Nacional. 
 Consejo de ministros     
 
 Informaciones.    15/09/1973.  Páginas: 1. Párrafos: 3. 

CONSEJO DE MINISTROS

EL Consejo de ministras ha tratado prioritariamente la inflación y el aumento del coste de la vida, fuerte espada de Damocles —el 9,2 por 100 de incremento en los primeros ocho meses del año— que pesa sobre 1» cabeza de todos los sectores de la vida nacional. La recomendación del Tercer Flan era que los precios no deberían subir más de un 4 por 100 anual.

Medidas de varios géneros: prácticamente interviene el arsenal completo con todos sus efectivos. Por ana parte se ha vuelto al sistema de congelación de precios, que si bien no se salva de las críticas de ciertos economistas —que lo consideran poco ortodoxo y de dudosos beneficios—, es popularmente tolerado. La lista abarca casi cincuenta bienes y servicios, que van desde el pan y la leche a las tarifas de transporte; puede decirse que este «estado de excepción» para precios, decretado por el Gobierno hasta el 31 de diciembre, será un respiro para contener la presión social y el bolsillo de los consumidores. Se emplearán también otros dos procedimientos clásicos, ñero de signo drástico: importaciones abundantes y sin aranceles de productos alimenticios para satisfacer toda la demanda sin favorecer el encarecimiento por desabastecimiento del mercado, y prohibición de exportación de productos agrarios y alimenticios susceptibles de ser consumidos en el interior. (Esto puede, indudablemente, dar resultados, aunque no para los cultivadores); refuerzo de la vigilancia, disciplinaria en materia de fraudes e irregularidades comerciales, a las que se aplicarán sanciones de cuantía máxima. Para ello se refuerzan, fijando su estructura y composición orgánica definitiva, las plantillas de inspectores de la C.A.T. y Subdirección General de Comercio Interior.

Otros acuerdos del Consejo han sido: la aprobación del presupuesto de 1974 —claramente expansionista—, de 551.000 millones de pesetas, 16 por 100 más que el de 1973, y la modificación de siete artículos de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que, según el señor Liñán, tiene por objeto «equiparar el procedimiento judicial para los delitos cometidos por funcionarios de Policía con los de otras autoridades».

 

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