Autor: Albiñana, César. 
 Ante el debate constitucional. 
 Los presupuestos en la Constitución     
 
 El País.    04/01/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

Ante el debate constitucional

La próxima publicación en el Boletín Oficial de las Cortes del proyecto de

Constitución elaborado por la ponencia marcará el comienzo formal del debate en

torno al primer texto jurídico que presidirá el ordenamiento de nuestra

sociedad. EL PAÍS publicará a partir de hoy opiniones sobre el anteproyecto (ver

EL PAÍS del 24 de diciembre) tanto en su generalidad como en los aspectos

particulares que le atañen. César Albiñana, director

del Instituto de Estudios Fiscales, escribe hoy sobre las cuestiones

presupuestarias y la Constitución.

CESAR ALBIÑANA

Los presupuestos en la Constitución

El profesor Jiménez de Asúa, presidente de la comisión redactora del proyecto de

Constitución de la segunda República española, pronunció un discurso de

presentación del mismo a las Cortes constituyentes, y en uno de los pasajes dijo

sin rodeos: «El título IX trata de la Hacienda. Yo voy a ser aquí

extraordinariamente parco, porque va por delante la declaración de mi impericia

en asuntos de esta índole; pero muchos de los preceptos que ahí encontraréis, y

que algunos consideran como no constitucionales, buscan precisamente la

garantía...»

Idéntico trance

Estamos abocados al mismo trance constituyente y seria de lamentar que uno o mis

miembros de la comisión redactora del nuevo proyecto constitucional no se

responsabilizarán con el capitulo relativo a la Hacienda Pública y, lo que es

peor, no se conceda a ésta la importancia que tiene en cualquier ordenamiento de

dicho rango jurídico. Dudar hoy del talante constitucional de las disposiciones

rectoras de la Hacienda Pública equivaldría a reconocer que con las meras

declaraciones de principios, de derechos, de libertades, de autonomías,

etcétera, en un texto constitucional, cumple con su alta misión ordenadora. Y

como la sociedad actual, a diferencia de la que se entretuvo durante un siglo

gritando «viva» o «abajo» la Constitución, desea que sus opciones no sean

simplemente formales, que sus derechos puedan ser ejercitados sin cortapisas de

carácter económico, que la igualdad ante las leyes no resulte afectada por la

desigualdad en el bienestar material, que el acceso a la educación y a los

demás bienes culturales no sea mero resultante de la posición socieconómica,

etcétera, es preciso, entiendo, que la Constitución en ciernes habilite o

reserve el texto necesario para qué los presupuestos, los tributos, el sistema

financiero y el Tribunal de Cuentas tengan la regulación que garantice van a

ajustarse a ella las leyes orgánicas y ordinarias relativas a las expresadas

instituciones de carácter financiero y tributario.

Ocupándome de la materia presupuestaria considero de interés fijar la atención

en los siguientes puntos sin desconocer, ni menos restar importancia, a los que

ya ha abordado el primer borrador -único del que dispongo- constitucional, hecho

público en los últimos días de noviembre próximo pasado.

Capacidad económica

Uno de los postulados que la Constitución debiera recoger en su texto es el

relativo a la aplicación del de capacidad económica en las decisiones sobre el

gasto público. Hasta hoy, y después de un calvario no concluido, el principio de

capacidad económica sólo se ha abierto paso en ios tributos, actuando de

francotiradores el impuesto indirecto y el principio de beneficio, esto es, el

de equivalencia entre lo que se da a la Hacienda Pública y lo que de ella se

recibe. Pero en la vertiente del gasto público, con la excepción de algunas

subvenciones o transferencias, no impera el principio de capacidad económica con

la amplitud que es de desear. Así no hay una Hacienda Pública justa, pues la

Justicia debe presidir las elecciones en los ingresos a recaudar y en los gastos

a pagar. Piénsese, por poner un ejemplo, en las pasarelas para peatones sobre

vías públicas que se instalen sin tener en cuenta la densidad, y la condición

socioeconómica de los usuarios, y que.

por el contrario, atiendan a la presión de las zonas residenciales próximas. Aún

más, la misma desproporción entre los impuestos directos e indirectos no tendría

tanta trascendencia social si la recaudación de los impuestos indirectos se

destinara, preponderantemente, a atender necesidades de signo social.

Clases de obligaciones

Otro extremo a considerar en el documento constitucional podría ser el de

seccionar los presupuestos, según atiendan: a) obligaciones «consolidadas», esto

es, las ya adquiridas válidamente por el Estado -sueldos de un cuerpo de

funcionarios, por ejemplo-, o b) obligaciones a contraer en las que, por tanto,

caben opciones por parte de los parlamentarios. Mantener presupuestos

voluminosos -en sentido físico- en que pocas partidas o créditos permiten

asignaciones distintas a las propuestas, constituye una táctica a la que no ha

podido escapar el actual Gobierno por evidentes apremios de tiempo, pero que

sería deseable se desechara para lo sucesivo mediante el oportuno precepto en la

Constitución que se está elaborando.

También, y por último, sería de desear que la Constitución, además de prevenir

que «toda exención o desgravación fiscal» debe ser establecida mediante «ley

votada por las Cortes generales», dispusiera que el Gobierno ha de elaborar un

presupuesto anual de los llamados «gastos fiscales», esto es, de los tributos

que dejan de recaudarse en virtud de exenciones, bonificaciones y

desgravaciones, para que, al menos anualmente, se conozcan la cuantía y los

sectores y estamentos destinatarios de unas medidas de excepción que sirven a la

política económica, pero que atenían a la justicia social o tributaria.

 

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