Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
   La inscripción de los partidos y su "conformidad de actitud" con las Leyes Fundamentales     
 
 Ya.    13/02/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

CARTAS A ya

La inscripción de los partidos y su "conformidad de actitud" con las Leyes Fundamentales

Don José María Ruiz Gallardón nos envió, la siguiente carta:

"He leído con sumo interés su editorial "Ni ventanilla ni coladero", aparecido e! 12 de febrero de 1977. Y mucho le agradecería la inserción de esta carta, que, por supuesto, sólo pretende colaborar en el intento de conseguir la más profunda ilustración política de nuestros conciudadanos.

Dicen ustedes en el citado editorial Que algunos—yo entre ellos

y con mi firma—"hemos deducido" del texto del decreto ley de 8 de los corrientes que "los partidos que solicitan su inscripción ya no necesitan ni presentar declaración programática, ni acatar el -^ordenamiento constitucional, ni el compromiso de ajustar su actuación a las formas y procedimientos democráticos".

Dicho así, es en parte exacto y en parte inexacto. Pues en efecto, para obtener hoy la necesaria inscripción ya no se necesita "presentar" declaración programática alguna, til "presentar" ningún compromiso de acatamiento al orden constitucional o de ajustarse a nada. Lo único que se precisa es una solicitud de inscripción y los estatutos. Es, pues, muy claro—y ya que piden ustedes que alguien se lo explique, yo me permito hacerlo—que se han derogado o suprimido unas exigencias o requisitos que condicionaban hasta

ahora la inscripción. Con los estatutos y !a petición hoy basta y antes no.

Cierto que el párrafo tercero del articulo primero de la iey de junio pasado exige que las asociaciones "conformen su actuación" a las Leyes Fundamentales. Pero para "conformar" la actuación han de estar previamente legalizadas. Y pueden—deben—estarlo sin ningún requisito previo, sin ninguna exigencia legal de acatamiento explícito del ordenamiento constitucional.

Una cosa es prohibir la constitución de un partido político y otra decretar—ett la via jurisdiccional competente su disolución por delitos cometidos en su actuación. Lo segundo está vigente y no ha sido derogado. Pero lo primero —que se tenga que otorgar personalidad jurídica a unos partidos sin necesidad de que expücitamen-ten declaren su acatamiento previo al orden constitucional—ha sido derogado. Y eso es, a mi juicio y a juicio de nmehos, un paso regresivo y de consecuencias imprevisibles.

Lo dicho: atribuir la facultad del reconocimiento legal de un partido a un organismo judicial puede ser defendible. Pero privar "ab initio" a este organismo de) conocimiento de si el partido acata o no nuestra Constitución y de su programa de actuación futura no lo es.

Y creo humildemente que esta opinión se fundamenta en argumentos tan serios, por lo menos, como los que a fus editorialistas han inspirado la opinión contraria."

 

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