es cierto, como nunca sabremos el

porcentaje de paro encubierto de) país hasta que se regule el despido libre y se clarifique el mercado de

trabajo.

La dualidad huelga-despido libre está admitida en la mayoría de los países de libre economía, cuando no

en toaos. La huelga y el despido podrán gustar o no, pero sólo se pueden aceptar o negar en su contexto

económico propio. No se puede admitir la huelga y el despido en una economía planificada y estadista ni

se pueden «prohibir» en un régimen de economía de mercado. A este respecto, el problema español es de

clarificación: estamos prohibiendo la huelga y el despido en el seno de una economía libre. Y, como es

natural, la estamos prohibiendo en -vatio.

Don Noel Zapico, que vicepresidente el Consejo Nacional de Trabajadores, acaba de decir que es

partidario de regular la huelga. Los trabajadores y técnicos de Asturias acaban de decir lo mismo. Sería un

error desestimar estas peticiones —que provienen del campo sindical—, y que son compartidas por la

mayoría de los empresarios.

Una última consideración: no se aduzca la fácil demagogia de que los empresarios tendrían en sus manos

un arma terrible con el despido. En primer lugar, porque éste aparece compensado en las legislaciones,

como hemos dicho, por la huelga debidamente reglamentada. En segundo lugar, porque «despido libren

no quiere decir «despido sin indemnización» ni tampoco «despido arbitrario» ni mucho menos «miseria».

Hace tiempo que en los sistemas capitalistas desarrollados el paro de un trabajador no es sinónimo de

indigencia. Pensemos en los 80.000 parados que hay ahora en Suecia o los cientos de miles de

norteamericanos que cobran subsidios de paro. Generalmente los despidos obedecen a una crisis

coyuntural, superable, o a avances tecnológicos que precisan una readaptación del trabajador, ya sea éste

manual o intelectual. Muchas veces oponerse a los despidos equivale a cerrar la puerta a la modernización

de una empresa. Y esto supone pérdida de competitividad, de mercados, quién sabe si, después de algún

tiempo, el cierre puro y simple de la empresa. En suma, es la economía de todo el país quien sale

perjudicada a la larga.

Conste que aquí no estamos sosteniendo que «se deje en la calle» a ninguna persona. Mucho menos que

esto pueda hacerse arbitrariamente. Es la sociedad quien debe asumir la responsabilidad de preparar para

menesteres nuevos a aquellos trabajadores cuya dedicación sufre ausencia de demanda por diversas

causas. El tiempo er¡ que una persona «echa los dientes» er, la misma profesión en que se jubila va a

quedar atrás como consecuencia natural del progreso acelerado.

 

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